"(...) ¿Quién puede permitirse una residencia privada? Su coste mensual medio ronda los 2.000 euros (sin contar extras) (...)
Contratar a una o a varias empleadas de hogar también está fuera del alcance de la inmensa mayoría. (...)
¿Qué decir de las cuidadoras familiares? (...) conviene recordar que la PCEF está
sujeta a un tope de 387,64 euros/mes. (...)
En conclusión, el sistema actual es tremendamente injusto (...) Este sistema no es gratis ni mucho menos. Además del gasto en
prestaciones, hay que contar el creciente gasto en desgravaciones
relacionadas con la dependencia (ya 1.711 millones para dependientes
mayores de 65 años en 2016)(...)
La buena noticia es que hay solución. El Instituto de
Estudios Fiscales ha realizado un estudio (por las investigadoras Rosa
Martínez, Mercedes Sastre y Susana Roldán) en el que se estiman las
necesidades reales no cubiertas de atención a mayores de 65 años,
utilizando datos de encuestas y tomando como referencia la atención
proporcionada por el sistema sueco.
En base a todo ello, se calcula el
coste que supondría cambiar del sistema actual a un sistema basado en el
derecho universal a la atención suficiente y de calidad por parte de
los servicios públicos (financiación y provisión pública).
Los resultados de este estudio son espectaculares: el
incremento presupuestario neto total sería de 5.700 millones de euros.
Se crearían 385.000 nuevos empleos a tiempo completo y se reconvertirían
los actuales empleos precarios en empleos públicos.
El estudio también estima que el erario público
recuperaría casi 4.500 millones de euros solamente por el aumento de
cotizaciones e impuestos correspondientes a los empleos creados
directamente por el sistema; sin contar la contribución de otros nuevos
empleos indirectamente relacionados ni la de aquellos a los que podrían
acceder las mujeres que hoy no tienen empleo a tiempo completo por
razones de cuidado. Hay que subrayar que estos nuevos empleos serían
dignos y no contaminantes, lo que es crucial si queremos evitar, o
mitigar, el colapso al que nos dirigimos por el cambio climático.
Las conclusiones de este estudio, publicado en la web del IEF (Papel de Trabajo 5/2018),
no han sido rebatidas, pero tampoco han sido muy celebradas ni
utilizadas, salvo por algunas asociaciones feministas y de trabajadoras
del sector. Por tanto, es obligado preguntarse: ¿cuál es el problema?
¿Cómo es posible este silencio ante la noticia de que es posible
construir un sistema que atienda las necesidades, que asegure los
derechos y que contribuya a la transición ecológica?
La respuesta es simple. En primer lugar, aunque el
incremento presupuestario es perfectamente abordable, exige mantener el
sistema de impuestos y aumentar su progresividad. Pero los partidos de
derechas no hacen más que prometer bajadas generalizadas de impuestos,
que sistemáticamente resultan mayores para las rentas altas y reducen la
recaudación.
Nos prometen que se ocuparán de la atención a la
dependencia, ¿pero cómo? Sobre todo aumentando las desgravaciones por
seguros privados y por cuidar a dependientes en el hogar, así como las
prestaciones por utilización de servicios. Instrumentos que, como hemos
visto, benefician sobre todo a la misma minoría de rentas altas. Así,
esta minoría paga cada vez menos y se beneficia cada vez más.
La patronal de la dependencia va en la misma línea (...)" (María Pazos Morán
Investigadora en el Instituto de Estudios Fiscales, Público, 25/04/19)
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