"Francesca Albanese, presenta su informe “Anatomía de un genocidio”:
"Naciones Unidas:
“Cuando la intención genocida es tan conspicua, tan ostentosa, como lo es en Gaza, no podemos apartar la vista, debemos hacer frente al genocidio; debemos prevenirlo y debemos castigarlo”, declaró este martes la relatora especial* sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados durante la presentación de su informe Anatomía de un genocidio.
Durante la sesión ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Francesca Albanese** dijo que considera que hay "motivos razonables" para creer que se ha alcanzado el umbral que indica la comisión del delito de genocidio contra los palestinos como grupo en Gaza.
"En concreto, Israel ha cometido tres actos de genocidio con la intención requerida: causar graves daños físicos o mentales a miembros del grupo; infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial; imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo", declaró.
La experta señaló que “una minoría de poderosos Estados miembros”, en lugar de detener su impulso, “ha prestado apoyo militar, económico y político a la atrocidad, agravando la devastación que ha provocado en los palestinos”.
En este contexto, Albanese pidió a los Estados miembros que cumplan con sus obligaciones e impongan un embargo de armas y sanciones a Israel.
Afirmó que negar la realidad y mantener la impunidad y el excepcionalismo de Israel ya no es viable, especialmente a la luz de la resolución vinculante del Consejo de Seguridad, adoptada este lunes, que pide un alto el fuego inmediato en Gaza.
Destrucción de Gaza
Además de matar a más de 30.000 palestinos, entre ellos 13.000 niños, las fuerzas israelíes utilizaron "un arsenal apocalíptico" en uno de los lugares más densamente poblados del planeta. Se utilizaron casi 25.000 toneladas de explosivos (el equivalente a dos bombas nucleares), municiones no guiadas (o "bombas tontas") y otros artefactos para arrasar barrios enteros.
“En las dos primeras semanas, Israel impidió que entrara en Gaza toda la ayuda humanitaria, y en los meses siguientes ha impuesto restricciones extremas al agua, los alimentos, la electricidad y el combustible (…) Esta política deliberada ha inducido una grave inseguridad alimentaria rápida y sostenida en toda la población, y los atrapados en el norte se alimentan de piensos y hierba”, prosiguió la experta.
Albanese concluyó que “en menos de seis meses Israel ha destruido Gaza, borrando o dañando gravemente casi toda la infraestructura civil y las tierras agrícolas”.
La experta también se refirió a imágenes publicadas por parte de soldados israelíes “en las que se jactan de sus asesinatos de familias, madres, niños, del bombardeo de hogares, mezquitas y escuelas” y vídeos que “les muestran burlándose sádicamente y humillando a sus víctimas palestinas”.
Discurso antipalestino
La experta independiente, que tiene un mandato del Consejo de Derechos Humanos pero no habla en nombre de la ONU, subrayó que estos "actos de genocidio" están motivados por un vehemente discurso antipalestino, que describe "a todo el pueblo (...) como un enemigo que debe ser erradicado o eliminado por la fuerza". "Esta retórica es omnipresente en todos los segmentos de la sociedad israelí", señaló.
Y el hecho de que altos cargos israelíes con autoridad de mando pidieran regularmente a sus soldados que aniquilaran a la población de Gaza constituye "una prueba irrefutable de incitación explícita y pública a cometer genocidio".
Camuflaje humanitario
Según Albanese, los dirigentes ejecutivos y militares y los soldados israelíes han “distorsionado intencionadamente las normas fundamentales” del derecho internacional humanitario (distinción, proporcionalidad y precaución) “en un intento de legitimar la violencia genocida contra el pueblo palestino”.
“Al estirar deliberadamente las definiciones de escudos humanos, órdenes de evacuación, zonas seguras, daños colaterales y protección médica, Israel ha utilizado sus funciones protectoras como camuflaje humanitario con el efecto de ocultar pautas de conducta, de las que la única inferencia que puede extraerse razonablemente es una política estatal de violencia genocida contra los palestinos”, dijo.
En este contexto, la potencia ocupante no distingue entre civiles y combatientes ni entre infraestructuras civiles y objetivos militares legítimos. Israel ha calificado a toda la población civil de Gaza de "escudos humanos" o "cómplices de los terroristas", señaló Albanese.
Además, los que consiguieron evacuarse a zonas definidas por Israel como "zonas humanitarias seguras" también fueron objeto de nuevos ataques, y sus muertes y lesiones fueron justificadas por Israel como "daños colaterales".
Una tragedia anunciada
Detrás de esta descripción, la experta también quiso subrayar que el genocidio de Gaza es la etapa más extrema de un largo proceso de colonización destinado a aniquilar a los palestinos nativos.
"Durante más de 76 años, este proceso ha oprimido a los palestinos como pueblo de todas las formas imaginables, aplastando su derecho inalienable a la autodeterminación demográfica, económica, territorial, cultural y política", dijo Albanese, añadiendo que la "amnesia colonial de Occidente ha condonado el proyecto colonial de Israel".
"El mundo ve ahora el amargo fruto de la impunidad concedida a Israel. Ha sido una tragedia anunciada", concluyó la experta.
Con la Corte Internacional de Justicia a punto de deliberar y el Tribunal Penal Internacional a punto de llevar a cabo una investigación, consideró que era su responsabilidad recordar al Consejo de Derechos Humanos que ha llegado el momento de que los Estados actúen. "El momento de que los Estados actuaran era entonces, y como no lo hicieron, ese momento es ahora”.
Expansión de los asentamientos israelíes
Por su parte, la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, presentó un informe sobre los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado durante el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2022 y el 31 de octubre de 2023.
"En el periodo que abarca el informe se ha producido una drástica aceleración, en particular después del 7 de octubre de 2023, de las tendencias de larga data de discriminación, opresión y violencia contra los palestinos que acompañan a la ocupación israelí y a la expansión de los asentamientos que llevan a Cisjordania al borde de la catástrofe", afirmó.
Actualmente hay unos 700.000 colonos israelíes en Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, que viven en 300 asentamientos y puestos avanzados, todos ellos ilegales según el derecho internacional humanitario.
Expansión de los asentamientos existentes
El tamaño de los asentamientos israelíes existentes también se ha ampliado notablemente, según el informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Aproximadamente 24,300 unidades de vivienda dentro de los asentamientos israelíes existentes en Cisjordania en el Área C avanzaron o se aprobaron durante el período del informe, el más alto registrado desde que comenzó el monitoreo en 2017.
El informe observó que las políticas del actual Gobierno israelí "parecen alineadas, en un grado sin precedentes, con los objetivos del movimiento de colonos israelíes para expandir el control a largo plazo sobre Cisjordania, incluido Jerusalén Este, e integrar constantemente este territorio ocupado en el Estado de Israel", dijo Al-Nashif.
Transferencia de poder
Durante el periodo que abarca el informe, Israel tomó medidas para transferir competencias administrativas relacionadas con los asentamientos y la administración de tierras de las autoridades militares a las oficinas del gobierno israelí, cuyo objetivo principal es prestar servicios dentro del Estado de Israel.
"Por tanto, el informe suscita serias preocupaciones por el hecho de que una serie de medidas, incluida esta transferencia de poderes a los funcionarios civiles israelíes, puedan facilitar la anexión de Cisjordania en violación del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas", afirmó.
"Aumento drástico" de la violencia
También se produjo un dramático aumento de la intensidad, gravedad y regularidad de la violencia de los colonos israelíes contra los palestinos, acelerando su desplazamiento de sus tierras, en circunstancias que pueden equivaler a un traslado forzoso.
La ONU registró 835 incidentes de violencia de colonos en los nueve primeros meses de 2023, la cifra más alta de la que se tiene constancia. Entre el 7 y el 31 de octubre de 2023, la ONU registró 203 ataques de colonos contra palestinos y vigiló el asesinato de ocho palestinos a manos de colonos, todos ellos con armas de fuego.
De los 203 ataques de colonos, más de un tercio implicaron amenazas con armas de fuego, incluidos disparos. Además, en casi la mitad de todos los incidentes ocurridos entre el 7 y el 31 de octubre participaron fuerzas israelíes que escoltaban o apoyaban activamente a colonos israelíes mientras llevaban a cabo los ataques.
Líneas difusas
Al-Nashif dijo que la línea entre la violencia de los colonos y la violencia del Estado se ha difuminado aún más, incluida la violencia con la intención declarada de trasladar por la fuerza a los palestinos de sus tierras. Informó de que, en los casos supervisados por el Oficina de Derechos Humanos, los colonos llegaron enmascarados, armados y, en ocasiones, con uniformes de las fuerzas de seguridad israelíes.
"Destruyeron las tiendas, los paneles solares, las tuberías de agua y los depósitos de los palestinos, profiriendo insultos y amenazando con que, si los palestinos no se marchaban en 24 horas, los matarían", afirmó.
Al final del periodo que abarca el documento, las fuerzas de seguridad israelíes habían entregado, según informes, unas 8000 armas a los denominados "escuadrones de defensa de los asentamientos" y "batallones de defensa regional" en Cisjordania, continuó.
"Después del 7 de octubre, la Oficina de derechos humanos de Naciones Unidas documentó casos de colonos que vestían total o parcialmente uniformes del ejército israelí y portaban fusiles del ejército, acosando y atacando a palestinos, incluso disparándoles a quemarropa".
Desalojos y demoliciones
Las autoridades israelíes también siguieron ejecutando órdenes de desalojo y demolición contra palestinos basadas en políticas, leyes y prácticas de planificación discriminatorias, entre otras cosas porque las propiedades carecían de permisos de construcción.
Al-Nashif dijo que Israel demolió 917 estructuras de propiedad palestina en Cisjordania, incluidas 210 en Jerusalén Oriental, de nuevo uno de los índices más rápidos registrados. Como resultado, más de 1000 palestinos fueron desplazados.
"Cabe destacar que de las 210 demoliciones en Jerusalén Este, 89 fueron autodemoliciones realizadas por sus propietarios para evitar pagar las multas de las autoridades israelíes. Esto personifica el entorno coercitivo en el que viven los palestinos", afirmó.
El informe también documentó el plan en curso de Israel de duplicar la población de colonos en el Golán sirio para 2027, que actualmente se distribuye entre 35 asentamientos diferentes.
Además de la expansión de los asentamientos, se ha aprobado una actividad comercial que, según la funcionaria, puede seguir limitando el acceso de la población siria a la tierra y al agua.
*Los relatores especiales y otros expertos independientes en derechos forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. No forman parte del personal de la ONU, son independientes de cualquier gobierno u organización y no reciben un salario por su trabajo.
** Francesca Albanese es la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967." (Naciones Unidas, 26/03/24)
"Las máscaras se están cayendo. El día de hoy, Estados Unidos dejó de bloquear con su veto las resoluciones del Consejo de Seguridad y se abstuvo ante la que exige un cese al fuego inmediato en Gaza, que dé lugar a uno permanente.
Y mañana, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la relatora especial para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, presentará su informe “Anatomía de un genocidio”, que desvela detalle a detalle los crímenes cometidos por las fuerzas israelíes, y que será insumo para el juicio que se lleva a cabo contra Israel por genocidio en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
La relatora Albanese concluye que hay "motivos razonables" para determinar que Israel ha cometido varios actos de "genocidio" y "limpieza étnica" en Gaza, y que “en términos más generales, las acciones de Israel han sido impulsadas por una lógica genocida integral a su proyecto colonial en Palestina”.
Apunta, también, a los “estados que han sido cómplices” (se entiende que los que, en esta coyuntura, han provisto a Israel de recursos financieros, militares y diplomáticos para apoyarlo en su guerra contra Gaza).
A lo largo de cinco meses, las operaciones militares israelíes han causado más de 30 mil palestinos asesinados, más 12 mil que se presumen muertos aunque sus cadáveres hayan desaparecido o estén sepultados bajo escombros. Esto incluye a al menos 13 mil niños. Además, por lo menos 71 mil personas han resultado heridas, muchas de ellas con mutilaciones que les cambiarán la vida. El 70% de las zonas residenciales han sido destruidas y el 80% de toda la población ha sido desplazada por la fuerza. “Miles de familias han perdido a sus seres queridos o han sido aniquiladas, muchos no pudieron enterrar y llorar a sus familiares, y se vieron obligados a dejar sus cuerpos en descomposición en sus casas, en la calle o bajo los escombros. Miles de personas han sido detenidas y sometidas sistemáticamente a tratos inhumanos y degradantes. El incalculable trauma colectivo lo experimentarán las generaciones venideras”.
¿Defensa legítima? El informe señala que “el Poder Ejecutivo, el liderazgo militar y los soldados de Israel han distorsionado intencionalmente los principios del jus in bello (derecho internacional humanitario), subvirtiendo sus funciones protectoras, en un intento de legitimar la violencia genocida contra el pueblo palestino”.
En Mundo Abierto, presentamos los elementos más importantes del informe de la Relatoría Especial, que puede ser leído íntegramente en idioma inglés, en la primera versión entregada a la prensa hace unas horas, aquí.
La relatora inicia con su “firme condena de los crímenes cometidos por Hamás y otros grupos armados palestinos en Israel el 7 de octubre e insta a la rendición de cuentas y la liberación de rehenes”, aunque aclara que “este informe no examina esos acontecimientos, ya que están más allá del alcance geográfico de su mandato”, ni “examina la situación en Cisjordania, incluida Jerusalén oriental”.
Raphael Lemkin, quien acuñó el término “genocidio”, observó que se trata de “una combinación de diferentes actos de persecución o destrucción”, que van desde la eliminación física hasta la “desintegración forzada” de las instituciones políticas y sociales, la cultura, el idioma, sentimientos nacionales y religión.
El genocidio es un proceso, no un acto.
Las intenciones y prácticas genocidas son parte integral de la ideología y los procesos del colonialismo de asentamientos, como lo ilustra la experiencia de los nativos americanos en los Estados Unidos, las Primeras Naciones en Australia o los herero en Namibia. Dado que este colonialismo tiene como objetivo adquirir tierras y recursos indígenas, la mera existencia de pueblos indígenas plantea una amenaza existencial para la sociedad de colonos. La destrucción y el reemplazo de pueblos indígenas se vuelven, por lo tanto, "inevitables" y se llevan a cabo a través de diferentes métodos dependiendo de la amenaza percibida para el grupo de colonos.
Estos incluyen la expulsión (traslados forzosos, limpieza étnica), restricciones de movimiento (segregación, encarcelación a gran escala), asesinatos en masa (asesinatos, enfermedades, hambruna), asimilación (borrado cultural, expulsión de niños) y prevención de nacimientos.
El colonialismo de colonos es una dinámica, proceso estructural y una confluencia de actos encaminados a desplazar y eliminar a los grupos indígenas, de los cuales el exterminio genocida/la aniquilación representa el clímax.
Los patrones históricos del genocidio demuestran que la persecución, la discriminación y otras etapas preliminares preparan el terreno para la etapa de aniquilación del genocidio. En Palestina, desplazar y borrar la presencia árabe indígena ha sido una parte inevitable de la formación de Israel como un “Estado judío”.
Las prácticas que llevaron a la limpieza étnica masiva de la población no judía de Palestina ocurrieron en 1947-1949, y nuevamente en 1967, cuando Israel ocupó Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza con desplazamientos masivos de cientos de miles, asesinatos y destrucción de aldeas y ciudades, saqueos y negación del derecho al retorno de los palestinos expulsados.
Desde 1967, Israel ha impulsado su proyecto colonial mediante la ocupación militar, despojando al pueblo palestino de su derecho a la autodeterminación. Esto ha resultado en la segregación y el control de los palestinos, incluso mediante la confiscación de tierras, la demolición de casas, la revocación de residencias y la deportación. Al castigar su indigeneidad y su rechazo a la colonización, Israel les dio a los palestinos el carácter de “amenaza a la seguridad” para justificar su opresión y “descivilización”, es decir, la negación de su estatus como civiles protegidos.
Israel ha ido convirtiendo progresivamente a Gaza en un enclave altamente controlado. Desde la evacuación de los colonos israelíes en 2005 (a la que el actual Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se opuso firmemente), el movimiento de colonos y los líderes de Israel han enmarcado Gaza como un territorio que debe ser “recolonizado” y a sus habitantes como invasores que deben ser expulsados. Estos reclamos ilegales son parte integral del proyecto de consolidar el “derecho exclusivo e indiscutible del pueblo judío” sobre la tierra del “Gran Israel”, como lo reafirmó el Primer Ministro Netanyahu en diciembre de 2022.
El genocidio no puede justificarse bajo ninguna circunstancia, incluida la supuesta legítima defensa.
La complicidad está expresamente prohibida, lo que genera obligaciones para terceros Estados.
MARCO LEGAL
La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 codifica el genocidio como “cualquiera de los actos [especificados] cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal”.
37 En consecuencia, el crimen de genocidio comprende dos elementos interconectados:
(a) El actus reus: la comisión de uno o más actos específicos contra un grupo protegido, a saber:
(i) matar a miembros del grupo;
(ii) causar daños corporales o mentales graves a los miembros del grupo;
(iii) infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial;
(iv) imponer medidas destinadas a prevenir nacimientos dentro del grupo;
(v) trasladar por la fuerza a niños del grupo a otro grupo.
(b) La mens rea: la intención detrás de la comisión de uno o más de los actos antes mencionados que debe ser establecida, que incluye dos elementos entrelazados:
(i) una intención de llevar a cabo los actos delictivos (dolus generalis), y
(ii) una intención específica de destruir al grupo objetivo como tal (dolus specialis).
Ambos componentes deben cumplirse para que una conducta constituya legalmente genocidio.
La intención del perpetrador de destruir al grupo total o parcialmente distingue los actos genocidas de otros crímenes internacionales.
La intención específica puede establecerse mediante evidencia directa, por ejemplo declaraciones de altos mandos o documentos oficiales, o inferidas de patrones de conducta. En el último caso, los patrones de conducta o la manera en que se perpetran los actos deben ser tales que “sólo apunten a la existencia de tal intención [genocida]”, y la existencia de intención da como resultado “la única inferencia que razonablemente podría extraerse”.
Se requiere evidencia del resultado para establecer la comisión de tres de esos actos (matar, causar daño y transferir niños). Para los dos actos restantes (infligir condiciones calculadas para destruir el grupo e impedir nacimientos), el umbral probatorio requiere prueba de una intención de lograr un resultado determinado, en lugar de su logro. En consecuencia, si el desplazamiento, la limpieza étnica o la deportación masiva se perpetran con la intención de destruir al grupo protegido como tal, esto puede equivaler a genocidio. De manera similar, las acciones para provocar el desplazamiento de la población también pueden ser evidencia de una intención genocida específica.
El crimen de genocidio genera responsabilidad tanto individual como estatal. La Convención destaca la necesidad de responsabilidad individual ante los tribunales nacionales o internacionales, independientemente de cualquier función oficial que desempeñe el perpetrador.
La responsabilidad penal individual surge de la participación directa en la ejecución, intento, conspiración, incitación directa y pública, planificación, instigación, orden y complicidad en actos genocidas, lo que requiere una intención específica de contribuir a la destrucción del grupo objetivo.
Esto implica conocimiento de la posibilidad de que un acto resulte en la destrucción total o parcial del grupo.
Genocidio da lugar a responsabilidad del Estado cuando un individuo ha cometido genocidio en ejercicio de la autoridad estatal; en este caso la conducta del individuo es atribuible al Estado.
ACTOS DE GENOCIDIO EN GAZA
Los actos genocidas pueden incluir acciones u omisiones deliberadas, incluida la falta de protección del grupo contra daños. La evidencia presentada en las siguientes secciones sugiere que Israel ha cometido al menos tres de los actos prohibidos en la Convención.
A. “Matar a miembros del grupo”
Muertes resultantes de acciones directas o derivadas de negligencia, incluidas las causadas por hambre deliberada, enfermedades u otras condiciones que amenazan la supervivencia impuestas al grupo.
El ejército de Israel empleó más de 25 mil toneladas de explosivos (equivalentes a dos bombas nucleares) en innumerables edificios, utilizó municiones no guiadas (“bombas tontas”) y bombas “destructoras de búnkeres” de 2 mil libras en zonas densamente pobladas y "zonas seguras".
En las primeras semanas, las fuerzas israelíes mataron a unas 250 personas diariamente, incluidos cien niños, en ataques que destruyeron barrios enteros e infraestructura esencial. Miles murieron por bombardeos, disparos de francotiradores o en ejecuciones sumarias; miles más murieron mientras huían por rutas y en áreas declaradas “seguras” por Israel.
Entre las víctimas se encontraban 125 periodistas y 340 médicos, enfermeras y otros trabajadores sanitarios (el cuatro por ciento del personal sanitario de Gaza), estudiantes, académicos, científicos y sus familiares.
El 70% de las muertes registradas han sido consistentemente mujeres y niños. Israel no logró demostrar que el 30% restante, es decir, los hombres adultos, fueran combatientes activos de Hamás, una condición necesaria para que sean legalmente atacados. A principios de diciembre, los asesores de seguridad de Israel afirmaron haber matado a “7 mil terroristas” en una etapa de la campaña en la que se habían identificado entre las víctimas menos de 5 mil hombres adultos en total, lo que implicaba que todos los hombres adultos asesinados eran “terroristas”. Esto es indicativo de una intención de atacar indiscriminadamente a miembros del grupo protegido, asimilándolos a combatientes en activo por defecto.
Además, el intensificado bloqueo de Gaza por parte de Israel ha causado muertes por inanición, incluidos 10 niños diariamente, al impedir el acceso a suministros vitales. La falta de higiene y los albergues superpoblados podrían causar más muertes que los bombardeos, habiendo creado “la tormenta perfecta para las enfermedades”. Una cuarta parte de la población de Gaza podría morir a causa de problemas de salud prevenibles en el plazo de un año.
B. “Causar daños corporales o mentales graves a miembros del grupo”
Este acto debe implicar “una desventaja grave y duradera para la capacidad de una persona de llevar una vida normal y constructiva”. No es necesario que el daño sea permanente o irremediable, y puede ser provocado por diversas causas como tortura, tratos inhumanos o degradantes, violencia sexual, persecución, deportación u otras condiciones “diseñadas para causar la degradación y privación de los derechos de las víctimas, y para reprimirlas y causar sufrimientos inhumanos y torturas”.
Desde el 7 de octubre, los palestinos han sufrido daños físicos y psicológicos implacables. Muchos han soportado violencia y privaciones, incluida hambre severa. Las fuerzas israelíes han detenido a miles de palestinos, en su mayoría hombres y niños jóvenes, negándose a menudo a revelar su paradero. Muchos de ellos han sido gravemente maltratados, incluso mediante torturas que en ocasiones llevaron a muerte. Las armas y métodos letales de Israel han herido a 70 mil palestinos, muchos de ellos con heridas letales, que en algunos casos han provocado discapacidades a largo plazo o la muerte. Al provocar una escasez crítica de suministros médicos, incluidos antibióticos y desinfectantes, las acciones de Israel dieron lugar a procedimientos de salud peligrosos, como amputaciones sin anestesia, incluso en niños. Esto también ha impedido la administración de tratamientos que salvan vidas a personas con afecciones médicas, incluidas enfermedades crónicas.
El salvajismo del último ataque de Israel queda mejor ilustrado por el tormento infligido a niños de todas las edades, asesinados o rescatados de debajo de los escombros, mutilados, huérfanos, muchos de ellos sin familia sobreviviente. Considerando la importancia de los niños para el desarrollo futuro de una sociedad, infligirles daños corporales o mentales graves puede razonablemente “interpretarse como un medio para destruir al grupo total o parcialmente”.
C. “Infligirle deliberadamente al grupo condiciones de vida destinadas a provocar su destrucción física total o parcial”.
Este acto implica una conducta que no mata directamente a los miembros del grupo, pero que es capaz de provocar, por diversos medios, a su destrucción física. Estas pueden incluir hacerle pasar hambre, deshidratarse, desplazarlo, destruir objetos indispensables para su supervivencia, reducir los servicios médicos esenciales por debajo del mínimo requerido, privar de vivienda, ropa, educación, empleo e higiene. A mediados de diciembre, las bombas y proyectiles de Israel habían destruido o dañado gravemente la mayor parte de la infraestructura vital, incluido el 77% de las instalaciones sanitarias, el 68% de la infraestructura de telecomunicaciones, un gran número de servicios municipales y emplazamientos comerciales e industriales, casi la mitad de todas las carreteras, más del 60 por ciento de los 439 mil hogares, el 68% de los edificios residenciales, todas las universidades, el 60 % de otras instalaciones educativas, incluidas 13 bibliotecas. Israel también ha destruido al menos 195 sitios patrimoniales, 208 mezquitas, 3 iglesias y los Archivos Centrales de Gaza (150 años de historia).
El asedio total y los bombardeos casi constantes, junto con las draconianas órdenes de evacuación y las “zonas seguras” en constante cambio, han creado una catástrofe humanitaria sin precedentes.
Gaza ha sido completamente saqueada. Los incesantes ataques de Israel contra todos los medios básicos de supervivencia han puesto en riesgo la capacidad de los palestinos en Gaza de vivir en esa tierra. Este colapso provocado de la infraestructura que sustenta la vida corresponde a las intenciones declaradas de hacer que Gaza sea “permanentemente imposible para vivir”, donde “ningún ser humano puede existir”.
INTENCIÓN GENOCIDA
La definición de genocidio requiere la comisión de cualquiera de los actos enumerados con una intención específica. Debe establecerse que el autor, al cometer uno o más de los actos prohibidos, busca lograr la destrucción total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal. Esta intención debe establecerse ya sea mediante vía directa o evidencia indirecta.
Como el genocidio es un crimen organizado, cuya comisión implica invariablemente una dimensión colectiva, la evidencia de un plan estatal, incluso a través de declaraciones de funcionarios estatales, suele ser decisiva para establecer la intención directa.
La prueba de la intención indirecta puede inferirse de hechos o circunstancias, incluido el contexto general de los actos u omisiones, la escala de las atrocidades, el ataque sistemático a las víctimas en función de su afiliación a un grupo particular y la perpetración de otros “actos culpables” dirigidos contra el grupo, o la repetición de actos destructivos y discriminatorios. La Corte Penal Internacional exige que tales hechos o circunstancias tengan lugar “en el contexto de un patrón manifiesto de conducta similar dirigida contra el grupo o… conducta que por sí misma podría provocar tal destrucción”. Los tribunales internacionales también han establecido que la intención indirecta puede consistir en un patrón manifiesto de conducta similar a lo largo del tiempo. La sistematicidad con la que se cometen actos genocidas implica un grado de “plan o política preconcebido”.
La naturaleza y escala de las atrocidades, si se demuestra que son capaces de lograr un resultado genocida, son pruebas contundentes de la intención. Las palabras de las autoridades del Estado, incluido el lenguaje deshumanizante, combinadas con actos, se consideran una base circunstancial a partir de la cual se puede inferir la intención. La deshumanización puede entenderse como fundamental para el proceso de genocidio. La evidencia del contexto puede ayudar a determinar la intención y debe considerarse junto con la conducta real: la intención debe ser evidente sobre todo en palabras y hechos, y en “patrones de acción decidida”, de manera que no se puede sacar razonablemente ninguna otra inferencia.
En el último ataque a Gaza, la evidencia directa de intención genocida está excepcionalmente presente. La mordaz retórica genocida ha presentado a toda la población como el enemigo que debe ser eliminado y desplazado por la fuerza. Altos funcionarios israelíes con autoridad de mando han emitido desgarradoras declaraciones públicas que evidencian intenciones genocidas, entre ellas las siguientes:
(a) El presidente Isaac Herzog declaró que “una nación entera allí… es responsable” del ataque del 7 de octubre, y que Israel “les rompería la columna vertebral”;
(b) el Primer Ministro Benjamín Netanyahu se refirió a los palestinos como “Amalek” y “monstruos”. La referencia de Amalek es a un pasaje bíblico en el que Dios le ordena a Saúl: “Ahora ve y hiere a Amalek, y destruye por completo todo lo que tiene, y no los perdones; sino que mataréis tanto al hombre como a la mujer, al niño y al lactante, al buey y a la oveja, al camello y al asno”.
(c) El Ministro de Defensa, Yoav Gallant, se refirió a los palestinos como “animales humanos”, y anunció una “ofensiva total” contra Gaza, habiendo “levantado todas las reservas”, y que “Gaza nunca volverá a ser lo que era”.
(El informe prosigue con ejemplos de frases de autoridades que revelan una intención genocida.)
Tales llamados a la violencia aniquiladora dirigida a tropas en servicio constituyen una fuerte evidencia de incitación directa y pública a cometer genocidio. Décadas de discursos que deshumanizan a los palestinos han preparado el terreno para tales incitaciones.
Hay pruebas convincentes de que estas declaraciones han sido internalizadas por las tropas sobre el terreno, que han actuado en consecuencia. Los soldados israelíes, incluso en canales de redes sociales administrados por el ejército israelí, se han referido a los palestinos como “terroristas”, “cucarachas”, “ratas”, repitiendo términos empleados por líderes políticos, cantando que “no hay 'civiles no involucrados'”, mientras también pedían la construcción de asentamientos en Gaza, “ocupar Gaza... borrar la semilla de Amalek ”, alardeando de matar “familias, madres y niños”, humillando a palestinos detenidos, haciendo explotae decenas de viviendas, destruyendo barrios residenciales enteros, y profanando cementerios y lugares de culto.
El primer ministro y el presidente de Israel han declarado que Israel estaba luchando en nombre de “todos los estados y… pueblos civilizados”, contra “una barbarie que no tiene cabida en el mundo moderno”, que “desarraigarán el mal y será bueno para toda la región y el mundo”.
Esta retórica racista se hace eco de la de otras potencias coloniales e intenta interpretar la violencia genocida de Israel como legítima a la luz del supuesto carácter “bárbaro” y “premoderno” de los palestinos.
Camuflaje humanitario: distorsionar las leyes de la guerra para ocultar las intenciones genocidas
Una característica fundamental de la conducta de Israel desde el 7 de octubre ha sido la intensificación de su descivilización de los palestinos. Israel ha utilizado la terminología del Derecho Internacional Humanitario (DIH) para justificar su uso sistemático de violencia letal contra civiles palestinos como grupo y la destrucción generalizada de infraestructuras que sustentan la vida.
Israel lo ha hecho usando conceptos del DIH como escudos humanos, daños colaterales, zonas seguras, evacuaciones y protección médica de una manera tan permisiva que destripa esos conceptos de su contenido normativo, subvirtiendo su propósito protector y, en última instancia, erosionando la distinción entre civiles. y combatientes en acciones israelíes en Gaza.
Las declaraciones oficiales se han traducido en una conducta militar que repudia la noción misma de protección civil. Israel ha alterado así radicalmente el equilibrio alcanzado por el DIH entre protección civil y necesidad militar, así como las normas consuetudinarias de distinción, proporcionalidad y precaución.
Esto ha oscurecido un principio fundamental del DIH: los ataques indiscriminados, que no distinguen objetivos militares de personas y bienes protegidos, no pueden ser proporcionados y siempre son ilegales.
Sobre el terreno, esta distorsión del DIH ha transformado a todo un grupo nacional y su espacio habitado en un objetivo destructible.
Esto ha tenido efectos devastadores, ha costado la vida a decenas de miles de civiles palestinos, ha destruido el tejido estructural de la vida en Gaza y ha causado daños irreparables. Esto ilustra un patrón claro de conducta del cual la intención genocida requerida es la única inferencia razonable que se puede extraer.
Conclusiones
Este informe concluye que hay motivos razonables para creer que se ha alcanzado el umbral que indica la comisión de los siguientes actos de genocidio contra palestinos en Gaza: asesinato de miembros del grupo; causar daños corporales o mentales graves a los miembros de los grupos; e infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial. Los actos genocidas fueron aprobados y puestos en vigor tras declaraciones de intención genocida emitidas por altos funcionarios militares y gubernamentales.
Israel ha tratado de ocultar su conducta presentando crímenes internacionales como respetuosos del Derecho Internacional Humanitario. Al distorsionar las normas consuetudinarias del DIH, incluidas la distinción, la proporcionalidad y las precauciones, Israel ha tratado de facto a todo un grupo protegido y su infraestructura de sustento de vida como "terrorista" o "que apoya al terrorismo", transformando así todo y a todos en un objetivo o en un daño colateral destruible.
De esta manera, por definición, ningún palestino en Gaza está a salvo.
Esto ha tenido efectos devastadores e intencionados, ha costado la vida a decenas de miles de palestinos, ha destruido el tejido de la vida en Gaza y ha causado daños irreparables a toda su población.
El genocidio de Israel contra los palestinos en Gaza es una escalada en un largo proceso de eliminación colonial. Durante más de siete décadas, este proceso ha asfixiado al pueblo palestino como grupo –demográfica, cultural, económica y políticamente–, tratando de desplazarlo y expropiarlo y controlar sus tierras y recursos. La actual Nakba debe detenerse y remediarse de una vez por todas. Este es un imperativo que se debe a las víctimas de esta tragedia altamente prevenible y a las generaciones futuras de esa tierra.
Recomendaciones
Israel y aquellos Estados que han sido cómplices de lo que razonablemente se puede concluir que constituye un genocidio deben rendir cuentas y ofrecer reparaciones proporcionales a la destrucción, la muerte y el daño infligido al pueblo palestino.
Aplicar inmediatamente un embargo de armas a Israel.
Apoyar la acusación sudafricana contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia.
Garantizar una investigación exhaustiva, independiente y transparente de todas las violaciones del derecho internacional cometidas por todos los actores, incluidas aquellas que constituyen crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes de genocidio.
Garantizar que Israel, así como los Estados que han sido cómplices del genocidio de Gaza, reconozcan el daño colosal causado y se comprometan a no repetirlo, con medidas de prevención y reparaciones completas.
Desarrollar un plan para poner fin al status quo ilegal e insostenible que constituye la causa fundamental de la última escalada, incluso mediante la reconstitución del Comité Especial de las Naciones Unidas contra el Apartheid.
Disponerse a implementar medidas diplomáticas, económicas y políticas previstas en la Carta de las Naciones Unidas en caso de incumplimiento por parte de Israel.
A corto plazo y como medida temporal, en consulta con el Estado de Palestina, desplegar una presencia protectora internacional para limitar la violencia utilizada habitualmente contra los palestinos en el territorio palestino ocupado.
Garantizar que la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) cuente con la financiación adecuada para poder satisfacer las crecientes necesidades de los palestinos en Gaza."
(Témoris Grecko , Mundo Abierto, mar 25, 2024)
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