"La privatización de los servicios sale cara a toda la sociedad, pero en especial a la clase trabajadora, porque incrementa incluso los gastos a los que se enfrentan hogares y familias. Así lo concluye un informe técnico de CCOO, centrado en las privatizaciones de bienes y servicios. La deriva privatizadora siempre conlleva un mayor coste público, deterioro en la calidad de los servicios, y aboca a la exclusión de parte de la población y un mayor coste para la ciudadanía.
Carlos Gutiérrez, secretario confederal de Estudios y Discurso asegura, al respecto, que las privatizaciones “siempre salen caras, social y económicamente, como individuos y como sociedad: encarecen el servicio para las arcas públicas, porque empeoran la calidad de los servicios para los ciudadanos o porque excluyen a muchos ciudadanos de acceder a ellos”. En su opinión, “no son pocos los factores que empobrecen al común, perjudican la convivencia y empeorando la calidad de vida de todos y todas”.
Un ejemplo paradigmático de estas conclusiones es el de la sanidad pública. El gasto sanitario por habitante apenas ha mejorado en los últimos 15 años, mientras que los indicadores de atención al paciente han ido empeorando de forma paulatina en las últimas dos décadas.
Mayor coste para el erario público y para los hogares
El primer factor que se puede analizar es cómo se incrementa el coste público a la hora de proveer un servicio. Y es que el coste para las arcas públicas de financiar el mismo tratamiento médico es hasta seis veces mayor en la concertada que en la pública. Por ejemplo, actuar sobre una hernia cuesta menos de 700 euros en la pública y casi 3.400 euros en la concertada. “Se trata de una ineficiencia del gasto público que conlleva un elevado coste de oportunidad porque ese exceso de dinero utilizado de manera ineficiente se detrae de prioridades sociales”, explica Gutiérrez.
La acción privatizadora y enajenadora del común no ofrece mayor calidad del servicio. Las mayores listas de espera en la sanidad, en las que en la actualidad hay más gente y tienen que esperar casi el doble en el caso de las primeras consultas especializadas o de las intervenciones quirúrgicas no urgentes que hace dos décadas, son una consecuencia de la privatización.
Unido a lo anterior, se produce una clara exclusión de parte de la población del uso de servicios públicos. “Puede darse al demorar plazos en citas o pruebas -como ha quedado latente en el cribado del cáncer de mama en Andalucía- o excluir directamente a grupos sociales, con dramáticas consecuencias”, ejemplifica el responsable sindical. La ausencia o reducción de oferta pública en determinadas especialidades médicas o educativas, al tiempo que se impulsa la oferta privada en dichas especialidades, supone la exclusión de parte de la población del acceso a dichos servicios.
¿Todo ello redunda en el bolsillo de la ciudadanía? “Sin duda alguna”, responde Carlos Gutiérrez, “por ejemplo, la escasez de oferta pública de FP o de másteres universitarios excluye a muchas familias de estos servicios y les obliga a pagar más de su bolsillo o a endeudarse para acceder a la educación superior”.
Así, el gasto nominal por hogar afectado en FP superior se ha duplicado entre 2016 y 2023, pasando de 1.069 € a 2.085 €, a la vez que se ha incrementado el número de hogares que cursan a este tipo de formación. “Igualmente, la privatización de los másteres incrementa el coste para cada hogar afectado en casi 1.600 €”, apunta. Además, se extiende el uso de seguros privados de salud entre la población ante el deterioro de lo público. Hoy en día uno de cada cuatro hogares tiene un seguro privado." (CC. OO. 27/10/25)
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