Jaime Palomera @JaimePalomera
Una persona que vive en Suiza compra un piso en Madrid. Sube el alquiler de 700 a 1.300 euros, y desahucia a una familia. Países Bajos prohibió esta infamia en enero de 2022. En ciudades tensionadas, solo puedes comprar un piso si vas a vivir en él.
"Los vecinos no logran parar el desahucio de Alam y sus tres hijos menores en Bravo Murillo. La nueva propietaria del piso, residente en Suiza, compró el piso a la Sareb mediante subasta pública y decidió doblar el alquiler a la familia, de 700 a 1.300 euros" (Jacobo García , El País, 03/02/25)
2:09 p. m. · 6 feb. 2025 132,9 mil Visualizaciones
"El Ayuntamiento de Barcelona y Hàbitat3 comprarán la Casa Orsola para evitar el desalojo de sus inquilinos.
El Ayuntamiento de Barcelona y la organización del Tercer Sector Hàbitat3 han alcanzado un acuerdo para adquirir, mediante una fórmula de colaboración social, la Casa Orsola en la capital catalana, que se ha convertido en un emblema de la lucha de los arrendatarios contra la especulación inmobiliaria.
El Consistorio ha comunicado que, a lo largo de la mañana de este viernes, el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, y la presidenta de Hàbitat3, Carme Trilla, ofrecerán una rueda de prensa para detallar los pormenores de la operación.
En la rueda de prensa convocada por el Ayuntamiento también estarán presentes la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet; el síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia; y el comisionado de Vivienda, Joan Ramon Riera.
En respuesta al anuncio de la compra de la Casa Orsola, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha manifestado a través de su cuenta en X (antes Twitter) que celebra la decisión del alcalde Collboni, calificándola como un "resultado de las movilizaciones sociales, la mediación, el diálogo y el compromiso político".
Precisamente, Rodríguez señaló este jueves que la suspensión del desahucio de Josep Torrent, un profesor de 49 años de Barcelona, quien podrá continuar viviendo en la Casa Orsola, donde ha residido durante 22 años, es un caso que representa "el mejor ejemplo" de la necesidad de intervenir en el mercado inmobiliario.
En una intervención en Soria, la ministra destacó que este caso "se está siguiendo con mucha atención" desde el Gobierno y lo demostró un ejemplo de la problemática que está afectando al mercado de la vivienda en España. Aseguró que este problema "no se limita a la población más vulnerable", sino que incluso personas con empleos "encuentran dificultades para acceder a una vivienda a precio de mercado".
Inquilinos en lucha frente a la especulación inmobiliaria
La Casa Orsola, ubicada en el cruce de las calles Consell de Cent y Calàbria, cuenta con 27 viviendas y cuatro locales comerciales. Este edificio de estilo modernista fue adquirido en 2021 por el fondo buitre Lioness Inversiones −propiedad del empresario Albert Ollé−, que busca desalojar a los residentes para reformar los apartamentos y alquilarlos a precios de lujo.
Cuatro de los inquilinos, −cuyos contratos de arrendamiento expiraron−, pero que han seguido viviendo en sus hogares pagando el alquiler, fueron demandados por la propiedad. El primer juicio, que involucró a Josep, ordenó la sentencia de su desahucio, aunque este ha sido pospuesto en dos ocasiones. A su vez, otros dos casos aún están a la espera de juicio.
Algunos
pisos de Casa Orsola ya se están alquilando bajo la modalidad de
temporada a precios que casi triplican los actuales. Por ejemplo, Josep
paga 700 euros mensuales, mientras que algunos de los pisos
recientemente reformados se ofrecen en alquiler por 2.900 euros, según confirmó el propio fondo buitre." (Público, 07/02/25)
"Fondos buitres contra vecinos: la especulación de ‘Casa Orsola’ se repite en 8.500 pisos de Barcelona .
La Casa Orsola se ha erigido como símbolo de lucha ante la especulación urbanística
que sufre el centro de Barcelona. La historia del inquilino Josep
Torrent contra el fondo Lioness Inversiones apela a un sentimiento
universal en Barcelona. Por ello ha logrado un respaldo popular tan
grande que ha frenado en dos ocasiones el desahucio y ahora la propiedad
ha vendido el bloque entero al Ayuntamiento de Barcelona mediante la
entidad Habitat3. La capacidad de organización del Sindicato de
Inquilinas ha sido clave, pero lo que ha decantado la balanza han sido
las miles de personas que han salido a la calle ante la
finca y han logrado que se mediatizara el caso. Se podría decir que es
la historia de Josep contra Goliat si no fuera porque en Barcelona hay
decenas de miles de ‘Joseps’, y precisamente en ello reside la fuerza
del movimiento por la vivienda.
Concretamente, la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB) ha cuantificado recientemente que hay como mínimo 8.716 pisos que están inmersos en un proceso especulativo similar al de la Casa Orsola entre 2016 y 2024. La FAVB ha localizado estos pisos que forman parte de 400 edificios especulativos de gran rehabilitación y 200 de nueva planta. “Son cifras provisionales, quizás serán más”, explica Jaume Artigues, miembro de la Comisión de Vivienda de la FAVB. La Federación avanzó algunas de las conclusiones del informe ‘SOS habitatge: anàlisi de la situació a l’habitatge a Barcelona des del moviment veïnal’, que se presentará en las próximas semanas.
Estos más de 8.500 pisos forman parte de edificios de propiedad vertical en los que ha habido o está habiendo un proceso de especulación y de expulsión de sus vecinos. La FAVB denuncia que “se compran fincas enteras a marchas forzadas”. La cifra cuantificada responde a edificios recién comprados, en fase de cancelar los contratos de alquiler y vaciar el edificio, en fase de rehabilitar o hacerlo de nuevo y en fase de ponerlo en el mercado. La recolección de datos se ha hecho gracias a la colaboración con distintas asociaciones vecinales, la consulta de expedientes de obra, de portales inmobiliarios y de un trabajo específicamente realizado en el distrito del Eixample.
La asociación de vecinos de Nova Esquerra de l’Eixample, barrio al que pertenece la Casa Orsola, ubicó recientemente en el mapa 44 edificios de propiedad vertical en rehabilitación para hacer nuevas promociones. Si ampliamos un poco la lupa, solamente en el distrito del Eixample, la FAVB cuantifica cerca de 200 edificios que se encuentran en una situación similar a la de la Casa Orsola.
El resultado de todo este proceso es el encarecimiento del precio final de la vivienda en el mercado de venta o de alquiler. Jaume Artigues (FAVB) explica que muchas de estas viviendas se dirigen al mercado internacional. “Los pobres no pueden pagar una piscina”, critica Artigues, y se da un proceso que “expulsa a los vecinos al barrio de al lado”.
La diferencia de precio de venta entre un bloque convencional y otro que haya sido comprado por inversión no sólo afecta al centro de la ciudad. La Federación de Vecinos ha cuantificado que en barrios periféricos como Nou Barris puede ser del 90% o del 70% en Sant Andreu. Aunque el comisionado de vivienda de la FAVB también considera que gran parte de este mercado acaba yendo hacia el alquiler de temporada o de habitaciones.
Sindicalismo de vivienda frente al Monopoly
Las vecinas del bloque del C/ Llançà 20, a apenas 500 metros de distancia de la Casa Orsola, son otras de las afectadas por el proceso gentrificador que denuncian las federaciones de vecinos. El conocido como ‘bloque papallona’ (por el elemento de decoración que corona el edificio) también sintetiza el gran problema que tienen vecinos y vecinas cuando un fondo de inversión compra su bloque entero. En su caso, un fondo holandés compró esta finca modernista en julio de 2024 y meses después sus inquilinos recibieron una misiva para echar a quienes estuvieran en prórroga de contrato vía burofax. El objetivo final: echarlos a todos para reformar el bloque, compartimentar los pisos y hacer alquiler de habitaciones.
La empresa matriz tiene otras fincas en Barcelona, explica Anna Olesti, vecina del bloque y miembro del Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya. “Trocear los pisos y alquilarlos por habitaciones les permite poner precios desorbitados y ganar mucho más que alquilando el piso entero”, explica. Para su bloque crearon la sociedad limitada NAD Llansa, pero Anna habla de que hay un NAD Balmes, un NAD Urgell y otro bloque en Gracia, entre otros. Los pisos se publicitan bajo la empresa ‘Enter Coliving’, que ahora ofrece en Idealista más de 350 habitaciones en alquiler en Barcelona a un público objetivo internacional. “Son como hoteles encubiertos, bloques de pisos en los que sólo viven turistas y extranjeros”, concluye Anna.
La historia de la gentrificación se repite en otros bloques de Gracia propiedad de Palau Manfredi, propietario de otro en el Eixample, en Mallorca 243. Esta vez el objetivo de los pisos era reformarlos y venderlos. Esta esta ocasión fue el Sindicato de Inquilinas junto al Sindicato de Vivienda de Gracia quienes organizaron hasta ocho bloques ubicados en distintas calles del barrio de Gracia para negociar con la propiedad de forma conjunta. El objetivo era también frenar los desahucios previstos, renovar los contratos de alquiler y hacer las reparaciones pertinentes en los edificios en mal estado. Un día antes de la manifestación masiva de noviembre sobre vivienda, el pleno del Ayuntamiento de Barcelona se comprometió, a propuesta de Barcelona en Comú, a comprar los ocho bloques y también el de Mallorca 243 mediante el método de tanteo y retracto. “La clave fue trabajar de forma conjunta y sindicada en los ocho bloques”, explica Gerard Mena, portavoz del Sindicato de Inquilinas, “porque así les hacemos más daño”. Ahora el sindicato exige “cumplir con el compromiso de hacer efectiva la compra de los bloques”.
La mancha de aceite se hace grande y se extiende también a zonas no son tan céntricas, como el caso de Meridiana 374, en el barrio de Sant Andreu. En esta ocasión, Cartañá Assessors subió el precio del alquiler de 1.000€ a 1.900€ en tan solo dos años, relata Carla, una vecina que vivía en el bloque. La propietaria echó a gran parte de los inquilinos tras extinguirse el contrato y los transformó en temporales, lo que le permitía sortear la limitación de precios de ley de vivienda.
Lo que puede hacer la política: regular el alquiler temporada y reservar el 30% a Vivienda Protegida
Las dos medidas que el Sindicato de Inquilinas cree que permitirían frenar esta situación y que su portavoz, Enric Aragonès, reivindicaba el pasado lunes ante la Casa Orsola, son regular el alquiler de temporada en la Ley de Arrendamientos Urbanos y blindar la reserva del 30% de vivienda de protección oficial para nuevos edificios o reformas integrales de edificios.
“Los partidos responsables de que se apruebe la ley que regule el alquiler de temporada pueden ver, con el caso de la Casa Orsola, lo urgente y necesaria que es esta ley”, apelaba Aragonès, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Catalunya. El otro mensaje era para el Ayuntamiento de Barcelona, a quien acusaba de intentar “desmantelar la reserva del 30% de vivienda protegida”. Para Aragonès, esta medida “evita que sucedan otros casos como el de la Casa Orsola” porque ello incentiva hacer operaciones especulativas en bloques enteros.
Es conocido que el consistorio de Collboni se opone a mantener como está ahora la reserva del 30% de vivienda protegida para nueva construcción o rehabilitación integral porque alega que ello está frenando la construcción de nueva vivienda y limitando la oferta. “El 30% de cero, es cero”, decía Jaume Collboni la semana pasada en el pleno municipal. El alcalde se acoge a las cifras del servicio de licencias del Ayuntamiento de Barcelona según las cuales en seis años sólo se habrían logrado 26 unidades terminadas o en obras para vivienda de protección oficial y habría 80 licencias más concedidas.
No obstante Jaime Palomera, del Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA) considera “falso que se haya frenado la promoción de vivienda”. El Colegio de Arquitectos de Catalunya registró en 2024 casi 2000 viviendas de nueva creación. Palomera acusa precisamente al ayuntamiento de uno de los motivos por los que la reserva del 30% no ha generado más vivienda protegida en la ciudad. “El ayuntamiento no inspecciona nada y ha habido un fraude enorme por parte de los fondos de inversión”. Palomera y el comisionado de vivienda de la FAVB coinciden en que los fondos de inversión han encontrado fórmulas para saltarse la restricción del 30%. Los fondos piden permisos de obra menor en vez de pedir permisos de rehabilitación integral que sí exige a reservar el 30% de vivienda para protección oficial.
La otra explicación que da Palomera a los escasos pisos de protección oficial que habrían entrado gracias a la reserva del 30% es que los primeros años la medida tuvo una moratoria que permitió esquivar la norma “a más de 7.000 pisos”, de modo que la medida lleva vigente sólo desde 2021, y no seis años como apuntaba Collboni. Por otro lado, Palomera advierte que el impacto de reformar la medida del 30% y eliminar la obligación para las grandes rehabilitaciones lo que generaría sería “cargarse el dique de contención frente a la especulación basada en la compra de bloques”.
Jaume Artigues, comisario de vivienda de la FAVB también alerta de que reformar el 30% aumentaría la segregación de la población por barrios, ya que la reforma permitirá enviar las viviendas de protección oficial a barrios más periféricos de la ciudad. Con todo, Palomera concluye que deshacer la medida provocaría un “efecto llamada a la especulación y un proceso peor de expulsión y demolición del tejido vecinal de la ciudad”.
El II Congreso de Vivienda de Catalunya
Los más de veinte diferentes y múltiples colectivos en defensa por la vivienda en Catalunya tienen este fin de semana una fecha clave en el calendario. Llevan años organizando el II Congreso de Vivienda de Catalunya que tiene por principal objetivo “crear una organización conjunta y confederal que aglutine los diferentes colectivos”. Marta Espriu portavoz del II Congreso de Vivienda y militante de la PAH Sant Feliu detalla que la finalidad es construir una “estructura formal” que establezca “unas estrategias conjuntas a corto y largo plazo en todo el movimiento por la vivienda”.
En el Congreso participarán los distintos sindicatos de vivienda existentes, las distintas PAHs, asociaciones de vecinos y otras redes y nodos implicados en el movimiento por la vivienda.
El objetivo es crear una organización confederal similar a la que tiene un sindicato laboral, con el objetivo de mejorar la comunicación y estrategia entre colectivos. Espriu plantea que así puedan “crear un programa político conjunto” y “organizarse por secciones o propietarios”, lo que permite ganar fuerza cuando se abre un conflicto en sitios diferentes contra un mismo propietario a la vez." ( Oriol Daviu , InfoLibre, 06/02/25)
No hay comentarios:
Publicar un comentario