Una constitución nunca es neutra, es el producto de un equilibrio de fuerzas socioeconómico más que parlamentario. Desde ahí, una constitución establece unos marcos generales de derechos y deberes a desarrollar para todos, no diseña una ficción desde el imaginario de lo diverso.
Además una constitución debe ser perdurable en el tiempo, no ser susceptible de enmienda al instante. El problema de hacer una constitución con apellidos es que dejas abierta la puerta a que cada cual, cuando cambie la correlación de fuerzas, quiera imponer los suyos.
El resultado no es el triunfo de una derecha que, sin duda, ha votado en contra por inmovilismo, sino, atendido al referéndum derogatorio, el resultado de una izquierda que no ha votado a favor porque ha detectado estos problemas: buscar la diferencia antes que la igualdad.
2:30 a. m. · 5 sept. 2022
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"(...) Los votantes chilenos rechazaron una propuesta de 170 páginas y 388 artículos que habría legalizado el aborto, instaurado la atención médica universal, exigido paridad de género en el gobierno, otorgado mayor autonomía a los pueblos indígenas, empoderado a los sindicatos, fortalecido las regulaciones sobre la minería y brindado derechos a la naturaleza y los animales.
La carta magna propuesta habría consagrado más de 100 derechos, más que cualquier otra constitución en el mundo, entre ellos, el derecho a la vivienda, la educación, el aire limpio, el agua, la alimentación, la salud, el acceso a internet, las prestaciones de jubilación, la asesoría legal gratuita y los cuidados “desde el nacimiento hasta la muerte”.
Y habría eliminado el Senado, fortalecido los gobiernos regionales y permitido que los presidentes chilenos se postularan por un segundo mandato consecutivo.
El texto incluía compromisos para luchar contra el cambio climático y proteger el derecho de los chilenos a elegir su propia identidad “en todas sus dimensiones y manifestaciones, incluyendo las características sexuales, identidades y expresiones de género, nombre y orientaciones sexoafectivas”.
La ambición de la propuesta constitucional, y su inclinación decididamente de izquierda, desanimó a muchos chilenos, incluidos muchos de los que habían votado a favor de reemplazar la carta magna actual. Hubo una incertidumbre generalizada sobre sus implicaciones y costos, incertidumbre en parte alimentada por información engañosa: se afirmó que el documento habría prohibido la propiedad de vivienda y que el aborto sería legal en el noveno mes de embarazo.
Los economistas estimaron que los cambios propuestos costarían del 9 al 14 por ciento de los 317.000 millones del producto interno bruto de Chile. Por mucho tiempo, el país ha sido uno de los países con menor gasto relativo en servicios públicos entre las principales democracias.
Muchos votantes se oponían particularmente a la definición de Chile como un Estado “plurinacional”. Esto significaba que 11 pueblos indígenas, que representan casi el 13 por ciento de la población, podrían haber sido reconocidos como naciones autónomas dentro del país, con sus propias estructuras de gobierno y sistemas judiciales. La propuesta se convirtió en una pieza clave de la campaña para rechazar la carta magna.
Las cinco regiones donde la propuesta constitucional fue rechazada de manera más contundente se encuentran en el sur, donde el conflicto violento entre la industria maderera y los activistas indígenas ha durado años. (...)
Pero fue el comportamiento, muy difundido, de algunos de los constituyentes lo que podría haber ahuyentado aún más a los chilenos. Se dio a conocer que un miembro de la convención estaba fingiendo un diagnóstico de cáncer que había utilizado en su campaña electoral. Otro constituyente tomó una ducha con la cámara encendida durante una votación remota.
Patricio Fernández, un escritor de izquierda que fue miembro de la convención, dijo que lamentaba que esas noticias pudieran haber ayudado a perjudicar una oportunidad histórica para su país. (...)"
(, corresponsal en Sudamérica, pasó la semana pasada en Chile, The New York Times, 04/09/22)
"Lo que hace un año parecía que sería un trámite para validar el proceso constituyente ha terminado siendo una dura derrota para las fuerzas progresistas chilenas, con el Rechazo arriba del Apruebo por casi 25 puntos porcentuales en un referéndum con voto obligatorio (a diferencia de elecciones anteriores) y participación récord. Diversos referentes del Rechazo salieron a festejar el triunfo contra el «revanchismo», el «octubrismo radical» y un texto constitucional «refundacional» y opuesto al «alma de Chile» y al «sentido común de los chilenos».
¿Cómo un proceso que comenzó con un nivel de apoyo pocas veces visto en la historia nacional terminó truncado? ¿Adónde fue a parar el apoyo al proceso constituyente?
Este proceso constitucional comenzó el 15 de noviembre de 2019. Como resultado de un masivo estallido social en octubre de ese año, un acuerdo transversal de la política chilena fijó un calendario para la redacción de una nueva Constitución. El primer hito de este calendario fue un plebiscito en el que los chilenos votaron por aplastante mayoría, más de 78%, por terminar con la Constitución vigente en Chile, y decidieron que el órgano a cargo de redactar la nueva Constitución fuera una Convención Constitucional cuyos integrantes serían electos para ese fin. Estos resultados eran verdaderamente impresionantes, no solo en términos del porcentaje de votos, sino también por su distribución territorial. En solo cinco de las 346 comunas del país ganó el rechazo al proceso constituyente. (...)
Se estableció que la Convención Constitucional sería paritaria en género, con cuotas para pueblos originarios y, en sintonía con un fuerte sentimiento antipartidos de la movilización de octubre de 2019, con algunas facilidades para las candidaturas independientes. En particular, se les permitió a los candidatos no afiliados a partidos agruparse en listas equivalentes a las partidarias.
El resultado electoral para la Convención fue un golpe a las expectativas de quienes esperaban un retorno a la política preestallido social. Las dos coaliciones históricas tuvieron magros resultados. La derecha alcanzó un porcentaje paupérrimo de votos: 20%. Esto la dejó lejos de alcanzar el tercio de los convencionales y un potencial poder de veto. La coalición de centroizquierda vio a sus fuerzas de centro y más moderadas desplomarse. Quizás el ejemplo más notorio de esta crisis fue el de la Democracia Cristiana, que solo logró elegir a un militante de sus filas para la Convención Constitucional (el presidente del partido). Pero, por lejos, el hito más relevante de estas elecciones se produjo con un éxito contundente de los independientes ligados a la movilización social de 2019. De los 155 miembros de la Convención Constitucional, 103 no tenían militancia en la política tradicional. De este modo se terminó configurando una Convención con claras mayorías para los sectores progresistas y, en particular, para nuevas fuerzas políticas que emergieron desde el estallido social levantando banderas del feminismo, el indigenismo y un fuerte discurso antielite.
El ánimo de la población respecto del proceso que comenzaría era muy alto. 52% describía la «esperanza» como la principal emoción que le generaba el proceso, seguida de «alegría», con 46%. ¿Qué pasó entonces con ese 78% de apoyo y la esperanza y alegría depositados en el proceso? Es probable que las fuerzas progresistas y de izquierda se pasen los próximos años intentando explicárselo.
Razones provisorias de la derrota
A medida que se liberen más datos y avance el debate, se podrá afinar más el análisis de lo que ocurrió. Por ahora, son tres las razones que parecen destacarse como explicaciones del resultado del 4 de septiembre:
(1) El rechazo a la política de espectáculo en la Convención.
(2) La homologación de la convención con la política tradicional.
(3) La reacción de las identidades tradicionales ante la fuerza que tuvieron identidades subalternas en el proceso.
Respecto a la política del espectáculo en la Convención, esta fue una de las características que dominaron el debate. A poco andar, la Convención Constitucional comenzó a perder apoyo, sobre todo entre los votantes de derecha, que veían con recelo una suerte de cónclave de activistas de causas progresistas. En definitiva, si para los activistas dejar de movilizarse, incluso desde las esferas del poder, era una traición, para algunos electores, en particular quienes valoraban el orden, una movilización sin fin era una pesadilla. (...)
Para algunos de estos referentes, era importante presentar propuestas maximalistas, llamativas y simbólicas, aunque no contaran con los votos para ser aprobadas (por ejemplo, una convencional propuso disolver todos los poderes del Estado y reemplazarlos por órganos asamblearios). Los medios amplificaron estos actos performáticos y las propuestas más descabelladas, que fueron, además, reforzadas por campañas de desinformación en las redes sociales. (...)
Es posible que, paradójicamente, el uso y abuso de la política del espectáculo y las trifulcas testimoniales asemejaran más a los convencionales al Congreso y a la política tradicional, donde también abundan estas prácticas. En cualquier caso, ciertamente los alejaban de la imagen de representantes más eficaces que los políticos tradicionales en llegar a acuerdos y sacar adelante demandas ciudadanas. A su vez, en medio del proceso constituyente hubo una elección presidencial que significó un cambio de signo del gobierno. El nuevo gobierno estaba fuertemente asociado a la génesis del proceso constituyente, y en particular el presidente Gabriel Boric en su rol como diputado. Estar contra el proceso constituyente pasó a ser una forma de ser oposición al nuevo gobierno. Parte de la energía contra la institucionalidad política había pasado al lado del Rechazo.
Respecto de la reacción de identidades tradicionales, el primer artículo del propuesto texto constitucional consagraba a Chile como un «Estado social y democrático de derecho» y se afirmaba que además este Estado sería «plurinacional, intercultural y ecológico». Junto con la definición de Chile como un Estado plurinacional, se les reconocía algunos derechos colectivos a las comunidades indígenas y se instauraría un sistema de justicia indígena.
Así, el sector del Rechazo logró consolidar una base de apoyo en torno de identidades tradicionales de la chilenidad que se sentían amenazadas por la noción de plurinacionalidad. Esto se vio reforzado por algunas acciones y performances de convencionales, incluidos comentarios o acciones despectivas relacionadas con el himno, la bandera y demás símbolos patrios. (...)
El segundo plebiscito
De cara al plebiscito de salida, no hubo mayores sorpresas en el ordenamiento orgánico de las fuerzas políticas. Desde la Democracia Cristiana hacia la izquierda, todos los partidos se definieron por el Apruebo (aunque algunos liderazgos se rebelaron contra la posición oficial). Todos los partidos de la derecha se cuadraron con el Rechazo. Sin embargo, dentro de ambos campos había heterogeneidad. (...)
una serie de encuestas que mostraban que no solo el Apruebo no lograba remontar la distancia con el Rechazo, sino que la gran mayoría de quienes estaban dispuestos a votar por el Apruebo consideraba necesario hacerle modificaciones al texto una vez aprobado. Bastante avanzada la campaña y con diferentes niveles de entusiasmo, estos partidos firmaron un acuerdo para llevar adelante esos campos posplebiscito.
En definitiva, un plebiscito que tenía en la papeleta dos alternativas en realidad terminó teniendo cuatro opciones: aprobar, aprobar para reformar, rechazar y rechazar para renovar. Así, en una de las últimas encuestas públicas antes del plebiscito, realizada por Cadem, 17% de los encuestados se declaraba a favor de rechazar a secas, 35% de rechazar para renovar, 32% de aprobar para reformar y solo 12% de aprobar y aplicar el nuevo texto tal como salió de la Convención.
Este rechazo en el plebiscito de salida era muy distinto al del plebiscito de entrada. No solo era sustantivamente más significativo, sino que había penetrado en sectores de la sociedad más amplios que «las tres comunas». Según las encuestas, el Rechazo ganaba en todos los niveles socioeconómicos sin mayores diferencias y así se confirmó este 4 de septiembre. En comunas populares de la Región Metropolitana, donde el Apruebo debía arrasar, apenas logró victorias con pequeños márgenes.
Donde sí había diferencia era en el perfil ideológico de los votantes, con el Apruebo ganando holgadamente entre quienes se identificaban con la izquierda. El rechazo era mayoritario entre quienes se identificaban con la derecha, en el centro y entre quienes no se identificaban con el eje izquierda-derecha. También había una importante diferencia en los perfiles etarios, con el Apruebo victorioso entre los jóvenes de entre 18 y 30 años. El Rechazo ganaba en todas las demás edades. Es decir, a diferencia del plebiscito de entrada, la campaña del Rechazo había logrado conformar una alianza social y política más diversa que el Apruebo.
¿Por qué ganó el Rechazo?
A estas alturas emergen dos grandes interpretaciones, que por cierto no son mutuamente excluyentes, para explicar la caída del apoyo al Apruebo y el alza del Rechazo: una primera pone el énfasis en el «votante mediano», que supone un quiebre abrupto con el ethos del estallido; otra, en la identidad reactiva tradicional que se consolidó contra la propuesta constitucional y que supone reconocer que el estallido tenía un componente claramente antielite pero no necesariamente «de izquierda».
En la primera interpretación, la votación del plebiscito de entrada y de los convencionales estuvo marcada por una impronta de disputa entre el pueblo y la elite. Esta configuración de la fuerza política borró en buena medida las distinciones entre izquierda y derecha y entre los distintos intereses y visiones que conviven en la ciudadanía. Sin embargo, según esta interpretación, el momento de disputa entre «arriba» y «abajo» ha concluido y, en su lugar, han vuelto las clásicas disputas entre la izquierda y la derecha. Es interesante, en este sentido, que según algunas encuestas al Rechazo se lo asociaba con el combate del narcotráfico y el crecimiento económico, mientras que al Apruebo se lo vinculaba con la redistribución de la riqueza a través de derechos sociales, atributos típicamente asociados con la derecha y la izquierda, respectivamente.
Lo que implica esta perspectiva es que la Constitución actual estaría a «la derecha» del votante medio, mientras que la propuesta constitucional fallida estaría a su izquierda. Esto explicaría la fortaleza de las opciones de «rechazar para renovar» y «aprobar para reformar». En definitiva, en esta interpretación, el plebiscito se ganó en el centro del espectro político. Esta visión también supondría que el principal déficit del proceso constituyente fue la falta de acuerdos en algunos temas claves, como el sistema político, con la derecha de la Convención. En línea con esta visión, 77% de los encuestados declaró que prefería que los convencionales negociaran acuerdos, aunque implicara ceder en algunos temas y, a la vez, 61% percibía que los convencionales no habían cedido en sus posturas.
La segunda perspectiva supone que se ha mantenido el ethos de disputa entre «arriba» y «abajo», pero que esta posición antielite encontró, a lo largo del proceso, su expresión de derechas. Es decir, los hechos que ocurrieron en el plazo de dos años le permitieron a la derecha disputar la rebeldía y, más aún, la indignación, que hasta ese momento había sido hegemonizada por la izquierda. En lugar de un fortalecimiento del centro moderado, ubicado en el medio entre las izquierdas y las derechas, lo que hubo es un reforzamiento y politización de identidades sociales tradicionalistas.
Desde esta óptica, lo que refleja la fortaleza de las posiciones no polares («aprobar para reformar» y «rechazar para reformar») es que muchos ciudadanos tienen identidades sociales complejas que no mapean nítidamente en la actual disputa política. Como explica Lilliana Mason, cuando los adherentes de una posición política están nítidamente caracterizados por la homogeneidad social, hay una tendencia a la polarización afectiva. Por el contrario, la existencia de identidades complejas fomenta la despolarización. En otras palabras, es posible que para muchas personas sus identidades partidistas, de clase, de religión, de edad, de etnia o de lugar de residencia hayan «tironeado» en direcciones opuestas para este plebiscito. Esto empuja a las posiciones intermedias del debate.
Esta visión supone que el principal déficit del
proceso constituyente fue la incapacidad de incorporar estas identidades
tradicionales en el proceso simbólico de generar una nueva Carta Magna.
En particular, habría faltado encontrar una manera de plantear el
plurinacionalismo en el marco de un sentido patriótico inclusivo. Esto
ciertamente es notorio en algunas de las declaraciones más destempladas
de algunos convencionales y en algunas performances que,
realizadas desde el poder, en lugar de rebeldía parecían ser discursos
despectivos hacia las personas que tenían identidades nacionales
tradicionales. Hay, también, normas constitucionales concretas que se
podrían haber redactado de forma de hacer más explícita la igualdad en
el marco de la diversidad. Por ejemplo, se podrían haber hecho más
explícitos los bordes del sistema de justicia y de las autonomías
indigenas.
La tercera es la vencida
Al parecer, existiría un consenso relativamente amplio de que el estancamiento constitucional no es una opción viable. Es más, parece haber cierto acuerdo en que un nuevo proceso constitucional tendrá que incluir participación ciudadana. Es probable que esto implique la convocatoria a una nueva Convención y un plebiscito de salida que ratifique una renovada propuesta constitucional. Es decir, es altamente probable que Chile se enfrente a un tercer plebiscito constitucional en algunos meses más. (...)" (Noam Titelman , Nueva Sociedad, septiembre, 2022)
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