"Dos periodistas han asegurado este jueves en el Tribunal Supremo que accedieron al correo electrónico filtrado del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso (PP) mucho antes de que lo tuviera el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que se investiga por la divulgación de ese email confidencial.
Según fuentes presentes en sus declaraciones como testigos, Miguel Ángel Campos, reportero de la Cadena SER; y José Precedo, director adjunto de Eldiario.es, han contado ante el juez Ángel Hurtado que recibieron esa comunicación (donde la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ofrecía un pacto al ministerio público) antes de que Ortiz lo recibiera en su correo —lo que se produjo a las 21.59 del 13 de marzo, según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil—.
Estas afirmaciones infligen un golpe a la acusación. García Ortiz no solo ha negado ser el origen de esa filtración, sino que su defensa mantiene desde un primer momento que muchas más personas tuvieron acceso a ese email del abogado de González Amador (fechado el 2 de febrero de 2024) y que, por tanto, cualquiera lo pudo filtrar. Además, la UCO no ha encontrado pruebas de que él diera una orden para divulgarlo.
Como ha publicado la SER, Miguel Ángel Campos ha explicado que una fuente (que no ha identificado acogiéndose al secreto profesional) le dejó leer ese correo electrónico sobre las 15.45 del 13 de marzo (es decir, más de seis horas antes de que lo tuviera el fiscal general), pero que no le autorizó a publicarlo. “El periodista de la SER se desplazó en taxi hasta el despacho de su fuente para comprobar personalmente el contenido de ese email, que confirmaba que fue el abogado del novio de la presidenta madrileña quien propuso a la Fiscalía un acuerdo para asumir dos delitos fiscales con el objetivo de reducir su pena”, subraya la cadena.
Según fuentes presentes en su declaración, el reportero radiofónico ha añadido entonces que esa fuente solo le dio luz verde a difundirlo por la noche, después de que El Mundo publicara una información tergiversada que decía que la Fiscalía había ofrecido un pacto al novio de Ayuso, cuando era realmente al revés. El Mundo se apoyaba en un segundo email que había enviado el 12 de marzo el fiscal del caso, Julián Salto, al abogado de González Amador; sin hacer referencia al otro correo previo (el del 2 de febrero del letrado del novio de Ayuso) que evidencia que, realmente, había sido la pareja de la presidenta quien había ofrecido la posibilidad de llegar a un acuerdo.
Por su parte, el director adjunto de Eldiario.es ha asegurado ante el juez que accedió al correo del 2 de febrero del abogado de González Amador varios días antes de que lo recibiera el fiscal general. Según varias fuentes, José Precedo ha afirmado que él lo obtuvo el 6 de marzo de 2024, siete días antes que García Ortiz. Este periódico publicó en la mañana del 12 de marzo que la Fiscalía había denunciado a González Amador por fraude fiscal y falsedad documental. Durante su declaración en el Supremo, preguntado entonces por el porqué no publicó el contenido de ese email hasta después de que El Mundo difundió la información tergiversada sobre el pacto, el periodista ha detallado que ellos van publicando la información poco a poco a medida que la contrastan y comprueban su veracidad.
El cruce de correos entre el abogado de González Amador y la Fiscalía constituye una de las claves de este procedimiento. Tras estallar el escándalo por la trama de fraude fiscal que rodea al novio de Ayuso, el PP de Madrid se lanzó al contraataque para presentar a la presidenta como víctima de una cacería política. En ese contexto, su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, comenzó a propagar en la tarde del 13 de marzo la mentira de que el ministerio público había ofrecido un acuerdo a la pareja de la dirigente popular, pero que había retirado su propuesta de pacto por “órdenes de arriba”, como si fuera una especie de chantaje para desgastar a la jefa del Ejecutivo regional. Para respaldar su teoría, según admitió él mismo este miércoles ante el juez, filtró a la prensa el email del 12 de marzo de Julián Salto, ofreciendo una versión tergiversada.
En esa misma noche del 13 de marzo, El Mundo publicó que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador. Pero, realmente, había sido al revés, como demostraba el email previo enviado el 2 de febrero por el abogado del novio de Ayuso al ministerio de público. Ese correo del 2 de febrero se filtró también a los medios de comunicación entre la noche del 13 de marzo y la mañana del día 14. La divulgación de este email del abogado de González Amador es precisamente la que investiga el Tribunal Supremo, que atribuye su filtración supuestamente a la Fiscalía General del Estado, con Álvaro García Ortiz a la cabeza.
Miguel Ángel Rodríguez, alias MAR, declaró el miércoles como testigo en el Supremo, donde admitió que filtró parte de los emails del caso del novio de Ayuso y que se inventó que la Fiscalía retiró el pacto por “órdenes de arriba”. En su descargo, el jefe de gabinete manifestó que solo filtró el email fechado el 12 de marzo —enviado por el fiscal Julián Salto al abogado de González Amador— y que lo hizo a un chat de WhatsApp formado por medio centenar de periodistas a las 22.27 del 13 de marzo, después de que El Mundo publicara su artículo.
La Abogacía del Estado reclamó el miércoles el volcado del móvil de Miguel Ángel Rodríguez para comprobar sus afirmaciones, pero el magistrado lo rechazó. Este jueves, después de que el periodista de Eldiario.es haya contado que contactaron con el jefe de gabinete en la noche del 11 de marzo para recabar su versión antes de publicar la primera información sobre la denuncia contra el novio de Ayuso, la Abogacía del Estado ha vuelto a pedir el volcado del teléfono de MAR para comprobar si el asesor del PP ha mentido sobre ello. De nuevo, el juez Hurtado lo ha rechazado de momento, a la espera de recibir más documentación."
( J. J. Gálvez , El País, 09/01/25)
"Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha admitido ante el Tribunal Supremo que filtró a la prensa el contenido de un correo confidencial vinculado a la investigación por fraude fiscal contra Alberto GonzálezAmador, pareja de la presidenta madrileña.
La declaración, que tuvo lugar este miércoles, marca un nuevo episodio en una trama plagada de mentiras, manipulaciones y acusaciones cruzadas que salpican directamente al entorno más cercano de Ayuso.
Reconocimiento bajo presión
“Sí, filtré el correo”, admitió Rodríguez ante el magistrado Ángel Hurtado. El correo en cuestión, enviado por el fiscal Julián Salto el 12 de marzo de 2024, fue tergiversado por Rodríguez para presentar a la Fiscalía como la promotora de un pacto con González Amador, cuando en realidad fue este último quien lo propuso un mes antes. La maniobra buscaba sembrar dudas sobre la imparcialidad del Ministerio Público y victimizar a la presidenta madrileña.
Sin embargo, la realidad salió a la luz apenas horas después. Como confirmó el propio Rodríguez, no tenía conocimiento del correo previo del 2 de febrero, en el que la defensa de González Amador reconocía los delitos fiscales y solicitaba un acuerdo para evitar el juicio. La tergiversación fue evidente: Rodríguez envió el correo del fiscal a un grupo de 55 periodistas, acompañándolo de comentarios que insinuaban un supuesto chantaje orquestado desde “arriba”.
¿Incompetencia o manipulación deliberada?
La estrategia de Rodríguez ha sido desmontada paso a paso. Durante su declaración, el jefe de gabinete intentó justificar su acción como una “deducción basada en su experiencia”, alegando que desconocía informaciones clave. “Yo no tenía el primer correo, no podía saber que esto era una respuesta”, afirmó. No obstante, fuentes cercanas al caso han confirmado que Rodríguez recibió el correo original la mañana del 14 de marzo, horas después de que su filtración manipulada desatara un terremoto mediático.
La Abogacía del Estado, en su intervención, solicitó el volcado completo del móvil de Rodríguez para esclarecer la cronología de los hechos y determinar si hubo destrucción de pruebas. Sin embargo, el juez Hurtado rechazó esta medida, limitándose a cotejar los mensajes enviados la noche del 13 de marzo. “Es imprescindible garantizar la preservación de pruebas en un caso que afecta a la confianza en las instituciones”, destacó un portavoz de la Abogacía.
El papel de Ayuso y las sombras sobre su gobierno
Isabel Díaz Ayuso ha guardado silencio sobre el escándalo que envuelve a su jefe de gabinete, aunque no es la primera vez que Miguel Ángel Rodríguez genera polémica por sus métodos. Desde el inicio de su mandato, Rodríguez ha sido una figura clave en la estrategia de comunicación de Ayuso, caracterizada por un discurso polarizador y el uso de informaciones cuestionables para atacar a sus adversarios políticos.
“Los cargos públicos no pueden dar a conocer datos personales de nadie”, declaró Rodríguez a las puertas del Supremo, en un intento de desviar la atención hacia el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Rodríguez ha acusado al fiscal de filtrar informaciones confidenciales y ha exigido una condena “ejemplar” contra él. No obstante, los hechos conocidos hasta ahora apuntan a que fue el propio entorno de González Amador quien inició la cadena de filtraciones.
La oposición reclama explicaciones
El PSOE, por su parte, ha interpuesto una denuncia contra Rodríguez por la divulgación de datos privados de dos periodistas de El País, obtenidos presuntamente a través de un escolta de Ayuso. “Estamos ante un caso de abuso de poder que exige una respuesta contundente”, afirmó un portavoz socialista, quien también solicitó medidas para garantizar que no se destruyan más pruebas.
Mientras tanto, Unidas Podemos y Más Madrid han exigido la dimisión inmediata de Rodríguez y una explicación pública de Ayuso. “No es solo una cuestión de ética; estamos hablando de posibles delitos que comprometen la credibilidad de toda la Comunidad de Madrid”, señaló la diputada regional Carolina Alonso.
La manipulación mediática, en el centro del debate
El escándalo también ha puesto de relieve el papel de algunos medios de comunicación que reprodujeron sin verificar las informaciones manipuladas por Rodríguez. La difusión del bulo sobre el supuesto pacto de la Fiscalía fue clave para desviar la atención de las acusaciones contra González Amador, un empresario ya cuestionado por sus actividades fiscales.
“La mentira no puede ser la base del debate público”, advirtió un analista político en una columna publicada en eldiario.es. “Lo ocurrido demuestra cómo la utilización irresponsable de las instituciones puede dañar irreparablemente la confianza ciudadana.”
A medida que avanza la investigación, el futuro político de Miguel Ángel Rodríguez y su influencia en el gobierno de Ayuso está en entredicho. La decisión del juez Hurtado de no autorizar el volcado del móvil ha generado críticas entre los sectores que consideran imprescindible una investigación exhaustiva. Sin embargo, el desgaste político para Ayuso ya es evidente.
Con una opinión pública cada vez más alerta ante los abusos de poder, el caso podría marcar un antes y un después en la percepción del gobierno regional. “Esto no es solo una crisis de comunicación; es una crisis institucional que requiere transparencia y responsabilidad”, concluyó un experto en derecho constitucional consultado para este artículo." (Agustín Millán , Diario16+, 08/01/25)
"El hermano del presidente del Gobierno y jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, David Sánchez, ha declarado este jueves en los Juzgados de Badajoz que “todos sus trabajos son legales”, según informa La Sexta.
Así lo ha señalado ante la jueza durante su declaración en calidad de investigado en la causa abierta “por presuntos delitos contra la Administración y la Hacienda Pública, entre otros, que se abrió tras la denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias”.
La investigación, basada en noticias falsas de un grupo fascista, ha embarrancado. El incremento patrimonial que Manos Limpias atribuyó al familiar de Sánchez no aparece por ningún lado (lo llevaron al juzgado por haber acumulado millones de euros en dinero negro cuando en las cuentas bancarias del BBVA se ha registrado un capital personal de 70.000 euros). Al mismo tiempo, la tributación del contribuyente David Sánchez también se ajusta a la legalidad, es decir, está al corriente con Hacienda, y en cuanto a la plaza de Artes Escénicas de la que disfruta desde 2016 fue creada cuando Pedro Sánchez aún no era presidente del Gobierno, solo un socialista que había sido defenestrado en aquel golpe de mano de los barones que lo llevó al ostracismo. Es decir, que todo apunta a que nos encontramos ante un nuevo caso de lawfare o guerra sucia judicial, como ha ocurrido con Begoña Gómez, esposa del líder socialista, imputada por el juez Peinado por el asunto del famoso máster de la Universidad Complutense de Madrid. A esta hora, varios de los delitos que se le imputaban al hermano del presidente se han caído por falta de pruebas y todo apunta a que la investigación del juzgado se dirigirá ahora a tratar de averiguar si hubo tráfico de influencias, una conducta que será difícil de probar.
En su comparecencia, que ha durado una hora y 25 minutos, David Sánchez contestó a las preguntas de la jueza, del fiscal y de su abogado, añade La Sexta. Según la cadena privada, donde “más problemas” ha tenido el familiar del presidente es en la explicación de “por qué y para qué se creó la Oficina de Artes Escénicas que dirigía”.
Acompañado por su letrado, Emilio Cortés, David Sánchez accedió al interior del Palacio de Justicia de Badajoz en un vehículo por la puerta del garaje de este inmueble. Numerosos medios de comunicación esperaban desde las ocho de la mañana ante las puertas de los Juzgados la llegada del hermano del presidente. Después, tras terminar la declaración, David Sánchez también salió en coche por el garaje.
“El Decanato de los Juzgados pacense dio luz verde a la petición del letrado de David Sánchez para que su cliente entrara por el garaje ante la previsión de posibles concentraciones críticas. De hecho, tres vehículos del colectivo Hazte Oír, uno de ellos serigrafiado en su carrocería exterior con imágenes de Pedro Sánchez, Begoña Gómez y David Sánchez y el lema Dimisión, estuvieron circulando desde primera hora de la mañana por los alrededores del Palacio de Justicia”, añade La Sexta.
Sánchez fue citado a las 09.30 horas y el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, también investigado, media hora después. La investigación abierta por la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, se sigue por presuntos delitos contra la Administración Pública (prevaricación y tráfico de influencias), ambos relacionados con el proceso de creación de la plaza de director de Artes Escénicas, cuya convocatoria concluyó con la elección de David Sánchez para ocupar el cargo, y contra la Hacienda.
Tras Sánchez y Gallardo, declaran también como investigados la exdirectora del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz entre 2025 y 2019, Elisa Moriano; la exdiputada provincial de Cultura y Juventud Cristina Núñez y la exdirectora de Recursos Humanos de esta institución provincial (2015-2023), Juana Cintas.
El auto de citación, fechado el 27 de noviembre, de 453 páginas, se divide en tres apartados: la modificación de puestos de trabajo y creación de ese puesto; el desempeño de la actividad laboral de David Sánchez, y el supuesto aumento patrimonial injustificado. Según el atestado de la UCO de la Guardia Civil, las diligencias comenzaron con el análisis de las cuentas de correos electrónicos corporativos, en lo relativo a la creación del puesto de trabajo, desde que se propuso en enero de 2016 para incluirlo en los presupuestos provinciales. de 2017. El puesto de coordinador de actividades de los conservatorios se convirtió en diciembre de 2022 en el de director provincial de artes escénicas.
La incautación de los correos electrónicos por parte de la UCO fue recurrida por las partes ante la Audiencia Provincial, que respaldó esa actuación porque el auto de la juez “contiene la necesaria motivación que requiere la injerencia en los derechos fundamentales que se dicen vulnerados”. Fueron más de 60.000 correos electrónicos intervenidos, de al menos nueve cuentas.
Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, considera que el informe de la UCO “evapora” muchas acusaciones, especialmente las referidas a su patrimonio. Para Cortés, la UCO desvirtúa las acusaciones relacionadas con “un pretendido enriquecimiento injusto” y con los 1,4 millones de euros en acciones de un banco que se afirmaba tenía, en alusión a la denuncia que interpuso Manos Limpias, que dio origen a la investigación. Aunque la Fiscalía recurrió a las imputaciones de David Sánchez y de Gallardo, porque no se determinaban hechos concretos, en un recurso al que se adhirió el abogado del hermano del presidente del Gobierno, el juez lo rechazó al no apreciar la indefensión." (Marcos López , Diario16+, 09/01/25)
"(...) También resulta chocante que, tras la confesión del testigo de su condición de filtrador, el juez instructor no haya aceptado la petición de la abogacía del Estado de que se haga un volcado del teléfono del tal señor Rodríguez, tras hacerse evidente que tal teléfono ha sido el arma con la que ha perpetrado su fechoría.
Tanta transigencia con el descaro de un testigo que reconoce en realidad haber sido el instigador de todo el embrollo, y tanto celo para revisar mil veces las llamadas y los teléfonos del fiscal general del Estado, nos hace, una vez más, tropezar con la evidencia de que algunos jueces, situados en puestos clave del escalafón del poder de juzgar, parecen tener muy claro que la justicia no es igual para todos. Y no están dispuestos a que la realidad (que ayer ha quedado claramente demostrada) les estropee una más que minuciosa, y prácticamente inquisitorial instrucción. (...)"
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