"Son los sicarios del sector inmobiliario", sentencia Juan Carlos, vecino del barrio del Pilar, en Madrid. "Matones que, mediante el uso de la violencia, de diferentes tácticas de acoso e intimidación, consiguen salirse con la suya", sigue denunciando. Expulsando a cada vez más inquilinos de sus hogares. Seguro que alguna les suena: Desokupa, Bastión Desokupa, Desokupa Espress, AMA Desokupa… Asistimos al boom de las empresas, servicios, despachos y consultorías de desokupación. De mediación entre propietarios e inquilinos. Muchas veces por la fuerza, claro. Tal y como se han cansado de repetir asociaciones vecinales y por el derecho a la vivienda. "Es un problema que nos afecta a todos. Incluso a los que creen que no les va a llegar", advierte el inquilino en conversación con Público. Condenando a vecinos de toda la vida a marcharse de sus casas, de sus barrios. Incluso de sus ciudades.
En el caso de Juan Carlos, todo empezó hace dos años. A raíz del fallecimiento de la que era su casera. Después de más tres décadas residiendo en el piso, una de las herederas le convocó a una comida. Para hablar. "Me sonó raro, pero acudí", relata el inquilino. Se lo soltó tal cual. "Quería que desalojáramos la vivienda enseguida. Mejor ayer que mañana", refiere. Con una semana de margen y con el contrato de alquiler todavía en activo. "Fue como una jarra de agua fría. ¿A dónde íbamos a ir? ¿Con qué dinero?", hace memoria el vecino. Pidió tiempo. Para encontrar otro piso y para hacer la mudanza.
La pesadilla fue a más cuando se sentó por primera vez a buscar piso. Consultando anuncio tras anuncio. "Sabía que el mercado de la vivienda estaba imposible, pero no era consciente del dramatismo de los precios y de los requisitos", sostiene el inquilino, que repentinamente se quedó también sin trabajo. Era una tras otra. "Me echaron de la empresa después de 15 años. Y ya sí que no tenía opciones", se lamenta. Durante todo este proceso, la casera nunca dejó de insistir, de presionar. Hasta que, en enero del año pasado, les llegó el primer burofax. Y una amenaza: había decidido optar por "la vía de en medio".
Un día, tocaron al telefonillo en el portal. Traían un paquete a su nombre. "Cuando abrí la puerta, me encontré a tres hombres enormes y vestidos de negro, al estilo militar", describe el inquilino. "Venimos de parte de la propietaria. Estáis aquí de okupas. Tenéis que firmar este acuerdo y marcharos", les increparon los sujetos. Todo con malas formas, con actitud agresiva y con amenazas de por medio, asegura el vecino. "Metiéndonos miedo". D.I.O. Express, así se llama la empresa a la que representaban. No fue la única vez que se presentaron en su casa. Aporreando y gritando al otro lado de la puerta, esperando a la salida del edificio. "Llegaron a llenarnos de pegamento la cerradura", señala el inquilino. El miedo se convirtió en una constante en su día a día. "Nunca sabes cuándo van a aparecer ni lo que son capaces de hacer", explica el afectado.
Juan Carlos, inquilino: "Te das cuenta de que nadie vela por los derechos del inquilino. Los de Desokupa quedan de héroes; nosotros de delincuentes"
Les acabó denunciando. Primero en la comisaría; luego ante la Fiscalía. Lo hizo con el asesoramiento del Sindicato de Inquilinas de Madrid. En una denuncia a la que se sumó otra familia afectada. Por las mismas prácticas y por parte de la misma empresa. Lo que no sabían es que le tocaría enfrentarse a un nuevo camino plagado de obstáculos. "Nos suspendieron la primera vista por un error del propio juzgado. Habían mezclado dos causas abiertas contra la misma empresa", comenta Juan Carlos. "Luego nos llegó una sentencia desfavorable sin que se hubiera llegado nunca a celebrar el juicio. Evidentemente esa sentencia se anuló", continúa enumerando.
"Cuando por fin nos convocaron a juicio, ni siquiera comparecieron todos los acusados. Tampoco testificaron los policías que habían acudido a nuestra vivienda a detenerlos en una ocasión. Y no se presentaron todas las pruebas que habíamos aportado", denuncia el inquilino. Todo fue en vano. En abril, les llegó la sentencia definitiva. Les habían absuelto. "Sientes una revictimización y una impotencia que no le deseo a nadie. Ahí te das cuenta de que nadie vela por los derechos del inquilino", se desahoga Juan Carlos al otro lado del teléfono. "Ellos quedan de héroes; nosotros de delincuentes", sentencia tajante.
Público se ha puesto en contacto con D.I.O Express para pedirle su versión sobre el caso. Este periódico también le ha preguntado qué tipo de prácticas utilizan para garantizar el "desalojo de okupas en 48 horas" que anuncian en su página web. Y si esas prácticas incluyen, como recoge la denuncia de Juan Carlos, fórmulas de intimidación y acoso. Por último, este diario ha querido saber si la entidad ha recibido más denuncias de este tipo. Cuántas y con qué resultado.
"Nuestros métodos son totalmente legales", asegura Francisco Fernández, propietario de la empresa. "Yo dispongo de una titulación de mediador. Y lo que hacemos es precisamente eso: iniciar una mediación extrajudicial para intentar obtener la salida voluntaria del ocupante, ya sea en calidad de inquilino deudor, de inquilino precario o de okupación ilícita", desarrolla el empresario.
Sobre el caso de Juan Carlos, sí que lo reconoce como un trabajo propio. "Hicimos exclusivamente dos visitas. Y enseguida se rescindió el contrato con nuestro cliente, que lo ha judicializado por su cuenta. Había cosas que no nos acababan de cuadrar", esgrime Fernández. "En la primera visita se toca el timbre, nadie abre la puerta y a los cinco minutos aparecen ocho patrullas de policía. Sin haber hecho nada", relata el empresario. "Después de eso, se hizo una última gestión, con la Policía Nacional presente, para intentar llegar a un acuerdo, ofreciendo a los inquilinos tiempo y una ayuda económica. Lo rechazaron todo", concluye.
En ocho años en activo -continúa- han recibido unas 20 o 25 denuncias, ninguna de ellas con recorrido en los juzgados. "Eso demuestra que no utilizamos métodos ilícitos: ni armas, ni placas falsas, ni grupos paramilitares", sentencia. Aunque con matices: "Hemos tenido un par de empleados, ya despedidos, que detectamos en su momento que incurrían en estas prácticas. Pero no es, bajo ningún concepto, nuestra política de empresa".
Un negocio blindado en los tribunales
¿Hay muchas denuncias contra empresas de desokupación? ¿Qué recorrido suelen tener en los tribunales? "Al final es imposible conocer con exactitud su volumen", valora para Público Víctor Palomo, abogado especializado en vivienda del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). "Por una parte, muchos afectados nunca llegan a denunciar", desarrolla el abogado. Ya sea por miedo o por falta de recursos. "Este segundo supuesto afecta demasiado al recorrido de las denuncias, incluso cuando llegan a producirse", explica Palomo. "Estamos hablando de particulares en situación de vulnerabilidad -que no disponen del pulmón económico para impulsar la acusación- contra empresas que muchas veces cuentan incluso con su propio bufete de abogados o pertenecen a un conglomerado que ofrece también estos servicios. La distancia es insalvable", denuncia el letrado del CAES.
Para el abogado penalista Eloi Castellarnau la clave está en que se trata de "un fenómeno joven". "La avalancha de denuncias contra este tipo de prácticas se concentra en los últimos cuatro o cinco años, por lo que muchas siguen en tramitación. Por tanto, no se dispone todavía de suficiente jurisprudencia", evalúa en conversación con Público el letrado. Más allá de eso, las empresas de desokupación disponen de sus propios subterfugios. "La mayoría actúan bajo esa especie de paraguas legal que les proporciona el propietario cuando les firma un contrato para interlocutar con las personas que residen en el domicilio", comienza explicando Castellarnau.
Otra de las claves: el adiestramiento. "Pocas veces incurren en una agresión física. La mayoría practican una intimidación más bien ambiental, que es más difícil de demostrar", apunta el abogado. Un extremo con el que coincide Palomo: "La falta probatoria es lo que lastra la mayoría de las denuncias". Para evitar este extremo, desde el CAES lanzan una recomendación esencial: grabarlo todo. "Cada vez que se presentan en tu casa a increparte, a lanzar amenazas, a dañar cualquier elemento de la vivienda", enumera Palomo. Una sugerencia que sí aplican las propias empresas de desokupación. "Graban sus actuaciones y luego suben a redes algunas partes cortadas y descontextualizadas. Lo que les viene bien de cara a blanquear su imagen", juzga el letrado del CAES.
Eloi Castellarnau, abogado penalista: "Actúan bajo el paraguas legal que les proporciona el contrato con el propietario"
Las trabas no terminan ahí. "En muchos casos, la cosa se queda en una denuncia personal contra los dos o tres sujetos que han acudido presencialmente a la vivienda o contra su cara más mediática, sin alcanzar a la sociedad que hay por detrás", explica Castellarnau. Una confusión que favorecen los nombres legales con los que estas empresas se inscriben en el Registro Mercantil. La conocida Desokupa de Daniel Esteve es un caso evidente. Su denominación social poco tiene que ver con su nombre comercial: Conciencia y Respeto 1970, S.L.
"Esto responde también a que, cada vez más, no son empresas independientes, sino un componente más de entramados vinculados a múltiples servicios", indica Palomo. Seguridad, vigilancia, venta y alquiler inmobiliario, asesoramiento jurídico… Muchos de ellos complementarios. "Es una forma de, por un lado, diluir responsabilidades y, por otro, asegurar todos los frentes del negocio", concluye el abogado del CAES. Un negocio redondo. Solo en el año 2023, la empresa de Esteve llegó a facturar, según sus propias cifras, 1,1 millones de euros. De los que Esteve recibía más de 100.000 como salario personal.
Las condenas, una rara avis
"Las denuncias rara vez prosperan. Y, cuando lo hacen, no suelen terminar en sentencias condenatorias en firme", subraya Palomo. Salvo en casos muy residuales. Tres, en concreto. Así lo recoge el Centro de Información del Consejo General del Poder Judicial (CENDOJ). La primera condena contra las prácticas de una empresa de desokupación llegaba durante el verano de 2022. Una sentencia que señalaba a dos trabajadores de Bastión Desokupa por un delito leve de coacciones, recogido en el artículo 172.1 del Código Penal y multado, en este caso, con 90 euros. La segunda se dictaba en septiembre del año pasado. El propietario y dos empleados de Desocupaciones Mallorca eran entonces condenados por otro delito de coacciones leves y uno más de amenazas. De nuevo, con la imposición de unas multas bastante asumibles. 180 euros por el primero; 480 por el segundo.
Víctor Palomo, abogado del CAES: "Desokupar sigue saliendo demasiado rentable. En términos económicos y jurídicos"
Una tercera sentencia se firmó hace apenas unas semanas, el 22 de septiembre, todavía pendiente de la resolución del recurso de apelación. Ese día, el Juzgado de Instrucción nº 6 de Granada condenaba a la administradora de AMA Desokupa, Ángela Jiménez Mendoza, por un nuevo delito de coacciones leves. 210 euros y a correr. "Ese es el precio que pagas por aprovechar la situación de vulnerabilidad de un inquilino para acosarle, amenazarle e intimidarle, a veces incluso por medio de la violencia física", se lamenta Palomo. "Mientras no se sensibilice y legisle contra estos negocios y no se les impongan sanciones a la altura de sus prácticas, seguirán saliendo demasiado rentables. En términos tanto económicos como jurídicos", concluye el abogado.
Público ha contactado a AMA Desokupa, la única de las tres empresas que todavía no tiene una condena en firme, para preguntarle si reconocen las prácticas descritas en la sentencia y si forman parte de su protocolo habitual de actuación. Este diario ha querido saber además si la empresa ha recibido más denuncias de este tipo y, en caso afirmativo, cuántas y con qué trayectoria en los tribunales. Hasta el momento de la publicación de este artículo, la entidad no ha ofrecido respuestas."
(Inés García Rábade , Público, 18/10/25)
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