"Resulta preocupante significar que la institución judicial siempre estuvo en crisis, en la medida en que de todos los poderes del Estado (en el sentido clásico de la división formulada por Montesquieu) es, sin duda alguna, aquella en la que menos incidió la débil transición democrática acaecida tras el fin de la dictadura.
Los motivos de esta situación se relacionan estrechamente con lo que llamamos “modelos de juez”. Sintéticamente, cabe explicar que durante la dictadura franquista y tras la terrible depuración de los pocos jueces fieles a la II República se perpetuó una carrera judicial regida por los valores de adscripción ideológica, fidelidad a la casta, un fiero corporativismo y una adhesión inquebrantable al positivismo jurídico.
La entrada en vigor de la Constitución de 1978 supuso un cambio radical, al ser considerado este texto debe como una auténtica norma jurídica aplicable junto con los Tratados Internacionales, y que consecuentemente los jueces deban aplicar las normas en la forma más efectiva para que se protejan los derechos fundamentales y sociales de la ciudadanía.
Tal cambio de paradigma fue, sin embargo, esquivado por la mayoría de los miembros de la carrera, incluyendo el Tribunal Supremo. A pesar de ello, hay que reconocer la encomiable labor realizada por Justicia Democrática, en clandestinidad, y posteriormente por Jueces para la Democracia, así como el Tribunal Constitucional durante los años 80.
Por desgracia, la ola garantista en estos cuarenta años de democracia, introducida por un buen número de jueces, destacando el sector que procedía de su experiencia en la abogacía laboralista vinculada a CCOO y al PCE, parece estar en horas más que bajas.
Jueces que se concentran contra la amnistía
Tenemos así el funesto ejemplo de las concentraciones de jueces en distintos tribunales criticando abiertamente el entonces proyecto de la Ley de amnistía, las investigaciones prospectivas, los casos de persecución a partidos como Podemos sobre premisas inexistentes o falsas, o los insultos clasistas y machistas en público hacia dirigentes políticas.
Esta situación genera una sensación de desazón evidente que causa un daño terrible en la ciudadanía y en la propia democracia, al quedar más que quebrantado el principio de separación de poderes y la concepción de la independencia judicial, que no es un privilegio, sino una garantía para la sociedad civil.
Insistiré de nuevo en que este estado de cosas no se va a revertir si no se apuesta de forma tajante por un verdadero cambio en la forma de ingresar en la judicatura, para transformar su composición real.
Así, el actual modelo de acceso a la carrera judicial nos resulta sumamente criticable por las siguientes razones:
En primer lugar, el sistema sigue siendo discriminatorio por razones económicas. A pesar de algunas ayudas dadas por Comunidades Autónomas como Catalunya, no solo para preparar el examen sino en forma de becas para el sostenimiento personal, o las becas aprobadas por el Ministerio de Justicia en la pasada legislatura y en el anteproyecto actual, lo cierto es que el sistema es mayoritariamente privado. Se ha de recurrir a medios como academias o preparadores individuales para la superación de la parte teórica. El 98% de la promoción actual, atendiendo a los datos del mes de febrero del 2024, declara que fueron sus familias quienes sufragaron los gastos. No recibieron ayudas públicas. Pensemos en que la media para aprobar la oposición se sitúa en 5 años y 6 meses, según los mismos datos, y, por tanto, ¿qué porcentaje poblacional puede por tanto permitirse esta opción?
En segundo lugar, la inmensa mayoría de los jueces españoles defiende el modelo vigente y teme que cualquier reforma produzca un deterioro de la calidad o independencia. Es normal: pusieron mucho esfuerzo y lograron su objetivo, luego asocian el sistema con virtud y lo defienden de ocurrencias peligrosas. Es un sesgo inevitable, y, con mucho, el sesgo mayoritario entre jueces.
Un sistema de oposiciones decimonónico
Estamos ante unas oposiciones claramente decimonónicas, donde cuestiones como las abordadas referidas al modelo de juez constitucional, la motivación de las sentencias o el buen trato a la ciudadanía directamente no se abordan. No se niega la existencia de reformas en el programa, pero lo cierto es que sustancialmente sigue siendo similar al de 1870.
La forma de aprobar pasa por memorizar como píldoras casi 400 temas para recitarlos ante un tribunal, tras la superación de un test excluyente. Se requieren dotes de acróbata para cantar los cinco temas que surgen al azar en los 12 minutos exigidos para cada uno de ellos. No se aprende un oficio como el de un buen artesano, no se conoce ni de lejos la complejidad de la realidad, ni se vislumbran las tristezas de un cuerpo social del que, curiosamente, más se alejan progresivamente quienes van a juzgarlo. Como refiere Kafka, ahora que se cumplen cien años de su muerte, “el espíritu se alimenta de un serrín que se ha rumiado antes por mil bocas”.
Asimismo, el riesgo de seguir perpetuando un modelo tan anacrónico como el actual supone que, por mucho esfuerzo que se realice en la Escuela Judicial para corregir los defectos de la fase previa teórica e introducir elementos pedagógicos esenciales para adquirir conocimientos esenciales relativos al ejercicio de la función jurisdiccional, no cumplirá su finalidad. El múltiple conjunto de sesgos ya adquiridos, dados por los componentes de clase ya referidos, origen, “adoctrinamiento de los preparadores”, etc. hace que los futuros jueces entren en la Escuela con una actitud en la mayoría de los casos displicente. En nuestro criterio, que parte de la propia experiencia, aquellos no conciben que esta les sea de utilidad y entienden que no es sino un tiempo perdido, pues parten del hecho de que la superación de la fase teórica ya les ha convertido en “un poder del Estado”. Es por ello que desprecian las actividades relacionadas con el conocimiento de la realidad social, como las visitas a centros de menores o de internamiento de migrantes o prisiones, entre otros muchos ejemplos.
Las últimas promociones, quizás como reflejo de los tiempos de involución que vivimos, muestran actitudes más que preocupantes en el trato a la ciudadanía, caracterizadas por la altivez, prepotencia y despotismo. Así lo puso de manifiesto el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ hace ahora un año, mostrando su preocupación al respecto y no siendo sospechoso, digamos, de ser una persona especialmente situada en la “izquierda judicial”.
Entiendo que el sistema debería transformarse hacia otro que, completamente público, partiera de una evaluación seria y continuada durante la carrera en la facultad de derecho y que, una vez se realizarse un examen de estado (que sería accesible para estudiantes de facultades privadas o públicas) posibilitara el ingreso en la escuela judicial tras las notas obtenidas, donde se potenciara la oralidad y la escritura, el aprendizaje mediante el método del caso, pruebas de disertación y argumentación y estancias en instituciones y espacios para conocer la realidad social y el ejercicio de un oficio que, siendo uno de los más bellos, puede suponer también una enorme violencia para los ciudadanos, por lo que afecta a sus derechos fundamentales y sociales."
Los motivos de esta situación se relacionan estrechamente con lo que llamamos “modelos de juez”. Sintéticamente, cabe explicar que durante la dictadura franquista y tras la terrible depuración de los pocos jueces fieles a la II República se perpetuó una carrera judicial regida por los valores de adscripción ideológica, fidelidad a la casta, un fiero corporativismo y una adhesión inquebrantable al positivismo jurídico.
La entrada en vigor de la Constitución de 1978 supuso un cambio radical, al ser considerado este texto debe como una auténtica norma jurídica aplicable junto con los Tratados Internacionales, y que consecuentemente los jueces deban aplicar las normas en la forma más efectiva para que se protejan los derechos fundamentales y sociales de la ciudadanía.
Tal cambio de paradigma fue, sin embargo, esquivado por la mayoría de los miembros de la carrera, incluyendo el Tribunal Supremo. A pesar de ello, hay que reconocer la encomiable labor realizada por Justicia Democrática, en clandestinidad, y posteriormente por Jueces para la Democracia, así como el Tribunal Constitucional durante los años 80.
Por desgracia, la ola garantista en estos cuarenta años de democracia, introducida por un buen número de jueces, destacando el sector que procedía de su experiencia en la abogacía laboralista vinculada a CCOO y al PCE, parece estar en horas más que bajas.
Jueces que se concentran contra la amnistía
Tenemos así el funesto ejemplo de las concentraciones de jueces en distintos tribunales criticando abiertamente el entonces proyecto de la Ley de amnistía, las investigaciones prospectivas, los casos de persecución a partidos como Podemos sobre premisas inexistentes o falsas, o los insultos clasistas y machistas en público hacia dirigentes políticas.
Esta situación genera una sensación de desazón evidente que causa un daño terrible en la ciudadanía y en la propia democracia, al quedar más que quebrantado el principio de separación de poderes y la concepción de la independencia judicial, que no es un privilegio, sino una garantía para la sociedad civil.
Insistiré de nuevo en que este estado de cosas no se va a revertir si no se apuesta de forma tajante por un verdadero cambio en la forma de ingresar en la judicatura, para transformar su composición real.
Así, el actual modelo de acceso a la carrera judicial nos resulta sumamente criticable por las siguientes razones:
En primer lugar, el sistema sigue siendo discriminatorio por razones económicas. A pesar de algunas ayudas dadas por Comunidades Autónomas como Catalunya, no solo para preparar el examen sino en forma de becas para el sostenimiento personal, o las becas aprobadas por el Ministerio de Justicia en la pasada legislatura y en el anteproyecto actual, lo cierto es que el sistema es mayoritariamente privado. Se ha de recurrir a medios como academias o preparadores individuales para la superación de la parte teórica. El 98% de la promoción actual, atendiendo a los datos del mes de febrero del 2024, declara que fueron sus familias quienes sufragaron los gastos. No recibieron ayudas públicas. Pensemos en que la media para aprobar la oposición se sitúa en 5 años y 6 meses, según los mismos datos, y, por tanto, ¿qué porcentaje poblacional puede por tanto permitirse esta opción?
En segundo lugar, la inmensa mayoría de los jueces españoles defiende el modelo vigente y teme que cualquier reforma produzca un deterioro de la calidad o independencia. Es normal: pusieron mucho esfuerzo y lograron su objetivo, luego asocian el sistema con virtud y lo defienden de ocurrencias peligrosas. Es un sesgo inevitable, y, con mucho, el sesgo mayoritario entre jueces.
Un sistema de oposiciones decimonónico
Estamos ante unas oposiciones claramente decimonónicas, donde cuestiones como las abordadas referidas al modelo de juez constitucional, la motivación de las sentencias o el buen trato a la ciudadanía directamente no se abordan. No se niega la existencia de reformas en el programa, pero lo cierto es que sustancialmente sigue siendo similar al de 1870.
La forma de aprobar pasa por memorizar como píldoras casi 400 temas para recitarlos ante un tribunal, tras la superación de un test excluyente. Se requieren dotes de acróbata para cantar los cinco temas que surgen al azar en los 12 minutos exigidos para cada uno de ellos. No se aprende un oficio como el de un buen artesano, no se conoce ni de lejos la complejidad de la realidad, ni se vislumbran las tristezas de un cuerpo social del que, curiosamente, más se alejan progresivamente quienes van a juzgarlo. Como refiere Kafka, ahora que se cumplen cien años de su muerte, “el espíritu se alimenta de un serrín que se ha rumiado antes por mil bocas”.
Asimismo, el riesgo de seguir perpetuando un modelo tan anacrónico como el actual supone que, por mucho esfuerzo que se realice en la Escuela Judicial para corregir los defectos de la fase previa teórica e introducir elementos pedagógicos esenciales para adquirir conocimientos esenciales relativos al ejercicio de la función jurisdiccional, no cumplirá su finalidad. El múltiple conjunto de sesgos ya adquiridos, dados por los componentes de clase ya referidos, origen, “adoctrinamiento de los preparadores”, etc. hace que los futuros jueces entren en la Escuela con una actitud en la mayoría de los casos displicente. En nuestro criterio, que parte de la propia experiencia, aquellos no conciben que esta les sea de utilidad y entienden que no es sino un tiempo perdido, pues parten del hecho de que la superación de la fase teórica ya les ha convertido en “un poder del Estado”. Es por ello que desprecian las actividades relacionadas con el conocimiento de la realidad social, como las visitas a centros de menores o de internamiento de migrantes o prisiones, entre otros muchos ejemplos.
Las últimas promociones, quizás como reflejo de los tiempos de involución que vivimos, muestran actitudes más que preocupantes en el trato a la ciudadanía, caracterizadas por la altivez, prepotencia y despotismo. Así lo puso de manifiesto el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ hace ahora un año, mostrando su preocupación al respecto y no siendo sospechoso, digamos, de ser una persona especialmente situada en la “izquierda judicial”.
Entiendo que el sistema debería transformarse hacia otro que, completamente público, partiera de una evaluación seria y continuada durante la carrera en la facultad de derecho y que, una vez se realizarse un examen de estado (que sería accesible para estudiantes de facultades privadas o públicas) posibilitara el ingreso en la escuela judicial tras las notas obtenidas, donde se potenciara la oralidad y la escritura, el aprendizaje mediante el método del caso, pruebas de disertación y argumentación y estancias en instituciones y espacios para conocer la realidad social y el ejercicio de un oficio que, siendo uno de los más bellos, puede suponer también una enorme violencia para los ciudadanos, por lo que afecta a sus derechos fundamentales y sociales."
No hay comentarios:
Publicar un comentario