9.1.25

Comunicado de Economistas Frente a la Crisis: Entre el retorno de Trump y la ofensiva judicial en España... Defender la democracia... el momento actual que vive el mundo nos enfrenta a una verdadera encrucijada histórica ante la que no podemos permanecer pasivos... La llegada de Trump al poder lo señala como uno de esos instantes en el que la política determina decisivamente la economía. Una profunda involución de las pautas democráticas y la invocación a la ley del más fuerte vendrá acompañada, con toda probabilidad, por un fuerte retroceso de las conquistas económicas y sociales... el uso encadenado de bulos en redes sociales y pseudomedios, se refuerza con estratagemas que instrumentalizan los cauces judiciales. La caída de gobiernos progresistas en Brasil o la vecina Portugal, y de otros países, se fraguó en una adecuada combinación de esos factores... España y su Gobierno de izquierdas es ahora el foco principal de esas maniobras, nada extraño teniendo en cuenta que nuestro país es hoy una referencia en el mundo y en Europa. Subir las pensiones, hacer la reforma laboral, aumentar los impuestos a la gran banca y las energéticas tenían que provocar grandes resistencias. Sobre todo, cuando esas reformas redundan en un crecimiento del PIB que duplica o triplica el de las principales economías europeas... La gravedad del momento reside en que, incluso en ese contexto, la sensación de un gobierno a la defensiva tiene que ver con decisiones judiciales instadas por organizaciones ultraderechistas que difícilmente ocultan su pretensión de provocar la caída del presidente Pedro Sanchez y el Gobierno de coalición... causa estupor es el goteo de casos que nacen aparentemente desconectados pero cuyos ritmos, acelerados o retardados, hacen que confluyan en los momentos políticos más convenientes para la oposición. Y la insistencia particular de algunos de ellos con entornos familiares del presidente... Para que se extienda la imagen de parcialidad de la justicia es suficiente con la suposición de la existencia de una minoría de jueces, conectados y en sintonía ideológica con Vox y PP, que maniobran como si pertenecieran a un “Partido Judicial”, con el objetivo de derribar al Gobierno legítimo. Suficiente también para colocar a España entre los países con una derecha que persigue la involución democrática... Es a los juristas demócratas de todas las sensibilidades y a sus asociaciones y órganos de gobierno a los que compete liderar un cambio que recupere el equilibrio en los procedimientos judiciales... La justicia solo es justa cuando se percibe justa por las amplias mayorías

 DEFENDER LA DEMOCRACIA

ECONOMISTAS FRENTE A LA CRISIS nació para enfrentarse a los postulados que justificaban el ajuste social como salida a la gran crisis del 2008. Desde entonces, la persistencia de crisis sucesivas (pandemia, inmigraciones, guerras de Ucrania) y los nuevos desafíos que conllevan las transiciones en curso (tecnológicas, medioambientales, demográficas) han mantenido vivas las razones que justificaron nuestra aparición en el debate público ante la necesidad de redefinir los retos y perfiles del progreso social.

Entendemos que el momento actual que vive el mundo nos enfrenta a una verdadera encrucijada histórica ante la que no podemos permanecer pasivos.

  1. La llegada de Trump al poder lo señala como uno de esos instantes en el que la política determina decisivamente la economía. Una profunda involución de las pautas democráticas y la invocación a la ley del más fuerte vendrá acompañada, con toda probabilidad, por un fuerte retroceso de las conquistas económicas y sociales. Es así, porque su retorno al poder se produce con una agenda precisa que resucita la visión más dura del “Estado mínimo”, una idea amparada ahora por las grandes empresas tecnológicas. Un brutal ajuste social y la privatización generalizada de los servicios públicos, anticipa un tsunami que afectará a todo el planeta.
  2. Similares pulsiones reaccionarias toman cuerpo en Europa y el mundo con el avance de partidos protofascistas que arrastran a los partidos conservadores. El aislacionismo nacionalista representado por mayores aranceles, el rechazo a los avances feministas, la penalización de la inmigración y la negación del cambio climático son sus señas de identidad.
  3. Las noticias falsas y el uso encadenado de bulos en redes sociales y pseudomedios, se refuerza con falsas equidistancias de los medios conservadores tradicionales y de estratagemas sincronizadas de instrumentalizan los cauces judiciales. La caída de gobiernos progresistas en Brasil o la vecina Portugal, y de otros países, se fraguó en una adecuada combinación de esos factores.

España y su Gobierno de izquierdas es ahora el foco principal de esas maniobras, nada extraño teniendo en cuenta que nuestro país es hoy una referencia en el mundo y en Europa. Subir las pensiones, hacer la reforma laboral, aumentar los impuestos a la gran banca y las energéticas tenían que provocar grandes resistencias. Sobre todo, cuando esas reformas redundan en un crecimiento del PIB que duplica o triplica el de las principales economías europeas, que es además compatible con la reducción de desequilibrios macroeconómicos y se acompaña con el impulso decidido a la transición digital y el liderazgo de la causa feminista.

Lo singular de la ofensiva contra el Gobierno español es que no descansa en alternativas políticas si por ello se entienden propuestas concretas expresadas de forma coherente. La gravedad del momento reside en que, incluso en ese contexto, la sensación de un gobierno a la defensiva tiene que ver con decisiones judiciales instadas por organizaciones ultraderechistas que difícilmente ocultan su pretensión de provocar la caída del presidente Pedro Sanchez y el Gobierno de coalición.  El marco en el que operan coincide con declaraciones del PP y Vox que manifiestan, sin recato, que hay que acabar con este Gobierno “por el método que sea”, una expresión que enlaza con la consigna “el que pueda hacer que haga” lanzada por el expresidente Aznar.

Es desde el máximo respeto a la separación de poderes y a la independencia judicial desde la que procede una lectura política del momento que permita recomponer los equilibrios institucionales, el imperio de la ley y el seguimiento de los procedimientos.  La asunción como “normalidad” de prácticas que vician la base de la democracia es peligrosa siempre, pero lo es especialmente, en estos momentos.

Es evidente que todos y cada uno de los procesos iniciados debe seguir su curso, facilitando siempre los recursos y garantías procesales establecidas. Caiga quien caiga. Lo que causa estupor es el goteo de casos que nacen aparentemente desconectados pero cuyos ritmos, acelerados o retardados, hacen que confluyan en los momentos políticos más convenientes para la oposición. Y la insistencia particular de algunos de ellos con entornos familiares del presidente.

Es esa sospechosa SINCRONIZACIÓN de tiempos, junto a la DESPROPORCIÓN de medidas cautelares respecto a casos similares y, sobre todo, las ASIMETRÍAS observadas tanto en los tiempos de respuesta de los recursos como en la permisividad ante las filtraciones, es esa alteración de las formas respecto a la normalidad habitual sin argumentos que los justifiquen, la que da razones objetivamente plausibles para recelar de una actuación judicial coordinada, que merecen ser denunciados ante la sociedad y ante el Consejo del Poder Judicial.

Para que se extienda la imagen de parcialidad de la justicia es suficiente con la suposición de la existencia de una minoría de jueces, conectados y en sintonía ideológica con Vox y PP, que maniobran como si pertenecieran a un “Partido Judicial”, con el objetivo de derribar al Gobierno legítimo. Suficiente también para colocar a España entre los países con una derecha que persigue la involución democrática.

La democracia se defiende mejorándola. No se trata de buscar un reequilibrio entre jueces progresistas y conservadores, dualidad muy del gusto de los medios, se trata de recuperar el prestigio, hoy alicaído, del poder judicial, exacerbando el cuidado de las formas y el respeto a los cauces y tiempos habituales de cada procedimiento.  A la vez, es tarea del Parlamento y del Consejo del Poder Judicial introducir los cambios que garanticen la transparencia y la neutralidad en el funcionamiento ordinario de los tribunales. Y que limiten, entre otros, los usos abusivos de la figura de “acusación particular” por organizaciones partidistas no afectadas directamente en cada proceso y que no solo prohíba, sino que penalice claramente, las investigaciones prospectivas.

España está haciendo un esfuerzo enorme para recuperar autonomía, prestigio y posiciones ante los cambios tecnológicos y sociales que afectan al mundo. La política establece los cauces democráticos para cambiar gobiernos mediante elecciones sin que sea aceptable que una minoría judicial, objetivamente en aparente sintonía con la ola ultraconservadora que asola el mundo, bloquee decisiones del parlamento o instigue al Gobierno con maniobras que alteran la percepción de la obligada imparcialidad de la justicia.

Es a los juristas demócratas de todas las sensibilidades y a sus asociaciones y órganos de gobierno a los que compete liderar un cambio que recupere el equilibrio en los procedimientos judiciales. Pero todas las instituciones democráticas y la sociedad en su conjunto tienen la obligación de estar vigilantes ante su deterioro. La justicia solo es justa cuando se percibe justa por las amplias mayorías."

(Economistas frente a la crisis, 07/01/25)

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