"Digámoslo ya: el acuerdo alcanzado por los partidos de izquierda franceses bajo la etiqueta de "Nueva Unión Popular" es una excelente noticia para la democracia francesa y europea. Quienes ven en él el triunfo del radicalismo y del extremismo es evidente que no han entendido nada de la evolución del capitalismo y de los retos sociales y medioambientales a los que nos enfrentamos desde hace varias décadas.
En realidad, si miramos las cosas con calma, el programa de transformación propuesto en 2022 es bastante menos ambicioso que los de 1936 o 1981. En lugar de ceder al conservadurismo imperante, es mejor tomarlo como lo que es: un buen punto de partida sobre el que seguir construyendo.
El programa adoptado marca el regreso de la justicia social y fiscal. En un momento en que la inflación ya ha empezado a recortar los ingresos y los ahorros de los más modestos, es urgente cambiar de rumbo. Quienes afirman que las políticas del tipo "lo que sea" no las pagará nadie, mienten a los ciudadanos. Para compensar a los más vulnerables por los efectos de la inflación y financiar las inversiones en sanidad, educación y medio ambiente, será imprescindible pedir a los más ricos que contribuyan.
Entre 2010 y 2022, según la revista Challenges (que no puede ser sospechosa de izquierdismo), las 500 mayores fortunas francesas pasaron de 200.000 millones a casi un billón, es decir, del 10% del PIB a casi el 50% del PIB. El aumento es aún mayor si ampliamos el foco y nos fijamos en las 500.000 mayores fortunas (el 1% de la población adulta), que ahora superan los 3.000 billones de euros (6 millones de euros por persona según la Base de Datos Mundial de Desigualdad), frente a los apenas 500.000 millones de los 25 millones más pobres (el 50% de la población adulta, cada uno con 20.000 euros de media).
Elegir, en medio de un período de prosperidad tan espectacular para los más ricos y de estancamiento para los menos prósperos, suprimir el exiguo impuesto sobre el patrimonio, cuando evidentemente debería haberse aumentado, muestra un curioso sentido de las prioridades. Los historiadores que estudien este periodo no serán amables con los gobiernos de Macron y sus partidarios.
La primera virtud de los partidos de izquierda es haber superado sus conflictos para unirse en su oposición a esta deriva. Además de restablecer el ISF (Impot sur la Fortune) o impuesto sobre la riqueza, se propone transformar el impuesto sobre la propiedad en un impuesto progresivo sobre la riqueza neta, lo que permitiría grandes reducciones de impuestos para millones de franceses sobreendeudados de las clases trabajadoras y medias. Para fomentar el acceso a la propiedad, el paquete podría completarse con un sistema de herencia mínima para todos.
El acuerdo alcanzado entre los "insoumis" (rebeldes) y los socialistas prevé también la extensión de los derechos salariales a los trabajadores por cuenta ajena y el refuerzo de la presencia de los asalariados en los consejos de administración. Este sistema existe desde la posguerra en Suecia y Alemania (con hasta el 50% de los puestos en las grandes empresas) y ha permitido una mejor participación de todos en las estrategias de inversión a largo plazo.
Desgraciadamente, sigue siendo embrionario en Francia: la derecha siempre le ha sido hiper-hostil (los gaullistas pretendían a veces favorecer la participación en los beneficios, en realidad unas migajas, pero sin cuestionar nunca el monopolio del poder de los accionistas), y la izquierda ha apostado durante mucho tiempo por las nacionalizaciones (como en 1981). El giro actual hacia un enfoque menos estatalista y más participativo recuerda a los convenios colectivos de 1936 y abre el camino a un nuevo paradigma. De nuevo, a largo plazo, habría que hacer mucho más, por ejemplo garantizando el 50% de los puestos a los trabajadores en todas las empresas (pequeñas y grandes) y limitando al 10% los derechos de voto de un accionista individual en las grandes empresas. (...)"
(Piketty, blog, 10/05/22; Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator)
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