"LA DERIVA AUTORITARIA DEL BLOQUE ATLÁNTICO: ESTADOS UNIDOS, EUROPA Y LA NORMALIZACIÓN DEL NUEVO FASCISMO
Cuando Donald Trump declara en una entrevista al The New York Times que el único límite a su poder es su “propia moralidad y su propia mente”, no estamos ante una provocación ni un exceso retórico, sino ante la confesión desnuda de un principio político: el poder como ley y la fuerza como medida de todo. No habla de la Constitución, ni de los contrapesos judiciales, ni del derecho internacional. Los desprecia o, más exactamente, los redefine a su conveniencia. Este pensamiento recuerda al decisionismo de Carl Schmitt, donde soberano es quien decide sobre el estado de excepción, no quien obedece la norma. Cuando la excepción se convierte en regla, la legalidad deja de ser límite y pasa a ser instrumento.
La política occidental, y la estadounidense especialmente, ha mostrado reiteradamente cómo la apariencia democrática puede coexistir con la concentración de poder en manos de una oligarquía que no necesita elecciones para imponer su agenda. Trump funciona como un dispositivo mediático, un catalizador de polarización, mientras la verdadera estrategia histórica, la real, la profunda, la definen los conglomerados financieros, tecnológicos y militares, que desde hace décadas moldean la política exterior e interior de Estados Unidos sin someterse a controles democráticos. Este patrón confirma lo señalado por C. Wright Mills en su clásico análisis de “la élite del poder” así como Peter Phillps en “Megacapitalistas: la élite que domina el dinero y el mundo”, quienes concluyen que política es la proyección del interés de unas pocas fracciones que estructuran la sociedad a su favor. Warren Buffett, el multimillonario, lo expresó, con brutal claridad: “Hay una lucha de clases y nosotros la estamos ganando”.
La militarización del Estado y la normalización de la coerción son parte de este proceso. En EEUU la aplicación de La Ley de Insurrección, la federalización de la Guardia Nacional son un ejemplo. El despliegue de una Gestapo policial como el ICE (la policía anti-inmigración), y la búsqueda de mecanismos para evadir fallos judiciales no son meras declaraciones belicosas, sino arquitecturas de poder diseñadas para establecer la primacía de la fuerza sobre la norma. Estados Unidos, como advirtió Giovanni Arrighi, cuando hablaba sobre los imperios en fase terminal, está sustituyendo la producción por la coerción, el diálogo por la disciplina y el derecho por la fuerza.
Pero esta deriva no se limita a Estados Unidos. Donald Trump aparece aquí como el gran trilero, aunque la Unión Europea es, en realidad, la alumna aventajada, porque actuando de engranaje subordinado ha construido una tecnocracia capaz de imponer políticas económicas, fiscales y sociales sin control democrático efectivo. La Comisión, el Eurogrupo y el Banco Central Europeo concentran poderes de hecho, mientras los parlamentos nacionales pierden soberanía real. En países como Rumanía o Moldavia, los procesos electorales recientes han estado marcados por una fuerte intervención política directa: se han promocionado a determinados candidatos pro-europeos, se ha presionado sobre partidos disidentes, se han fomentado “revoluciones de colores” como en Georgia, se aplica cuando es necesario represión política contra los candidatos “rebeldes” y en casos extremos aparece la mano negra del sicario político intentando asesinar, casi lo consigue, al primer ministro eslovaco Robert Fico en mayo del 2024 porque su oposición a la guerra en Ucrania era pública y notoria. Todo en medio del condicionamiento de ayudas internacionales, para asegurar que las elecciones no alteren los intereses estratégicos del bloque atlántico. Wolfgang Streeck ha descrito cómo los gobiernos compran tiempo a los mercados sacrificando soberanía popular; así, la democracia se convierte en mero ritual vacío.
La OTAN opera como vector central de esta subordinación. El aumento sostenido del gasto militar europeo —que supuso 381.000 millones de euros en 2025, según SIPRI, lo que representa el 2.1% del PIB europeo en general, con incrementos superiores al 5% en Polonia, el 2.4% en Alemania o el 2.48% en España, todo ello por imposición de Donald Trump e impuesto por el nuevo rearme belicista alemán. La dependencia tecnológica armamentística y la integración doctrinal (señalando a Rusia como objetivo) consolidan la subordinación europea al bloque estadounidense. Lo que se presenta como defensa y seguridad es, en realidad, transferencia de recursos del Estado social al complejo militar-industrial transatlántico. David Harvey ha descrito cómo el imperialismo contemporáneo combina coerción geopolítica con acumulación por desposesión, desplazando costes sociales hacia las poblaciones subordinadas. Esta subordinación se extiende a la esfera energética e industrial. Europa depende cada vez más de gas y petróleo estadounidense y de infraestructura crítica controlada desde Washington, especialmente tras la crisis energética de 2022-2024. La Comisión Europea ha condicionado planes de transición energética y fondos Next Generation a reformas estructurales alineadas con intereses estratégicos transatlánticos, limitando la autonomía política de los Estados miembros. La gobernanza opaca se manifiesta en la condicionalidad fiscal y política. Los programas de apoyo financiero de la UE incluyen cláusulas estrictas que limitan la capacidad de los gobiernos de ejercer soberanía plena, priorizando disciplina económica y alineamiento geopolítico sobre democracia y bienestar social. En Moldavia y Rumanía, la promoción de candidatos pro-europeos y la presión sobre partidos disidentes muestran cómo las elecciones son tuteladas, mientras supuestos organismos neutrales, aunque financiadas desde el Pentágono, como Freedom House y la OSCE en lugar de denunciar la manipulación mediática y el condicionamiento de ayudas internacionales para asegurar resultados compatibles con Bruselas y la OTAN, alientan estas conductas que se hallan en las antípodas de los principios democráticos.
El nuevo autoritarismo europeo no necesita abolir formalmente las elecciones. Basta con vaciarlas de capacidad decisoria real. Las grandes decisiones —rearme, alineamiento militar, política energética, arquitectura financiera— quedan fuera del alcance democrático. Europa importa el modelo político de un imperio en declive: militarización, concentración de poder ejecutivo, erosión de libertades y normalización del estado de excepción, mientras EE. UU. abandona sin complejos su propia fachada democrática. Hannah Arendt observó que los regímenes autoritarios no se consolidan solo por la violencia, sino por la destrucción progresiva de los marcos de verdad, legalidad y responsabilidad. Cuando la ley deja de limitar al poder y la política se transforma en gestión del miedo, la democracia se convierte en una cáscara vacía. Estados Unidos y Europa avanzan por la misma secuencia histórica: primero se erosiona la legalidad, luego se vacía la democracia y, finalmente, se naturaliza la coerción. Trump no es el problema; es el síntoma.
La verdadera pregunta es si las sociedades —en Estados Unidos, Europa y los países sometidos a su tutela— están dispuestas a seguir mirando al bufón mientras, en silencio, la oligarquía consolida un autoritarismo estructural y transnacional. La democracia ha dejado de ser un instrumento de participación ciudadana para convertirse en espectáculo, en ritual vacío, mientras las decisiones fundamentales —gasto militar, política energética, disciplina fiscal, control de la información, subordinación geopolítica— se toman fuera del alcance de la ciudadanía. Resistir esta naturalización de la excepción, reclamar la soberanía democrática como control real del poder y cuestionar las propias instituciones no es una opción: es una exigencia histórica. El tiempo para el silencio y la indiferencia se está agotando."
Cuando Donald Trump declara en una entrevista al The New York Times que el único límite a su poder es su “propia moralidad y su propia mente”, no estamos ante una provocación ni un exceso retórico, sino ante la confesión desnuda de un principio político: el poder como ley y la fuerza como medida de todo. No habla de la Constitución, ni de los contrapesos judiciales, ni del derecho internacional. Los desprecia o, más exactamente, los redefine a su conveniencia. Este pensamiento recuerda al decisionismo de Carl Schmitt, donde soberano es quien decide sobre el estado de excepción, no quien obedece la norma. Cuando la excepción se convierte en regla, la legalidad deja de ser límite y pasa a ser instrumento.
La política occidental, y la estadounidense especialmente, ha mostrado reiteradamente cómo la apariencia democrática puede coexistir con la concentración de poder en manos de una oligarquía que no necesita elecciones para imponer su agenda. Trump funciona como un dispositivo mediático, un catalizador de polarización, mientras la verdadera estrategia histórica, la real, la profunda, la definen los conglomerados financieros, tecnológicos y militares, que desde hace décadas moldean la política exterior e interior de Estados Unidos sin someterse a controles democráticos. Este patrón confirma lo señalado por C. Wright Mills en su clásico análisis de “la élite del poder” así como Peter Phillps en “Megacapitalistas: la élite que domina el dinero y el mundo”, quienes concluyen que política es la proyección del interés de unas pocas fracciones que estructuran la sociedad a su favor. Warren Buffett, el multimillonario, lo expresó, con brutal claridad: “Hay una lucha de clases y nosotros la estamos ganando”.
La militarización del Estado y la normalización de la coerción son parte de este proceso. En EEUU la aplicación de La Ley de Insurrección, la federalización de la Guardia Nacional son un ejemplo. El despliegue de una Gestapo policial como el ICE (la policía anti-inmigración), y la búsqueda de mecanismos para evadir fallos judiciales no son meras declaraciones belicosas, sino arquitecturas de poder diseñadas para establecer la primacía de la fuerza sobre la norma. Estados Unidos, como advirtió Giovanni Arrighi, cuando hablaba sobre los imperios en fase terminal, está sustituyendo la producción por la coerción, el diálogo por la disciplina y el derecho por la fuerza.
Pero esta deriva no se limita a Estados Unidos. Donald Trump aparece aquí como el gran trilero, aunque la Unión Europea es, en realidad, la alumna aventajada, porque actuando de engranaje subordinado ha construido una tecnocracia capaz de imponer políticas económicas, fiscales y sociales sin control democrático efectivo. La Comisión, el Eurogrupo y el Banco Central Europeo concentran poderes de hecho, mientras los parlamentos nacionales pierden soberanía real. En países como Rumanía o Moldavia, los procesos electorales recientes han estado marcados por una fuerte intervención política directa: se han promocionado a determinados candidatos pro-europeos, se ha presionado sobre partidos disidentes, se han fomentado “revoluciones de colores” como en Georgia, se aplica cuando es necesario represión política contra los candidatos “rebeldes” y en casos extremos aparece la mano negra del sicario político intentando asesinar, casi lo consigue, al primer ministro eslovaco Robert Fico en mayo del 2024 porque su oposición a la guerra en Ucrania era pública y notoria. Todo en medio del condicionamiento de ayudas internacionales, para asegurar que las elecciones no alteren los intereses estratégicos del bloque atlántico. Wolfgang Streeck ha descrito cómo los gobiernos compran tiempo a los mercados sacrificando soberanía popular; así, la democracia se convierte en mero ritual vacío.
La OTAN opera como vector central de esta subordinación. El aumento sostenido del gasto militar europeo —que supuso 381.000 millones de euros en 2025, según SIPRI, lo que representa el 2.1% del PIB europeo en general, con incrementos superiores al 5% en Polonia, el 2.4% en Alemania o el 2.48% en España, todo ello por imposición de Donald Trump e impuesto por el nuevo rearme belicista alemán. La dependencia tecnológica armamentística y la integración doctrinal (señalando a Rusia como objetivo) consolidan la subordinación europea al bloque estadounidense. Lo que se presenta como defensa y seguridad es, en realidad, transferencia de recursos del Estado social al complejo militar-industrial transatlántico. David Harvey ha descrito cómo el imperialismo contemporáneo combina coerción geopolítica con acumulación por desposesión, desplazando costes sociales hacia las poblaciones subordinadas. Esta subordinación se extiende a la esfera energética e industrial. Europa depende cada vez más de gas y petróleo estadounidense y de infraestructura crítica controlada desde Washington, especialmente tras la crisis energética de 2022-2024. La Comisión Europea ha condicionado planes de transición energética y fondos Next Generation a reformas estructurales alineadas con intereses estratégicos transatlánticos, limitando la autonomía política de los Estados miembros. La gobernanza opaca se manifiesta en la condicionalidad fiscal y política. Los programas de apoyo financiero de la UE incluyen cláusulas estrictas que limitan la capacidad de los gobiernos de ejercer soberanía plena, priorizando disciplina económica y alineamiento geopolítico sobre democracia y bienestar social. En Moldavia y Rumanía, la promoción de candidatos pro-europeos y la presión sobre partidos disidentes muestran cómo las elecciones son tuteladas, mientras supuestos organismos neutrales, aunque financiadas desde el Pentágono, como Freedom House y la OSCE en lugar de denunciar la manipulación mediática y el condicionamiento de ayudas internacionales para asegurar resultados compatibles con Bruselas y la OTAN, alientan estas conductas que se hallan en las antípodas de los principios democráticos.
El nuevo autoritarismo europeo no necesita abolir formalmente las elecciones. Basta con vaciarlas de capacidad decisoria real. Las grandes decisiones —rearme, alineamiento militar, política energética, arquitectura financiera— quedan fuera del alcance democrático. Europa importa el modelo político de un imperio en declive: militarización, concentración de poder ejecutivo, erosión de libertades y normalización del estado de excepción, mientras EE. UU. abandona sin complejos su propia fachada democrática. Hannah Arendt observó que los regímenes autoritarios no se consolidan solo por la violencia, sino por la destrucción progresiva de los marcos de verdad, legalidad y responsabilidad. Cuando la ley deja de limitar al poder y la política se transforma en gestión del miedo, la democracia se convierte en una cáscara vacía. Estados Unidos y Europa avanzan por la misma secuencia histórica: primero se erosiona la legalidad, luego se vacía la democracia y, finalmente, se naturaliza la coerción. Trump no es el problema; es el síntoma.
La verdadera pregunta es si las sociedades —en Estados Unidos, Europa y los países sometidos a su tutela— están dispuestas a seguir mirando al bufón mientras, en silencio, la oligarquía consolida un autoritarismo estructural y transnacional. La democracia ha dejado de ser un instrumento de participación ciudadana para convertirse en espectáculo, en ritual vacío, mientras las decisiones fundamentales —gasto militar, política energética, disciplina fiscal, control de la información, subordinación geopolítica— se toman fuera del alcance de la ciudadanía. Resistir esta naturalización de la excepción, reclamar la soberanía democrática como control real del poder y cuestionar las propias instituciones no es una opción: es una exigencia histórica. El tiempo para el silencio y la indiferencia se está agotando."
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