"La marcha del jueves pasado en Barcelona hizo cundir la sensación de que el fenómeno entra en una nueva fase, mucho más volátil y virulenta. En los vídeos que circularon por las redes sociales, una masa enfurecida avanza por una avenida barcelonesa jaleando al líder que los había convocado—Daniel Esteve, el jefe de Desokupa—y que encabezaba la marcha. Tal vez a esa misma hora José Ramos —jefe de OkupAcción, otra empresa de “mediación y negociación de inmuebles ocupados”—y sus dos compadres estaban en el coche cubriendo el trayecto entre Zaragoza y Gijón. También su visita al Principado es un hito: es la primera vez que se tiene constancia de que una empresa de estas características actúa en la comunidad, y también es inédito el motivo por el que la contratan.
En sus frecuentes intervenciones televisivas, Esteve describe un panorama de absoluta impunidad para los okupas, que se dedican a vender droga y a molestar a los vecinos mientras los propietarios del inmueble se quedan desamparados e indefensos ante la ley. Honradas familias, pequeñas empresas arruinadas por unos sirvergüenzas que han usurpado su propiedad. Los presentadores y tertulianos, rendidos ante la valentía de Desokupa, piden mano dura y vuelven a entrevistar a Esteve la semana siguiente. Pero lo que sucedió en Gijón rompe con este relato y da que pensar sobre las derivas que pueden tener estas “empresas de mediación” en los próximos años.
El sábado día 13 por la mañana—casualidad o no, dos días después de
la marcha de Barcelona —José Ramos y sus dos muchachos empezaron a
quemar el timbre del chalet ubicado en el número 153 del Camino de Los
Olmos. Felipe Palacios, hijo de los propietarios del
terreno y único residente en el chalet, se asomó a la ventana y escuchó
que le gritaban “okupa” y le “exigían que bajara, diciéndome que querían
hablar conmigo”. De este modo alcanzó su cénit lo que, según Palacios,
han sido “años de intimidaciones” por parte de la promotora inmobiliaria
Avintia.
“Solo pedimos un precio justo”
Esta compañía madrileña anunció a comienzos de 2019 su intención de invertir más de 30 millones de euros en la construcción de una exclusiva urbanización de lujo, con más de un centenar de viviendas, en unos terrenos entre Somió y la Playa de San Lorenzo. “Avintia San Lorenzo 20” es el nombre del proyecto que empezó sus obras en abril de 2022 y que en junio de ese mismo año, según la empresa, ya había vendido el 90% de las viviendas, la más cara de ellas por 776.500 euros más IVA. Avintia es propietaria de unos dos tercios de los terrenos siendo todo lo demás del ayuntamiento de Gijón, a excepción de un pequeño porcentaje de la familia Palacios.
Cuando se empezó a proyectar la promoción, se formó una Junta de Compensación integrada por los tres propietarios de los terrenos para llegar a un acuerdo acerca de la tasación y venta de los mismos. Es en este momento cuando empieza el conflicto entre la promotora y Baltasar Palacios, médico de 77 años aún en activo y exconcejal del Partido Popular en el ayuntamiento.
“En su momento les valoraron la vivienda como si se valora con un dron: tantos metros, tal sitio, tanto”, cuentan fuentes cercanas a la familia, “pero la vivienda hay que visitarla, porque tenía un valor. Ellos estaban en desacuerdo con esa valoración, y así lo manifestaron. Pero este hombre, en vez de recurrirlo, lo manifestó y pensó que era suficiente, y a eso se acogió Avintia. Están empeñados en que venda, y no tiene por qué vender”.
Ahí comienzan las presiones y el “avasallamiento”, tal y como declaró el propio Palacios a El Comercio, por parte de Javier Villamandos, el gerente de Avintia en Asturias. El médico y su esposa, ya mayores, abandonaron la vivienda hace unos meses para alejarse de la presión: “Yo quería pasar el final de mis días tranquilo en la casa en la que vivieron antes mi madre y mi tía y ahora nos quieren sacar a degüello y por cuatro perras. Estamos en medio de una guerra fría y sucia y yo ya no tengo fuerzas. Tengo informes que me tasan la propiedad familiar en 550.000 y 600.000 euros. Solo pedimos un justiprecio para irnos”, le dijo Palacios al citado periódico.
Pero su hijo se niega a dejar la vivienda, y asegura que, desde el verano, vive “sin fibra óptica, teléfono ni Internet, porque nos lo cortaron”. También dice que le llegaron a cortar el agua, y que le construyeron frente a su puerta una zanja que le impedía salir de casa. Tras meses de negociaciones infructuosas, se levanta un sábado por la mañana y se encuentra a tres armarios vestidos de negro y cubiertos de tatuajes que le silban encaramados a la valla de su jardín.
El Ayuntamiento ni confirma ni desmiente
OkupAcción, empresa radicada en Zaragoza, sostuvo desde su llegada a Gijón que actuaba en nombre de la Junta de Compensación. Esta entidad está controlada principalmente por Avintia, propietaria mayoritaria de los terrenos, pero también, y en una proporción considerable, por el Ayuntamiento de Gijón. El consistorio no se ha pronunciado para desmentir las afirmaciones de OkupAcción, por lo que cabe suponer que aprobó, o al menos consintió, la contratación de esta empresa para presionar a los propietarios. “El ayuntamiento no ha dicho ni pío sobre esto”, denuncia una persona cercana a la familia Palacios, “y sería muy gordo que haya accedido a contratar a estos matones”.
“Mi empresa siempre actúa en base a la legalidad”, dice José Ramos, presidente de OkupAcción al otro lado del teléfono, “trabajamos con la documentación al día para demostrar de quién es la propiedad”. La compañía la componen personas especializadas “en la seguridad personal, organización y coordinación de grandes eventos”, como se lee en su web.
“Nosotros no reclamamos cantidades que se adeudan”, detalla su presidente, “sino que mediamos en el conflicto para que los individuos abandonen la vivienda en el menor tiempo posible”. Para cerrar un contrato exigen las escrituras de propiedad de la casa a desokupar, la llave del portal y “un servicio mínimo de contratación de 3500 euros”.
Ramos insiste en que todas las intervenciones de su empresa están respaldadas por la legalidad y que cuentan con un gabinete jurídico que supervisa todas sus actuaciones: “Solo entiendo una forma de hacer las cosas: bien. Bien para tener fuerza, y aún así, mira. Los inquilinos tienen mucha fuerza en este país, y más que van a tener como aprueben ciertas normativas. Como acrediten que son vulnerables…Y lo acreditan bien, ¿cómo? No lo sé, pero lo acreditan”.
Mientras tanto, el hijo de la familia propietaria anuncia que está preparando una demanda contra OkupAcción por los posibles delitos de extorsión—“tuvo que intervenir la policía porque estaban impidiendo el paso de mis padres a casa” —y de falsedad documental: “No sé qué documentos trajeron estos señores, pero no hay ninguna sentencia ni nada que diga que yo estoy aquí de okupa. Yo todavía no he pisado un juzgado. Que me demanden los de Avintia por okupa, pero es que igual no les resulta tan fácil si no es falsificando documentos”.
La resolución del conflicto se aleja. “La solución a corto plazo, difícil. Por nuestra parte ese acuerdo no va a llegar”, advierten desde el entorno de su familia. “La presencia de este grupo de matones ha sido contraproducente”, continúa, “usted si quiere va al juzgado y solicita 100 millones de euros en daños y perjuicios, pero de ahí a que contrate a tres boxeadores…Porque somos ya mayorinos para que los llamen negociadores. Me parece ridículo ese proceder de Avintia”.
La promotora, por el momento, ha ordenado a sus tropas que se replieguen para intentar apaciguar los ánimos. Parece que será solo una tregua:
—Voy a tener que ir a Asturias unas cuantas veces—se despide el jefe de OkupAcción." ( Bernardo Álvarez
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