"En 1977, años después de su caída del poder, Richard Nixon concedió una entrevista a Robert Frost. Durante toda su vida, el presidente defendió que Watergate, el escándalo que forzó su dimisión, había sido perfectamente legal. Cuando Frost le preguntó, en un segmento de su conversación, cuál era su teoría, su razonamiento para defender su inocencia, Nixon ofreció una respuesta sucinta, clara, y horripilante:
“Cuando el presidente lo hace, eso quiere decir que no es ilegal”
Vale la pena ver la respuesta completa, porque Nixon, por muy deshonesto, malvado y peligroso que fuera, no era un hombre estúpido. Su razonamiento es uno de necesidad, de la obligación que tiene el jefe del ejecutivo de poder responder a situaciones urgentes y peligrosas de forma decisiva. Su argumentación sobre qué limites efectivos deben acompañar esa idea (Frost pregunta sobre un asesinato) es cautelosa y razonada (y moralmente horrible).
Es también, en gran medida, casi la misma argumentación que ha utilizado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en su sentencia sobre la inmunidad presidencial de Donald Trump. (...)
La sentencia
La setencia del Supremo sobre la inmunidad presidencial establece que hay tres estándares distintos para que el presidente pueda ser sujeto de responsabilidad penal.
Actos oficiales en ejercicio de su cargo: el presidente goza de inmunidad absoluta ante cualquier acto que haya realizado en cumplimiento de sus funciones constitucionales. Ningún acto oficial puede ser utilizado en su contra como pruebas en un juicio penal.
Actos oficiales que pueden ser en ejercio del cargo, pero en que puede haber responsabilidad compartida con el Congreso: el presidente goza de presunción de inmunidad; el fiscal tiene que argumentar ante el juez de forma convincente que sus actos no formaban parte sus competencias constitucionales. En caso de que cualquiera de sus acciones puedan poner en duda el ejercicio de funciones constitucionales del ejecutivo, tampoco podrán ser utilizadas como prueba.
Actos que no forman parte de las funciones oficiales del cargo: el presidente no goza de inmunidad.
(...) La definición de “actos oficiales que forman parte del núcleo conclusivo y preclusivo de la autoridad constitucional del presidente” es, no hace falta decirlo, alegremente vaga y dicharacheramente expansiva, porque de qué sirve inventarse una categoría nueva de la nada si no vas a hacerla tan idiota como sea posible. El supremo ha cogido el artículo II de la constitución, que es increíblemente corto porque en su origen los fundadores querían un presidente débil y un legislativo fuerte, y básicamente ha decidido que no sólo debe definirse de la manera más generosa posible, sino todo lo que se lista ahí es intocable. Esto incluye “ejecutar y hacer cumplir las leyes de Estados Unidos”, es decir, básicamente todo lo que hace en el cargo. Sobre qué comparte con el congreso competencialmente, buena suerte encontrando algo relevante, porque apenas dan nada. (...)
(...) El presidente puede asesinarte
Más allá de los detalles prácticos de este caso (que de ganar Trump las elecciones, nunca irá juicio), lo más delirante de la sentencia es que bajo las condiciones y requisitos sobre inmunidad presidencial que establece, el presidente puede realmente enviar un pelotón de marines a tu casa para matarte sin consecuencia penal alguna, siempre y cuando haga el papeleo de manera correcta. El artículo II dice que es comandante en jefe, así que mandar a matar gente es algo estupendamente legal¹ siempre y cuando pueda justificarlo como un acto oficial².
¿Ese hipotético planteado en el tribunal de apelaciones en que se le pregunto a los abogados de Trump si el presidente podía ordenar la ejecución de un rival político? El Supremo ha establecido que eso es lo que dice la constitución.
A todos los efectos, la sentencia establece una serie de protecciones legales para el jefe del ejecutivo que le ponen por encima de la ley en prácticamente todo lo que hace en el cargo. La mayoría conservadora quería hacerle (otro) favor a Trump antes de las elecciones, y han decidido que la mejor manera de hacerlo es volando por los aires medio ordenamiento jurídico y 250 años de historia. Un presidente de los Estados Unidos puede, a partir de ahora, abusar sus competencias y atribuciones presidenciales todo lo que le plazca, y no hay nadie que pueda impedírselo más allá de un impeachment.
Y dado que el presidente puede fusilar a senadores que se porten mal si son una “amenaza para la seguridad nacional”, dudo que esa sea una buena opción. Y si eso os parece inverosímil, el candidato republicano a la presidencia dio un golpe de estado hace apenas tres años, lleva media campaña diciendo que quiere ser un dictador y va a vengarse de sus enemigos, así que no es un escenario absurdo.
Justificaciones
Aparte de las consecuencias prácticas de la sentencia, la argumentación del supremo para justificar la inmunidad es fascinante, y es realmente nixoniana. La idea central es que los padres fundadores querían que el presidente pudiera ser decisivo, respondiendo y adoptando medidas con rapidez y energía. Si el jefe del ejecutivo no gozara de inmunidad penal, eso provocaría que actuara con cautela, temeroso de que una de sus medidas soliviantara a alguien en exceso y fuera acusado de cometer delitos de forma espuria.
La idea de que un presidente que goza de inmunidad este libre de cualquier consecuencia de sus abusos de poder y por lo tanto decida comportarse como un cretino irresponsable ni se les ha pasado por la cabeza, supongo.
Y por supuesto..
Es completamente imposible revertir esta decisión a corto, medio, o largo plazo. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos está compuesto por nueve jueces con mandato vitalicio. Seis de ellos son conservadores y han votado a favor de la sentencia. Su argumentación se basa por completo en una interpretación de la constitución, así que el congreso no puede aprobar una ley estableciendo que el presidente no es inmune ni definiendo qué es un acto oficial; el Supremo ha dado esa potestad a los tribunales, en otro estupendo ejercicio de porque yo lo valgo.
La única forma de recuperar un ordenamiento jurídico en el que el presidente no esté por encima de la ley es que haya dos vacantes en el tribunal, ambas de jueces de la mayoría, ninguna baja en el bloque progresista, y que en ambos casos se produzcan con un presidente demócrata que tenga mayoría en el senado. (...)" ( Roger Senserrich , Four freedom, 02/07/24)
“Cuando el presidente lo hace, eso quiere decir que no es ilegal”
Vale la pena ver la respuesta completa, porque Nixon, por muy deshonesto, malvado y peligroso que fuera, no era un hombre estúpido. Su razonamiento es uno de necesidad, de la obligación que tiene el jefe del ejecutivo de poder responder a situaciones urgentes y peligrosas de forma decisiva. Su argumentación sobre qué limites efectivos deben acompañar esa idea (Frost pregunta sobre un asesinato) es cautelosa y razonada (y moralmente horrible).
Es también, en gran medida, casi la misma argumentación que ha utilizado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en su sentencia sobre la inmunidad presidencial de Donald Trump. (...)
La sentencia
La setencia del Supremo sobre la inmunidad presidencial establece que hay tres estándares distintos para que el presidente pueda ser sujeto de responsabilidad penal.
Actos oficiales en ejercicio de su cargo: el presidente goza de inmunidad absoluta ante cualquier acto que haya realizado en cumplimiento de sus funciones constitucionales. Ningún acto oficial puede ser utilizado en su contra como pruebas en un juicio penal.
Actos oficiales que pueden ser en ejercio del cargo, pero en que puede haber responsabilidad compartida con el Congreso: el presidente goza de presunción de inmunidad; el fiscal tiene que argumentar ante el juez de forma convincente que sus actos no formaban parte sus competencias constitucionales. En caso de que cualquiera de sus acciones puedan poner en duda el ejercicio de funciones constitucionales del ejecutivo, tampoco podrán ser utilizadas como prueba.
Actos que no forman parte de las funciones oficiales del cargo: el presidente no goza de inmunidad.
(...) La definición de “actos oficiales que forman parte del núcleo conclusivo y preclusivo de la autoridad constitucional del presidente” es, no hace falta decirlo, alegremente vaga y dicharacheramente expansiva, porque de qué sirve inventarse una categoría nueva de la nada si no vas a hacerla tan idiota como sea posible. El supremo ha cogido el artículo II de la constitución, que es increíblemente corto porque en su origen los fundadores querían un presidente débil y un legislativo fuerte, y básicamente ha decidido que no sólo debe definirse de la manera más generosa posible, sino todo lo que se lista ahí es intocable. Esto incluye “ejecutar y hacer cumplir las leyes de Estados Unidos”, es decir, básicamente todo lo que hace en el cargo. Sobre qué comparte con el congreso competencialmente, buena suerte encontrando algo relevante, porque apenas dan nada. (...)
(...) El presidente puede asesinarte
Más allá de los detalles prácticos de este caso (que de ganar Trump las elecciones, nunca irá juicio), lo más delirante de la sentencia es que bajo las condiciones y requisitos sobre inmunidad presidencial que establece, el presidente puede realmente enviar un pelotón de marines a tu casa para matarte sin consecuencia penal alguna, siempre y cuando haga el papeleo de manera correcta. El artículo II dice que es comandante en jefe, así que mandar a matar gente es algo estupendamente legal¹ siempre y cuando pueda justificarlo como un acto oficial².
¿Ese hipotético planteado en el tribunal de apelaciones en que se le pregunto a los abogados de Trump si el presidente podía ordenar la ejecución de un rival político? El Supremo ha establecido que eso es lo que dice la constitución.
A todos los efectos, la sentencia establece una serie de protecciones legales para el jefe del ejecutivo que le ponen por encima de la ley en prácticamente todo lo que hace en el cargo. La mayoría conservadora quería hacerle (otro) favor a Trump antes de las elecciones, y han decidido que la mejor manera de hacerlo es volando por los aires medio ordenamiento jurídico y 250 años de historia. Un presidente de los Estados Unidos puede, a partir de ahora, abusar sus competencias y atribuciones presidenciales todo lo que le plazca, y no hay nadie que pueda impedírselo más allá de un impeachment.
Y dado que el presidente puede fusilar a senadores que se porten mal si son una “amenaza para la seguridad nacional”, dudo que esa sea una buena opción. Y si eso os parece inverosímil, el candidato republicano a la presidencia dio un golpe de estado hace apenas tres años, lleva media campaña diciendo que quiere ser un dictador y va a vengarse de sus enemigos, así que no es un escenario absurdo.
Justificaciones
Aparte de las consecuencias prácticas de la sentencia, la argumentación del supremo para justificar la inmunidad es fascinante, y es realmente nixoniana. La idea central es que los padres fundadores querían que el presidente pudiera ser decisivo, respondiendo y adoptando medidas con rapidez y energía. Si el jefe del ejecutivo no gozara de inmunidad penal, eso provocaría que actuara con cautela, temeroso de que una de sus medidas soliviantara a alguien en exceso y fuera acusado de cometer delitos de forma espuria.
La idea de que un presidente que goza de inmunidad este libre de cualquier consecuencia de sus abusos de poder y por lo tanto decida comportarse como un cretino irresponsable ni se les ha pasado por la cabeza, supongo.
Y por supuesto..
Es completamente imposible revertir esta decisión a corto, medio, o largo plazo. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos está compuesto por nueve jueces con mandato vitalicio. Seis de ellos son conservadores y han votado a favor de la sentencia. Su argumentación se basa por completo en una interpretación de la constitución, así que el congreso no puede aprobar una ley estableciendo que el presidente no es inmune ni definiendo qué es un acto oficial; el Supremo ha dado esa potestad a los tribunales, en otro estupendo ejercicio de porque yo lo valgo.
La única forma de recuperar un ordenamiento jurídico en el que el presidente no esté por encima de la ley es que haya dos vacantes en el tribunal, ambas de jueces de la mayoría, ninguna baja en el bloque progresista, y que en ambos casos se produzcan con un presidente demócrata que tenga mayoría en el senado. (...)" ( Roger Senserrich , Four freedom, 02/07/24)
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