"(...) Lejos de nuestra Primera Ministra pedir una mayor contribución fiscal a los que más tienen. Pasa cuidadosamente por alto a las empresas (del sector alimentario, farmacéutico, etc.) que inflan sus beneficios especulando con los precios. Absuelve a las empresas de su responsabilidad ante el empeoramiento de las condiciones humanas y materiales de millones de trabajadores, jóvenes y mujeres. Lanza una medida que, evidentemente, pretende cerrar la lucha por la renovación de los contratos vencidos, empezando por los de la función pública y el sector terciario. Abre una brecha aún más profunda entre los "desprotegidos" y las capas medias-bajas de la población, que temen descender en la escala social debido a la subida de los precios. Está optando deliberadamente por apoyar a los menos pobres, abandonando a su suerte a los que se encuentran en los escalones más bajos.
Así, con el decreto laboral, el gobierno de derechas baja los impuestos para las nóminas que no superan los 35.000 euros , pero al mismo tiempo recorta drásticamente el fondo para los beneficiarios de la "renta de ciudadanía" y desordena aún más las relaciones laborales, ya caracterizadas por la precariedad, las prácticas falsas y no remuneradas, los empleos a tiempo completo hechos pasar por empleos a tiempo parcial, las formas intolerables de discriminación y de servilismo. Este decreto requiere una respuesta política y social proporcional para contrarrestar el diseño político que lo sustenta, que conlleva graves riesgos para la democracia.
Lejos de nuestra Primera Ministra pedir una mayor contribución fiscal a los que más tienen. Pasa cuidadosamente por alto a las empresas (del sector alimentario, farmacéutico, etc.) que inflan sus beneficios especulando con los precios. Absuelve a las empresas de su responsabilidad ante el empeoramiento de las condiciones humanas y materiales de millones de trabajadores, jóvenes y mujeres. Lanza una medida que, evidentemente, pretende cerrar la lucha por la renovación de los contratos vencidos, empezando por los de la función pública y el sector terciario. Abre una brecha aún más profunda entre los "desprotegidos" y las capas medias-bajas de la población, que temen descender en la escala social debido a la subida de los precios. Está optando deliberadamente por apoyar a los menos pobres, abandonando a su suerte a los que se encuentran en los escalones más bajos.
Así, con el decreto laboral, el gobierno de derechas baja los impuestos para las nóminas que no superan los 35.000 euros , pero al mismo tiempo recorta drásticamente el fondo para los beneficiarios de la "renta de ciudadanía" y desordena aún más las relaciones laborales, ya caracterizadas por la precariedad, las prácticas falsas y no remuneradas, los empleos a tiempo completo hechos pasar por empleos a tiempo parcial, las formas intolerables de discriminación y de servilismo. Este decreto requiere una respuesta política y social proporcional para contrarrestar el diseño político que lo sustenta, que conlleva graves riesgos para la democracia.
En este esquema, el autoempleo -privilegiado sobre el trabajo asalariado- actúa como aglutinante de un sistema de relaciones sociales que sigue una jerarquía precisa. Los que parten de un determinado nivel de ingresos son los "de dentro"; los de abajo quedan excluidos, los "de fuera": en el mejor de los casos, pueden recoger las migajas, aspirar a vales de comida o a contratos casi esclavistas de 4 euros por hora. La consulta sobre la reforma institucional, destinada a proponer un presidente elegido directamente, del tipo "salvador de la patria", sienta las bases de un Estado neocorporativista y autoritario, garante del nuevo orden.
El Estado fiscal toma el relevo del Estado del bienestar. La Agencia Tributaria sigue siendo un poderoso instrumento de consenso y regulación: de ahí las amnistías, las rebajas fiscales, el impuesto único, la subvención de hasta el 60 por ciento de las cotizaciones a la Seguridad Social para los empresarios que contraten a jóvenes, la desgravación de hasta 3.000 euros por primas contratadas a nivel de empresa (fringe benefits). Lo mismo con las prebendas, primas, incentivos en todo.
Se supone que el dinero sustituye a unos servicios sociales eficientes. El tratamiento fiscal especial se extiende a nuevas categorías y grupos sociales, rompiendo todas las barreras entre lo público y lo privado. Así, a las enfermeras del sistema nacional de salud, cuyo salario medio está por debajo del 40% de la media europea, en lugar de cambiarles el contrato, ahora se les permitirá trabajar también en centros privados, lo que tendrá previsibles repercusiones negativas en el funcionamiento de los centros públicos. Y a muchos funcionarios y directivos, con contratos indefinidos, les resultará más cómodo optar por el autoempleo y beneficiarse así del impuesto (todo incluido) del 15 por ciento. La búsqueda de la mayor ganancia posible pagando los menores impuestos se está convirtiendo en la brújula por la que navegar en el mercado laboral.
La derecha está en el gobierno porque las clases privilegiadas han ganado "la guerra de los impuestos" (título de un gran libro de Vincenzo Visco, publicado por Laterza, que todo el mundo debería leer). Ya no hay progresividad ni equidad en el sistema. El sistema fiscal funciona ahora como una "sastrería" a la que acuden los grupos de presión y encargan prendas hechas a medida para determinados grupos sociales. Sin embargo, con una deuda que aumenta rápidamente hacia los tres billones, está surgiendo un problema objetivo de sostenibilidad, y es entonces cuando la izquierda tendrá que estar preparada. La "guerra fiscal" no acaba aquí." (Gaetano Lamanna, Il Manifesto global, 15/05/23)
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