"El 21 de junio de 2022, Mónica Oltra dimitía como vicepresidenta de la Generalitat valenciana. Lo hacía después de ser imputada judicialmente por la gestión de los abusos de su exmarido a una menor, pero no sin antes advertir de que se trataba de un caso de lawfare, o de guerra sucia judicial, y de que, si no se tomaban medidas, esta mala praxis política podría continuar cobrándose víctimas.
Menos de un año más tarde, el Botànic, el gobierno progresista que formaban PSOE, Compromís y Unidas Podemos, perdía la mayoría en les Corts y Carlos Mazón era investido President de la Generalitat con los votos de Vox.
Desde entonces, el calvario judicial de Oltra no se ha acabado, pero sí que hemos ido asistiendo a episodios cuanto menos singulares. El último, esta misma semana, cuando Alberto de Rosa, el presidente del grupo Ribera Salud, ha renunciado a su demanda civil por daños y perjuicios contra Oltra y ha sido condenado a pagar los costes del proceso.
Esto supone un reconocimiento implícito de que la exdirigente de Compromís tenía razón al señalar a De Rosa como parte de una "cacería política" contra ella.
Este movimiento de De Rosa que ha supuesto dejar caer la demanda contra Oltra ha causado extrañeza. Miquel Real, quien fuera jefe de gabinete de Oltra durante su etapa en el gobierno de la Generalitat, apuntaba en su cuenta personal de la red social X una posible interpretación: "El mal ja estava fet", es decir, que el daño ya se había producido, en referencia a la dimisión de Oltra y el vuelco electoral de 2023. ¿Pero por qué es tan importante De Rosa y Ribera Salud en todo este entramado? Veámoslo.
El apellido De Rosa no pasa desapercibido, a poco que se siga la política valenciana. Alberto de Rosa, como hemos visto, es presidente del grupo Ribera Salud, el principal concesionario de adjudicaciones de gestión privada de departamentos de salud pública valencianos.
De hecho, se trata de un grupo pionero en el Estado español, ya que este modelo de gestión privada de la sanidad pública empezó con la concesión a Ribera Salud del departamento de salud asignado al hospital de Alzira, en la década de 1990, y con Eduardo Zaplana en la presidencia de la Generalitat. Fue el pistoletazo de salida del que se conoció como "modelo Alzira".
Desde entonces, hasta tres departamentos de salud valencianos más han estado o siguen estando en sus manos: Torrevieja, Dénia y Elx-Crevillent. Uno de los principales objetivos que se puso Compromís cuando accedió al gobierno de la Generalitat en 2015 fue precisamente revertir a la gestión pública directa dichos departamentos sanitarios. Un compromiso político que era también un compromiso personal de Mónica Oltra, de hecho.
El compromiso personal de Oltra era revertir a la gestión pública los departamentos que estaban en manos de Ribera Salud
La fórmula que se acabó imponiendo en el gobierno de la Generalitat fue la de simplemente dejar caducar las concesiones y no renovarlas. Así volvieron a la red pública los hospitales de Alzira (2018) y Torrevieja (2021), pero también Dénia y Manises (2023), ya con PP y Vox en la Generalitat, que no modificaron la hoja de ruta que había dejado en marcha el gobierno progresista.
Eso sí, el hospital de Elx-Crevillent sigue con la gestión privatizada en manos de Ribera Salud, ya que en este departamento no había en marcha un proceso avanzado para la reversión a la gestión directa pública, como en los dos casos anteriores.
Nadie duda, obviamente, de que se trata de un negocio millonario. De hecho, De Rosa demandó a Oltra porque ésta mostró una foto de Francisco Camps, Cristina Seguí y él mismo, charlando mientras esperaban el AVE en Madrid, y exhortó a "seguir la pista del dinero". Las coincidencias no se acababan en una foto. O en dos, puesto que en agosto de 2022, solo dos meses después de la dimisión de Oltra, otra foto de una comida en el Mareny Blau reunía casi a los mismos protagonistas.
Los comensales, además de Francisco Camps y Alberto de Rosa, también incluían a Eduardo Zaplana (lejos, parece ser, de las pugnas fratricidas entre campistas y zaplanistas de otros tiempos), Julio Ariza (presidente del grupo Intereconomía), Ángel Sanchis Perales (extesorero del PP y condenado en la trama Gürtel) y Pablo Delgado. Quedémonos con este nombre, el menos célebre de todos los citados.
Fernando de Rosa, hermano de Alberto, ha alternado la carrera política y judicial, saltando de una a otra, prácticamente sin solución de continuidad. Fue conseller de Justicia con Camps o presidente efímero del Consejo General del Poder Judicial entre junio y julio de 2012, entre otros cargos. Actualmente, es diputado en el Congreso por el PP.
La amistad de Fernando de Rosa con Francisco Camps es pública y notoria, aunque aquello de "amiguito del alma, te quiero un huevo" se lo dirigió el expresident a Álvaro Pérez 'El Bigotes'. En las últimas causas judiciales que Francisco Camps tenía abiertas, su abogado era Pablo Delgado. De hecho, el mismo Camps forma parte del equipo de Delgado Abogados, que es el bufete que se encargaba de la causa de Alberto de Rosa contra Mónica Oltra.
Pero, obviamente, no era esta la única causa que llevaba el bufete de Pablo Delgado. Y, claro está, tampoco la única causa en que este nombre nos hará sonar la campanilla en todo el entramado judicial del caso Oltra. En la causa original, que supuso la imputación de Mónica Oltra, había diversos actores.
En primer lugar, la víctima de abusos, que era representada legalmente por José Luis Roberto, presidente de la formación ultraderechista España 2000 –protagonista de un hostigamiento nocturno enfrente del domicilio particular de Oltra, retransmitido en directo por sus redes sociales, y ataviados con capuchas y con máscaras de la película Scream—, y secretario técnico y abogado de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (ANELA). Pero, por otro lado, se presentaron como acusaciones particulares el partido político Vox y una de sus fundadoras, Cristina Seguí. Pablo Delgado es el abogado de Seguí en esta causa.
Pablo Delgado es también abogado de Cristina Seguí
Cristina Seguí, agitadora mediática de la extrema derecha, protagonizó en enero de 2022 un acto público en el Ateneo Mercantil de València junto a Alvise Pérez y Javier Negre, que se promocionaba con el objetivo de "acorralar a Mónica Oltra". Llegados a este punto, nos sorprenderá bien poco saber que la presidencia del Ateneo, entonces y ahora, está en manos de Carmen de Rosa, hermana de Alberto y de Fernando.
Nada más llegar al poder en 2023, el gobierno de Mazón nombró a Carmen de Rosa como directora territorial de Servicios Sociales en València, es decir, un departamento que había estado en manos de Oltra hasta hacía bien poco. De Rosa (Carmen) había sido también directora territorial en 2001, nombrada por el entonces conseller Rafael Blasco, el perejil de todas las salsas en la política valenciana y que actualmente cumple una pena de prisión por varios casos de corrupción.
Si Gertrude Stein escribiera un poema sobre la política valenciana, no hay duda que contendría el verso un De Rosa es un De Rosa es un De Rosa. Después de varios archivos y otras tantas reaperturas del caso, con protagonismo incluido de la Audiencia Provincial de València –de la cual Alberto de Rosa fue en su día presidente y en la que mantiene cierta influencia–, el calvario judicial de Oltra sigue abierto. Y está a la espera, sine die, de que se resuelva el recurso de la acusación particular de Cristina Seguí –llevada por el despacho de Pablo Delgado–, que reclama que se continúe investigando, en una estrategia que parece buscar que se dilate el proceso y se alargue, por lo tanto, la penitencia judicial de Oltra.
Ante este escenario, fuentes del entorno de Mónica Oltra se preguntan –retóricamente– "por qué tendrían que parar, si la jugada les ha salido redonda". En este sentido, señalan que "el objetivo nunca fue hacer justicia", ya que afirman que el PP, mientras estaba en la oposición, siempre tuvo acceso a toda la documentación.
Las mismas fuentes razonan que, a pesar de haber amenazado con ello en repetidas ocasiones, el PP nunca se ha personado en el caso como acusación, un hecho que consideran muy indicativo. Es decir, que todo el caso contra Mónica Oltra siempre ha obedecido a una persecución política y no jurídica.
Y
es por eso que estas fuentes afirman de manera contundente que "la
política no puede depender de las decisiones judiciales, porque sería
dar por buena la guerra sucia judicial". Si algún día Mónica Oltra
decide volver a la primera línea política —ya que, la política como tal,
desde su entorno, remarcan que no la ha abandonado nunca—, no dependerá, por lo tanto, del permiso de un juez." ( Ricard Chulià Peris, Público, 31/01/25)
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