"Tras semanas de intensa negociación la Unión Europea acordó revisar sus normas fiscales. El nuevo reglamento reemplazará al Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) —suspendido desde que comenzó la pandemia de la COVID-19— y modernizará el marco fiscal del bloque, que tiene ya 25 años.
Mientras que el modelo del PEC era igual para todos, lo que terminó afectando su credibilidad, las normas fiscales actualizadas permiten un enfoque diferencial. La meta es mantener los límites existentes de déficit y deuda pública, alentando al mismo tiempo a los estados miembros a invertir en tecnologías verdes y digitales. Los estados miembros dispondrán de períodos prolongados de hasta siete años para reducir sus deudas a niveles sostenibles, siempre que se comprometan a implementar reformas y realizar inversiones que apoyen esta transición doble (verde y digital).
Pero aunque los esfuerzos de la UE por equilibrar la disciplina fiscal y los incentivos al crecimiento son encomiables, los presupuestos nacionales no alcanzan para financiar esa ambiciosa transición doble. La Comisión Europea estima que hay que invertir aproximadamente EUR 650 000 millones (USD 700 000 millones) al año para alcanzar la meta en 2030: producir al menos el 42,5 % de la energía del bloque a partir de fuentes renovables y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 55 %.
De acuerdo con las nuevas normas fiscales, el financiamiento de las inversiones digitales y verdes podrá provenir de los EUR 800 000 millones del fondo NextGenerationEU (NGEU), creado en 2020 para ayudar a las economías europeas a recuperarse del impacto de la COVID-19. Pero como el NGEU desaparecerá en 2026, se necesitan con urgencia mecanismos financieros más duraderos para apoyar los objetivos de largo plazo de la UE.
Como están las cosas, el foco del NGEU en inversiones nacionales dejó a los proyectos transnacionales, como los trenes de alta velocidad y la infraestructura de hidrógeno, gravemente desfinanciados. Además, la Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU. amplió la brecha entre Europa y ese país en términos de inversiones. Para recuperar la autonomía estratégica, los líderes europeos tendrán que aprovechar el éxito del NGEU.
En una publicación que daremos a conocer próximamente, proponemos que se establezca un fondo de la UE para bienes públicos de EUR 750 000 millones, para solucionar la falta de financiamiento en áreas cruciales como las energías renovables y la infraestructura digital. El fondo deberá centrarse en catalizar las inversiones transfronterizas y apoyar proyectos a los que les resulte difícil financiarse sin el apoyo financiero de la UE. Si la UE condiciona el acceso a este fondo al cumplimiento de las nuevas normas fiscales, podría mantener la disciplina fiscal de sus estados miembros.
El fondo para bienes públicos, que cubriría el período de 2026 a 2030, procura alinearse sin fisuras con los objetivos climáticos de la UE. Aprovechando los antecedentes exitosos de sus iniciativas crediticias previas, se financiaría con bonos del bloque respaldados por garantías nacionales que constituirían un fondo común, con el presupuesto de la UE (reforzado con fuentes de ingresos suficientes) o ambos. El tamaño propuesto representa aproximadamente un quinto de las inversiones totales que el bloque necesita hasta 2030, por lo que las inversiones restantes se financiarían mediante contribuciones de los estados miembros y el sector privado.
Debido a que estaría centrado en inversiones transfronterizas, el fondo pondría de relieve el enfoque unificado de la UE para abordar los desafíos europeos. Al mismo tiempo, el requisito de cumplir con las nuevas normas fiscales ampliaría el marco condicional establecido por el programa del NGEU, que exigió a los países beneficiarios respetar el imperio de la ley para acceder a los fondos.
De manera similar, el régimen condicional propuesto ataría el acceso al nuevo fondo a la disciplina fiscal local, por lo que estaría alineado con las pautas fiscales actualizadas de la UE. En vez de imponer penas por los incumplimientos, como ocurría con el PEC, esto brindaría un incentivo a los países para que demostraran su responsabilidad fiscal.
El régimen condicional impulsaría entonces el potencial de crecimiento de la UE y, al mismo tiempo, mantendría la integridad del nuevo reglamento fiscal y alentaría la sostenibilidad fiscal entre los estados miembros. Por otra parte, se podría compensar el aumento de la emisión de deuda a escala europea reduciendo las emisiones nacionales.
Una vez que se haya establecido el fondo, se alentaría a los países a presentar propuestas integrales de inversión para proyectos transnacionales. El Banco Europeo de Inversiones determinaría si son elegibles para acceder a los recursos del fondo, de acuerdo con su grado de alineación con los objetivos de la UE para la doble transición y el potencial de derrames positivos transfronterizos. Mientras tanto, la Comisión Europea evaluaría si los países que proponen los proyectos cumplen las normas fiscales.
El diseño propuesto del fondo se alinea con la tendencia de usar fondos de la UE para lograr objetivos de política más amplios. Debido a que se basa en el modelo exitoso del fondo de recuperación de la pandemia y el régimen actual condicional del bloque, empoderaría a la UE para lograr los objetivos climáticos fundamentales y mantendría, simultáneamente, sus valores compartidos."
(Age Bakker is a former executive director of the International Monetary Fund and a former director at De Nederlandsche Bank (DNB). Roel Beetsma, Professor of Macroeconomics at the University of Amsterdam, is a member of the European Fiscal Board. Marco Buti is Tommaso Padoa Schioppa Chair at the European University Institute’s Robert Schuman Center and an external fellow at Bruegel. Project Syndicate, 04/03/24)
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