"Difícil saber, 24 horas antes de que el propio Pedro Sánchez hable, si va a presentar o no su dimisión irrevocable como presidente del Gobierno o va a optar por presentar una moción de confianza. Si presenta la dimisión, como se temen cada vez más sus allegados, al Partido Socialista se le abrirá el camino hacia unas nuevas elecciones y a él, quizás, un futuro personal menos cruel, en la Unión Europea, donde el ejercicio de la crítica no impedirá el reconocimiento de sus importantes aciertos.
Con su dimisión, Pedro Sánchez conseguiría desplazar totalmente el foco del debate político hacia el Partido Popular y sus brutales maneras de ejercer la oposición. Conseguiría también movilizar a su propio voto, algo alicaído a raíz de algunas polémicas decisiones de su Gobierno. Aunque haya tomado la decisión por motivos fundamentalmente personales, como es la voluntad de defender a su mujer, lo cierto es que esa dimisión tendría consecuencias enojosas para el PP. Alberto Núñez Feijóo quedaría en una situación difícil: ha pedido repetidamente ante la opinión pública que Pedro Sánchez dimitiera, pero, una vez logrado ese objetivo, no está claro qué ventaja obtiene él.
El camino hacia las elecciones será muy complicado desde el primer momento, no solo por la radicalización y dureza que han alcanzado los mensajes políticos, sino también por la complejidad de los procedimientos previstos. Las elecciones generales no pueden ser convocadas, por ley, antes del 29 de mayo y tendrían lugar después de las autonómicas catalanas y de las elecciones europeas, el 9 de junio próximo. Mientras todo esto se lleva a cabo, un Gobierno en funciones tendría que hacerse cargo de los asuntos de trámite. Primera pregunta, ¿quién lo presidiría? En casos anteriores, ha sido el presidente saliente quien ocupó esa interinidad, pero es poco probable que Sánchez tenga pensado seguir varios meses en la Moncloa.
Convocar nuevas elecciones debería ser el primer objetivo del Partido Popular, pero para asegurarse de que esos comicios se llevan a cabo lo más rápido posible tendría que pasar un mal trago: conseguir que el Rey propusiera a Alberto Núñez Feijóo como candidato para una nueva investidura en el actual Congreso de los Diputados, una votación que seguramente perdería. Tras esa votación, podría empezar a correr el plazo de dos meses que prevé la ley para llamar a las urnas, pero nunca es plato de gusto presentarse a unas elecciones habiendo demostrado que no es capaz de suscitar la confianza de nadie más que de Vox.
El Partido Socialista, que afronta la dimisión de Sánchez en shock (aparentemente, el presidente no ha permitido que ningún cargo del PSOE compartiera su reflexión), tiene que decidir muy rápidamente una nueva estrategia. Aplazar la reunión de la Comisión Federal de Listas en la que tienen que aprobarse los listados para las elecciones europeas puede dar una pista de que necesita hacer cambios a toda velocidad y, quizás, “rescatar” nombres para las generales o el periodo de interinidad.
Lo primero es decidir si pide al Rey que confíe el encargo de formar gobierno a un nuevo candidato socialista (que, muy probablemente, conseguiría el apoyo de la mayoría de la cámara), o si directamente renuncia a ello y coloca a Feijóo ante su responsabilidad: pidió usted la dimisión del presidente; acepte ahora perder una votación en el Congreso y abra el periodo de convocatoria de elecciones. En el primer caso, el nuevo presidente o presidenta podría intentar completar la legislatura o aprovechar el impacto emocional de la dimisión de Sánchez, y acudir inmediatamente a las urnas.
La única ventaja de
abrir de nuevo la vía electoral es que los ciudadanos tendrían la
oportunidad de expresar su cólera contra el actual estado de cosas, por
la manera en que se viene ejerciendo la oposición, por la manipulación
desorbitada de medios de comunicación de los que no se conoce de dónde
sacan el dinero y por jueces que ignoran las sentencias del Tribunal
Supremo y aceptan querellas de grupos como Manos Limpias que se apoyan
en “la mera aportación de recortes de prensa o similares sin más
constatación o acreditación”. Una oportunidad para que los ciudadanos
recuerden a sus nuevos representantes que tienen una serie de
obligaciones en el Parlamento, que si no les gustan los proyectos de ley
del Gobierno de turno existen unas cosas que se llaman enmiendas y que
los debates parlamentarios no están organizados para ignorar los
problemas del país sino para ponerlos de relieve, explicarlos y proponer
soluciones." (Soledad Gallego-Díaz, El País, 28/04/24)
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