"Detrás de la muerte de Nahel, la institución policial
Un nuevo caso de violencia policial mortal ha sacudido el país. En tales situaciones, las autoridades suelen preferir rebatir la veracidad de los hechos. Esta vez, un vídeo que mostraba las circunstancias de la muerte de Nahel y el revuelo que causó no pudieron ser ignorados. Se erigió una nueva barrera para proteger a la policía de las críticas: el acto violento en cuestión podía explicarse por una falta individual del policía que efectuó el disparo y de su colega.
Voces más críticas apuntan como causas fundamentales a un cambio en la ley que regula el uso de las armas de fuego y a la falta de formación de la policía. Como explica aquí Paul Rocher, autor del libro Que fait la police? (publicado por La Fabrique), el debate actual no capta las causas subyacentes de la violencia policial y del racismo que se encuentran en el corazón mismo del cuerpo de policía [Contretemps]
Cuando la ley pone en peligro a la población
La muerte de Nahel reabre trágicamente el debate sobre las personas asesinadas por agentes de policía en el contexto de lo que la narrativa policial presenta como una negativa a respetar la orden de la policía. Recopilando datos del Ministerio del Interior, un equipo de periodistas de Bastamag pudo demostrar que "los agentes de policía han matado cuatro veces más personas por negarse a obedecer órdenes en cinco años que en los veinte anteriores".
Por tanto, parece oportuno preguntarse por qué se ha producido este impresionante y relativamente reciente aumento de los tiroteos. Hace aproximadamente 5 años, en marzo de 2017, una nueva ley sobre seguridad interior flexibilizó el uso de las armas por parte de los agentes de policía. El texto autoriza a los agentes de policía y a los gendarmes a utilizar sus armas si no consiguen inmovilizar un vehículo "cuyos conductores no acaten la orden de detenerse y cuyos ocupantes puedan perpetrar, en su huida, un atentado contra su vida o su integridad física o la de otras personas".
La redacción de esta ley es notoriamente vaga: ¿cómo puede un agente de policía conocer razonablemente las intenciones de un conductor? Y es en esta vaguedad donde radica el problema. Un equipo de investigadores ha estudiado los efectos de esta ley de contornos difusos. Como resume uno de los coautores del estudio, "la ley que autoriza a los policías a disparar más a menudo da lugar a que... disparen más a menudo, y el número de homicidios policiales (media mensual) aumenta masivamente". Una ley de seguridad interior que reduce la seguridad pública sería casi cómica si no tuviera consecuencias dramáticas.
El elefante en la habitación: el racismo institucional
Al centrarse en el aumento de los tiroteos policiales tras un cambio en la ley, se corre el riesgo de pasar discretamente por alto un aspecto crucial de la muerte de Nahel y de tantas otras. Centrarse en los tiroteos -por importante que sea- tiende a situar el debate en un terreno a priori ciego ante la dimensión racial de la violencia policial. Sin embargo, las víctimas de los tiroteos no suelen ser blancas. Ante este hecho, el debate sobre la negativa a obedecer las órdenes de la policía es necesariamente un debate sobre el racismo policial, cuya existencia ha quedado sólidamente demostrada. En 2009, un estudio puso de relieve y cuantificó lo que los habitantes de los suburbios sabían desde hacía mucho tiempo:
"Dependiendo quien lo observaba, los negros tenían entre 3,3 y 11,5 veces más probabilidades que los blancos de ser controlados por la policía" y los árabes "tenían entre 1,8 y 14,8 veces más probabilidades que los blancos”[1].
La elaboración de perfiles raciales es una realidad. Diez años después, las conclusiones son las mismas. En 2019, el Defensor del Pueblo francés puso de manifiesto la existencia de "una discriminación sistémica que se traduce en la sobrerrepresentación de determinadas poblaciones inmigrantes y en prácticas despectivas en la realización de controles de identidad por parte de la policía"[2]. Estas prácticas sistémicas están tan arraigadas en el funcionamiento cotidiano de la institución que los agentes de policía no son necesariamente conscientes de ello.
Para comprender con claridad el alcance del racismo institucional, resulta instructivo el trabajo que el gran sociólogo británico Stuart Hall escribió específicamente para entender las revueltas en los barrios obreros británicos tras la intervención policial:
"En primer lugar, el racismo institucional no necesita individuos abiertamente racistas: el racismo se considera el resultado de un proceso social. [En segundo lugar, las normas de comportamiento racista] se llevan dentro de la cultura profesional de una organización y se transmiten de manera informal e implícita a través de su rutina, de sus prácticas cotidianas como parte indestructible del habitus institucional. El racismo de este tipo se convierte en rutina, en un hábito que se da por sentado. Es mucho más eficaz en las prácticas de socialización de los agentes de policía que la formación y los reglamentos formales. (...) Impide la existencia de una reflexividad profesional. Lejos de considerarse excepcional, este tipo de racismo involuntario se está convirtiendo en parte integrante de la definición misma del trabajo policial normal"[3].
En otras palabras, la definición de una buena labor policial comúnmente aceptada por la institución implica actuar partiendo del supuesto de que una persona no blanca es sospechosa.
La existencia de esta actitud se ve confirmada por una serie de estudios sobre el caso francés que abarcan varias décadas. En 2017, el trabajo del sociólogo Christian Mouhanna llegó a una conclusión muy similar a la de su colega René Lévy en 1987, quien afirmaba que las categorizaciones raciales "constituyen, por así decirlo, las herramientas del oficio y forman parte de ese conjunto de conocimientos prácticos que constituyen el trasfondo, el punto de referencia del trabajo policial"[4]. Esta literatura también muestra que "la sospecha policial actúa como una profecía autocumplida, es decir, ayuda a producir lo que se espera y, por tanto, confirma a los agentes de policía en su creencia en la relevancia de estas categorías"[5].
El poder de categorizar a la población, que la investigación pone de relieve, configura a su vez el uso de la fuerza. La policía es el único cuerpo al que se le reconoce la capacidad de determinar lo que se entiende por orden público y su opuesto, el desorden, justificando el uso de métodos coercitivos: el uso de un arma letal o no letal, o la movilización de otras prácticas de inmovilización[6]. El sociólogo Ralph Jessen señala que el criterio primordial para la intervención de un agente de policía es su evaluación de una situación; por tanto, las leyes y las normas sólo tienen una importancia secundaria, y las fuerzas del orden a menudo sólo tienen un conocimiento parcial de ellas[7].
A estas alturas, el alcance de la ley de 2017 está cada vez más claro. Al ampliar el ámbito del uso de las armas en función del juicio individual del agente de policía, inmerso él mismo en un entorno profesional impregnado de prejuicios racistas, esta ley expone especialmente a la parte no blanca de la población. Pero también está claro que el debate no puede centrarse únicamente en el uso de las armas de fuego, ya que la violencia policial no se limita a ellas.
Otra serie de estadísticas recopiladas por los periodistas de Bastamag muestra que de las 676 personas muertas como consecuencia de la acción policial entre 1977 y 2019, sólo el 60% fueron tiroteadas. Es más, la magnitud de la violencia policial va mucho más allá del caso más extremo de violencia mortal.
Una institución que transforma a los agentes
Aunque el racismo institucional es un hecho bien establecido en la investigación científica, si queremos comprender plenamente la violencia policial, debemos tener en cuenta otro rasgo específico de la policía, a saber, que se caracteriza por un extraordinario grado de aislamiento del mundo exterior y un formidable grado de cohesión interna. Desentrañemos este argumento en dos etapas.
En primer lugar, resulta que la mayoría de las personas que deciden convertirse en policías se caracterizan por una concepción puramente represiva de la profesión[8]. Así pues, la policía no atrae a una muestra representativa de la sociedad, sino a personas que destacan por su gusto por los medios autoritarios. Tras esta etapa inicial de autoselección, los policías son aislados aún más de la sociedad por la propia institución. Para comprenderlo, resulta útil estudiar la socialización profesional. Se trata de un doble proceso durante el cual el candidato adquiere las competencias técnicas y los conocimientos de la profesión, por un lado, y absorbe la visión de la sociedad que prevalece en el seno de la institución a la que se compromete, por otro.
Para aclarar la visión que prevalece en el seno de la institución policial, podemos utilizar los términos de un artículo científico según el cual los policías se ven a sí mismos como si vivieran en una "ciudadela sitiada", que une al grupo[9]. En otras palabras, los policías se sienten asediados por el resto de la sociedad. La formación de un espíritu de cuerpo se consigue por tanto mediante la construcción de un enemigo, y este proceso fomenta a su vez "un comportamiento excesivamente violento que sobrepasa los límites de la violencia legítima"[10]. Aunque el cuerpo de policía atrae a perfiles muy específicos, es sobre todo la institución policial, durante la socialización profesional, la que genera agentes muy unidos internamente y desconfiados, o incluso hostiles, hacia la sociedad.
Una vez sacado a la luz el funcionamiento interno de la institución policial, el argumento de que la violencia policial puede explicarse por una formación inadecuada, un periodo de formación demasiado corto y la reducción del umbral de elegibilidad de los aspirantes a la profesión policial pierde casi toda su fuerza. Aunque estos factores puedan desempeñar un papel marginal, el problema no reside principalmente en quienes acceden a la institución, sino en una institución que transforma a los agentes que trabajan en ella; un efecto que, como señala Hall, priva a la institución de toda capacidad autorreflexiva.
Pensar en la institución policial también permite, sin diluir la especificidad del racismo policial, comprender que el aumento de la violencia contra el movimiento obrero y el movimiento ecologista en la primavera de 2023 no procedió exclusivamente de quienes daban las órdenes al gobierno, sino del propio aparato policial. Más aún si se tiene en cuenta la expansión sin precedentes de las fuerzas policiales en los últimos 30 años.
En Que fait la police? demostramos que, en contra del mito generalizado de que la policía, como el resto de la función pública, ha sufrido la austeridad, de hecho, ha experimentado un aumento de recursos sin precedentes durante este periodo: +35% (muy superior al aumento de los recursos asignados a la educación durante el mismo periodo: 18%)[11]. El número de policías ha aumentado en proporciones similares. La última ley de programación del Ministerio del Interior, aprobada a finales de 2022, prevé ir aún más lejos, asignando casi 15.000 millones suplementarios en los próximos cinco años.
Esta evolución indica que la policía está materialmente en condiciones de ejercer un control sin precedentes sobre la sociedad. Entre otras cosas, esto se refleja en un contacto más regular con la población, lo que supone una oportunidad para que queden al descubierto los prejuicios que caracterizan a la institución.
Esto ayuda a explicar por qué los levantamientos que siguieron a la muerte de Nahel no se limitaron a Nanterre. También explica por qué una investigación sobre el autor de los disparos y su cómplice no podrá erradicar la rabia por la discriminación que se vive a diario en la región desde hace muchos, muchos años, y el dolor de tantas personas, casi exclusivamente negras o árabes, que han sufrido la violencia o incluso han perdido a un ser querido."
( Faïza Zerouala , Paul Rocher es economista y autor de Que fait la police?, Viento Sur, 01/07/23)
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