"Tanto en el Sur como en el Norte las desigualdades son enormes y si la responsabilidad de los Estados y las grandes empresas del Norte en la explotación del Sur es totalmente real, la simple oposición norte/sur es demasiado simplista.
En los países del Sur las «élites» económicas y políticas se benefician de la explotación de sus compatriotas y, claramente, tampoco comparten los mismos intereses. Por ello, las reivindicaciones que exponemos aquí conciernen, al mismo tiempo, a la imposición de los más ricos y de las grandes empresas del planeta y a la anulación de las deudas del Sur.
Índice:
-Es necesario imponer un gravamen a los más ricos y a las grandes empresas
-Anular las deudas de los países del Sur y poner en marcha un sistema de reparaciones
-Es necesario imponer un gravamen a los más ricos y a las grandes empresas
Para financiar rápidamente una bifurcación ecológica y climática justa, y reducir las desigualdades por medio de la inversión en educación, salud y prestaciones sociales, se necesita imponer un gravamen radical a los más ricos y a las grandes empresas. Este gravamen permitiría, por una parte, financiar esos gastos y por la otra, reducir los daños provocados por las clases dominantes que son, como ya hemos visto, las principales contaminadoras del planeta.
Regular el modo de vida de los más ricos (jets privados o numerosos trayectos en avión) [1] e imponerles un gravamen máximo de forma que se limite su capacidad de generar daños, es una medida realista. Pero, al mismo tiempo, controlar los movimientos de capitales para evitar sus fugas en el momento en que esa medida se efectivice, es otra solución realista.
En un contexto de urgencia ecológica, el aumento de los impuestos a los más ricos sería una medida perfectamente justificada y que encontraría, sin lugar a duda, el apoyo de la mayoría de la población.
En 1941, para financiar el esfuerzo de guerra, Franklin D. Roosevelt cambió el tipo marginal de impuesto a la renta de los más ricos al 91%. [2]
Los siguientes gráficos, sacados del World Inequality Report 2022 muestran que en la mayoría de las regiones estudiadas los esfuerzos para alcanzar los objetivos de los acuerdos de París para 2030 deben sustentarse, en gran parte, sobre el 10% más rico. Recordemos, sin embargo, que cada país heredó objetivos diferentes en función de su nivel de emisiones en el momento de la COP 21 en París en 2015.
Interpretación: Huella personal de carbono que incluye las emisiones de todo tipo de GEI (gases de efecto invernadero) provenientes del consumo doméstico, inversiones públicas y privadas, así como la importación y exportación de carbono incorporado en bienes y servicios comercializados con el resto del mundo. El cálculo se basa en el modelo de combinación sistemática de datos de la contabilidad nacional, impuestos, supervisión, modelos input-output y conjunto de datos de energía. Las emisiones se dividen equitativamente entre las familias. Los objetivos 2030 corresponden al total de emisiones asignadas por los gobiernos para 2030, dividido por la población total del país en 2030.
En Estados Unidos el 10% más rico debe reducir 7 veces su nivel medio de emisiones de CO2 por año hasta 2030 para cumplir con los Acuerdos de París.
El 40% de la población de ingresos medios debe reducir a la mitad sus emisiones por año, hasta 2030 para respetar esos acuerdos. La mitad de la población más pobre de Estados Unidos debe mantener sus emisiones anuales al mismo nivel. Vemos que el mayor esfuerzo deben hacerlo los más ricos y, globalmente, la mitad más rica de la población. Un gravamen radical es un medio para limitar las emisiones de esas categorías de la población. Y eso movilizaría recursos para los gastos públicos necesarios para la lucha contra el cambio climático.
En Francia las proporciones son bastante similares con respecto a los objetivos de emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) más bajos (5 toneladas de CO2 de media por persona y año contra 10 toneladas en Estados Unidos).
Si observamos el caso indio, la situación es diferente. El cumplimiento de los objetivos de los Acuerdos de París corresponde completamente al 10% más rico de la población. El 90% restante tiene incluso un «margen» para permanecer dentro de los objetivos de los Acuerdos de París para 2030. Para la India, imponer al 10% más rico y a las grandes empresas un gravamen elevado es una solución para responder de manera eficaz al urgente reto del cambio climático.
El ejemplo chino es bastante similar al de la India, aunque China haya negociado durante la COP 21 unos objetivos menos ambiciosos que la India (10 toneladas de CO2 por persona y año de media contra el 3,7 para la India). Para alcanzar esos objetivos, el 10% de la población china más rica debe dividir sus emisiones anuales entre 3,5. El 90% restante se encuentra entre los límites con respecto a los objetivos fijados.
Estos gráficos —aunque haya que recordar el límite que tiene la comparación por países, ya que todos los países citados no tienen los mismos objetivos con respecto a las emisiones individuales medias de CO2— permiten mostrar muy claramente que son los más ricos los responsables del cambio climático y, por lo tanto, deben asumir sus consecuencias.
Pero no lo harán espontáneamente. Hay que obligarles. Un gravamen es una herramienta eficaz, como lo ha demostrado la historia con tipos marginales de impuestos a la renta muy elevados en varios países occidentales antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Hay que imponer un gravamen radical a los ingresos y al patrimonio, incluido el patrimonio financiero de los más ricos, que aumentó su importancia desde los años 1980. Al mismo tiempo, es necesario evitar la libertad de movimientos de capitales para que los ricos no puedan huir de estas medidas de justicia social y climática.
Una de las soluciones posibles es regular estrictamente las transacciones financieras. Por ejemplo: prohibir cualquier transacción internacional con los paraísos fiscales. A estas medidas de justicia social en el ámbito del país hay que agregar una medida de justicia histórica del Norte hacia el Sur: la anulación de las deudas de los países del Sur y el establecimiento de reparaciones.
Anular las deudas de los países del Sur y poner en marcha un sistema de reparaciones
Como vimos más arriba, los países del Sur son muy poco responsables del cambio climático y, sin embargo, sufren las principales consecuencias. Frente a esta constatación
es intolerable que los países del Sur subvencionen a los Estados, a las instituciones multilaterales y a los acreedores privados del Norte (estos últimos poseen cerca del 62% de la deuda externa pública de los países clasificados en desarrollo por el Banco Mundial) por la multiplicación de las deudas contraídas ante esas instituciones y el pago de intereses que conllevan.
En abril de 2023, el 93% de los países más vulnerables a la crisis climática estaban en situación de sobreendeudamiento o corrían riesgos que podían llevar al sobreendeudamiento. [3]
Con la crisis de la Covid-19 que rompió las cadenas de aprovisionamiento por el alza de los precios de los cereales provocado, en principio, por la agresión de Rusia contra Ucrania, pero después ampliamente intensificada por la especulación y el aumento de los tipos de interés decidido por la Reserva federal estadounidense y el Banco Central Europeo, los países del Sur vieron cómo explotaban sus niveles de endeudamiento. Debido a las dificultades de pago recortan sus gastos públicos, [4] especialmente en salud y educación, de nuevo llaman al FMI y sufren las condicionalidades de esa institución —aumento del IVA, reducción de presupuestos públicos, intensificación de los cultivos de exportación para obtener las divisas necesarias para el reembolso de la deuda…—. Desde el comienzo de la pandemia, el FMI firmó acuerdos con cerca de 100 países. [5]
Frente a estas injusticias, lo primero que se debe hacer es anular las deudas que son de hecho ilegítimas si tenemos en cuenta la historia de la colonización y dominación del Norte hacia el Sur. Tanto más cuando se sabe que la deuda externa pública total de los países del Sur (3.447 millardos de dólares) solo representa menos del 10% de la deuda pública total de Estados Unidos (36 mil millardos de dólares) o se aproxima a la deuda pública francesa a inicios del 2025, que asciende a 3 500 millardos de dólares o al 30% del volumen total de activos gestionados por BlackRock, es decir, 11.500 millardos de dólares [6].
Otra comparación: un pequeño impuesto del 2% sobre la fortuna de los millonarios del mundo entero, del 3% para aquellos y aquellas cuya fortuna sea superior a 50 millones de dólares y del 5% para los milmillonarios del mundo entero, reportaría 1.700 millardos de dólares cada año, [7] o sea, la mitad de la deuda pública externa total de los países del Sur. La deuda pública externa de los llamados países en desarrollo es una gota de agua en el océano de las finanzas, pero representa una carga enorme para esos Estados, para sus poblaciones y para sus ecosistemas. Esa deuda debe ser anulada para que se liberen los fondos públicos necesarios y urgentes para los servicios de salud, de educación, para la puesta en marcha de una verdadera soberanía alimentaria y para la financiación de la bifurcación ecológica.
La anulación de la deuda de los países del Sur es, por supuesto, insuficiente. Esa anulación debe estar acompañada por la puesta en marcha de las reparaciones por parte de los Estados imperialistas y neocoloniales del Norte hacia los Estados del Sur. También, debe acompañarse con la expropiación de los sectores bancarios y de la energía. Expropiación y socialización de los bancos bajo el control ciudadano, puesto que todo lo que está financiado por los bancos (proyectos que garantizan beneficios) existe y es mayoritario en la sociedad, contrariamente a lo que no está financiado, que permanece minoritario o inexistente, como las cooperativas, las asociaciones, etc. Expropiación del sector de la energía bajo control ciudadano ya que es, con la agricultura, el eje del bienestar de las poblaciones y uno de los factores principales de la destrucción del planeta, ya que se necesita energía para que se muevan los portacontenedores, los aviones y los vehículos individuales, para hacer funcionar las fábricas, calentar las viviendas, etc. Como lo explica Jawad Moustakbal, «el sector energético debe ser considerado como un servicio público, cogestionado con los trabajadores y trabajadoras del sector y por las poblaciones locales que aceptaron compartir una parte de sus territorios (tierra, agua, bosques…) para el interés colectivo. En ese marco, las poblaciones locales deben además beneficiarse de tarifas preferenciales, incluso de una gratuidad en los servicios eléctricos.» [8]
Las poblaciones del Norte no podrán prescindir de un proceso de decrecimiento. Efectivamente, la transición ecológica, tal como se está llevando a cabo ahora, reproduce los mecanismos de explotación del trabajo de la infancia, son extractivistas y neocoloniales y, por ende, intolerables. Esas medidas deben también combinarse con políticas feministas, ecologistas, sociales y populares radicales que, como ya vimos, deben gravar a los más ricos.
Traducido por Griselda Piñero
Los autores agradecen a Jawad Moutakbal, Pablo Laixhay y Christine Pagnoulle la revisión del trabajo."
(Eric Toussaint , Maxime Perriot , CADTM, 21/01/25, gráficos y bibliografía en el original)
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