"La victoria electoral de Trump, y el auge de los partidos de su órbita en Europa, puso de nuevo sobre la mesa la cuestión de las clases sociales. Un asunto repetidamente negado, como el del voto de las personas con pocos recursos a las nuevas derechas, ahora lo es mucho menos. Existe, desde hace tiempo, una penetración evidente de esas fuerzas en las clases medias bajas y trabajadoras de territorios deteriorados. En este nuevo eje político, en el que la geografía es decisiva, también se ven modificadas viejas convicciones.
La cuestión material vuelve a estar sobre la mesa y de una manera mucho más evidente tras el fracaso parlamentario del megadecreto que pretendía aprobar el Gobierno. Algunas de las medidas que en él se contemplaban, como la prórroga de las ayudas al transporte, implicaban un alivio para muchos ciudadanos, lo que subraya de nuevo la diferencia entre las buenas cifras macro y la realidad micro.
El PP no había puesto especial énfasis en las clases con más dificultades porque ha preferido presionar en el terreno institucional y generar la sensación de que constituye el relevo inevitable de un Sánchez acosado en los tribunales y con ecuaciones muy difíciles de resolver en las matemáticas parlamentarias. Las fórmulas económicas del PP suelen situarse en la ortodoxia liberal, en la propuesta de rebajas de impuestos y recortes de gasto público, así como en subrayar el momento de auge que vive Madrid gracias a esas fórmulas.
En este sentido, el rechazo del decreto ómnibus supone un triunfo para Génova, en la medida en que visualiza la debilidad de Sánchez, así como la quiebra de la mayoría que le sostiene. Y permite subrayar que la legislatura está agotada y que son necesarias unas elecciones. Pero el 'no' en el Parlamento de PP, Junts y Vox también les ha pasado factura, ya que las izquierdas han logrado con cierto éxito insistir en que las derechas trabajan para los ricos y en que han preferido perjudicar a los ciudadanos para obtener rédito político antes que ayudarlos.
Vox dará en breve un impulso a su sindicato, Solidaridad, porque creen que es el camino para crecer y para robar voto a la izquierda
Es un marco coyuntural, que durará hasta que el gobierno vuelva a proponer la aprobación de las ayudas, pero que tiene cierto poder: apela a cuestiones que afectan a la gran mayoría de los ciudadanos, las del bolsillo, esas que causan un dolor que suele tener consecuencias en el voto. Sirve, además, para recordar cómo las clases presionadas económicamente pueden tener un papel muy relevante en la política, que es otra de las lecciones que deben extraerse de la reciente victoria de Trump y de los partidos de su espectro ideológico.
De una manera u otra, la mayoría de los partidos son conscientes del malestar existente entre las clases medias y trabajadoras, y cada uno de ellos tiene una propuesta para mitigarlo o para aprovecharlo políticamente.
En España, Vox ha tomado nota de cómo las derechas han aprovechado el descontento. Perciben un camino de crecimiento en las clases populares y en poco tiempo impulsarán la actividad de su sindicato, Solidaridad. Lo entienden como la clave para movilizar a las poblaciones con menos recursos. En países como Francia, Alemania o EEUU, el apoyo de las zonas con una vitalidad económica detenida o en retroceso han favorecido que las personas con recursos declinantes hayan apoyado a las fuerzas del ámbito de Vox.
El ejemplo típico son los territorios donde triunfaba el Partido Comunista hace décadas y en los que ahora está fuerte Le Pen. "Cuando una figura pública de Vox pasea por el barrio de Salamanca, apenas nadie le para. Cuando va a Fuenlabrada, siempre hay gente que se acerca y le felicita", aseguran desde la formación de Abascal, lo que les indica el camino que deben seguir. Es en esos territorios donde pueden robar voto a la izquierda, que es uno de sus propósitos principales.
Las tres estrategias
El resto de los partidos nacionales también intentan atraer a las clases descontentas hacia su órbita. Sumar está apostando decididamente por la reducción de la jornada laboral como propuesta estrella. Esperan transmitir con ella un mensaje de izquierdas a la ciudadanía: como las generaciones jóvenes conceden cada vez más importancia al tiempo libre (y se han distanciado del trabajo como centro de la vida) y las personas de edades intermedias tienen más necesidad de tiempo para conciliar, una propuesta que permita dedicar una menor parte del día al empleo y libere horas para la vida privada, les puede sonar atractiva.
Los sindicatos también son muy favorables a ella. Antes del 'no' al decreto, estaban acordando una manifestación de apoyo, prevista para febrero en Barcelona, además de presionar por el aumento del salario mínimo interprofesional.
Los socialistas han apostado por la vivienda como ámbito principal en el que presionar para que los jóvenes puedan tener un mejor futuro
Los socialistas han colocado su centro discursivo en la vivienda. En la medida en que hay generaciones jóvenes que tienen dificultades para alquilar a precios mínimamente razonables, resulta indispensable tomar medidas que ayuden a que el coste de un bien esencial disminuya. Actuando de manera eficaz sobre la vivienda, se destensionarían las economías privadas, quedarían más recursos disponibles y el nivel de vida aumentaría. Las preocupaciones sobre la inflación, el coste de la vida y las dificultades de futuro que aquejan a buena parte de la población española se verían atenuadas en gran medida si se logra que los precios de la vivienda bajen. En Sumar también ponen énfasis en este asunto, pero son los socialistas los que llevan la delantera, entre otras cosas porque gobiernan y pueden utilizar el BOE para ese propósito.
En Vox, la perspectiva es diferente. Su oferta a los trabajadores consiste en resaltar la competencia de los inmigrantes, pero también en poner el acento en la brecha entre lo que los empresarios pagan y lo que ellos reciben; es decir, en la cantidad de dinero que va a parar al Estado por los impuestos y las cotizaciones. Es un doble mensaje que se retroalimenta: los trabajadores perciben menos por la presión impositiva, y esos recursos son finalmente utilizados por las instituciones para dar a los inmigrantes (y a los separatistas) ayudas públicas a los que ellos no pueden acceder.
Dificultades en el recorrido
Cada uno de estos mensajes tiene fortalezas y debilidades. La reducción de la jornada laboral es un asunto con algunas espinas. Hay mucho empleo público que no se vería afectado por esa medida, porque ya cuentan con ese horario. Sería fácil de implantar, además, en grandes firmas y resultaría más complicado para las pequeñas empresas. A los trabajadores autónomos y a los de las plataformas les resulta irrelevante, como a muchos profesionales, que dedican buena parte de su día al trabajo y a los que las horas que nominalmente figuren en su contrato les importan poco, ya que su jornada real excede ese límite. En su traducción a términos electorales, parece una medida de alcance restringido.
La propuesta de Vox puede ser eficaz entre autónomos, pequeños empresarios y mano de obra nacional hostil con la inmigración
En el caso socialista, poner el foco en la vivienda también plantea problemas de eficacia. En parte porque necesitan tomar medidas que funcionen, lo que no es sencillo, y que su recorrido se deje sentir antes de las siguientes elecciones generales. Pero, por importante que sea el asunto, parece que el PSOE ha puesto el foco en los alquileres y en cómo afectan a los jóvenes, lo cual supone reducir a un aspecto y a una capa poblacional un asunto bastante más amplio, el de cómo afecta el descenso en el nivel de vida a personas de todas las edades laborales y de todas las zonas de España.
En cuanto a Vox, su propuesta puede tener eficacia entre los autónomos, pequeños empresarios y mano de obra nacional que sienta la presión de los inmigrantes en el mercado laboral o en la percepción de las ayudas, pero tiene un recorrido más difícil entre clases medias y medias bajas urbanas, o en zonas donde la inmigración es escasa o no es percibida como un problema.
La importancia de la economía privada
Más allá de lo acertado o equivocado de estas medidas, parece que cada una de ellas busca asentarse entre estratos diferentes de población, ya sean clases medias urbanas, trabajadores y autónomos de zonas tensionadas o jóvenes de las grandes ciudades, lo que indica también cierto posicionamiento estratégico de cara a elecciones futuras.
Sin embargo, en este giro de los acontecimientos, que demuestra la debilidad de la mayoría de investidura de manera clara y en el que aparece también el trilerismo de intentar aprobar todo a la vez en un macrodecreto, también emerge un elemento políticamente relevante: la importancia del escudo social tejido por las izquierdas. Hasta ahora, era un aspecto que, si no se daba por descontado, sí había perdido parte de su eficacia. Después del fracaso parlamentario, las izquierdas, y particularmente el PSOE, pueden señalar cómo, sin su acción, las dificultades económicas para los ciudadanos serían mayores. Lo que pierden por un lado, lo ganan decididamente por otro.
En
segunda instancia, el fracaso del decreto ómnibus también subraya la
importancia de las economías privadas, en particular las de las clases medias en descenso y las trabajadoras,
de cara a próximas citas electorales. Frente a las invocaciones a los
elementos institucionales, al desgaste de Sánchez y al deterioro de la
democracia en los que tanto insisten sus rivales como instrumento para
debilitar a este gobierno, tiende a olvidarse cómo la parte económica va
a jugar un papel esencial en la política de los tiempos que vienen. Y
más aún en la medida en que, si Trump ejerce la presión sobre Europa que anuncia y los alemanes cumplen con su amenaza de regresar a los ajustes presupuestarios, la situación va a volverse más complicada para una parte significativa de la población. El nivel de vida vuelve a ser un asunto esencial." (Estaben Hernández, El Confidencial, 25/01/25)
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