"En este bloque solo quedamos dos vecinas de renta antigua, el resto son gente de paso, que dura uno o dos años. Yo supongo que el dueño, cuando nos muramos las viejas, pues venderá o arreglará o lo que sea. De momento solo hace lo justo, pero ya habéis visto como está el vestíbulo, o las escaleras, que con mi rodilla tengo que bajar de espaldas”. Lo explica una vecina de una zona cercana a la calle Alhambra, en el barrio de Lucero, distrito de La Latina. “Si sube el alquiler yo no me entero, claro”, añade. El resto de la finca, los vecinos nuevos, dos familias migrantes y una pareja de trabajadores jóvenes que se no se conocen entre sí, pagan menos según antigüedad: los que llevan dos años no llegan a 700 euros, los que ya están desde hace uno y pico pagan 750, y el nuevo, en el bajo, con un piso más pequeño que el resto, 850.
El movimiento vecinal en Madrid lleva varios años defendiendo el derecho a la vivienda casi casa a casa, como se ha visto en las movilizaciones de Lavapiés o Puerta del Ángel. Ahora el objetivo es adelantarse a fondos buitres e inmobiliarias y crear tejido en los barrios hacia los que puede expandirse la especulación. El Sindicato de Inquilinas de Puerta del Ángel ha empezado a visitar con sus Brigadas Inquilinas el barrio vecino previniendo irrupciones como las de Madlyn, el fondo de inversión con más de 30 inmuebles en la zona de Paseo de Extremadura que aterrizó en 2018 y cuyas consecuencias sufren ahora en la gentrificación del barrio.
“En este bloque todos somos familia, o casi”, explica el dueño de un bar en calle estrecha, de las que recuerdan los orígenes de Lucero como chabolismo reconvertido en viviendas sociales en los 50. “Aquí hay muchos bloques donde antes estaba la casita baja y la misma familia la tiró y construyó. En la primera planta un hermano, en la siguiente otro… El bar lo he heredado de mi abuelo y de mi padre, que eran amigos de ellos, y el alquiler que pago es casi simbólico, en la pandemia no me querían cobrar y yo me empeñé. Pero ya veis como comercios por aquí, pocos. En nada de tiempo se han ido cerrando y convirtiendo en viviendas en bajo”.
La Brigada Inquilina del pasado domingo 2 de junio empezó con la presencia de la Policía Nacional. Los voluntarios del sindicato apenas llegaban a 12 personas, pero la Delegación del Gobierno había tenido constancia de la convocatoria por redes y los agentes acudían a comprobar si se trataba de una concentración sin permiso. Tras unos minutos, toman el DNI de una de las responsables y se marchan.
El grupo se divide: dos equipos de seis, y, dentro de estos, divisiones de tres en tres. Llamar a los portales, presentarse, pedir permiso. Se reparten folletos explicativos presentando al sindicato y dejando el contacto. Mucha gente no abre o no está, que es domingo por la mañana y hace buen tiempo, otros se hacen los locos, “Todo está bien, pagamos poco, 750 euros por dos habitaciones”. El que más y el que menos acaba preguntando cómo presionar para que se hagan reformas, como la del ascensor, una necesidad común en muchos bloques de los 60 ó 70 en los que viven personas mayores y familias apuntando a numerosas: “Aquí hace unos años se dijo que lo iban a poner, pero luego la gente mayor se fue y se dejó de hablar del asunto”.
“Esos dos bajos antes eran comerciales y ahora son turísticos. El vecino nos ha contado que ven salir y entrar gente diferente según la semana. Nos ha contado también que le quisieron subir de 600 a 800 euros el alquiler y amenazó al casero con quedarse de ocupa para conseguir que se quedase en 700”, explica uno de los sindicalistas a El Salto. Los bajos no aparecen en AirBnb o plataformas similares, tampoco en la lista de pisos turísticos autorizados presentada recientemente por el Ayuntamiento de Madrid. Toman nota, porque algunas plataformas de alquiler vacacional no suelen indicar la dirección exacta.
“Al casero no lo tratamos directamente, sabemos que es un particular, esto antes lo llevaba un gestor y ahora es un agencia”, comentan en otro bloque de pisos. Una vecina explica que ella está “muy contenta, pago mucho menos que en San Blas, donde vivía antes, y el casero nos hace caso cuando pedimos lo que sea. Además, para todos son las mismas reglas, en este bloque se paga lo mismo en casas del mismo tamaño”. Dos puertas más a la derecha, en la misma calle, le consta que los alquileres ya doblan a los suyos: “Vayan a preguntar allá”.
El perfil de Lucero parece el paso previo a lo que se está viviendo en Puerta del Ángel. Aún no han aterrizado los fondos, ni tampoco de manera masiva las inmobiliarias -aunque en un par de bloques identifican avisos y comunicaciones con el logo de algunas de las empresas que están instaladas en el Paseo de Extremadura-, pero el perfil de los bloques es el del deterioro. Personas mayores, personas migrantes que no conocen sus derechos o con pocos recursos y arraigo para reclamar por ellos.
Javier Poveda, de la Asociación de Vecinos de Lucero, explica a El Salto que “presentimos la aparición de la especulación, pero todavía no nos han llegado quejas directas”. No obstante “estamos muy atentos y preocupados” por lo que ven en barrios vecinos. Les preocupan “los edificios que son propiedad de una sola persona, familia o empresa, por su adquisición completa por una de esas compañías de inversión. La subida de los alquileres se nota, además y la preocupación está ahí, pero nos llega más por vivir el día a día del barrio que por quejas directas a la asociación de vecinos”. El Sindicato de Inquilinas apunta al mismo perfil, y esta primera batida de las Brigadas Inquilinas apuntó a los edificios de propiedad vertical.
Como muchos barrios obreros de Madrid, Lucero surgió en la posguerra como chabolismo habitado por migrantes que llegaban del resto de España para trabajar y delimitado por las antiguas vías de tren que recorrían lo que en la actualidad es la Calle Sepúlveda. A partir de finales de los 50 las autoridades franquistas iniciaron un proceso de renovación del barrio que implicó derribar las chabolas y sustituirlas por viviendas sociales. Eran casas de tres habitaciones, con cocina que hacía las veces de comedor y cuarto de baño, en unos 40 metros cuadrados. Hasta los 70 existió la figura del inquilino titular y el inquilino agregado, de manera que dos familias compartían casa en algunos casos. Las antiguas “casas terreras” ahora propiedades verticales familiares son herederas de estas.
“Cuando ves una puerta con los cristales rotos ya te indica un poco lo que puede estar pasando en un bloque”, comentan las voluntarias del sindicato de inquilinas. “Nos hemos encontrado algún caso de manual, de familia con persona dependiente a las que no le arreglan los accesos ya amenazan con subirles el alquiler 200 euros”. En otra de esas rondas, unas pocas corralas de viviendas de 50 metros cuadrados, con cuatro plantas y sin ascensor, de los años 70, rodean unos bloques de pisos más modernos, con patios, terrazas y una piscina en medio." (José A. Cano, El Salto, 05/06/24)
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