"A finales del mes de diciembre publicaba en este diario un artículo
con el mismo título en el que mantenía la tesis de que la causa del
cuantioso déficit del sector público español se encuentra no en el
exceso de gastos sino en la caída de la recaudación, y añadía que, para
equilibrar las finanzas públicas, no queda otro camino que no sea el de
reformar a fondo el sistema fiscal.
Recientemente, Eurostat
ha hecho público el dato de presión fiscal armonizada en 2011 para
todos los países de la Unión Europea, confirmando lo que en aquel
artículo se decía: en primer lugar, que nuestro país tiene la presión
fiscal más baja de la Europa de los quince (32,4%), inferior incluso a
Grecia (34,9) y a Portugal (36,1), y no hablemos de la diferencia, por
ejemplo, con Francia que es de trece puntos, o con Italia y Alemania, de
diez y de ocho puntos respectivamente; en segundo lugar, que desde el
comienzo de la crisis (año 2007) la presión fiscal ha descendido casi
seis puntos.
Es este segundo aspecto el que resulta un tanto sorprendente, porque
si en una crisis como esta resulta lógico que la recaudación descienda,
la coherencia desaparece cuando hablamos de presión fiscal (cifra de
ingresos obtenidos, dividida por la renta nacional o por el PIB), ya que
el decremento se produce tanto en el numerador como en el denominador
y, por lo tanto, la presión fiscal debería mantenerse más o menos
constante, o aumentar si, tal como ha ocurrido en España, se han
introducido cambios normativos con subidas de tipos.
La explicación de fenómeno tan extraño hay que buscarla en un reparto
desigual de la carga de la crisis y de los impuestos. Son las capas
bajas y medias las que están soportando principalmente los ajustes y es
precisamente sobre estos mismos colectivos sobre los que recae en mayor
medida la carga fiscal.
Eso hace que la recaudación descienda mucho más
que el PIB, y se reduzca en consecuencia la presión fiscal. Lo cierto es
que sin incrementar esta última magnitud será imposible corregir el
déficit y mantener el Estado del bienestar, y para incrementarla se
precisa un reparto de la carga más equitativo y generalizado. (...)
Conviene recordar a este respecto que cuando se creó el IRPF en los años
de la Transición se impuso al Ministerio de Hacienda la obligación de
publicar la lista de todos los contribuyentes con indicación para cada
uno de ellos de la cantidad con la que había contribuido.
Durante dos o
tres años las listas se hicieron públicas con regularidad y gran
eficacia, de modo que cada ciudadano podía saber cuánto había tributado
el vecino y cuál había sido la carga fiscal de las grandes fortunas, y
de los políticos y demás personajes públicos. La medida ciertamente no
duró mucho tiempo.
Era demasiada transparencia y dejaba al descubierto
muchas vergüenzas. Con el pretexto del terrorismo, se suprimió para
siempre jamás. ¿No habrá llegado el momento de retomarla? Las realidades
tremendamente escandalosas se corrigen muchas veces, o al menos se
palian, a través del mero conocimiento por parte de la sociedad.
Imposible mantenerlas cuando son conocidas por todos. “Luz y
taquígrafos” puede convertirse en arma principal en la lucha contra el
fraude fiscal." (Juan Francisco Martín Seco, Attac España, 27/01/2013)
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