"Es un nuevo día para la aplicación de la ley federal de inmigración en Estados Unidos. El reciente anuncio de la administración de Donald J. Trump sobre la aplicación de las leyes de inmigración pone fin a la antigua política de «lugares sensibles» y permite las detenciones federales de inmigrantes en escuelas, iglesias y hospitales. Este gran cambio tendrá impactos inmediatos en las comunidades inmigrantes de California, el estado más poblado de Estados Unidos, con 39 millones de habitantes.
Esta es la razón Según Marisol Cuéllar Mejía, César Alesi Pérez y Hans Johnson, del Instituto de Políticas Públicas de California, «en California viven 10,6 millones de inmigrantes, el 22% de la población nacida en el extranjero de todo el país». El Pew Research Center calcula que 1,8 millones de inmigrantes en California eran indocumentados en 2022, frente a los 2,8 millones de 2007; es decir, la proporción de indocumentados cayó del 28% al 17%.
En este contexto demográfico, George Galvis es el director ejecutivo de Communities United for Restorative Youth Justice (CURYJ), con sede en Oakland, California. La siguiente entrevista se realizó por correo electrónico.
Seth Sandronsky: ¿Cómo afectará este cambio de política migratoria de Trump al acceso de las familias inmigrantes a servicios esenciales?
George Galvis: La decisión de la administración Trump de permitir la entrada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en escuelas, iglesias e instalaciones sanitarias está creando un clima de terror en nuestras comunidades. Mientras seguimos asesorando a las familias para que accedan a estos servicios esenciales, esta política hace que los padres teman llevar a sus hijos a una cita médica o asistir a eventos escolares. Este tipo de aplicación de las leyes de inmigración está privando sistemáticamente a las familias inmigrantes de los servicios básicos y los sistemas de apoyo que todos los seres humanos necesitan para sobrevivir y prosperar.
SS: Háblenos del modelo más amplio de criminalización de las comunidades inmigrantes.
GG: Esta última política se inscribe en una pauta más amplia de criminalización y deshumanización de las comunidades inmigrantes. La administración sigue insistiendo en falsas narrativas sobre la seguridad pública y la seguridad nacional para justificar una aplicación de la ley cada vez más agresiva, a pesar de que existen pruebas claras de que los inmigrantes cometen delitos en menor proporción que los ciudadanos nacidos en el país. Lo que estamos viendo en realidad es un aumento de los perfiles raciales, la vigilancia y el control policial de nuestras comunidades bajo el pretexto de la aplicación de las leyes de inmigración.
SS: Explique las alternativas comunitarias a la aplicación punitiva de las leyes de inmigración.
GG: En CURYJ y a través de nuestras asociaciones con otras organizaciones comunitarias, estamos demostrando que hay enfoques más eficaces y humanos centrados en la construcción de poder y el apoyo a las familias en lugar de separarlas. A través de nuestras Zonas de Poder Juvenil, estamos creando espacios seguros y curativos que ofrecen apoyo y recursos integrales a los jóvenes y sus familias, independientemente de su situación migratoria. Estas zonas son un modelo de seguridad pública dirigida por la comunidad que no se basa en la criminalización ni en la aplicación de la ley. Proporcionamos educación para conocer sus derechos, ayudamos a desarrollar planes de seguridad familiar y trabajamos para mantener conexiones vitales con la comunidad y el acceso a los servicios. Nuestro modelo demuestra que podemos crear seguridad mediante la solidaridad y el apoyo, no mediante el castigo y el miedo.
SS: ¿Cuáles son las contribuciones económicas y sociales de las comunidades de inmigrantes?
GG: La realidad es que las comunidades inmigrantes son esenciales para el tejido de nuestra sociedad y nuestra economía. Hablamos de propietarios de negocios, trabajadores, contribuyentes y líderes comunitarios. Cuando las políticas de aplicación de la ley hacen que la gente tenga miedo de participar plenamente en la sociedad -ya sea dirigiendo un negocio, denunciando delitos o participando en las escuelas de sus hijos- se debilita toda nuestra comunidad. La verdadera seguridad pública pasa por garantizar que todo el mundo pueda participar plenamente y contribuir a nuestras comunidades sin miedo.
(La semana pasada, la ciudad de Oakland rescindió un contrato de CURYJ en medio del mensaje de la administración Trump de retirar el apoyo federal a los grupos comunitarios que prestan servicios sociales)."
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