"Más de 50 días después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitiera su histórica Opinión Consultiva, declarando ilegal la ocupación israelí del territorio palestino, los expertos de la ONU* advierten de que el edificio del derecho internacional se encuentra en el filo de la navaja, ya que la mayoría de los Estados no toman medidas significativas para cumplir con sus obligaciones internacionales reafirmadas en la sentencia. Un grupo de expertos emitió la siguiente declaración, en la que proponía a los Estados medidas concretas para garantizar el cumplimiento del dictamen de la CIJ y del derecho internacional:
«Han pasado más de 50 días desde que la Corte Internacional de Justicia emitió una Opinión Consultiva histórica. La CIJ declaró que la ocupación israelí del territorio palestino, que abarca Cisjordania, incluido Jerusalén Este, y la Franja de Gaza, es ilegal en virtud del derecho internacional y subrayó que las acciones de Israel equivalen a una anexión. El dictamen señalaba que las acciones de Israel incluyen traslados forzosos, discriminación racial y segregación o apartheid, y una violación del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Especialmente alarmante es el impacto de estas violaciones en generaciones de niños palestinos, y los efectos desproporcionados sobre las mujeres, las personas con discapacidad y las personas mayores.
«Han pasado más de 50 días desde que la Corte Internacional de Justicia emitió una Opinión Consultiva histórica. La CIJ declaró que la ocupación israelí del territorio palestino, que abarca Cisjordania, incluido Jerusalén Este, y la Franja de Gaza, es ilegal en virtud del derecho internacional y subrayó que las acciones de Israel equivalen a una anexión. El dictamen señalaba que las acciones de Israel incluyen traslados forzosos, discriminación racial y segregación o apartheid, y una violación del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Especialmente alarmante es el impacto de estas violaciones en generaciones de niños palestinos, y los efectos desproporcionados sobre las mujeres, las personas con discapacidad y las personas mayores.
El Tribunal ha reafirmado que la realización de la autodeterminación no puede dejarse en manos de negociaciones bilaterales entre dos partes desiguales y asimétricas: el ocupante y el ocupado. Ha pedido a Israel que cese inmediatamente sus actividades ilegales de asentamiento y se retire de estas zonas lo antes posible. Y lo que es más importante, el Tribunal dio instrucciones inequívocas sobre las responsabilidades de los Estados y las organizaciones internacionales en relación con la ocupación ilegal de Israel.
A pesar de estas firmes indicaciones, los Estados siguen paralizados ante el cambio sísmico que representa la sentencia del Tribunal y parecen no querer o no poder tomar las medidas necesarias para cumplir con sus obligaciones.
A pesar de estas firmes indicaciones, los Estados siguen paralizados ante el cambio sísmico que representa la sentencia del Tribunal y parecen no querer o no poder tomar las medidas necesarias para cumplir con sus obligaciones.
Los devastadores ataques contra palestinos en todo el territorio palestino ocupado demuestran que, al seguir haciendo la vista gorda ante la terrible situación del pueblo palestino, la comunidad internacional está fomentando la violencia genocida. Gaza sigue asediada y sometida a intensos bombardeos, con ataques rutinarios contra viviendas, escuelas, hospitales y campos de desplazados densamente poblados que dan cobijo a miles de personas. El alcance de la destrucción y contaminación medioambientales resultantes en Gaza aún no se ha evaluado por completo. La escala de destrucción del paisaje y el tejido urbano palestinos, incluidas escuelas y universidades, hospitales, las violaciones de la vivienda, la tierra y la propiedad, la contaminación y degradación del medio ambiente y la explotación de los recursos naturales, es extrema en Gaza y se extiende por el resto del territorio ocupado, dando lugar a acusaciones de domicidio, urbicidio, escolasticidio, medicidio, genocidio cultural y, más recientemente, ecocidio.
La violencia extrema y la intimidación contra los palestinos en Cisjordania, y los asaltos militares contra las ciudades de Yenín, Nablús, Tulkarem Tubas, y en las zonas rurales, donde los palestinos practican el pastoreo, se están intensificando.
Los Estados deben actuar ya. Deben escuchar las voces que les piden que tomen medidas para detener los ataques de Israel contra los palestinos y poner fin a su ocupación ilegal. Todos los Estados tienen la obligación legal de cumplir la sentencia de la CIJ y deben promover la adhesión a las normas que protegen a los civiles. Por lo tanto, los Estados deben:
La violencia extrema y la intimidación contra los palestinos en Cisjordania, y los asaltos militares contra las ciudades de Yenín, Nablús, Tulkarem Tubas, y en las zonas rurales, donde los palestinos practican el pastoreo, se están intensificando.
Los Estados deben actuar ya. Deben escuchar las voces que les piden que tomen medidas para detener los ataques de Israel contra los palestinos y poner fin a su ocupación ilegal. Todos los Estados tienen la obligación legal de cumplir la sentencia de la CIJ y deben promover la adhesión a las normas que protegen a los civiles. Por lo tanto, los Estados deben:
1/ Revisar inmediatamente todas las interacciones diplomáticas, políticas y económicas con Israel para garantizar que no apoyan ni proporcionan ayuda o asistencia a su presencia ilegal en el territorio palestino ocupado.
2/ Abstenerse de reconocer o tomar medidas para revertir cualquier reconocimiento de cualquier cambio en el carácter físico o la composición demográfica, la estructura institucional o el estatus del territorio palestino ocupado, incluso en sus relaciones convencionales con Israel, y mientras actúen como miembros de organizaciones internacionales.
3/ Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que el pueblo palestino del territorio palestino ocupado pueda ejercer y realizar plenamente su derecho a la autodeterminación, incluido el reconocimiento del Estado de Palestina.
4/ Imponer un embargo total de armas a Israel, deteniendo todos los acuerdos, importaciones, exportaciones y transferencias de armas, incluidos los productos de doble uso que puedan utilizarse contra la población palestina bajo ocupación.
5/ Prohibir la entrada en su territorio y en sus mercados de bienes y servicios procedentes tanto de la colonización del territorio palestino ocupado como de otras actividades ilegales que puedan ir en detrimento de los derechos de los palestinos, y tomar medidas para etiquetar y permitir los bienes y servicios procedentes de personas y entidades palestinas en territorio ocupado.
6/ Cancelar o suspender las relaciones económicas, los acuerdos comerciales y las relaciones académicas con Israel que puedan contribuir a su presencia ilegal y a su régimen de apartheid en los territorios palestinos ocupados.
7/ Imponer sanciones, incluida la congelación de activos, a las personas y entidades israelíes, incluidas empresas, corporaciones e instituciones financieras, implicadas en la ocupación ilegal y el régimen de apartheid, así como a cualquier entidad extranjera o nacional y a las personas sujetas a su jurisdicción que suministren bienes y servicios que puedan ayudar, asistir o permitir la ocupación y el apartheid.
8/ Impedir a todos sus ciudadanos que posean doble nacionalidad con Israel que presten servicio en el ejército israelí o en otros servicios que contribuyan al régimen de ocupación y apartheid o que compren o alquilen propiedades en cualquier lugar del territorio palestino ocupado.
9/ Investigar y procesar a las personas sujetas a su jurisdicción que estén implicadas en delitos en los territorios palestinos ocupados, incluidos los ciudadanos con doble nacionalidad que presten servicio en el ejército israelí, incluidos los mercenarios o los implicados en la violencia de los colonos.
10/ Abolir la legislación y las políticas que criminalizan y penalizan la defensa de los derechos palestinos a la autodeterminación y la oposición no violenta a la ocupación y el apartheid de Israel, incluido el apoyo al movimiento de boicot, desinversión y sanciones (BDS).
11/ Difundir ampliamente las conclusiones de la Corte, garantizando que el estatus ocupado de Cisjordania, incluidos Jerusalén Este y la Franja de Gaza, y la ilegalidad de la presencia de Israel se reflejen en los documentos públicos y en los sistemas educativos.
12/ Presentar alegaciones ante la CPI para que investigue los crímenes internacionales incluidos en el dictamen de la CIJ.
13/ Convocar Asambleas Generales de los Estados Partes en virtud del Estatuto de Roma o del IV Convenio de Ginebra, para garantizar el pleno cumplimiento por todas las partes en Palestina e Israel del derecho internacional humanitario y del derecho penal internacional.
14/ Garantizar la plena protección de los palestinos, especialmente de las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas mayores, estableciendo una presencia protectora y garantizando el acceso pleno y seguro de los expertos y mecanismos independientes encargados de vigilar e investigar las violaciones de derechos humanos y los crímenes internacionales en el territorio palestino ocupado.
Es necesaria una acción decisiva. Ante la irresponsable inacción de la mayoría de los gobiernos, corresponde ahora a las organizaciones de la sociedad civil y a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos movilizarse y pedir a sus Estados que cumplan la histórica Opinión Consultiva de la CIJ. Ha llegado el momento de llamar a las puertas de todos los dirigentes políticos y ministerios responsables de todo el mundo para poner fin a la ocupación ilegal, el apartheid, la opresión y la agresión de Israel contra el pueblo palestino y, en última instancia, garantizar la verdad, la justicia y la rendición de cuentas. Se lo debemos especialmente a las mujeres y los niños, que se han visto desproporcionadamente afectados por la actual catástrofe.
No actuar ahora pone en peligro todo el edificio del derecho internacional y del Estado de derecho en los asuntos mundiales.
El mundo está en el filo de la navaja: O avanzamos colectivamente hacia un futuro de paz justa y legalidad, o nos precipitamos hacia la anarquía y la distopía, y hacia un mundo en el que el poder hace el derecho».
No actuar ahora pone en peligro todo el edificio del derecho internacional y del Estado de derecho en los asuntos mundiales.
El mundo está en el filo de la navaja: O avanzamos colectivamente hacia un futuro de paz justa y legalidad, o nos precipitamos hacia la anarquía y la distopía, y hacia un mundo en el que el poder hace el derecho».
*The experts: Francesca Albanese, Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian Territory occupied since 1967; Balakrishnan Rajagopal, Special Rapporteur on the Right to Adequate Housing; Tlaleng Mofokeng, Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health; Farida Shaheed, Special Rapporteur on the right to education; George Katrougalos, Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable international order, Nicolas Levrat, Special Rapporteur on Minority Issues; Cecilia M Bailliet, Independent Expert on human rights and international solidarity; Irene Khan, Special Rapporteur on the right to freedom of opinion and expression; Gina Romero, Special Rapporteur on the Rights to Freedom of Peaceful Assembly and of Association; Tomoya Obokata, Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its causes and consequences; Alexandra Xanthaki, Special Rapporteur in the field of cultural rights, Heba Hagrass, Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities; Ashwini K.P. Special Rapporteur on contemporary forms of racism, xenophobia and related intolerance; Olivier De Schutter, Special Rapporteur on extreme poverty and human rights; Pedro Arrojo Agudo, Special Rapporteur on the human rights to safe drinking water and sanitation; Paula Gaviria Betancur, Special Rapporteur on the human rights of internally displaced persons; Michael Fakhri, Special Rapporteur on the right to food; Reem Alsalem, Special Rapporteur on violence against women and girls, its causes and consequences; Marcos A. Orellana, Special
Rapporteur on the implications for human rights of the environmentally
sound management and disposal of hazardous substances and wastes, Richard Bennett, Special Rapporteur on the situation of human rights in Afghanistan, Barbara G. Reynolds (Chair), Bina D’Costa, Dominique Day, Working Group of Experts on People of African Descent; Mary Lawlor, Special Rapporteur on the situation of human rights defenders; Ms.
Fernanda Hopenhaym (Chairperson), Ms. Pichamon Yeophantong, Mr.
Damilola Olawuyi, Mr. Robert McCorquodale and Ms. Lyra Jakulevičienė, Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises; Laura Nyirinkindi (Chair), Claudia Flores (Vice-Chair), Dorothy Estrada Tanck, Ivana Krstić, and Haina Lu, Working group on discrimination against women and girls; Geneviève Savigny, chair-rapporteur, Carlos Duarte, Uche Ewelukwa, Shalmali Guttal, Davit Hakobyan, Working Group on the rights of peasants and other people working in rural areas
Los Relatores Especiales, Expertos Independientes y Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual."
(ONU, Oficina del Alto Comisionado, 18/09/24)
"(...) Medidas de presión que pueden aplicarse y no se ha hecho
El nivel de impunidad israelí es de tal envergadura que las bases del derecho internacional están saltando por los aires. Así lo han advertido estos días relatores independientes de Naciones Unidas, en un informe que indica que “el edificio de la ley internacional pende de un hilo” y que, con su indiferencia, “la comunidad internacional está fomentando la violencia genocida”. En él piden a los Estados miembros de la ONU que adopten de inmediato catorce medidas de presión.
Sus recomendaciones están basadas en la orden consultiva emitida el pasado mes de julio por la Corte Internacional de Justicia, que exige el fin de la ocupación ilegal israelí de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Además, la Corte indica a los Estados miembros que no deben iniciar o continuar “relaciones comerciales o de inversión” que contribuyan a mantener dicha ocupación. Dos meses y medio después de este dictamen, EEUU y los países europeos siguen sin cumplir su mandato.
Ante ello, los relatores independientes de la ONU recuerdan que los Estados deberían, entre otras cosas, imponer un embargo de armas total a Israel, lo que supone “detener todos los acuerdos, importaciones, exportaciones y transferencias de armamento” y “revisar inmediatamente todas las relaciones políticas, diplomáticas y económicas con Israel para asegurarse de que no están apoyando o proporcionando ayuda o asistencia a su presencial ilegal en el territorio ocupado palestino”.
Además, señalan como deber “la suspensión de relaciones económicas, acuerdos comerciales y relaciones académicas con Israel que puedan contribuir a su ocupación ilegal y régimen de apartheid”. También solicitan “sanciones y congelación de activos a personas y entidades israelíes, incluidas empresas, corporaciones e instituciones financieras, involucradas en la ocupación ilegal y el régimen de apartheid” y piden a los países medidas para impedir que sus ciudadanos con doble nacionalidad “sirvan en el Ejército israelí o en otros servicios que contribuyen a la ocupación y al régimen de apartheid, o compren o alquilen propiedades en cualquier lugar del territorio palestino ocupado”.
Este pronunciamiento de los relatores de la ONU llega casi al mismo tiempo que una resolución de la Asamblea General de la ONU, aprobada hace unos días por gran mayoría, e inspirada por el dictamen de la Corte Internacional de Justicia. En ella la Asamblea exige el fin de la ocupación ilegal israelí en un plazo máximo de doce meses y sanciones a los responsables de dicha ocupación y a las personas físicas y juríficas que contribuyan a ella.
Además, pide a los países miembros de Naciones Unidas que dejen de importar productos originarios de asentamientos israelíes y que adopten medidas para suspender el comercio y las inversiones que contribuyan a la ocupación de Israel en los territorios palestinos. Ningún país europeo cumple actualmente con este punto, ni siquiera los doce de la Unión Europea que votaron a favor de la resolución, España entre ellos. Otros trece miembros de la UE se abstuvieron, y dos votaron en contra. En total, los votos a favor fueron 124.
Para ello, pide específicamente el cese de la importación de cualquier producto originario de los asentamientos israelíes y solicita sanciones contra las personas físicas y jurídicas que contribuyan al mantenimiento de la ocupación ilegal de Israel en territorio palestino.
Cuando Netanyahu insultó a la ONU el pasado viernes, calificándola de “pantano antisemita”, estaba contestando a esa resolución. Las resoluciones de la Asamblea General no son legalmente vinculantes, pero tienen gran peso político. Fue en la Asamblea de Naciones Unidas donde se aprobó el plan de partición de Palestina en 1947. Israel lleva décadas incumpliendo varias resoluciones vinculantes y no vinculantes de la ONU, sin que haya habido consecuencias. Sabe que puede hacerlo, porque EEUU se lo ha permitido siempre, con protección y ayuda.
“Es muy sencillo. Si no se quiere que alguien haga algo, no se dan los medios para hacerlo. Por lo tanto, hay que concluir que el Gobierno de Estados Unidos no tiene objeciones a lo que Israel ha estado haciendo durante el último año”, ha indicado este fin de semana el analista y profesor de Relaciones Internacional de la Universidad de Harvard, Stephen Walt, tras los bombardeos israelíes contra Beirut y el asesinato de Nasrallah.
Dijo el escritor Albert Camus que hay épocas en las que toda indiferencia es criminal. En tiempos de genocidio, la falta de presión contribuye y facilita la perpetuación de la impunidad. Por eso son importantes la movilización de la calle y las preguntas incómodas desde el periodismo. Cuando se retiren todos los escombros de Gaza y de Beirut, se descubrirán, entre ellos, los restos del orden internacional basado en reglas."
El nivel de impunidad israelí es de tal envergadura que las bases del derecho internacional están saltando por los aires. Así lo han advertido estos días relatores independientes de Naciones Unidas, en un informe que indica que “el edificio de la ley internacional pende de un hilo” y que, con su indiferencia, “la comunidad internacional está fomentando la violencia genocida”. En él piden a los Estados miembros de la ONU que adopten de inmediato catorce medidas de presión.
Sus recomendaciones están basadas en la orden consultiva emitida el pasado mes de julio por la Corte Internacional de Justicia, que exige el fin de la ocupación ilegal israelí de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Además, la Corte indica a los Estados miembros que no deben iniciar o continuar “relaciones comerciales o de inversión” que contribuyan a mantener dicha ocupación. Dos meses y medio después de este dictamen, EEUU y los países europeos siguen sin cumplir su mandato.
Ante ello, los relatores independientes de la ONU recuerdan que los Estados deberían, entre otras cosas, imponer un embargo de armas total a Israel, lo que supone “detener todos los acuerdos, importaciones, exportaciones y transferencias de armamento” y “revisar inmediatamente todas las relaciones políticas, diplomáticas y económicas con Israel para asegurarse de que no están apoyando o proporcionando ayuda o asistencia a su presencial ilegal en el territorio ocupado palestino”.
Además, señalan como deber “la suspensión de relaciones económicas, acuerdos comerciales y relaciones académicas con Israel que puedan contribuir a su ocupación ilegal y régimen de apartheid”. También solicitan “sanciones y congelación de activos a personas y entidades israelíes, incluidas empresas, corporaciones e instituciones financieras, involucradas en la ocupación ilegal y el régimen de apartheid” y piden a los países medidas para impedir que sus ciudadanos con doble nacionalidad “sirvan en el Ejército israelí o en otros servicios que contribuyen a la ocupación y al régimen de apartheid, o compren o alquilen propiedades en cualquier lugar del territorio palestino ocupado”.
Este pronunciamiento de los relatores de la ONU llega casi al mismo tiempo que una resolución de la Asamblea General de la ONU, aprobada hace unos días por gran mayoría, e inspirada por el dictamen de la Corte Internacional de Justicia. En ella la Asamblea exige el fin de la ocupación ilegal israelí en un plazo máximo de doce meses y sanciones a los responsables de dicha ocupación y a las personas físicas y juríficas que contribuyan a ella.
Además, pide a los países miembros de Naciones Unidas que dejen de importar productos originarios de asentamientos israelíes y que adopten medidas para suspender el comercio y las inversiones que contribuyan a la ocupación de Israel en los territorios palestinos. Ningún país europeo cumple actualmente con este punto, ni siquiera los doce de la Unión Europea que votaron a favor de la resolución, España entre ellos. Otros trece miembros de la UE se abstuvieron, y dos votaron en contra. En total, los votos a favor fueron 124.
Para ello, pide específicamente el cese de la importación de cualquier producto originario de los asentamientos israelíes y solicita sanciones contra las personas físicas y jurídicas que contribuyan al mantenimiento de la ocupación ilegal de Israel en territorio palestino.
Cuando Netanyahu insultó a la ONU el pasado viernes, calificándola de “pantano antisemita”, estaba contestando a esa resolución. Las resoluciones de la Asamblea General no son legalmente vinculantes, pero tienen gran peso político. Fue en la Asamblea de Naciones Unidas donde se aprobó el plan de partición de Palestina en 1947. Israel lleva décadas incumpliendo varias resoluciones vinculantes y no vinculantes de la ONU, sin que haya habido consecuencias. Sabe que puede hacerlo, porque EEUU se lo ha permitido siempre, con protección y ayuda.
“Es muy sencillo. Si no se quiere que alguien haga algo, no se dan los medios para hacerlo. Por lo tanto, hay que concluir que el Gobierno de Estados Unidos no tiene objeciones a lo que Israel ha estado haciendo durante el último año”, ha indicado este fin de semana el analista y profesor de Relaciones Internacional de la Universidad de Harvard, Stephen Walt, tras los bombardeos israelíes contra Beirut y el asesinato de Nasrallah.
Dijo el escritor Albert Camus que hay épocas en las que toda indiferencia es criminal. En tiempos de genocidio, la falta de presión contribuye y facilita la perpetuación de la impunidad. Por eso son importantes la movilización de la calle y las preguntas incómodas desde el periodismo. Cuando se retiren todos los escombros de Gaza y de Beirut, se descubrirán, entre ellos, los restos del orden internacional basado en reglas."
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