"España está dividida en dos. Desde luego en lo político, pero también en muchas otras cosas. Lo curioso es que de esas fracturas que afectan al país (territoriales, económicas, ideológicas) hay una de ellas que suele pasarse por alto, como si en lugar de convivir en el mismo espacio se viviera en lugares diferentes. La justicia refleja bien la situación. Las declaraciones sobre la confianza en la justicia, sobre el papel de los jueces en el actual momento político y sobre la necesaria independencia de las instituciones copan el debate público estos días. Contienen grandes consideraciones sobre cuestiones elevadas, argumentos densos sobre las decisiones que se adoptan y, en última instancia, incluyen discusiones sobre el papel fundamental que están jugando los jueces en este momento clave o sobre si la judicatura española está adoptando una postura parcial (con respuestas que varían según el ámbito ideológico al que se pregunte).
Todo esto, como tantas otras cosas del debate político, no suele estar presente en la vida del español común. Muchas de las decisiones que se someten a discusión pública son complejas de explicar, también porque remiten a fundamentos técnicos que están sujetos a interpretaciones diversas y suelen generar confusión. Lo cierto es que tanto ruido acaba apartando a gente de las cuestiones públicas. La molestia de los españoles va en aumento, y eso supone tanto la indignación recurrente como la consideración de que la política no arregla nada. Las tensiones judiciales forman parte de eso: o son integradas en la visión ideológica que ya se tiene o son desdeñadas como otro asunto más de una esfera mayormente inútil.
Ya sabemos que una justicia lenta no es justicia, pero esto es otro nivel
Sin embargo, eso no quiere decir que a los españoles no les interese la justicia. Más al contrario, es un asunto que los atañe de manera directa y no solo porque la idea de la injusticia es una de las que más moviliza políticamente, sino porque también los afecta en su vida cotidiana.
Muchos españoles, alguna vez en su vida, se ven obligados a recurrir a los tribunales. La saturación de muchos juzgados, la falta de medios y los procedimientos que dilatan más que aceleran llevan a que las resoluciones tarden demasiado tiempo en dictarse. Y ocurre incluso en procedimientos, como los de las medidas ligadas a un divorcio, a un despido o un desahucio, que el legislador entendió que debían tramitarse por vía rápida. Distan mucho de ello. Unai Sordo afirmaba hace pocos días que la demora media a la hora de señalar un juicio por un despido individual es de 375 días y que en 28 provincias hay un colapso funcional de los juzgados. Ya sabemos que una justicia lenta no es justicia, pero esto es otro nivel.
La desconfianza de los ciudadanos sobre la imparcialidad de los jueces va en aumento
Hay un elemento añadido, también perturbador. Cada vez es más frecuente que quien debe iniciar un procedimiento, o quien se ve inmerso en él, pregunte al abogado de qué pata ideológica cojea el juez que debe resolverlo: ¿es progresista quien va a determinar el régimen de visitas o la pensión por hijos? ¿Es reaccionario el que va a fijar si el despido es procedente, improcedente o nulo? No se cree en que el juez vaya a dictar una sentencia que no esté guiada por sus preferencias personales. Dicho de otro modo, la desconfianza del ciudadano sobre la imparcialidad del juzgador va en aumento.
Es uno más de los asuntos cotidianos en los que los españoles nos vemos inmersos. Otro ejemplo está en la sanidad: conseguir cita temprana no es nada fácil, ni en la Seguridad Social ni en el seguro privado, ya que la consultas están cada vez más saturadas, en especial en grandes ciudades como Madrid. Eso sí, quien tiene recursos y paga una consulta de su bolsillo es atendido mucho antes. Todos aquellos sistemas expertos que se habían puesto en marcha para dar respuesta a las necesidades ciudadanas funcionan con retraso, mal o ambas cosas.
En ese contexto, las discusiones sobre la justicia parecen reducirse a los grandes asuntos, a la independencia de los magistrados, a la composición del CGPJ, a la salvaguarda de las instituciones. No se pone el acento en la necesidad de que los juzgados cuenten con muchos más medios, ni de que el ciudadano reciba una respuesta razonable en un tiempo prudente a sus problemas, ni de que las creencias ideológicas de los jueces resulten irrelevantes a la hora de dictar sentencia. Esto es lo que el ciudadano común vive, pero esto ocurre por abajo, y a muy poca gente del establishment le importa lo que sucede por abajo. Está pendiente de otras cosas, siempre llenas de grandes palabras y de discusiones moralistas. La gente quiere que le arreglen sus problemas, pero sus problemas ni aparecen en los medios. Por lo tanto, los ciudadanos suelen acabar pensando que todos son iguales, que están ahí para defender sus intereses y que no les importa lo que le pase a la mayoría de la gente. Y después observan cómo determinados juicios, esos que interesan, van muy rápido mientras que los suyos se demoran enormemente. Así es como la gente se pone de mala leche y como un sistema se quiebra."
(Esteban Hernández , El Confidencial, 27/06/26)
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