"La financiación de la transición climática se encuentra en un callejón sin salida. Por un lado, los Estados miembros de la Unión Europea (UE) deben realizar las inversiones necesarias para cumplir sus objetivos de reducción de las emisiones de carbono y alcanzar el objetivo de cero emisiones netas de aquí a 2050; estas inversiones son masivas, no necesariamente rentables, y rondan los 400 000 millones de euros anuales para el conjunto de la UE. Por otro lado, se ven constreñidos por las normas presupuestarias europeas, recientemente endurecidas, y por la coyuntura económica, que limitan sus capacidades de endeudamiento y financiación, por no hablar de los nuevos riesgos geopolíticos que modifican sus prioridades.
Atrapados en este vicio, los gobiernos han preferido hasta ahora abandonar sus ambiciones climáticas en favor de la sostenibilidad fiscal, la soberanía industrial y la defensa. En Francia, el ejemplo más llamativo es el recorte de 2.100 millones de euros en el presupuesto de 2024 destinado al medio ambiente, en el marco del decreto de anulación destinado a cumplir nuestros objetivos presupuestarios.
Para salir de este punto muerto, es urgente abrir el debate sobre un presupuesto europeo dedicado a acelerar la transición climática. Podría adoptar la forma de un fondo europeo para el clima, que permitiría tanto financiar la transición como compartir el esfuerzo de transición entre los Estados miembros. Este fondo, estimado inicialmente en 65.000 millones de euros anuales, abordaría tres cuestiones principales.
La primera es cómo repartir el coste de la transición entre los niveles europeo y nacional. Este fondo podría cubrir los gastos de un bien común europeo: hoy el clima, mañana la defensa o la soberanía industrial. El primer paso en esta dirección fue la creación en 2020 de NextGeneration EU, un programa de casi 800.000 millones de euros ya destinado a financiar la lucha contra el cambio climático, la tecnología digital y, más recientemente, la ayuda a Ucrania. Además de diluirse entre múltiples objetivos, expira en 2026.
El segundo es la financiación de este proyecto de ley, y su distribución entre los países europeos. Este fondo podría financiarse tanto mediante nuevos recursos propios (en la línea de la propuesta del economista Gabriel Zucman de introducir un impuesto europeo sobre el patrimonio), como mediante el pago de un capital por parte de los Estados miembros, que luego habría que repartir. Proponemos que este fondo se financie según una clave de reparto ponderada por dos criterios: la capacidad presupuestaria y las emisiones históricas de gases de efecto invernadero.
Aunque todos los países se beneficiarán de este fondo, es probable que al final Alemania sea un contribuyente neto y España un beneficiario neto; Francia e Italia estarían en una posición más bien neutra con respecto a la financiación del fondo: carecen de margen presupuestario para alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones, pero han contribuido mucho al stock histórico.
Por último, la tercera cuestión es la de los instrumentos de financiación. ¿Por qué les interesaría a los gobiernos completar este fondo y utilizarlo cuando podrían financiar su transición directamente a nivel nacional? Porque la financiación conjunta tiene varios efectos positivos: la capacidad de endeudamiento conjunto es mayor, como dijo Emmanuel Macron en su discurso del 25 de abril, la coordinación y la planificación de los esfuerzos de transición son más eficaces cuando tienen lugar a nivel supranacional, y la carga presupuestaria de los gastos necesarios se reduce para los Estados miembros. Esta financiación conjunta podría aportar subvenciones (desarrollo de las energías renovables, renovación térmica, ayudas a la compra de vehículos eléctricos, etc.), pero también préstamos en condiciones favorables a los Estados miembros a tipos inferiores a los del mercado, o garantías de préstamos a través del Banco Europeo de Inversiones.
Todas estas herramientas (subvenciones, préstamos, garantías) ya se han utilizado en algún momento de la historia reciente de la UE. Sin embargo, la creación de un fondo europeo para el clima permitiría poner en marcha una estrategia de financiación ordenada y transparente para la transición ecológica, evitando riesgos sistémicos para Europa, ya sea por impasse presupuestario de los Estados miembros o por inacción climática. Por el momento, no se discute cómo repartir la carga entre los niveles nacional y europeo, entre los Estados miembros, y también entre el sector público, las empresas, el sector financiero y los hogares, cuando debería ser objeto de un debate para estas elecciones europeas y, en última instancia, de un esfuerzo concertado."
(Jérôme Creel es economista en el Observatoire français des conjonctures économiques y en la ESCP Business School; Mathilde Viennot es economista y cofundadora del Institut Avant-Garde. Revista de prensa, 17/05/24. Este artículo se publicó originalmente en Le Monde.)
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