"Desde principios de 2023, Francia se ha visto sacudida por el tipo de agitación social por el que es famosa (...) contra la reforma, que obligará a trabajar 43 años antes de la jubilación y elevará la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años. (...)
Pero, ¿en qué consiste la polémica? Según el gobierno, la reforma pretende evitar el deterioro de las finanzas públicas que se avecina, causado por el sistema de pensiones redistributivo de reparto, en el que los trabajadores pagan las pensiones de las generaciones mayores. Los franceses han demostrado su apego a este modelo desde principios del siglo XX y han salido en masa a defenderlo por última vez en 2019. Sin embargo, el Consejo Asesor de Pensiones (COR), un organismo independiente cuya experiencia es reconocida por todas las partes interesadas, no parece compartir el pesimismo del actual Gobierno francés sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. El pasado mes de septiembre, el COR estimó que en la mayoría de los escenarios previstos no se registraba una "evolución incontrolada del gasto en pensiones". En 2021, consideraba que las pensiones seguirían una "senda controlada" hasta 2070.
Aunque se prevén déficits menores y temporales en los próximos años, son principalmente el resultado de reformas anteriores que redujeron la financiación de la Seguridad Social. Según los expertos, se trata de una reforma "paramétrica" en la que intervienen tres variables: el importe de las cotizaciones patronales, el importe de las pensiones abonadas y el número de años cotizados. Para enjugar un déficit temporal a partir de 2027, el Gobierno decidió aumentar el número de años de trabajo necesarios para percibir la pensión pública completa.
Es probable que la reforma afecte de forma desproporcionada a dos de las categorías de asalariados más vulnerables: los que realizan trabajos agotadores (noción ya socavada por reformas anteriores) y las mujeres, cuyas carreras suelen estar más fragmentadas y peor remuneradas.
Privatización encubierta
Por razones tácticas, el gobierno afirma que esta reforma salvará las finanzas del país, exagerando la insostenibilidad de la deuda pública contraída para mitigar el impacto de la pandemia y la crisis energética. Al pasar por encima de la oposición popular y reducir la democracia al respeto de las disposiciones constitucionales, el gobierno ha socavado la legitimidad política de sus acciones. Sus llamamientos a la sostenibilidad financiera y al mantenimiento del sistema de reparto parecen perseguir otro objetivo: la financiarización encubierta.
A pesar de la insistencia en el aumento de la esperanza de vida (tendencia puesta en entredicho por la pandemia de Covid-19) como razón para aumentar la edad de jubilación, la reforma puede tener consecuencias nefastas para el mercado laboral. En Francia, donde la tasa de empleo de los trabajadores de más edad ya es de las más bajas de Europa, el principal efecto será alargar el periodo de precariedad que precede a la jubilación. Este será especialmente el caso de las mujeres (cuyas pensiones son más bajas por término medio) y de las personas con menos recursos. Tradicionalmente, el Estado francés se comprometía a corregir las desigualdades cuando eran demasiado pronunciadas. Esta reforma podría significar el fin del excepcionalismo francés.
La incertidumbre en torno a la cuantía de las pensiones y a la sostenibilidad del sistema a largo plazo alimenta una creciente ansiedad. Para asegurar sus pensiones, es probable que quienes dispongan de medios recurran al ahorro y a las pensiones privadas. Contra este insidioso intento de privatizar el sistema de pensiones, los manifestantes rodearon simbólicamente las oficinas parisinas de la sociedad de inversión estadounidense BlackRock el 6 de abril. La reforma es un caso de privatización por desfinanciación al estilo Chomsky: debilitar tanto el servicio público que los ciudadanos dejen de confiar en él, incitándoles así a recurrir a alternativas privadas.
Esta crisis democrática y social encierra dos lecciones importantes. En primer lugar, al empujar a las clases medias a dar gradualmente la espalda a la solidaridad nacional y al contrato social que ha sustentado la República Francesa durante dos siglos, el gobierno está reforzando las relaciones de dominación dentro de la sociedad. Cuando gran parte de la energía de la gente se gasta en mantener a raya la precariedad, no queda ninguna para desafiar el orden social, más aún cuando la doctrina cada vez más violenta de mantener el orden hace que la protesta sea tan peligrosa físicamente como costosa económicamente. Con una visión de la sociedad en la que todo lo que tienen que hacer los pobres es "cruzar la calle para encontrar un trabajo", el presidente francés Emmanuel Macron gobierna en lo alto de la pirámide.
Faraón a la antigua usanza, Macron encarna la Francia de la meritocracia, convencido de que el éxito y el poder provienen únicamente del talento. Como Monsieur Homais, el farmacéutico engreído del que se burlaba Flaubert en Madame Bovary, el Presidente muestra desprecio por la Francia de las trabajadoras de primera línea, las marchas sindicales y los gilets jaunes.
Como dice el historiador Paul Pasquali, Macron representa la Francia de la "heredocracia", segura de sus derechos, de sus antecedentes y de su futuro. En el darwinismo social que abraza, esta nueva aristocracia ve su dominación como el orden natural de las cosas. Los menos favorecidos merecen atención y consideración, pero sólo en forma de caridad que se les ofrece, no de derechos que deben ser respetados.
He aquí la segunda lección: ganada por la oposición o por el gobierno, la batalla en curso sobre las pensiones es la guerra de ayer. Reliquia del viejo mundo, sigue dependiendo de una visión paternalista del Estado y no tiene en cuenta el cambio cultural provocado por la revolución digital.
Las promesas incumplidas de la financiarización
La financiarización de las pensiones es una tendencia mundial. En Chile (mi país de origen), fue una de las políticas neoliberales estrella inspirada por los "Chicago Boys", pero no trajo nada de la emancipación y el enriquecimiento prometidos. Cuarenta años después, el trabajador medio apenas recibe el 30% de su salario al jubilarse, en lugar del 70% esperado; casi el 40% de los jubilados chilenos no dispone de un fondo de pensiones suficiente para vivir y los ingresos de la mayoría de los pensionistas son inferiores al salario mínimo. Para remediar estas graves deficiencias, el Estado tiene que intervenir, lo que supone una carga para las finanzas públicas. Los únicos que se beneficiaron de la privatización fueron los mercados de capitales y los gestores de fondos de pensiones.
Sin embargo, a pesar del riesgo de pérdidas que puso de manifiesto la crisis de las hipotecas de alto riesgo de 2008, los chilenos -como muchos otros en todo el mundo- parecen convencidos de que el sistema financiero les protegerá de un Estado que consideran corrupto y poco digno de confianza. Durante la pandemia de Covid-19, se aprobó una ley que permitía a los chilenos retirar parte de sus ahorros para pensiones, lo que les permitió capear individualmente las dificultades financieras provocadas por el repentino parón de la economía mundial.
En Alemania y Suecia, donde las reformas de las dos últimas décadas han aumentado el papel de los fondos de pensiones en la financiación de las rentas de jubilación, los más beneficiados han sido los más acomodados.
En un mundo en el que el poder de los gobiernos está limitado por los mercados y a menudo desacreditado por el comportamiento de quienes los dirigen, la clase media y parte de la clase trabajadora ven en la financiarización una alternativa creíble a los sistemas de solidaridad nacional. Al ofrecer una perspectiva de salvación individual, los fondos de pensiones son otra expresión de la creencia en la meritocracia. (...)
Las redes sociales y su poder de agregación facilitan la movilización colectiva esporádica, como en el caso de la Primavera Árabe y los gilets jaunes, y permiten a los ciudadanos organizarse en torno a causas compartidas. Pero la digitalización también ha acelerado la atomización de la sociedad. Los estudios ponen regularmente de relieve sus preocupantes consecuencias: cada vez estamos más replegados sobre nosotros mismos, prisioneros de un universo a la vez vasto y estrecho.
El trastorno de la era digital va más allá de las formas de pertenencia colectiva. Ha reducido el espacio y el tiempo, aplanando el mundo. Ha afectado a nuestras mentes, puntos de vista, realidades interiores, relaciones interpersonales y percepciones. La digitalización está en todas partes, incluida la economía: el 90% de los activos del S&P 500 (índice que sigue el rendimiento bursátil de 500 de las mayores empresas cotizadas en bolsa de Estados Unidos) son intangibles.
Luchas colectivas en la era digital
Este cambio no ha terminado. Pero es la razón por la que la oposición actual a la reforma francesa de las pensiones es a la vez necesaria y ya obsoleta: necesaria para evitar que la clase trabajadora, ya cansada, pague el precio más alto; obsoleta porque los sistemas fiscales y de seguridad social siguen organizados en torno al comercio y al valor añadido generado en un territorio, mientras que la mayor parte de la riqueza creada está fuera del alcance de los Estados nacionales. Debemos preguntarnos: ¿cómo permitir a los gobiernos captar la parte que les corresponde de esta riqueza? En una economía global dominada por los flujos (de finanzas, energía o contaminación) ya no podemos construir una base impositiva sobre stocks materiales como el valor añadido, el trabajo y la propiedad.
La idea de un impuesto sobre las transacciones financieras se viene barajando desde hace tiempo, pero ha tropezado desde el principio con numerosos obstáculos. La opacidad del sistema financiero internacional favorece a los bancos, las multinacionales, el crimen organizado, las agencias de inteligencia y los más ricos del mundo. Por eso, quizás ha llegado el momento de rediseñar el sistema. Las nuevas soluciones tecnológicas, como el blockchain, pueden permitir una mayor transparencia de todos los flujos financieros, que podrían entonces quedar bajo la jurisdicción de los Estados nacionales. Los cálculos de Marc Chesnay, uno de los inventores y defensores de este microimpuesto hecho a medida para la economía virtual, sugieren que incluso con un tipo bastante bajo aplicado a todas las transacciones financieras anuales en un país como Francia, se cubrirían todas las necesidades sociales.
Es hora de ir más allá de la mera oposición a reformas injustas. El papel, la organización y la financiación del Estado deben replantearse por completo en la era digital. Sólo entonces las luchas colectivas podrán por fin pasar de la resistencia desesperada a propuestas concretas para un mundo mejor." (Rodrigo Arenas, Brave New Europe, 22/05/23; traducción DEEPL)
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