"Se acerca una nueva recesión y el mercado de trabajo español parece
condenado a repetir sus pautas de las crisis anteriores. Los eres que se
anuncian ante los primeros atisbos (Caixabank, Santander, Codorniú,
Nissan, Supersol…) anticipan ya un nuevo ciclo de ajustes de plantilla.
Si Pedro Sánchez y el gobierno del PSOE no se muestra consecuente con
sus planteamientos en la oposición y toma medidas urgentes que cambien
nuestro patrón de comportamiento y llega una crisis, una nueva oleada de
desempleo masivo parece inevitable. Y volverá a ocurrir que el índice
de desempleo triplica la caída del PIB y que volveremos a cotas de
desempleo superiores al 25%. (...)
La realidad es que España sigue siendo singular en el mundo por lo contrario de lo que nos cuentan: su economía es la más elástica del mundo,
la que se caracteriza por una creación de empleo más intensa que
ninguna otra en momentos de auge y una destrucción más intensa en
momentos de crisis. Ese tobogán, en el que España es líder mundial, no
es precisamente un síntoma de rigidez sino de todo lo contrario.
El mercado de trabajo de España no es un accidente, es
la consecuencia del tipo de flexibilización buscada por las 17 reformas
laborales aplicadas desde 1980, impulsadas desde Bruselas, el FMI o la
OCDE, que no han hecho otra cosa que agravar el patrón histórico
de comportamiento de nuestra economía. Una y otra vez, las mismas
instituciones han repetido las mismas recetas para acentuar las
enfermedad con los mismas consecuencias.
En 2010, mientras el gobierno del PSOE preparaba su reforma laboral, un informe del FMI
reconocía que España presentaba la mayor elasticidad del empleo entre
los países desarrollados. En 2012, mientras el PP preparaba su gran
reforma-hachazo, otro informe, en este caso del Banco de España
2012, asumía esa misma elasticidad mientras se quejaba de otras
reformas laborales anteriores “que fomentaban el empleo de baja
productividad y una excesiva volatilidad del mismo”. Reconocía además
que nuestra demostrada capacidad para destruir empleo no podía
“atribuirse al peso de la construcción o a la estructura del sistema
productivo ya que todas ramas muestran cambios similares entre las
distintas fases del ciclo”.
El informe del BdE decía que era consecuencia del
“marco institucional vigente” y proponía como solución más “moderación
salarial” para “amortiguar la intensidad de la destrucción de empleo en
las (siguientes) fases cíclicas recesivas”. Pasados siete años, cuando
se vislumbra la próxima recesión, conocemos sus consecuencias: el último análisis sobre la EPA,
realizado por mis compañeros de EFC, (abril 2019), señala justamente
que “la devaluación de los salarios se ha convertido en un elemento
permanente de la evolución del mercado de trabajo”. Lo que era
coyuntural se ha vuelto estructural.
La persistencia en el diagnóstico no tiene detrás ninguna justificación
científica. Simplemente las reformas dieron argumentos al camino cómodo demandado por las asociaciones patronales:
acentuar la flexibilización de salida (a través de despidos) y de
entrada (subvencionando cada vez más contratos y flexibilizando los
temporales) acompañado de altísima tolerancia con el abuso de la
temporalidad en fraude de ley, mientras en otros países europeos se
implantaban programas de reparto de empleo y de reducción del tiempo del
trabajo.
La elasticidad del empleo camina en sentido contrario al progreso de un país,
es decir, debe decrecer mientras aumenta la calidad y productividad de
su empleo. Los países “en desarrollo”, con abundancia de empleo barato,
se sitúan en una elasticidad del empleo de alrededor del 0,7.
La
elasticidad promedio del mundo se sitúa entre el 0,32 y el 0,37 es decir
que cada aumento del 1% en el PIB global genera una tercera parte de
empleo, lo que significa que los dos tercios restantes deben atribuirse a
incrementos de productividad. En la medida que los países escalan en el desarrollo su elasticidad decrece hasta situarse para los países avanzados en un 0,25 de promedio y aproximarse a cero (o ser negativa) en los punteros.
España es una excepción por un doble motivo: es la
única nación cuya elasticidad se mantiene por encima de 1, como
promedio, de los últimos 20 años (también ahora en 2019) lo que
significa que sólo aumenta su productividad en momentos de crisis. Esa rara enfermedad
tiene otros síntomas: es la única en la que la elasticidad crece
sistemáticamente en cada ciclo, hasta situarse en 2,01 en los cinco años
que siguieron a la crisis de 2008.
España es mucho más flexible que
Grecia y Portugal, más que Hungría y Bulgaria; más que Malta y Chipre;
más que Indonesia, México, Turquía, Rusia o Sudáfrica. Todo eso aparece
explicitado en un informe preparado conjuntamente por los expertos de la
OIT, la OCDE, el Banco Mundial y el FMI en el que analiza 42 países,
titulado Los mercados de trabajo en 2015: fortalecimiento del vínculo entre crecimiento y empleo. para la reunión del G20 celebrada en Turquía a finales de 2015.
Cuanto más se “profundiza en las reformas” laborales más nos alejamos de los comportamientos normales, más se fomenta la baja productividad de la economía y más la volatilidad del empleo.
Una referencia histórica: en el periodo 1979/1989,
antes del desmontaje acelerado de nuestra industria que provocó la
entrada en el Mercado Común, la elasticidad del empleo, era mucho más
baja, del 0,11 en línea con otros países europeos. Entonces la
productividad crecía al 2,4% anual.
El gobierno del PSOE aporta una nueva oportunidad para
que España cambie el destino suicida de las anteriores reformas
laborales que nos alejan de la normalidad. Pero, para ello, debe
atreverse a enfrentarse a la miopía demandada por las asociaciones patronales.
La campaña del lobby que las apoyan ya está en marcha. Por un lado, el Banco de España parece asombrarse de que “las reformas laborales no han cambiado el patrón basado en la precariedad
como puerta de entrada al trabajo” y vuelve a demandar soluciones que
“profundicen en las reformas” para acabar con la “dualidad entre fijos y
temporales”. Por otro, surgen voces que achacan los EREs y los despidos
al miedo de las empresas a una contrarreforma laboral
unilateral de los socialistas. Los que se oponen a la eliminación de
los aspectos más lesivos de las reformas de 2010 y 2012, aprobadas
unilateralmente, solicitan un “consenso imposible” que pretende
perpetuarlas.
No queda otro camino que fortalecer los convenios colectivos y reducir la unilateralidad empresarial
si queremos conseguir que España se plantee los ajustes empresariales a
partir de políticas públicas que favorezcan el reparto de rentas
(salarios, beneficios, dividendos) y/o reducción de tiempo del trabajo
antes que en el despido, como han hecho siempre otros países. Solo
mediante la corrección de los desequilibrio del poder a favor del empresario, introducidos en esas reformas se evitarán las soluciones fáciles cuyos resultados ya conocemos.
Esa es la responsabilidad imperiosa del gobierno del PSOE. Por ella será juzgado." ( , Economistas frente a la crisis, 02/06/19)
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