"Un sistema público en permanente reforma
En todos los países occidentales, sucesivas reformas han ido laminando el poder adquisitivo de las pensiones. Los gobiernos más conservadores no dudan en adoptar medidas que suponen una importante degradación de la seguridad económica que ofrecen las pensiones a los trabajadores inactivos y los menos conservadores muestran, en este ámbito, una dosis de precaución excesiva. Los partidarios de recortar las pensiones han conseguido imponer el marco del debate, basado fundamentalmente en el peligro que representa el envejecimiento de la población para la sostenibilidad del sistema. Un discurso ideológico que se ha impuesto como dominante, que pocos se atreven a discutir. Un ejemplo es la reforma realizada en España en 2011 que, como reza en la exposición de motivos de la Ley, se justifica por el envejecimiento demográfico y la evolución de la pirámide de población, pero solo, y parece suficiente, en términos genéricos. Esta reforma aumentó el número de años que se toman en cuenta para el cálculo de la pensión inicial e inició un retraso progresivo de la edad legal de jubilación, dos medidas recortadoras que siguen todavía en vigor. En la siguiente reforma de 2013, se elevó considerablemente el alcance de los recortes, gracias a la mayoría absoluta de la que gozaba entonces el Partido Popular. La medida más importante, y la que tuvo mayores consecuencias, fue la introducción de un nuevo sistema de revalorización anual de las pensiones, basado en buena parte en la situación financiera del sistema en cada año. Tal como estaba diseñado, este “Índice de revalorización” iba a ser negativo durante muchos años: un recorte anual garantizado. El Gobierno prefirió imponer un mínimo de 0,25% de subida, en el caso de que el Índice diera un valor inferior, y durante unos años, las pensiones subieron con ese minúsculo porcentaje. Los pensionistas decidieron protestar, apoyados por los sindicatos y los partidos de izquierda. Cuando llegó el nuevo gobierno de coalición, formado por el PSOE y Podemos, impulsó la derogación del Índice de revalorización e hizo aprobar, por ley, una revalorización anual con el IPC del año anterior. Pero las reformas a partir de 2021, las primeras en democracia que promovían un equilibrio financiero sin recortar las pensiones, han mantenido tanto los 25 años para el cómputo de la pensión inicial, como el retraso progresivo de la edad de jubilación, que alcanzará los 67 años en 2027. A pesar de ello, fueron duramente criticadas en informes de bancos y empresas aseguradoras y en artículos y declaraciones de expertos, muchos de los cuales habían formado parte del Grupo que ideó la desastrosa reforma de 2013.
El afan recortador
¿Por qué los gobiernos de derecha y centroderecha persiguen con tanta intensidad el objetivo de reducir el gasto en pensiones? Un extraordinario ejemplo lo tenemos en Francia, sumida ahora en un caos político sin precedente, motivado principalmente por la férrea negativa del presidente Macron a dar marcha atrás en su reforma del sistema de pensiones. Una reforma que, mediante varias modificaciones, entre ellas el aumento de la edad de jubilación, impone un severo recorte del gasto. Sin duda existe una pluralidad de razones, inscritas en el objetivo más general de reducción del gasto público de las políticas neoliberales dominantes. También hay que invocar el interés de los que buscan el negocio de los fondos privados, a los que vendría muy bien un sistema que asegurara solo unas pensiones mínimas, generando así una demanda de complementos entre los que pudieran permitírselos. Pero me gustaría apuntar también un elemento clave de esta verdadera obsesión en la que se ha convertido el recorte de las pensiones. A lo largo de las últimas décadas, las políticas ultras del capitalismo desbocado que vivimos han conseguido una drástica contención salarial que se traduce en una disminución de la parte del PIB que va a los salarios desde hace varias décadas. Esta caída no se ha reflejado en el gasto en pensiones debido a la maduración del sistema (mayor número de personas con carreras de cotización completas) y a unas reglas formales de cómputo que no se pueden modificar con la misma facilidad que las cambiantes relaciones laborales. Según AMECO[2], la parte del PIB que va a salarios desciende desde hace décadas (Gráfico 1) y el salario medio por persona ha disminuido aún más debido al aumento del número de trabajadores. Cuando esto ocurre, se produce un desfase entre los salarios que sirven para el cómputo de la pensión inicial y los que sirven para pagar las pensiones, muy inferiores estos en términos de PIB. La media de los salarios de los últimos 25 años (período actual para el cómputo de la pensión inicial) es ahora superior al salario, base de cotización media, del año en que se pagan las pensiones, provocando un efecto al alza del peso relativo de las pensiones, no siempre percibido porque queda diluido por el aumento del PIB y la maduración del sistema. El objetivo actual es recortar las pensiones porque es el componente de la retribución del trabajo que no ha podido ser reducido como lo han sido los salarios. Los desequilibrios de los sistemas de pensiones tienen su origen en la evolución de la distribución de la riqueza producida, que perjudica a las rentas del trabajo, y su solución pasa necesariamente por una política más enérgica de redistribución. Esto significa, en particular, hacer que los poseedores de capital, hasta ahora prácticamente los únicos que se han beneficiado del crecimiento económico, paguen los impuestos que les corresponden. Pero, por ejemplo, en Francia, los gobernantes que han preferido el caos político antes de renunciar a recortar las pensiones rechazan que los ultrarricos contribuyan a los gastos comunes con un pequeñísimo porcentaje de su patrimonio.
¿Qué futuro en España?
España goza actualmente de un sistema público de pensiones que va a contracorriente de la generalizada tendencia a recortar las prestaciones a los jubilados. Se enfrenta por ello a un cuestionamiento permanente por parte de las empresas dedicadas al negocio de los planes privados de pensiones (bancos y aseguradoras) y de sus portavoces. También a una cierta desconfianza por parte de la Comisión Europea, proclive a reformas que recortan el gasto público. A medio plazo, de ella puede venir la imposición de un ajuste (recorte), al proyectar para las próximas décadas en España un gasto juzgado excesivo en porcentaje del PIB. Pero esta proyección se basa en un escenario de empleo decreciente en el futuro que es muy improbable[3], debido a que existe un amplio margen de aumento de la tasa de empleo y a la llegada de inmigrantes que cubre la demanda de trabajo por parte de las empresas.
A un plazo más largo, sobre todo si se produce un cambio de mayoría política, puede volver a triunfar la lógica de la reducción del gasto. El mayor peligro sería entonces el seguro intento de implantar el sistema de cuentas nocionales, presentado por los círculos neoliberales como la solución definitiva para asegurar la sostenibilidad de las pensiones. Este sistema conjuga la lógica de los sistemas de capitalización, en el sentido en que los pensionistas reciben, a lo largo de su vida como jubilado, estrictamente la suma de sus cotizaciones actualizadas, respetando la neutralidad actuarial. Lo cotizado se va acumulando en cuentas individuales virtuales (o nocionales) es decir sin el respaldo de activos financieros y lo acumulado hasta el momento de la jubilación se distribuye en anualidades, en función de la esperanza de vida de la generación a la que pertenece el jubilado. Las pensiones se pagan con las cotizaciones del año y existen unos mecanismos de ajustes del gasto para asegurar el equilibrio a largo plazo del sistema. En realidad, lo que aporta el sistema no es combinar lo longitudinal y lo transversal, algo que vende como original pero que ya existe, sin ir más lejos, en nuestro sistema actual. Lo que asegura el sistema de cuentas nocionales es la máxima contributividad, como en cualquier fondo privado. Se trata de un sistema en el que todos los riesgos, en particular el aumento de la esperanza de vida, corren a cuenta del trabajador-pensionista, y su puesta en marcha en Suecia ha provocado un desplome generalizado del importe de las pensiones. Sin embargo, este sistema ejerce un gran atractivo, incluso en medios socialdemócratas, y es la gran propuesta de los defensores del recorte del gasto. Naturalmente, su promoción se apoya en la habitual invocación del envejecimiento de la población, sin ahondar en los mecanismos concretos mediante los que este actúa.
[1] Este texto está basado en una parte del artículo publicado por el autor: “Envejecimiento y pensiones” in Tezanos, J.F. y Tobío, C. (eds) España 2025. Estructura y cambio social. Estructura económica y desigualdades. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, Vol 3, pp. 115-152.
[2] AMECO (2024) European Commission AMECO Online (Vintage Version 2024-05 https://dashboard.tech.ec.europa.eu/qs_digit_dashboard_mt/public/sense/app/667e9fba-eea7-4d17-abf0-ef20f6994336/sheet/2f9f3ab7-09e9-4665-92d1-de9ead91fac7/state/analysis
[3] Ver: González, Antonio (2024) “El gasto en pensiones es sostenible” in Economistas Frente a la Crisis, 13 noviembre https://economistasfrentealacrisis.com/el-gasto-en-pensiones-es-sostenible/ "
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