"El Congreso de los Estados Unidos aprobó la Alien Enemies Act, o ley de enemigos extranjeros, en 1798. La ley formaba parte de un paquete legislativo conocido como las Alien and Sedition Acts (leyes de sedición y extranjería), salido del fervor patriótico y del temor a una posible subversión de las instituciones del país durante el turbulento periodo napoleónico. El país, en esos días, estuvo cerca de ir a la guerra con Francia, y los federalistas en el poder sacaron adelante restricciones draconianas a la libertad de expresión y a los derechos de residentes que no fueran ciudadanos americanos en caso de conflicto.
Las leyes que restringían la libertad de expresión tenían fecha de caducidad y expiraron en 1801. La “ley de enemigos”, por el contrario, se mantuvo en vigor, sus artículos aún presentes en el acervo legislativo americano.
Una ley antigua
La Alien Enemies Act tiene dos componentes básicos. Por un lado, establece con claridad cuándo puede ser invocada:
"(…) whenever there shall be a declared war between the United States and any foreign nation or government, or any invasion or predatory incursion shall be perpetrated, attempted, or threatened against the territory of the United States, by any foreign nation or government (…)"
El presidente puede recurrir a esta ley sí, y solo sí, hay una guerra declarada (el Congreso es quien debe declararla) o si hay una invasión o incursión por parte de otro gobierno. Dos escenarios claros y simples, no demasiado distintos a los estados de sitio en constituciones más modernas.
La segunda parte de la ley otorga al Ejecutivo una serie de poderes extraordinarios sobre residentes extranjeros (no ciudadanos):
"(…) all natives, citizens, denizens, or subjects of the hostile nation or government, being males of the age of fourteen years and upwards, who shall be within the United States, and not actually naturalized, shall be liable to be apprehended, restrained, secured and removed, as alien enemies."
Esto es bastante más draconiano que un estado de sitio, como era de esperar de una ley aprobada en 1798. El presidente puede declarar, mediante proclamación, que los sujetos de los estados beligerantes en guerra con Estados Unidos pueden ser detenidos, encarcelados, retenidos o deportados como “enemigos extranjeros”.
Deportaciones
El 15 de marzo, Donald Trump promulgó un decreto declarando que el “Tren de Aragua”, una banda criminal con raíces en Venezuela, está “perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión punitiva contra el territorio de Estados Unidos”. Alegando que la organización está conectada con el régimen de Nicolás Maduro, el presidente invocaba la Alien Enemies Act para actuar contra ellos.
El viernes de la semana pasada, sin trámite, comunicación, orden judicial ni nada remotamente parecido, el gobierno de los Estados Unidos llenó dos aviones de inmigrantes venezolanos detenidos por las autoridades de inmigración y los deportó a El Salvador. Un juez federal, tras recibir denuncias de sus abogados y varias organizaciones de derechos civiles, ordenó que fueran devueltos de inmediato. La administración Trump, alegando que estaban “en aguas internacionales”, ignoró la petición del juez y los puso en manos del gobierno salvadoreño. Ahora mismo se supone (porque no hay confirmación oficial) que están en una cárcel allí, en un régimen de trabajos forzados.
Digo “se supone” porque no hay comunicación oficial por parte de la Casa Blanca. Por no haber, no existe ni una lista oficial de deportados ni una motivación legal explícita más allá de unas declaraciones de Marco Rubio en una entrevista radiofónica en las que dice que su deportación es una “cuestión de política exterior”, que tienen un acuerdo con el gobierno salvadoreño y que un juez no puede entrometerse en relaciones internacionales. El gobierno dice que son miembros del Tren de Aragua, el Tren de Aragua son “enemigos extranjeros” y el gobierno tiene autoridad absoluta para deportarlos a una cárcel fuera del país.
Eso es lo que dice la Casa Blanca, pero entre los deportados hay muchos venezolanos que no son miembros del Tren de Aragua. Uno es peluquero, pero ICE alega que sus tatuajes demuestran que es un pandillero peligroso. Otro es un hombre gay que se gana la vida haciendo tatuajes. Otro es un futbolista profesional, aficionado del Real Madrid, que huyó de Venezuela tras ser torturado por el régimen de Maduro y había solicitado asilo.
Insisto: Marco Rubio, Stephen Miller y el resto de la administración alegan que el gobierno puede detenerlos sin control judicial alguno y enviarlos a un campo de concentración en otro país, sin más, simplemente alegando que son del “Tren de Aragua”. No tienen que dar pruebas. La ley no las requiere. No hay absolutamente ningún control institucional. Si ICE se planta en la casa de Taylor Swift (esa enemiga del pueblo), AOC o una persona al azar, los mete en una avioneta y los deporta a las prisiones de Bukele a grito de “enemigos de América” y “Tren de Aragua”, pueden hacerlo, porque no tienen obligación legal alguna, según ellos, de presentar pruebas. No tienen ni que demostrar que fueran venezolanos. Este es el argumento que estaban dando esta semana explícitamente ante el juez.
El umbral
Esta clase de argumentos legales cruza un umbral increíblemente peligroso. La Casa Blanca está alegando que puede hacer desaparecer, sin habeas corpus o protección legal alguna, a toda una categoría de personas que ellos definen. Por el momento, alegan que solo buscan “pandilleros venezolanos”, pero no hay nada que les impida detener a quien les plazca o invocar una autoridad legal parecida para perseguir otros grupos (cárteles de la droga mexicanos, irritantes blogueros europeos, lo que sea). ICE, estos días, tiene una tendencia a detener accidentalmente a ciudadanos americanos. Bajo la motivación legal de estas deportaciones, pueden acabar enviando a alguien a El Salvador.
La “proclamación” legal de Trump para iniciar estas deportaciones, huelga decirlo, contradice por completo el texto de la ley de 1798. El Tren de Aragua es una banda de matados que la derecha reaccionaria americana trata como si fuera la Liga de Supervillanos, no un estado o nación. La “invasión” es una fantasía de mentes recalentadas por Fox News y Twitter. Es muy probable que los tribunales invaliden esta maniobra y que el recurso llegue al Supremo. Incluso con esta corte, es probable que bloqueen sus acciones por completo.
Otra cosa es que les hagan caso. La administración empezó esta historia desobedeciendo abiertamente a un juez. Es perfectamente posible que sigan haciéndolo. El mismo Supremo, en esa sentencia infame y estúpida sobre inmunidad presidencial, colocó al presidente fuera de cualquier control judicial en cualquier materia que forme parte de sus “poderes exclusivos”. Incluso si le dijeran que no puede condenar a gente a años de espantosa esclavitud en un campo de concentración salvadoreño por las bravas, la única institución que puede detener a Trump es el Congreso vía impeachment. Los republicanos ya declinaron hacerlo después de que diera un golpe de Estado; lo de deportar a sus enemigos y sucios inmigrantes casi será recibido con aplausos.
Y, por enésima vez, nada de esto es una sorpresa, porque Trump y Stephen Miller se pasaron toda la campaña diciendo que invocarían la Alien Enemies Act. El texto de la ley no es exactamente secreto.
El arma de Chéjov
¿Llegaremos a un extremo en que la Casa Blanca se dedique a deportar a enemigos del régimen, estilo régimen autoritario tercermundista medio? A ser sincero, no creo que lleguemos a esos extremos, porque este es un país muy cafre, pero incluso la opinión pública americana tiene ciertos límites. Lo que sí veremos, sin embargo, es una política migratoria draconiana, atroz y con nulo respeto a los derechos civiles de nadie, hayan inmigrado legalmente o no. Visados, tarjetas de residencia, asilo político, no importan en absoluto. Los tribunales tendrán problemas serios para poner límites a la administración, porque las leyes migratorias son un desastre.
El hecho de que el argumento
“legal” que les permite hacer desaparecer disidentes esté ahí, sobre la
mesa, no obstante, es como poco inquietante. La arma de Chéjov no debería ser nunca la extinción del Estado de derecho, pero es lo que tenemos en la escena. Viendo la actitud de Trump hacia medios hostiles, universidades y cualquier institución que osara investigarlo, tenemos más de una." (Roger Senserrich , blog, 20/03/25)
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