"El pasado 27 de enero, el Consejo de Ministros español inició la tramitación de una regularización extraordinaria. La medida prevé la concesión de un permiso de residencia y de trabajo (de un año, posteriormente renovable) dirigido a dos grupos: las personas en situación irregular que residen en el país desde antes del 31 de diciembre de 2025, por un mínimo de cinco meses; y los solicitantes de asilo que hayan presentado su solicitud antes de esa fecha, ofreciéndoles una alternativa más rápida y eficaz respecto al procedimiento de protección internacional. El decreto prevé asimismo la regularización simultánea de los hijos menores, a quienes se reconoce un permiso de residencia de cinco años. Los pocos requisitos exigidos (entre ellos, la ausencia de antecedentes penales) y los plazos breves (admisión en 15 días, resolución en tres meses) permiten prever una medida de gran impacto y a gran escala a corto plazo. Según las estimaciones gubernamentales, la medida debería beneficiar a 500.000 personas.
La reforma ha generado un intenso debate público y político. Como ocurre (cada vez más) cuando se habla de inmigración, una parte relevante de la discusión gira en torno a cuestiones engañosas o especulaciones ideológicas, como el posible efecto llamada o la posible distorsión del electorado. No entraré en tales cuestiones, porque la evidencia empírica al respecto es clara: las regularizaciones no generan efecto llamada, y los migrantes regularizados no podrán votar. Tampoco abordaré por ahora las críticas que sí son reales y pertinentes, como el peso y la funcionalidad de la reforma dentro de la gobernanza migratoria española, o su viabilidad operativa en términos de plazos, modalidades y recursos, pues considero que todavía es pronto para profundizar en ellas. Me centraré más bien en las implicaciones positivas que —es razonable imaginar— tendrá esta regularización, pues son numerosas y merecedoras de atención para comprender en su totalidad el valor y el significado de la medida.
En primer lugar, la reforma genera un impacto positivo para las personas beneficiarias, es decir, aquellas que viven y trabajan en el país desde hace tiempo, pero sin un estatus legal que garantice sus derechos y obligaciones. Para estas personas, la regularización representa una garantía (mínima) de igualdad formal y, por tanto, la condición necesaria —aunque no suficiente— para un proceso de integración real y una vida digna. Como ilustra una de las últimas publicaciones de PICUM, la investigación sobre las regularizaciones es clara al respecto: los papeles, para quienes no los tenían, lo cambian todo. Abren el acceso al empleo formal, mejoran las condiciones laborales, refuerzan la protección frente a la explotación, aumentan la estabilidad económica y los ingresos, e inciden en aspectos esenciales de la vida cotidiana, desde la vivienda hasta la salud física y mental, devolviendo seguridad y perspectivas de futuro. Los estudios muestran asimismo que los beneficios se extienden a las familias e incluso a generaciones posteriores, influyendo positivamente en las trayectorias educativas y en las oportunidades de los hijos de quienes se han beneficiado de ellas.
El segundo aspecto positivo concierne a las ventajas para el país que regulariza. La investigación evidencia que las regularizaciones contribuyen a construir una sociedad más próspera, justa y segura. Desde el punto de vista económico, las ventajas son notables. En primer lugar, en el plano fiscal: se trata de transformar trabajadores reales, pero invisibles, en contribuyentes visibles para la administración. Los estudios sobre el caso español indican que la regularización de 2005 generó un incremento medio superior a 4.000 euros anuales por trabajador en ingresos fiscales y contributivos. Regularizar significa también fortalecer sectores clave —desde la agricultura hasta los servicios de cuidados— donde la mano de obra migrante es esencial, pero con frecuencia informal. Regularizar implica además una sociedad más equitativa: la regularización mejora las condiciones laborales, reduce la competencia a la baja en los salarios y hace que el mercado laboral en su conjunto sea más transparente y menos vulnerable. Finalmente, regularizar implica también tener una sociedad más segura, en el sentido más amplio del término, pues la reducción de la economía informal se asocia a una bajada de la criminalidad, así como a un mejor acceso a los servicios sanitarios, aspecto que se reveló crucial durante la pandemia de la covid‑19.
La tercera implicación positiva atañe a la relevancia pragmática de la reforma. Un reciente estudio comparativo de Carrera, Pőcze y Jubany sobre las respuestas políticas a la irregularidad en los Estados miembros de la UE muestra las ventajas de este tipo de políticas, en comparación a otras como los retornos forzosos. La expulsión de personas en situación irregular a menudo no es ni posible, ni practicable, sin violar el principio de legalidad y los derechos constitucionalmente garantizados, y/o debido a cuestiones técnicas y operativas que impiden su aplicación. El resultado es la creación de largos estados de limbo administrativo y, en la práctica, la imposibilidad de que una parte de la población acceda a derechos fundamentales y servicios esenciales, situándola en condiciones de precariedad y exclusión. En este contexto, las políticas orientadas a la transición hacia un estatus regular constituyen no solo soluciones más justas y humanas, sino también más eficaces en términos económicos y jurídicos, representando la única alternativa factible y funcional.
El cuarto aspecto remite al valor simbólico de la regularización como una alternativa creíble dentro del imaginario político actual. En un contexto europeo (y no solo) sesgado por la exacerbada politización de la cuestión migratoria y la retórica xenófoba del odio, la regularización española demuestra que es posible pensar la migración en otros términos, desde la igualdad y la inclusión, y no desde el miedo y el rechazo. La fuerza de la alternativa española hunde sus raíces en la historia de un país de migraciones y de acogida, y de una sociedad que cree (aún) que la inmigración es ante todo una oportunidad, como demuestra el amplio apoyo recabado por la iniciativa legislativa popular que precedió a la acción gubernamental. Esta iniciativa fue respaldada por un frente transversal de actores políticos y sociales: desde asociaciones de migrantes hasta organizaciones católicas; desde sindicatos hasta asociaciones empresariales; y por la totalidad de los grupos parlamentarios —al menos al inicio— con la excepción de VOX. Una iniciativa que hizo políticamente imaginable aquello que en el contexto actual parecía imposible.
La quinta implicación se refiere al valor programático de esta alternativa en términos de policy-option dentro del modelo dominante de gobernanza de la inmigración. Ante la proliferación de medidas cada vez más obsesionadas con el control migratorio y con las supuestas amenazas derivadas de la diversidad, acompañadas de crecientes inversiones en vigilancia y seguridad, la propuesta española demuestra que existen opciones de política diferentes para afrontar los retos que plantea la inmigración. Respuestas políticas que no buscan la ganancia electoral explotando las frustraciones de una sociedad atemorizada por las desigualdades, sino que procuran satisfacer las necesidades e intereses de la ciudadanía, que encuentran sustento en la evidencia empírica y se inspiran en los valores de igualdad y legalidad. Todavía es pronto para evaluar con precisión el valor y el alcance programático de la alternativa española. No obstante, si la observamos a la luz de la próxima aplicación del nuevo Pacto de Migración y Asilo, podemos comenzar a hacernos una idea. Siguiendo a Anna Terrón, esta regularización cierra la puerta a posibles traducciones internas del enfoque securitario del Pacto, estableciendo un dique sólido —aunque incompleto y temporal— frente a posibles derivas de exclusión y persecución dentro de la sociedad española.
Si hasta ayer el desafío consistía en contar con una alternativa real dentro del abanico de opciones políticas en materia migratoria, hoy parece existir una nueva vía. Se trata de una alternativa parcial y limitada, pero —como he intentado argumentar— igualmente valiosa. Mañana, el desafío será dotarla de concreción, proyección y sustancia dentro de un marco de gobernanza más justo y eficaz."
(Francesco Pasetti, investigador principal, CIDOB, 02/2026)
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