"Las intervenciones del PNV en el Congreso de los Diputados y en los medios de comunicación españoles suelen dejar, en el resto del Estado, una imagen de derecha abierta, plural y moderna. “Pero qué bien habla Aitor Esteban”, se suele escuchar. Hasta el punto que miembros de fuerzas de izquierdas de otros territorios, como Joan Baldoví de Compromís, han manifestado “beber de la escuela política del PNV”. Sin embargo, las políticas que aplican en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y los discursos en los que se mueven distan mucho de ello.
La precampaña y campaña electoral que está haciendo el partido nacionalista vasco incluye elementos de la agenda ultraderechista europea, más cercanos a los planteamientos de Vox, de Marine Le Pen o de Giorgia Meloni, que a los de una hipotética derecha moderna. Sobresalen propuestas y discursos relacionados con el fantasma de la okupación de viviendas, los robos y la inseguridad ciudadana para promover una mayor presencia policial en la calle, la criminalización de las personas migrantes o la necesidad de controlar de forma más estricta las ayudas sociales mientras se suavizan los impuestos a las grandes fortunas. Por no hablar de un eslogan de campaña, Indar Berria (fuerza nueva), que es, en sí, bastante sugerente.
Un cambio legal contra la okupación, casi inexistente en la CAV
Según datos del Gobierno Vasco, en la CAV hay 1.073.955 hogares; cifras publicadas del Ministerio de Interior dicen que unas 170 están ocupadas. Es decir, representan menos del 0,02% del total, así que no parece un temor muy realista eso de salir a comprar el pan y a la vuelta encontrarse con unos okupas en casa.
Pese a ello, es un hecho que tiene una cobertura claramente desproporcionada en los medios de comunicación estatales, pero también autonómicos, y que compra el marco discursivo de la ultraderecha europea. En Francia, Los Republicanos conservadores aprobaron con el apoyo de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen la creación de un delito específico para ello, con penas de hasta 3 años de cárcel y multas de 15.000 a 45.000 euros; en Italia, el Gobierno de Giorgia Meloni endureció las penas de prisión hasta los siete años.
Contagiado por un discurso ultraderechista que no aborda los problemas reales que dificultan el acceso a la vivienda, el PNV propuso un mes antes de las elecciones vascas, en el Congreso español, un cambio legal rápido que permita ejecutar desahucios en un plazo de 48 horas en casos de okupación. Los jeltzales agitaron la bandera del miedo, advirtiendo que “la ocupación de viviendas ocasiona un evidente perjuicio a sus titulares”, genera “problemas de convivencia” en el entorno, riesgo de incendios y una “paulatina degradación del entorno urbano o devaluación de los inmuebles próximos”.
El acercamiento a los planteamientos de la extrema derecha es evidente y para muestra, un botón. En el primer debate electoral televisado, el del pasado 9 de abril en RTVE, la candidata vasca ultraderechista, Amaia Martínez, valoró así la propuesta legal de los jeltzales: “Ahora el PNV se acerca a la propuesta de Vox”. En el Senado, por cierto, se aprobó la toma en consideración de una “ley antiokupas” del PP, que facilitaron las abstenciones de PNV y Junts.
La inseguridad ciudadana encarnada en una Carmen ficticia para justificar los abusos de la Ertzaintza
“Muy cerquita de aquí me paró Carmen, una mujer de sesenta y tantos años que tiene ya nietos. Y me paró porque habíamos quedado para hablar de dependencia, de cuidados para las personas mayores. Pero me comentó algo que realmente me preocupa y me enfada. Me dijo: ‘Imanol, tómate muy en serio lo de la seguridad, porque el otro día estábamos varias amigas y me robaron el móvil’. Es importante que con la seguridad no se juegue en este país, está por encima de otras muchas cosas. Las personas tenemos que ir tranquilos por la calle, tenemos que estar tranquilos cuando nuestros hijos y nuestras hijas salen por ahí de fiesta y luego vuelven a casa”. Lo dijo el candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, en el mitin del primer día de campaña, el pasado viernes en el barrio bilbaíno de Errekalde.
Pradales pronunció estas palabras el mismo día que EH Bildu anunció un “giro de 180 grados” en el modelo policial de la Ertzaintza en el que se propone la creación de un programa piloto de patrulla sin armas, la especialización del cuerpo en diferentes delitos o ceder más poder a las policías municipales. Frente a esto, el candidato jeltzale apeló al caos y a la inseguridad para cerrar filas con la Ertzaintza, acorralada por los casos de abusos policiales que han ido saliendo a la luz en las últimas semanas: “Lo que hay que hacer es que las policías nos protejan y nos cuiden para que andemos tranquilos por la calle y no desarmarles. Al que hay que desarmar es al delincuente, al que la lía, al que la hace, no a la Ertzaintza ni a las policías locales”.
Son sonados los últimos ejemplos de violencia policial en los que los agentes han provocado el pavor y el rechazo de la ciudadanía en la calle: un hombre que falleció en febrero en una ambulancia en Astigarraga, tras la intervención de los Bizkor de la Ertzaintza y de cuyo cadáver Naiz sacó a la luz fotografías con marcas y lesiones, algunas compatibles con pistola Táser; un joven de 16 años gravemente herido en un ojo por una pelota de goma de la policía autonómica durante una carga en los Carnavales de Tolosa, proyectil sobre el que disponen de informes técnicos que desaconsejan su uso, como publicó Hordago; cargas brutales en la manifestación del 3 de marzo en Gasteiz en recuerdo de los trabajadores masacrados en 1976, en las que arremetieron con porras, balas de foam y con las propias furgonetas del cuerpo; el desalojo a golpes de los jóvenes que celebraban la Herri Unibersitatea en el campus de la UPV/EHU en Gasteiz; o la desproporcionada y racista agresión de decenas de agentes contra manteros en Bilbao horas antes del partido del final de la Copa del Athletic Club.
La inseguridad provocada en la calle precisamente por la Ertzaintza es bien conocida por las personas racializadas, como denunciaban en este medio desde Atxuri Harrera, AZET Etxebizitza Sindikatua y SOS Racismo Bizkaia. En un artículo, advertían de una “criminalización constante hacia personas migradas, racializadas y gitanas” y de la existencia de “abusos policías racistas” que quedan “en completa impunidad”. Alertaban que estos ataques y cacheos con criterios étnico-raciales generan miedo y sensación de inseguridad en las personas, fomentando “actitudes racistas difíciles de erradicar” y creando la “falsa necesidad de aumentar la seguridad con la presencia de todavía más Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Pese a ello, la policía autonómica ha sido defendida a capa y espada por los miembros del Gobierno Vasco, tanto PNV como PSE.
Precisamente esa advertencia ante la supuesta inseguridad en las calles de la CAV está totalmente alineada con las declaraciones de la candidata de Vox, Amaia Martínez. En una entrevista electoral con El Correo, aseguraba: “Es que yo recuerdo los barrios y no eran tan inseguros. No lo dice Vox: cualquiera por la calle”.
Sin embargo, los datos, de nuevo, demuestran que el relato ultraderechista está alejado de la realidad. Las cifras de la Ertzaintza entre enero y septiembre de 2022 y 2023, compartidas en X por el senador Josu Estarrona (EH Bildu), reflejan que las infracciones relacionadas con la inseguridad ciudadana general caen: descendieron un 2,60% las que iban contra el patrimonio y el orden socioeconómico y un 10,77% los que van contra la seguridad colectiva. En cambio, la violencia machista, tan invisibilizada en los marcos discursivos de la extrema derecha, sí subieron de forma preocupante: un 7,9% los malos tratos habituales en el ámbito familiar y un 190,48% las agresiones sexuales.
Controlar las “paguitas” mientras se impulsa una fiscalidad para ricos
Las “paguitas”, ese concepto que popularizó Vox en el estado español, hace referencia a las ayudas que reciben las personas con pocos ingresos (o ninguno) para subsistir; en ningún caso se refiere a las grandes cuantías que reciben muchos de los concejales y diputados de un partido político que suele destacar por su absentismo y baja actividad parlamentaria. El PNV también se apunta al discurso de limitar los mecanismos de redistribución de la riqueza con el anuncio electoral de Pradales de crear una nueva Agencia Vasca de Gestión de Prestaciones Sociales para mejorar el “control” de las ayudas.
Con este ente se lanza un mensaje claro: si hay que mejorar el “control” es porque hay un cierto descontrol, es decir, personas con pocos recursos que están cobrando más de lo que deberían. La sombra de la “paguita” y del fraude sobre los que menos tienen. En el programa, se detalla que “permitirá identificar incompatibilidades y establecer un importe máximo personal o familiar en el cobro de todas las ayudas o prestaciones, garantizando que los recursos lleguen siempre a quienes más los necesitan”. No se alude a ampliar el presupuesto si fuera necesario, sino a destinarlo a los últimos, cuando los penúltimos no están mucho mejor. Guerra entre pobres.
Las dudas sembradas sobre la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) también ponen el foco de la culpa sobre quienes menos tienen; se trata de un sueldo social para las personas sin recursos y un complemento para las pensiones y salarios bajos. En 2023 entró en vigor una nueva ley reguladora de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) tras años de polémicas en los que se detectaron pagos “indebidos” por un problema de gestión de Lanbide. La consejera socialista de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, aclaró que, en todo caso, el fraude detectado era “ínfimo”: 230 casos entre 50.000 perceptores en 2022, es decir, un 0,46% del total; el sindicato ELA llegó a denunciar una “campaña de criminalización” que buscaba el recorte de “derechos sociales” y “hacer una sociedad más insolidaria, más racista y más indiferente ante los problemas de la gente”.
Además, en la última década también han ampliado de uno a tres los años que hay que estar empadronado para cobrar la RGI, dando a entender que personas de otros orígenes podrían estar haciendo un uso fraudulento de él. Algo que señaló, directamente, la candidata de Vox en la entrevista mencionada: “Hay que controlar la inmigración, que sea legal y ordenada. Y en las ayudas con la RGI hay muchos accesos fraudulentos. Hay vascos que lo pasan muy mal. Hay que ayudar primero al de dentro y priorizar a los de casa”. La eliminación de una ayuda similar en Italia, la Renta Ciudadana, fue una de las primeras medidas de Meloni para todas aquellas personas que consideraba aptas para trabajar.
El control y presión hacia las personas con menos recursos contrasta con la suavización del impuesto a las grandes fortunas. Si en el estado español se aplica el tipo máximo del 3,5% a los patrimonios superiores a 10,6 millones de euros, en el caso de la CAV este tributo se les cobrará a quienes superen los 16 millones. En los tres tramos inferiores también son más suaves los impuestos a los ricos vascos, especialmente en el caso de los radicados en Bizkaia, feudo del PNV: los que tienen de 3,2 a 6,4 millones, pagan el 1,7% en Araba y Gipuzkoa y el 1,5% en Bizkaia; de 6,4 a 12,8 millones, los primeros tienen un tipo del 2,10% y los segundos del 1,75%; a partir de los 12,8 y hasta los 16 millones, se les aplica un 2,5% en Araba y Gipuzkoa y un 2% en Bizkaia.
Si tiramos de hemeroteca, también encontraremos otros ejemplos que han mejorado la fiscalidad de los ricos. Por ejemplo, el pacto del gobierno PNV-PSE en minoría con el PP para aprobar los presupuestos vascos de 2018 y que rebajó el tipo nominal del Impuesto de Sociedades del 28% al 24%, lo que favorece sobre todo a las grandes compañías que son quienes alcanzan los tipos efectivos más bajos.
Fruto de esta medida, el impuesto sobre los beneficios de las empresas ha perdido más de la mitad de su capacidad recaudatoria desde la crisis que se inició en 2008, a pesar de que hoy tienen un nivel de beneficios más alto. Esta desfiscalización de las empresas con beneficios es especialmente grave en Bizkaia, que es el territorio histórico que, siendo el más grande, menos recauda por este concepto.
Más recientemente, tenemos la deflactación de tramos del IRPF en 2022. Tras ser evocada por Isabel Díaz Ayuso en una Comunidad de Madrid con competencias muy parciales en la materia, el PNV la aplicó en las haciendas vascas, ya que la regulación de este impuesto directo lleva décadas en manos de las diputaciones forales. El objetivo de la deflactación era compensar parte de la fuerte inflación, pero de la rebaja solo se beneficiaron las familias ricas; no tuvo ningún impacto sobre las rentas más bajas, exentas de pagar IRPF, y fue muy pequeño para las personas con salarios bajos y medios."
La precampaña y campaña electoral que está haciendo el partido nacionalista vasco incluye elementos de la agenda ultraderechista europea, más cercanos a los planteamientos de Vox, de Marine Le Pen o de Giorgia Meloni, que a los de una hipotética derecha moderna. Sobresalen propuestas y discursos relacionados con el fantasma de la okupación de viviendas, los robos y la inseguridad ciudadana para promover una mayor presencia policial en la calle, la criminalización de las personas migrantes o la necesidad de controlar de forma más estricta las ayudas sociales mientras se suavizan los impuestos a las grandes fortunas. Por no hablar de un eslogan de campaña, Indar Berria (fuerza nueva), que es, en sí, bastante sugerente.
Un cambio legal contra la okupación, casi inexistente en la CAV
Según datos del Gobierno Vasco, en la CAV hay 1.073.955 hogares; cifras publicadas del Ministerio de Interior dicen que unas 170 están ocupadas. Es decir, representan menos del 0,02% del total, así que no parece un temor muy realista eso de salir a comprar el pan y a la vuelta encontrarse con unos okupas en casa.
Pese a ello, es un hecho que tiene una cobertura claramente desproporcionada en los medios de comunicación estatales, pero también autonómicos, y que compra el marco discursivo de la ultraderecha europea. En Francia, Los Republicanos conservadores aprobaron con el apoyo de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen la creación de un delito específico para ello, con penas de hasta 3 años de cárcel y multas de 15.000 a 45.000 euros; en Italia, el Gobierno de Giorgia Meloni endureció las penas de prisión hasta los siete años.
Contagiado por un discurso ultraderechista que no aborda los problemas reales que dificultan el acceso a la vivienda, el PNV propuso un mes antes de las elecciones vascas, en el Congreso español, un cambio legal rápido que permita ejecutar desahucios en un plazo de 48 horas en casos de okupación. Los jeltzales agitaron la bandera del miedo, advirtiendo que “la ocupación de viviendas ocasiona un evidente perjuicio a sus titulares”, genera “problemas de convivencia” en el entorno, riesgo de incendios y una “paulatina degradación del entorno urbano o devaluación de los inmuebles próximos”.
El acercamiento a los planteamientos de la extrema derecha es evidente y para muestra, un botón. En el primer debate electoral televisado, el del pasado 9 de abril en RTVE, la candidata vasca ultraderechista, Amaia Martínez, valoró así la propuesta legal de los jeltzales: “Ahora el PNV se acerca a la propuesta de Vox”. En el Senado, por cierto, se aprobó la toma en consideración de una “ley antiokupas” del PP, que facilitaron las abstenciones de PNV y Junts.
La inseguridad ciudadana encarnada en una Carmen ficticia para justificar los abusos de la Ertzaintza
“Muy cerquita de aquí me paró Carmen, una mujer de sesenta y tantos años que tiene ya nietos. Y me paró porque habíamos quedado para hablar de dependencia, de cuidados para las personas mayores. Pero me comentó algo que realmente me preocupa y me enfada. Me dijo: ‘Imanol, tómate muy en serio lo de la seguridad, porque el otro día estábamos varias amigas y me robaron el móvil’. Es importante que con la seguridad no se juegue en este país, está por encima de otras muchas cosas. Las personas tenemos que ir tranquilos por la calle, tenemos que estar tranquilos cuando nuestros hijos y nuestras hijas salen por ahí de fiesta y luego vuelven a casa”. Lo dijo el candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, en el mitin del primer día de campaña, el pasado viernes en el barrio bilbaíno de Errekalde.
Pradales pronunció estas palabras el mismo día que EH Bildu anunció un “giro de 180 grados” en el modelo policial de la Ertzaintza en el que se propone la creación de un programa piloto de patrulla sin armas, la especialización del cuerpo en diferentes delitos o ceder más poder a las policías municipales. Frente a esto, el candidato jeltzale apeló al caos y a la inseguridad para cerrar filas con la Ertzaintza, acorralada por los casos de abusos policiales que han ido saliendo a la luz en las últimas semanas: “Lo que hay que hacer es que las policías nos protejan y nos cuiden para que andemos tranquilos por la calle y no desarmarles. Al que hay que desarmar es al delincuente, al que la lía, al que la hace, no a la Ertzaintza ni a las policías locales”.
Son sonados los últimos ejemplos de violencia policial en los que los agentes han provocado el pavor y el rechazo de la ciudadanía en la calle: un hombre que falleció en febrero en una ambulancia en Astigarraga, tras la intervención de los Bizkor de la Ertzaintza y de cuyo cadáver Naiz sacó a la luz fotografías con marcas y lesiones, algunas compatibles con pistola Táser; un joven de 16 años gravemente herido en un ojo por una pelota de goma de la policía autonómica durante una carga en los Carnavales de Tolosa, proyectil sobre el que disponen de informes técnicos que desaconsejan su uso, como publicó Hordago; cargas brutales en la manifestación del 3 de marzo en Gasteiz en recuerdo de los trabajadores masacrados en 1976, en las que arremetieron con porras, balas de foam y con las propias furgonetas del cuerpo; el desalojo a golpes de los jóvenes que celebraban la Herri Unibersitatea en el campus de la UPV/EHU en Gasteiz; o la desproporcionada y racista agresión de decenas de agentes contra manteros en Bilbao horas antes del partido del final de la Copa del Athletic Club.
La inseguridad provocada en la calle precisamente por la Ertzaintza es bien conocida por las personas racializadas, como denunciaban en este medio desde Atxuri Harrera, AZET Etxebizitza Sindikatua y SOS Racismo Bizkaia. En un artículo, advertían de una “criminalización constante hacia personas migradas, racializadas y gitanas” y de la existencia de “abusos policías racistas” que quedan “en completa impunidad”. Alertaban que estos ataques y cacheos con criterios étnico-raciales generan miedo y sensación de inseguridad en las personas, fomentando “actitudes racistas difíciles de erradicar” y creando la “falsa necesidad de aumentar la seguridad con la presencia de todavía más Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Pese a ello, la policía autonómica ha sido defendida a capa y espada por los miembros del Gobierno Vasco, tanto PNV como PSE.
Precisamente esa advertencia ante la supuesta inseguridad en las calles de la CAV está totalmente alineada con las declaraciones de la candidata de Vox, Amaia Martínez. En una entrevista electoral con El Correo, aseguraba: “Es que yo recuerdo los barrios y no eran tan inseguros. No lo dice Vox: cualquiera por la calle”.
Sin embargo, los datos, de nuevo, demuestran que el relato ultraderechista está alejado de la realidad. Las cifras de la Ertzaintza entre enero y septiembre de 2022 y 2023, compartidas en X por el senador Josu Estarrona (EH Bildu), reflejan que las infracciones relacionadas con la inseguridad ciudadana general caen: descendieron un 2,60% las que iban contra el patrimonio y el orden socioeconómico y un 10,77% los que van contra la seguridad colectiva. En cambio, la violencia machista, tan invisibilizada en los marcos discursivos de la extrema derecha, sí subieron de forma preocupante: un 7,9% los malos tratos habituales en el ámbito familiar y un 190,48% las agresiones sexuales.
Controlar las “paguitas” mientras se impulsa una fiscalidad para ricos
Las “paguitas”, ese concepto que popularizó Vox en el estado español, hace referencia a las ayudas que reciben las personas con pocos ingresos (o ninguno) para subsistir; en ningún caso se refiere a las grandes cuantías que reciben muchos de los concejales y diputados de un partido político que suele destacar por su absentismo y baja actividad parlamentaria. El PNV también se apunta al discurso de limitar los mecanismos de redistribución de la riqueza con el anuncio electoral de Pradales de crear una nueva Agencia Vasca de Gestión de Prestaciones Sociales para mejorar el “control” de las ayudas.
Con este ente se lanza un mensaje claro: si hay que mejorar el “control” es porque hay un cierto descontrol, es decir, personas con pocos recursos que están cobrando más de lo que deberían. La sombra de la “paguita” y del fraude sobre los que menos tienen. En el programa, se detalla que “permitirá identificar incompatibilidades y establecer un importe máximo personal o familiar en el cobro de todas las ayudas o prestaciones, garantizando que los recursos lleguen siempre a quienes más los necesitan”. No se alude a ampliar el presupuesto si fuera necesario, sino a destinarlo a los últimos, cuando los penúltimos no están mucho mejor. Guerra entre pobres.
Las dudas sembradas sobre la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) también ponen el foco de la culpa sobre quienes menos tienen; se trata de un sueldo social para las personas sin recursos y un complemento para las pensiones y salarios bajos. En 2023 entró en vigor una nueva ley reguladora de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) tras años de polémicas en los que se detectaron pagos “indebidos” por un problema de gestión de Lanbide. La consejera socialista de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, aclaró que, en todo caso, el fraude detectado era “ínfimo”: 230 casos entre 50.000 perceptores en 2022, es decir, un 0,46% del total; el sindicato ELA llegó a denunciar una “campaña de criminalización” que buscaba el recorte de “derechos sociales” y “hacer una sociedad más insolidaria, más racista y más indiferente ante los problemas de la gente”.
Además, en la última década también han ampliado de uno a tres los años que hay que estar empadronado para cobrar la RGI, dando a entender que personas de otros orígenes podrían estar haciendo un uso fraudulento de él. Algo que señaló, directamente, la candidata de Vox en la entrevista mencionada: “Hay que controlar la inmigración, que sea legal y ordenada. Y en las ayudas con la RGI hay muchos accesos fraudulentos. Hay vascos que lo pasan muy mal. Hay que ayudar primero al de dentro y priorizar a los de casa”. La eliminación de una ayuda similar en Italia, la Renta Ciudadana, fue una de las primeras medidas de Meloni para todas aquellas personas que consideraba aptas para trabajar.
El control y presión hacia las personas con menos recursos contrasta con la suavización del impuesto a las grandes fortunas. Si en el estado español se aplica el tipo máximo del 3,5% a los patrimonios superiores a 10,6 millones de euros, en el caso de la CAV este tributo se les cobrará a quienes superen los 16 millones. En los tres tramos inferiores también son más suaves los impuestos a los ricos vascos, especialmente en el caso de los radicados en Bizkaia, feudo del PNV: los que tienen de 3,2 a 6,4 millones, pagan el 1,7% en Araba y Gipuzkoa y el 1,5% en Bizkaia; de 6,4 a 12,8 millones, los primeros tienen un tipo del 2,10% y los segundos del 1,75%; a partir de los 12,8 y hasta los 16 millones, se les aplica un 2,5% en Araba y Gipuzkoa y un 2% en Bizkaia.
Si tiramos de hemeroteca, también encontraremos otros ejemplos que han mejorado la fiscalidad de los ricos. Por ejemplo, el pacto del gobierno PNV-PSE en minoría con el PP para aprobar los presupuestos vascos de 2018 y que rebajó el tipo nominal del Impuesto de Sociedades del 28% al 24%, lo que favorece sobre todo a las grandes compañías que son quienes alcanzan los tipos efectivos más bajos.
Fruto de esta medida, el impuesto sobre los beneficios de las empresas ha perdido más de la mitad de su capacidad recaudatoria desde la crisis que se inició en 2008, a pesar de que hoy tienen un nivel de beneficios más alto. Esta desfiscalización de las empresas con beneficios es especialmente grave en Bizkaia, que es el territorio histórico que, siendo el más grande, menos recauda por este concepto.
Más recientemente, tenemos la deflactación de tramos del IRPF en 2022. Tras ser evocada por Isabel Díaz Ayuso en una Comunidad de Madrid con competencias muy parciales en la materia, el PNV la aplicó en las haciendas vascas, ya que la regulación de este impuesto directo lleva décadas en manos de las diputaciones forales. El objetivo de la deflactación era compensar parte de la fuerte inflación, pero de la rebaja solo se beneficiaron las familias ricas; no tuvo ningún impacto sobre las rentas más bajas, exentas de pagar IRPF, y fue muy pequeño para las personas con salarios bajos y medios."
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