"(...) Y precisamente quien comenzó con las filtraciones fue MAR al filtrar el correo entre el fiscal Julián Salto y Carlos Neira del 12 de marzo de 2024. Fue su ejercicio de intoxicación masiva (51 periodistas lo recibieron). MAR lo filtró a El Mundo, con autorización de González Amador y luego a “sus periodistas” como les llama. La intoxación: la Fiscalía propuso un pacto de conformidad a González Amador y por orden “de arriba” (referencia al Fiscal General del Estado) lo han retirado.
Esta manipulación quedó patente en la declaración de MAR, quien explicó que la presunta retirada de la oferta de pacto era una deducción suya, sin respaldo informativo: “Tengo el pelo blanco, quiero decir que llevo muchos años en este ámbito y puedo intuir, colegir, adivinar qué está pasando en el mundo político, sobre todo en un órgano tan respetable como el Ministerio Fiscal”.
Es decir: por razones políticas, para castigar a Díaz Ayuso con una patada en el culo de González Amador (quien había ganado 2 millones de euros como intermediario de un contrato de mascarillas y había defraudado, según la Agencia Tributaria, 350.951 euros en los ejercicios 2020 y 2021 con unas 15 facturas falsas.
Hasta el teniente coronel Antonio Balas Dávila, responsable de los informes solicitados por el juez Hurtado a las Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) le tendió una mano en el esfuerzo de “aislar” el correo del 2 de febrero de 2024.
Porque en su atestado omitió el hecho de que el primer filtrador fue MAR. Durante su declaración ante el juez Hurtado, cuando se le preguntó a Balas por qué no incluyó en la secuencia la citada filtración, respondió: “Incluyo lo que considero necesario”.
Omitió, pues, uno “de los correos” que la Sala de Admisión señaló como objeto de la investigación y que el juez Hurtado intentó soslayar.
Con la composición del tribunal de enjuiciamiento ya se puede a ver un mapa de previsión, sin tener lo que aflorará en el juicio oral.
Para el presidente de la Sala Segunda y presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, cuyo mandato vence en abril de 2027, será, si no se presentan imponderables, el gran acontecimiento de su corto mandato. Quizá tenga que presidir algún juicio de corrupción de aforados, pero su importancia respecto al Fiscal General del Estado palidece en comparación.
Hay que saber que, según varios testimonios solventes, mantuvo, en su calidad de presidente interino de la Sala Segunda, un diálogo subido de tono en el despacho del instructor. Salió de su despacho no porque Hurtado le despidiera con cajas destempladas. “Más bien fue al revés” señaló una fuente del Supremo a este diario.
La magistrada Ana Ferrer, por su parte, difícilmente perciba, según fuentes consultadas, la existencia de delito en las actuaciones, en línea con el voto particular del magistrado de la Sala de Apelaciones, Andrés Palomo , que bien podría servir de modelo de una sentencia absolutoria.
Por su parte, la ponente, también de esta sentencia, Susana Polo, tiene la oportunidad de revisar su conducta descrita en la Sala de Admisión.
La sentencia condenatoria, pues, no tiene posibilidades de hacerse por unanimidad.
Marchena ¿se prestará a ir hasta el final con los votos de su incondicional Lamela, de Berdugo y de Del Moral, en una sentencia condenatoria de 4 contra 3?
Claro, un jurista como Antonio del Moral, tendría que respaldarle.
Y eso también esta por ver.
La alternativa es trasladar lo que Marchena, según la versión de Susana Polo, le había apuntado para persuadirla de abrir causa contra el fiscal general, a la sentencia: una sentencia absolutoria, por falta de prueba; eso sí, con un par de párrafos duros con la custodia de los correos y las filtraciones.
Vamos unas frases para que lo que llamamos el sindicato mediático -judicial pueda llevar a portadas contra el Gobierno.
Pero si el guarreo fue la impronta antes de adoptarse la decisión de la Sala Penal de abrir causa, con MAR revoloteando como mosca cojonera con sus vaticinios -certeros-, también lo ha sido durante la instrucción de Hurtado.
Cuatro periodistas de El País han decidido protocolizar -acudir a un notario para hacer un acta- sus mensajes y aportarlos como prueba a la causa.
Incluso se ha sabido que la propiedad del grupo Prisa decidió poner este hecho como excusa para despedir a la entonces directora, Pepa Bueno.
Pero a lo que vamos: les encantaría saber, queridas lectoras y lectores, de quién fue esa idea, es decir, quién sugirió que ir a un notario con los mensajes podía tener valor probatorio.
Y saberlo, os aseguro, guarrearía todavía más al tribunal.(...)"
(Ernesto Ekaizer , blog, 18/10/25)
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