"Las grandes empresas estadounidenses están a punto de renunciar a la democracia, o eso parece. Stephen Schwarzman, de Blackstone, el conglomerado de inversiones inmobiliarias y de capital privado, ha sido el último líder empresarial en respaldar la candidatura de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Los presidentes de las principales petroleras han hecho lo mismo y Jamie Dimon, presidente y consejero delegado de JP Morgan Chase, señaló recientemente que las opiniones de Trump sobre la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la inmigración y muchas otras cuestiones críticas eran "bastante acertadas".
Mucho ha cambiado desde enero de 2021, cuando los seguidores de Trump asaltaron el Capitolio para impedir la certificación de las elecciones presidenciales de 2020. En las semanas que siguieron a la insurrección, muchas empresas se comprometieron solemnemente a no financiar a candidatos que negaran que Joe Biden había ganado limpiamente. Pero estos compromisos resultaron no ser más que palabrería.
Preferir la autocracia
Por supuesto, el mundo empresarial nunca ha mostrado una verdadera inclinación por la gobernanza democrática. Cuando se trata de sus propias operaciones, prefiere la autocracia al autogobierno. Los jefes ejecutivos exigen la obediencia de directivos y trabajadores, y los accionistas, que se supone que están al mando, se apaciguan fácilmente con recompensas económicas y rara vez reúnen el tipo de acción colectiva que haría falta para pedir cuentas a los ejecutivos.
¿Qué hace que estos líderes empresariales sean tan poderosos? La respuesta estándar es que controlan los activos de la empresa. A esto se refería Karl Marx cuando afirmaba que el control de los medios de producción permitía a los capitalistas extraer "plusvalía" del trabajo. Desde entonces, los modelos económicos le han dado la razón, demostrando que el control sobre los activos se traduce efectivamente en control sobre el trabajo.
Pero las cosas son un poco más complicadas. Después de todo, Schwarzman y Dimon no son propietarios de las máquinas de sus empresas ni de los edificios que albergan a los operadores, inversores o personal bancario a los que emplean. Puede que posean acciones de sus imperios empresariales, u opciones para comprar más acciones de sus empresas, pero estas participaciones suelen representar sólo una fracción de todas las acciones en circulación. Y aunque los accionistas, colectivamente, suelen ser descritos como propietarios, el capital social no les da el control sobre las operaciones de la empresa o sus activos. Más bien les confiere el derecho a votar a los directivos, a negociar sus acciones y a recibir dividendos.
Pero aunque los altos ejecutivos gobiernan como si fueran verdaderos amos, lo hacen gracias a un poder que está consagrado en las herramientas legales que utilizan para construir sus imperios. Pueden apoyarse en leyes empresariales y laborales que privilegian a los accionistas frente a los trabajadores, en normativas financieras que protegen la estabilidad de los mercados financieros y en la generosidad de los bancos centrales y los contribuyentes, que no pocas veces rescatan a sus empresas cuando se les ha ido la mano.
Acuerdos cómodos
Rara vez se reconocen estas dependencias, y menos aún el papel crucial que desempeña la democracia en el establecimiento de la legitimidad y la autoridad de la ley. Los líderes empresariales se sienten más cómodos haciendo tratos consigo mismos que sometiéndose a un autogobierno colectivo, pero también dependen profundamente de la ley y del sistema político que la sustenta.
Al hacer negocios consigo mismos, están reproduciendo la historia temprana de la construcción del Estado, que el difunto sociólogo Charles Tilly comparó con el "crimen organizado". En la Europa de principios de la era moderna, los dirigentes políticos se mantenían en el poder cerrando regularmente tratos con sus amigos, que a su vez cerraban más tratos con clientes a los que necesitaban de su lado. El resto de la sociedad servía de soldado raso, un recurso que los poderosos explotaban para financiar el mantenimiento de la paz interna y externa.
Pero aquí está el problema. A diferencia de los acuerdos que están codificados en la ley, tales acuerdos no son ejecutables. Nada impide que un futuro presidente incumpla las promesas que hace a los líderes empresariales durante la campaña electoral, y Trump ha dejado muy claro que tiene poca paciencia con la ley y las limitaciones que le impone como líder empresarial, presidente o ciudadano privado. Eso le convierte en un socio comercial muy poco fiable y en un candidato a la presidencia francamente peligroso.
Sin embargo, muchos líderes empresariales hacen la vista gorda ante todo esto. Apuestan por más poder, menos impuestos y menos restricciones legales y reglamentarias. Algunos intentarán llegar a acuerdos para evitar que Trump se vengue de ellos por deslealtades o desaires pasados. Pero lo que todos obtendrán, en última instancia, es inseguridad jurídica, que es mala para los negocios.
El síndrome de Hong Kong
Es el síndrome de Hong Kong. Cuando los defensores de la democracia y el Estado de Derecho salieron a la calle en Hong Kong para resistirse al control central del gobierno de China continental, la mayoría de los líderes empresariales (y los jefes de los grandes bufetes de abogados y contables) se mantuvieron en silencio y luego abrazaron la ley de seguridad que puso fin a la relativa autonomía de Hong Kong. Es de suponer que temían más al pueblo que al Estado chino, y por ello acogieron con satisfacción el restablecimiento del orden tras la represión de las manifestaciones.
Pero esta estrategia ha resultado contraproducente. El control estatal se ha hecho más estricto no sólo sobre los defensores de la democracia, sino también sobre las empresas. Las empresas han recurrido a la autodefensa trasladando los centros de datos a otras jurisdicciones, dando a sus empleados de Hong Kong teléfonos de un solo uso y reduciendo de otras formas su presencia en una ciudad que antaño brillaba como mercado mundial y centro financiero.
No comprendieron que la autodefensa individual es más costosa y menos eficaz que la colectiva. Esta última requiere una democracia constitucional vibrante en la que el Estado de Derecho refleje un compromiso genuino con un autogobierno sólido, en lugar de servir de hoja de parra para el gobierno de las grandes empresas. Cuando Schwarzman, Dimon y otros titanes empresariales estadounidenses descubran los costes de abandonar la democracia al abrazar a Trump, será demasiado tarde."
(profesora de Derecho Comparado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia,
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