"Es decir, que los grandes propietarios de suelo urbanizable, los bancos principalmente, podían mantener en su contabilidad la misma valoración que tenían aunque hubieran dejado de ser urbanizables"

"En 2007 el Parlamento aprobó la Ley del Suelo (texto refundido en 2008) presentada por el gobierno del PSOE. El motivo era que la burbuja inmobiliaria tocaba techo y hacía falta salvar a sus instigadores y beneficiarios, a la banca, aunque fuera a costa precisamente de los perjudicados.


En el texto refundido de esta ley se disponía que todos los suelos urbanizables, los que lo eran en aquel momento, se les prorrogaba esta condición durante tres años, independientemente de que hubieran dejado de serlo.

Es decir, que los grandes propietarios de suelo urbanizable, los bancos principalmente, podían mantener en su contabilidad la misma valoración que tenían aunque hubieran dejado de ser urbanizables. De no ser así, habrían tenido que valorar estos terrenos al precio real en sus activos, a un precio inferior, con la consiguiente disminución de patrimonio.(...)

 El Gobierno de Rajoy, nada más constituirse, lo primero que hace es echar más aire (gasolina) a la burbuja. Así, el 30 de diciembre, publica el Real Decreto Ley 20/2011 (más conocido como "el tijeretazo"), con el que entre otras cosas prorroga a cinco años la vigencia de las anteriores medidas de Zapatero.

Es decir, para que los terrenos que han dejado de ser urbanizables puedan seguir valorándolos en la contabilidad de los bancos a precio de "urbanizable", aunque hayan dejado de serlo.


Con este decreto, la hormigonera de los bancos sigue amasando pero, ahora, a falta de cemento, lo que amasan son las cuentas de la contabilidad cuyo fraude hemos de pagar los ciudadanos, excepto ese uno por ciento perteneciente a la realeza financiera de la que el poder político es cómplice y parte, y también beneficiario, salvo que se dediquen a tirar piedras a su propio tejado, cosa poco probable.

No es inocente que el decreto sea del 30 de diciembre de 2011, dos días antes de acabar el año, porque así las cuentas y balances contables que han de elaborar los bancos a principios de este año, puedan realizarse trucados y falsificados aunque, eso sí, todo legal porque para eso el Gobierno dispuso que así fuera, aunque visto desde los principios más elementales de la contabilidad no deja de ser un descarado fraude contable.

Si con el fraude promovido por Zapatero fue necesario pasar con mucho de los 100.000 millones de euros para sanear la banca, queda por saber cuantos millones más pueden hacer falta ahora. Así las cosas, con cada medida como esta, los recortes en los gastos sociales han de seguir y la factura de estos fraudes alguien la ha de pagar."                (Rebelión, 18/01/2012, El Gobierno legaliza el fraude contable, de Miguel Ángel Llana,Rebelión)