"La nefasta instrucción de Kitchen, ¿será un acto fallido del juez instructor para que haya nulidades o se anule el juicio? Teresa Palacios, presidenta de la sección cuarta de lo Penal, y ponente de la sentencia, deberá, junto con los otros dos miembros del tribunal, resolver si ‘salvar la instrucción’ in extremis, enviar el caso a la Audiencia de Madrid, o declarar la nulidad parcial o total de la causa. Normalmente, se celebra el juicio y se dejan para resolver en la sentencia las llamadas cuestiones previas donde se cuestiona la instrucción de la causa.
En más de dos años de investigación de la operación montada por el Ministerio del Interior y el Cuerpo Nacional de Policía para controlar -en los años 2013-2015- o robar material comprometedor para Mariano Rajoy en poder del extesorero nacional del Partido Popular, Luis Bárcenas, el juez Manuel García- Castellón hizo mandobles a diestro y siniestro, o a izquierda y derecha, que el juez y la Fiscalía Anticorrupción han cocinado un Frankenstein.
Lo primero que consagra la sesión inaugural del juicio en San Fernando de Henares - las vistas se celebrarán una semana allí y otra en Madrid sucesivamente- es que la Operación Kitchen fue una actividad de los más altos cargos del Ministerio del Interior y el Cuerpo Nacional de Policía (CNP).
Es decir: la foto de los diez acusados sentados en el banquillo muestra que sea lo que sea ha sido una operación policial. No parapolicial, como siguen diciendo medios de comunicación que repiten el mantra de estos años. A saber que se trataba de una actividad de las cloacas, las alcantarillas del Estado. Aqui estamos ante la élite, la Planta Noble del Estado.
Una precisión: en el banquillo se sentaban nueve porque el décimo, el que a propuesta de Maria Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, se encargó de la Operación Kitchen, tomó asiento en estrados, junto a los letrados de las defensas.
Ese décimo acusado se llama José Manuel Villarejo.
La conclusión preliminar es que el Partido Popular convirtió al CNP en un instrumento privado suyo para ajustar cuentas en este caso con “uno de los suyos” que se había convertido en enemigo por poseer documentos que comprometían al partido cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno.
La necesidad era vital porque ese material suponía un riesgo para la permanencia misma del PP en el Gobierno.
Escuchar a los letrados de los diez acusados en el primer día del juicio, dedicado a las cuestiones previas -donde se dirime sobre cuestiones procesales y derechos fundamentales durante el proceso de investigación- fue una sesión terapéutica de psicoanálisis.
Hoy responderán a las defensas el Ministerio Fiscal, las acusaciones populares y particulares.
García-Castellón y la Fiscalía Anticorrupción utilizaron el secreto sumarial durante la mayor parte de la instrucción para construir el caso al margen de los imputados y su derecho de defensa.
El ejemplo más extremo fue el del comisario Enrique García-Castaño, 'El Gordo', que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, vamos, el que dirigió durante largos años seguimientos, pinchazos telefónicos, con acceso a artilugios de todo tipo.
Declaró García-Castaño hasta siete veces bajo secreto sumarial, sin intervención de las defensas de los imputados y con la sola presencia de los fiscales. Y fue cambiando de versión, hasta, finalmente, aceptar parte de los hechos, en los que él tuvo una participación estelar. Como, por ejemplo, entrar sin autorización judicial en el pequeño bajo en el que Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, restauraba muebles en la calle General Díaz Porlier, 32 de Madrid. Buscaba los famosos pendrives que atesoraba Bárcenas.
Los imputados nunca le cuestionaron. Es posible que pudieran hacerlo en cierto momento, aunque es verdad que García-Castaño sufrió un ictus en 2022 y, más tarde, a raíz de las secuelas, el juez archivó la causa contra él. Lo cierto es que, convertido en una especie de testigo de cargo, no hubo oportunidad de ver qué grado de fortaleza exhibía cuando cambió de bando. García-Castaño ya está fuera de la causa por las secuelas de su ictus.
Una cosa es que el juez y los fiscales pensaran que la investigación de altos cargos de Interior y de la Policía desataría múltiples presiones del poder político y otra que para poner sordina a ellas se orientaran a hacerlo todo en secreto, para cocinarlo sin riesgos. Utilizamos la palabra española como ironía para significar que en todos lados había, por así decir, Kitchen. O en este caso, una Contra Kitchen.
Uno de los temas ya planteados en la causa, y retomados por las defensas en las cuestiones previas, es el de la ‘perpetuatio iuridictionis’. Es decir: la competencia de la Audiencia Nacional, asumida al comienzo de la investigación, se perpetúa y no puede modificarse. La doctrina del Tribunal Constitucional señala que esa perpetuación asegura la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva y el juez predeterminado por la ley, evitando la manipulación del proceso.
Ahora bien, las defensas denuncian que la instrucción de Kitchen en la Audiencia Nacional es, en rigor, la manipulación de la tutela judicial efectiva. En otros términos que esa perpetuación lesiona el derecho fundamental que permite a toda persona acceder a los tribunales para defender sus intereses legítimos.
Porque, sostienen, los delitos que se persiguen -encubrimiento, malversación, delito contra la intimidad- no son competencia de la Audiencia Nacional sino de los tribunales de la Audiencia de Madrid.
Y, señalan, tampoco reúnen el requisito por el cual sí podrían investigarse en la Audiencia Nacional, a saber, ser delitos conexos con aquellos que se suelen investigar en dicho tribunal: terrorismo, narcotráfico, delitos cometidos en el extranjero, entre otros.
Es verdad que esa conexidad parece más un recurso para que la causa se quedase en la Audiencia Nacional.
Otro de los argumentos es que la causa Kitchen investigaba los “encargos” recibidos por el comisario José Manuel Villarejo, dada su condición de policía en activo, y por los cuales se le pagaba con dinero o en especie. Con contratos.
¿Cuál es la relación de este abanico investigador y Kitchen? La única más clara es que María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular, contrata en 2009 a Villarejo para intentar la desactivación del ‘caso Gürtel’ y como derivada del mismo, ya con el PP en el Gobierno, encarga al comisario en 2013 la búsqueda del Santo Grial.
Es decir: detectar primero y recuperar después los documentos comprometedores y posibles grabaciones del que fuera tesorero nacional del PP -de la total confianza de Mariano Rajoy, quien le nombra al dejar el puesto Álvaro Lapuerta- para lo cual Villarejo se pone manos a la obra con la colaboración del Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Todos a por el Santo Grial. Y Villarejo cobra por ello, aunque sea bajo la forma de adelantar pagos y pasar factura después. No es Cenyt, la empresa de Villarejo, pero es una actividad encargada por Cospedal.
A quien, en uno de sus mandobles, Garcia-Castellón decidió salvar. Tras tomarle declaración como imputada -un teatrillo- archivó la causa para ella al concluir la investigación, el 29 de julio de 2021.
Las evidencias contra ella eran tan abrumadoras que el fiscal Serrano dio una batalla sin tregua por profundizar la investigación sobre la participación del PP. Pero la perdió. La Sala Penal de la Audiencia Nacional hizo piña con el juez García-Castellón.
Esa batalla ahora la está dando una acusación popular, la del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que solicita suspender el juicio, declarar la nulidad de la conclusión de la instruccion de García-Castellón, la incorporación oficial -ya estaban en la causa- de pruebas marginadas por el instructor y su sucesor-el juez Garcí-Castellón se jubiló- y la reapertura la investigación."
(Ernesto Ekaizer, blog, 07/04/26)
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