"Carla Antonelli recuerda cuando ser gay en España podía llevarte a un campo de trabajo. (...)
Entonces algo cambió. Desde principios de siglo, España ha galopado hacia adelante en lo que a políticas progresistas se refiere. El otrora conservador país católico, conocido en todo el mundo como la cuna del machismo, abrazó una legislación de estilo escandinavo que promueve los derechos de las mujeres y las personas LGBTQ+.
En 2005, España se convirtió en el tercer país europeo en legalizar la igualdad matrimonial y el segundo en permitir la adopción por parejas del mismo sexo. Al mismo tiempo, los españoles se enfrentaron al sexismo adoptando una de las legislaciones más avanzadas del mundo en materia de igualdad de género y violencia contra las mujeres.
La legislación impulsó estos cambios decisivos, pero las actitudes de la población le siguieron.
Según una encuesta realizada en 2021 por la empresa de estudios de mercado YouGov, España es el país de los ocho encuestados que más acepta a las personas LGBTQ+: el 91% afirma que apoyaría a un familiar homosexual o bisexual, y el 87% que haría lo mismo si la persona fuera transgénero o no binaria. En la liberal Suecia, por el contrario, las cifras eran del 77% y el 73%. El desfile del orgullo de Madrid, que se celebra este sábado, es el mayor de Europa.
Asimismo, una encuesta de Ipsos de 2023 reveló que la sociedad española está profundamente sensibilizada con temas como la violencia contra las mujeres y la igualdad de género, y más de la mitad de la población se define como feminista.
"Venimos de una dictadura oscura y gris, y el hambre de libertad es algo con lo que todo el mundo puede empatizar", afirma Uge Sangil, presidente de FELGTBI+, la federación española de organizaciones LGTBI+. "También ayuda que seamos un pueblo ferozmente leal: Lucharemos hasta la muerte por nuestros seres queridos, y todo el mundo tiene un ser querido que es miembro de esta comunidad".
Sin embargo, la continuidad de España como bastión progresista no está en absoluto garantizada: Los activistas advierten de que si el país gira a la derecha, como se prevé que ocurra en las próximas elecciones nacionales del 23 de julio, el nuevo gobierno -posiblemente compuesto por conservadores y extrema derecha- podría intentar deshacer los logros del pasado reciente.
"Tenemos que organizarnos para votar ahora", afirma Sangil. "Pero también tenemos que estar preparados para movilizarnos y plantar cara a cualquier ataque contra nuestra comunidad".
El efecto Zapatero
EL FIN DE LA DICTADURA DE FRANCO abrió el camino a nuevas demandas de libertades civiles en España. Pero el momento decisivo para las mujeres y la comunidad LGBTQ+ no llegó hasta las elecciones de 2004, cuando el Presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero situó la igualdad de derechos en el centro de su campaña.
Parecía que el país estaba preparado.
A lo largo de los años 90, las personas LGBTQ+ lucharon por conseguir visibilidad y un sitio en la mesa. "En Estados Unidos, esas reivindicaciones estaban impulsadas por la crisis del sida, pero en España era distinto", explica Antonelli. "Personas como Pedro Zerolo [destacado activista LGBTQ+ fallecido en 2015] nos impulsaron a tomar conciencia de nuestro poder político".
Para los grupos de defensa de los derechos de la mujer, el principal catalizador llegó en 1997, cuando una mujer andaluza de 60 años llamada Ana Orantes apareció en una tertulia de la televisión regional y rompió un tabú de décadas al hablar abiertamente de los años de abusos físicos que había sufrido a manos de su ex marido.
Dos semanas después de que Orantes describiera cómo se había visto obligada a soportar "paliza tras paliza, un día tras otro", su ex marido se presentó en su casa, la roció con gasolina y la quemó hasta la muerte.
"Lo que le ocurrió a Ana Orantes resonó en toda la sociedad", dijo Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género de España. "Desafió la idea de que este tipo de violencia era una cuestión de pareja, un problema privado: al quedar al descubierto de una forma tan brutal, la sociedad despertó al hecho de que tenía la responsabilidad de abordar estas situaciones".
Inmediatamente después de tomar posesión, Zapatero aprobó una ley integral sobre violencia de género, la primera en reconocer explícitamente que las mujeres merecen una protección especial porque están expuestas a la violencia "por el mero hecho de ser mujeres".
Tras la reforma, el número de feminicidios en España descendió de 71 en 2003 a 49 en 2022. Disposiciones de la legislación han garantizado que cada uno de esos asesinatos haya sido analizado para determinar cómo el Estado puede proteger mejor a las mujeres.
"Generaciones de mujeres españolas han demostrado que no quieren una sociedad tradicionalista en la que no tengamos ningún empoderamiento público, económico o político", dijo María Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, la principal organización no gubernamental feminista del país. "Y hemos tenido la suerte de contar con algunos gobiernos que se han comprometido a hacer posible ese cambio".
Carmona señaló que los esfuerzos de Madrid fueron inadvertidamente celebrados en el Convenio de Estambul de 2011 del Consejo de Europa sobre la prevención de la violencia contra las mujeres. "Cuando llegó el momento de que España lo ratificara, descubrimos que el texto básicamente copiaba nuestra ley", dijo Carmona. "Fue el espaldarazo internacional más fantástico a nuestro trabajo".
Caos en la coalición
EL ACTUAL GOBIERNO ESPAÑOL -una coalición de izquierdas liderada por el presidente socialista Pedro Sánchez- se ha esforzado por mantener el impulso progresista del país, pero la controversia en torno a dos de sus leyes emblemáticas ha minado su apoyo.
La ley de libertad sexual del año pasado, defendida por el socio menor de la coalición, el partido de extrema izquierda Podemos, fue aplaudida por su refuerzo de las leyes de consentimiento. Pero también incluía una redefinición de la agresión sexual que creaba un vacío legal que reducía las penas de cárcel para algunos violadores convictos.
A pesar de la reducción de más de 1.000 penas y la puesta en libertad de más de 100 delincuentes -entre ellos, un hombre con 17 condenas por violación-, la ministra de Igualdad española, la política de Podemos Irene Montero, se negó a reconocer que había fallos en el texto del proyecto de ley y, en su lugar, culpó a "jueces sexistas" de manipular la legislación.
La acusación indignó a la judicatura española, incluido Carmona, del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que también forma parte de uno de los tribunales especiales del país para la violencia de género. Según ella, el asunto revela una "falta de humildad" en el Gobierno.
"Estos ataques ponen en entredicho la credibilidad de todo el Poder Judicial español, que tanto ha trabajado para garantizar la igualdad en las últimas dos décadas", afirmó.
Un portavoz de Montero rechazó las críticas y dijo que el Ministerio de Igualdad no era responsable de los errores técnicos de la ley.
La indignación ciudadana acabó obligando a Sánchez a esquivar a sus socios de coalición, pactar con la oposición la reforma de la ley y reconocer que se habían cometido errores.
"Lo admito, he pedido disculpas por ello y lo hemos corregido", dijo. "Pero el compromiso del Partido Socialista y de la coalición progresista con el bienestar, los derechos y las libertades de las mujeres es inequívoco, absoluto y rotundo".
Polémica de otro tipo rodeó la aprobación el pasado febrero de uno de los proyectos de ley más avanzados del mundo en materia de derechos de los transexuales, que permite a cualquier persona mayor de 16 años cambiar su identidad de género en el registro civil sin someterse a un tratamiento hormonal de dos años ni obtener un diagnóstico de disforia de género.
Aunque la ley fue aclamada como un hito para los derechos de las personas transexuales, abrió enormes fisuras en el Gobierno, desatando luchas internas públicas entre los políticos de Podemos que la respaldaron y la ex vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, del Partido Socialista, que argumentó que la legislación era una afrenta al movimiento feminista.
Antonelli, ex parlamentaria autonómica que abandonó el Partido Socialista en protesta por la gestión de la ley por parte de la dirección, acusó a Calvo de utilizar "la bandera del feminismo para entrar en una pelea absurda con el Ministerio de Igualdad para ver quién era más feminista".
Costosas polémicas
LAS CONTROVERSIAS RESULTARON COSTOSAS para Sánchez, ya que los partidos de derechas del país las aprovecharon para convertir las elecciones municipales del mes pasado en un referéndum sobre el Gobierno de coalición. El resultado fue desastroso para Podemos e importantes pérdidas para el Partido Socialista, que perdió el poder en la mayoría de las principales ciudades españolas, lo que llevó a Sánchez a convocar elecciones anticipadas.
Con los españoles acudiendo a las urnas el 23 de julio y la economía del país en plena forma, la derecha busca hacer la misma jugada una vez más, destacando los errores del Gobierno y las tensiones sociales resultantes.
Y la estrategia parece dar resultado: Los encuestadores prevén que el Partido Popular, de centro-derecha, sea el más votado, y que el partido de extrema derecha Vox -que ha prometido erradicar "la ideología 'woke'" en España- obtenga el apoyo suficiente para convertirse en un socio de coalición atractivo para los conservadores.
Aunque los dos partidos nunca han gobernado juntos a nivel nacional, los recientes acuerdos forjados entre el Partido Popular y Vox a nivel local y regional ofrecen una indicación de las políticas que podrían seguir en el gobierno.
En el gobierno regional de Valencia, los dos partidos acordaron suprimir toda mención a la violencia de género o a los derechos LGBTQ+. Y en capitales de provincia como Burgos, Toledo, Orihuela y Valladolid, han suprimido las concejalías de igualdad. Mientras, en municipios como Náquera y Torrijos, los nuevos ayuntamientos del Partido Popular-Vox han prohibido las banderas arco iris.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha intentado presentarse como moderado y ha insistido en que Vox no pondrá condiciones a su forma de gobernar, pero poco a poco ha ido adoptando muchos de sus puntos de vista.
A principios de este mes, anunció que, si es elegido, eliminará el Ministerio de Igualdad, diciendo que "no estamos aquí para eso".
Desde entonces ha añadido que también derogará la legislación sobre transexualidad de Sánchez, justificando la medida diciendo que no debería ser "más fácil cambiar legalmente de género que sacarse el carné de conducir".
El Partido Popular y Vox declinaron hacer comentarios para este artículo.
Guerra cultural
EL SOCIÓLOGO DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICAL DE COMILLAS Agustín Blanco, que supervisa una encuesta anual sobre el sentimiento público de los españoles, dijo que la intención de voto no implica necesariamente un rechazo a las medidas progresistas de España ni indica que la coalición haya "ido demasiado lejos."
"El problema no ha sido la política, sino la comunicación", dijo. Añadió que los ministros de Podemos habían sido "excesivamente mesiánicos".
Cuando Zapatero aprobó su ley de igualdad matrimonial en 2005, expresó su "profundo respeto" por quienes se opusieron a la legislación. Pero Blanco dijo que el Gobierno de Sánchez, por el contrario, había respondido a los críticos con "arrogancia intelectual y moral" que había avivado la cuestión de la igualdad hasta convertirla en una guerra cultural, alienando a partes de la sociedad española.
Hay indicios de que la opinión pública está cambiando, al menos entre algunos españoles. Una encuesta de Ipsos de marzo reveló que el 53% del país cree que España ha ido tan lejos en la promoción de la igualdad de la mujer que está discriminando a los hombres.
Vox ha intentado sacar provecho del descontento, presentando la semana pasada una nueva valla publicitaria en Madrid en la que aparece una mano gigante arrojando un símbolo feminista y una bandera del orgullo a una papelera. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que encabeza la facción populista del Partido Popular, obtuvo recientemente la mayoría absoluta en la reelección haciendo campaña contra los "parásitos feministas"; este mes, anunció planes para revisar la legislación regional sobre derechos de los transexuales.
Mientras los progresistas españoles siguen confiando en que la legislación sobre violencia de género resistirá el cambio de gobierno, Sangil, de FELGTBI+, teme que el auge de la derecha traiga consigo más discursos de odio y, con ellos, más delitos de odio, que ya se han disparado en todo el país.
Recordó que el Partido Popular votó en contra de la igualdad matrimonial en 2005 y pasó siete años impugnando la ley en los tribunales; también señaló que desde que llegó al cargo en 2019, el alcalde de centro-derecha de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha negado a ondear la bandera arco iris en lo alto del ayuntamiento.
Sangil dijo que aunque el Partido Popular no entrara en un gobierno de coalición con Vox, seguiría "intentando descafeinar las leyes existentes o negándose a aplicar la legislación más reciente."
Pero "no podrán tocar derechos consolidados como la igualdad matrimonial", dijo. "Van a ir a por los derechos de los jóvenes transexuales, y contra las mujeres lesbianas y bisexuales".
La improbable transformación de España en la Escandinavia del sur podría frenarse o incluso revertirse, dijo Blanco, si el consenso sobre la igualdad sigue derivando en confrontación y polarización.
"España ha cambiado con una rapidez increíble", afirmó. "Y aunque eso es admirable, ha ocurrido a una velocidad que quizá no nos ha permitido consolidar esos cambios".
"Como la mayoría de los europeos, tendemos a pensar que el pasado no puede volver a repetirse", dijo Blanco. "Por experiencia histórica, eso es algo que no puedo asegurar". (Aitor Hernández-Morales , POLITICO, 30/06/23; traducción DEEPL)
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