"(...) El Tribunal constitucional se ha desprestigiado plenamente con esta sentencia, que nunca debió ser adoptada por esta mayoría exigua de seis contra cinco. Se ha resuelto en un Tribunal que debería ya haber sido renovado, es decir, un Tribunal cuya composición no refleja, como quiere la Ley Orgánica que lo regula, la conexión con las mayorías políticas que conforman los órganos legislativos de la Nación.
No es necesario recordar que es el Partido Popular el gran adalid de la insumisión constitucional explícita, que niega cualquier cambio democrático y rechaza su obligación constitucional tanto en este caso como en la más conocida oposición a que se renueve el CGPJ después de dos años y casi nueve meses de que este órgano haya caducado.
Además el Tribunal constitucional debería tener doce miembros, no está completo ante la dimisión de Fernando Valdés, y en consecuencia el resultado podría haber sido de empate a seis que debería exigir el desempate por el voto de calidad del presidente, que ha manifestado que hará un voto disidente a la Sentencia mayoritaria.
El Tribunal constitucional sitúa a nuestro ordenamiento en un espacio atípico y confrontado al resto de los países europeos, que en su práctica totalidad, han utilizado mecanismos de excepcionalidad social semejantes al estado de alarma de nuestra nación.
Cada vez con mayor nitidez se aprecia la toma de posición política contra la mayoría obtenida en las elecciones políticas de importantes estratos que anidan en las estructuras de garantía del sistema democrático de derechos y que conspiran para debilitar y suprimir el impulso democrático. El hecho es muy grave y conviene que la ciudadanía cobre conciencia de esta realidad, aprovechada por una derecha política cada vez más escorada hacia la deslegitimación total de la acción de gobierno, con el auxilio imprescindible de los medios de comunicación que la sostienen.
También convendría que el gobierno y las fuerzas que lo apoyan, sepan que lo que está en juego no es la alternancia de poder bipartidista, que ya ha sido sustituido por una lógica multipartidos, sino algo mucho más profundo que pone en peligro la estructura de garantías democráticas, profundamente alterada y desviada de su función sustancial y del compromiso constitucional por una gradual reducción de la desigualdad económica y social.
La ventaja que tiene esta sentencia injusta, incorrecta e inconveniente es que hace saltar las alarmas democráticas. Urge renovar el Tribunal constitucional, hay que abordar sin falta la del órgano de gobierno de los jueces y proceder a una reformulación clara del respeto a la democracia que algunas fuerzas políticas pretenden eliminar. El objetivo central de este impulso negativo es el de evitar las reformas sociales e institucionales que están en el proyecto de cambio que las mayorías parlamentarias actuales posibilitan. (...)"
(Antonio Baylos , catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla La Mancha.Sin Permiso, 17/07/21)
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