Sobre las pensiones... El desafío futuro de las pensiones es asumible. Hoy gastamos en pensiones el 12,7% del PIB y la Airef estima que en 2050 dicho gasto ascenderá al 16%, para ir descendiendo después. ¿Esto es insostenible? Actualmente Austria gasta ya el 14,8% de su PIB en pensiones, e Italia el 16,2%. ¿Realmente alguien se puede creer que España no tendrá capacidad de afrontar, dentro de 25 años, lo que ya hoy asume la Italia de Meloni?... Las pensiones públicas no son un mero “gasto”, son un motor económico. De hecho, constituyen un mecanismo de transferencia de rentas que financia el consumo autónomo –el que no depende directamente del nivel de producción–, contribuyendo así a reforzar la demanda y el empleo, y a estabilizar el ciclo económico... Redistribuir hacia los jóvenes es necesario. Quienes están preocupados por la falta de inversión en políticas de juventud tienen razón. Pero lo que está roto no es el pacto generacional, sino el pacto social. Reconstruirlo no pasa por espolear el conflicto entre jóvenes y mayores, sino por redistribuir desde quien tiene más capacidad económica hacia quien tiene menos. Podemos empezar, por ejemplo, recuperando la contribución de los grandes grupos empresariales en el Impuesto de Sociedades (Nacho Álvarez, Un. Autónoma Madrid)

 "Hay temas que difícilmente entran en la agenda política. Y otros, como las pensiones, que nunca salen. Y es comprensible, porque esta partida supone casi un tercio del gasto público total. Sin embargo, el debate sobre esta materia se apoya en narrativas cada vez más sesgadas. La extrema derecha y el discurso anti-boomer hoy se miran de reojo. Los primeros señalan que el sistema de pensiones es “una estafa piramidal” insostenible, que habría que eliminar (en palabras de Silvia Orriols, de Aliança Catalana). Los segundos consideran que en España se está produciendo un atraco, un robo generacional perpetrado por las personas mayores contra los jóvenes. Sus discursos no son iguales, pero a veces se funden y confunden.

Frente a estas narrativas tan sesgadas, resulta necesario que el debate público sobre este pilar esencial de nuestro Estado del Bienestar sea algo más riguroso. Convendría para ello tener en cuenta al menos las siguientes claves.

Primero. El desafío futuro es indiscutible. Hoy hay en España casi 10 millones de personas mayores de 65 años, y el envejecimiento poblacional hará que sean 15 millones en 2050. Garantizar pensiones a todos esos baby boomers será un reto, y no hay varitas mágicas.

Segundo. El desafío futuro es asumible. Hoy gastamos en pensiones el 12,7% del PIB y la Airef estima que en 2050 dicho gasto ascenderá al 16%, para ir descendiendo después. ¿Esto es insostenible? Actualmente Austria gasta ya el 14,8% de su PIB en pensiones, e Italia el 16,2%. ¿Realmente alguien se puede creer que España no tendrá capacidad de afrontar, dentro de 25 años, lo que ya hoy asume la Italia de Meloni? Quien apueste por desmontar el sistema público de pensiones como opción ideológica, que no lo esconda detrás de una supuesta insostenibilidad.

Tercero. Que aumente el gasto en pensiones es sensato. Muchos liberales y anti-boomers reconocen que el sistema es perfectamente sostenible pero argumentan, legítimamente, que a costa de transferir excesivos recursos públicos a los pensionistas. Esta es sin duda una cuestión opinable, sujeta a las preferencias que cada uno pueda tener. Desde mi punto de vista, parece lógico que en una sociedad en la que aumenta transitoriamente el porcentaje de personas mayores, puedan aumentar también las partidas del Estado del Bienestar necesarias para garantizar su capacidad adquisitiva y su bienestar. El Estado de Bienestar no se disfruta por tramos de edad, ya que todos vamos a pasar a lo largo de nuestro ciclo vital por sus distintas prestaciones.

Cuarto. Si se aplicasen las reformas de pensiones que habitualmente se plantean para “favorecer a la juventud”, estas penalizarían más las futuras prestaciones de quienes hoy son jóvenes que las de los baby boomers. Esto se debe a que las reformas suelen introducirse en el sistema progresivamente, afectando menos a quienes hoy se jubilan que a quienes lo harán en el futuro. Así sucede, por ejemplo, con las propuestas para calcular la pensión en función de toda la vida laboral, con las llamadas cuentas nocionales, o con medidas similares al factor de sostenibilidad de la reforma de 2013. Estas propuestas resultarían en pensiones más bajas, pero sobre todo para las futuras generaciones.

Quinto. Meter en el mismo saco a todos los pensionistas es un error. La “vida cañón” no llega a la mayoría de ellos. De los 6,6 millones de pensiones de jubilación que paga la Seguridad Social, el 40% está por debajo de los 1.000 euros mensuales, el 60% es inferior a 1.500 euros y sólo un 17% supera los 2.500 euros al mes. De los 2,3 millones de pensiones de viudedad existentes, el 66% está por debajo de los 1.000 euros al mes. Si atendemos a la Encuesta de Condiciones de Vida, más de la mitad de los mayores de 65 años tienen una renta mensual inferior a 1.500 euros, mientras que un 22% supera los 2.500 euros al mes.

Sexto. Como decía el premio Nobel Niels Bohr, “hacer predicciones es muy difícil, especialmente sobre el futuro”. Sabemos con bastante exactitud cuánta población se jubilará durante las próximas décadas pero, para estimar el futuro gasto en pensiones, debemos además asumir supuestos sobre la evolución del PIB, el empleo, los flujos migratorios o la productividad en los que seguramente nos equivoquemos. De hecho, conviene revisar las hemerotecas. Algunos de los mejores expertos del país (‘La reforma de las pensiones en España’, Perspectivas del Sistema Financiero nº 56, 1996, José A. Herce) preveían hace treinta años que en 2025 tendríamos 40 millones de habitantes, 16,7 millones de afiliados a la Seguridad Social y una ratio entre pensiones y afiliados del 64%. La realidad, sin embargo, es que en España hoy hay 49 millones de habitantes, 21,8 millones de afiliados y una ratio pensiones/afiliados del 48%. Las propias proyecciones de población del INE para 2050 contemplan escenarios muy distintos –con diferencias entre ellos de hasta 16 millones de personas– reconociendo que, sencillamente, no sabemos qué pasará.

Equivocarse en previsiones a tan largo plazo es comprensible y precisamente por ello conviene tomarlas con prudencia. Sería temerario justificar recortes en el presente por un impacto futuro que no conocemos bien. Particularmente después de que las reformas del Gobierno de Coalición hayan reforzado sensiblemente los ingresos de la Seguridad Social para las próximas décadas.

Las proyecciones nos ayudan a gestionar –con incertidumbre y cautela– determinados escenarios futuros. Pero la materialización de dichos escenarios dependerá de las decisiones de política económica que hoy se adopten. Impulsar medidas orientadas a mantener las actuales tasas de crecimiento, a elevar la productividad y la tasa de empleo, o a conseguir saldos migratorios positivos, reducirán el impacto de las pensiones en las próximas décadas. Las proyecciones son útiles para indicarnos cómo debemos prepararnos, no para asumirlas de forma determinista.

Séptimo. Las pensiones públicas no son un mero “gasto”, son un motor económico. De hecho, constituyen un mecanismo de transferencia de rentas que financia el consumo autónomo –el que no depende directamente del nivel de producción–, contribuyendo así a reforzar la demanda y el empleo, y a estabilizar el ciclo económico. Una reciente investigación de la Universidad de Castilla-La-Mancha (Pensions as an Engine of Growth. An Approach to the Spanish Case, Based on the Sraffian Supermultiplier, de E. Febrero y F. Bermejo), revela que el gasto en pensiones en España presenta un efecto multiplicador superior a 1 –el consumo de los pensionistas genera más actividad de lo que gasta la Seguridad Social en ellos– y, por cada euro gastado, el Estado recupera 42 céntimos en impuestos.

Octavo. Redistribuir hacia los jóvenes es necesario. Quienes están preocupados por la falta de inversión en políticas de juventud tienen razón. Pero lo que está roto no es el pacto generacional, sino el pacto social. Reconstruirlo no pasa por espolear el conflicto entre jóvenes y mayores, sino por redistribuir desde quien tiene más capacidad económica hacia quien tiene menos. Podemos empezar, por ejemplo, recuperando la contribución de los grandes grupos empresariales en el Impuesto de Sociedades.

Este impuesto hoy aún presenta una recaudación inferior a la de 2007, a pesar de que los beneficios empresariales son un 55% superiores a los de entonces. En la década previa a 2007 el tipo efectivo del impuesto oscilaba en torno al 20%. Tras la reforma de 2014 se introdujeron nuevas deducciones e incentivos fiscales particularmente favorables para los grandes grupos empresariales, y el tipo efectivo se redujo hasta el 10-11%, nivel en el que aún se sitúa hoy. Si esta figura tributaria mantuviese actualmente la misma capacidad recaudatoria que tuvo entre 1995 y 2007, las administraciones contarían con 30.000 millones adicionales para políticas de juventud. Esto supondría, por ejemplo, multiplicar por tres el actual presupuesto público en materia de vivienda, principal preocupación de los jóvenes. Además, mientras que el ahorro derivado de posibles recortes en las pensiones tardaría décadas en materializarse, una reforma del Impuesto de Sociedades produciría ingresos al día siguiente.

(Nacho Álvarez,  es profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid. Cinco Días, 03/12/25)