No podemos quedarnos en la superficialidad del concepto ómnibus, muy manoseado en la crónica política. Hay que entrar a analizar en detalle su contenido... un Decreto Ley con la misma lógica y contenidos en buena parte idénticos fue aprobado hace un año. En aquel caso el PP se abstuvo, un año después han olido sangre política, la que ha provocado su pinza con Junts... La inmensa mayoría de las normas contenidas en el Decreto Ley contienen prórrogas de medidas sociales, económicas, tributarias o ambientales aprobadas en leyes anteriores para hacer frente a las sucesivas crisis de la Covid, el volcán de la Palma, Ucrania, Gaza, o la Dana de Valencia, y cuya vigencia vencía a finales de año. En condiciones normales, la prórroga de estas medidas suele incorporarse a la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Pero cuando estos no se aprueban y se prorrogan los anteriores, el gobierno de turno se ve en la obligación de recoger en un solo Decreto Ley estas normas para evitar que decaigan las medidas que se quiere prorrogar... Con una única excepción, la disposición adicional que acuerda el traspaso y compensación de inmuebles al Partido Nacionalista Vasco que, al parecer, ya se había pactado anteriormente con Rajoy. Por cierto, este es el único argumento que, inicialmente, el PP utilizó para justificar su rechazo al Decreto Ley. En el caso de Junts no supieron o quisieron explicar -igual hubiera sido peor para ellos- los contenidos de los que discrepan... Como era de esperar se ha levantado un clamor social... Este podría ser un efecto colateral positivo de este entuerto, que la ciudadanía sea consciente de la importancia de las políticas sociales aprobadas por el gobierno de coalición, que no han caído del cielo, de la misma manera que su no prórroga no es fruto de una maldición bíblica... Estoy seguro de que a los habitantes de la Palma les gustaría saber por qué el PP que gobierna con Coalición Canaria ha considerado oportuno sacrificar las ayudas extraordinarias para así dar un trompazo al gobierno español. Y lo mismo podemos decir de las personas afectadas por la Dana en el País Valencià... Quizás el gobierno de coalición deba exigir al PP y Junts que concreten cuáles son los contenidos con los que están de acuerdo y de cuáles discrepan. En esta dirección los medios de comunicación pueden ayudar, exigiéndoles trasparencia, lo que siempre es una buena aportación a la calidad de la democracia (Joan Coscubiela)

 "El gobierno de coalición haría bien en meditar mucho su siguiente movimiento. Si no hacen nada con celeridad se corre el riesgo de aumentar el malestar social que siempre castiga más al que gobierna, y que el PP y Junts les responsabilicen de la bajada de la pensión en la nómina de febrero o de la desaparición de las tarifas bonificadas en el transporte

Esta semana las derechas patrias -cada uno la suya- han cruzado una frontera muy peligrosa. PP, Vox y Junts le han hecho la pinza al gobierno de coalición con el objetivo de erosionarlo, en el caso del PP y Vox, y para chantajearlo en el caso de Junts. 

La gravedad de su actuación es que el zarandeo al gobierno lo han ejecutado castigando a la ciudadanía. No solo a los pensionistas, también a las personas más vulnerables que eran los principales beneficiarios del Real Decreto Ley 9/2024. 

A las pocas horas de votar en contra, PP y Junts han comenzado la batalla por el relato para eludir sus responsabilidades, derivarlas hacia el gobierno de coalición o para diluirlas en la tramposa equidistancia del “todos son responsables”. 

PP y Junts justifican su voto en contra por la naturaleza “ómnibus” del Decreto Ley. Argumentan que contenía normas muy diversas que no podían votarse al mismo tiempo. Aunque en el debate no concretaron los contenidos con los que discrepan. 

De momento esta excusa, a modo de coartada, se está abriendo paso y gran parte de la opinión publicada, incluida la progresista, la ha hecho suya. Hacen bien las personas progresistas en ser exquisitamente escrupulosas en la defensa de la calidad institucional. Si se quiere evitar la degradación democrática y la desafección que la acompaña, no se puede apoyar todo lo que hagan los gobernantes por los que sentimos simpatías o complicidad. 

Pero mi opinión, soy consciente de que, a contracorriente, es que este no es el caso. No comparto la descalificación del Decreto Ley 9/2024 por su supuesta condición de ómnibus. Voy a intentar explicarme, comenzando por dejar claro que también estoy en contra de esa perversa técnica legislativa. 

Pero no podemos quedarnos en la superficialidad del concepto ómnibus, muy manoseado en la crónica política. Hay que entrar a analizar en detalle su contenido. Y, en mi opinión, los decretos ley que, en circunstancias de prórroga presupuestaria, suelen aprobar todos los gobiernos -estatal o autonómicos- a finales de año están justificados. 

Que se me entienda, no lo defiendo con el zafio argumento de que “ellos hacen lo mismo”. Lo que mantengo es que este tipo de Decretos Leyes tienen su lógica, sea cual sea el gobierno que los apruebe. 

La inmensa mayoría de las normas contenidas en el Decreto Ley contienen prórrogas de medidas sociales, económicas, tributarias o ambientales aprobadas en leyes anteriores para hacer frente a las sucesivas crisis de la Covid, el volcán de la Palma, Ucrania, Gaza, o la Dana de Valencia, y cuya vigencia vencía a finales de año.  

En condiciones normales, la prórroga de estas medidas suele incorporarse a la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Pero cuando estos no se aprueban y se prorrogan los anteriores, el gobierno de turno se ve en la obligación de recoger en un solo Decreto Ley estas normas para evitar que decaigan las medidas que se quiere prorrogar. 

Si analizamos en detalle el contenido de los cinco títulos que contiene el Decreto Ley podemos comprobar que siguen esa lógica, la de la prórroga de medidas sociales, económicas, tributarias y ambientales aprobadas en los últimos años. La palabra más utilizada es la de prórroga. 

Con una única excepción, la disposición adicional que acuerda el traspaso y compensación de inmuebles al Partido Nacionalista Vasco que, al parecer, ya se había pactado anteriormente con Rajoy. Por cierto, este es el único argumento que, inicialmente, el PP utilizó para justificar su rechazo al Decreto Ley.

En el caso de Junts no supieron o quisieron explicar -igual hubiera sido peor para ellos- los contenidos de los que discrepan. Lo suyo es más intangible, lo justifican por el supuesto incumplimiento de compromisos anteriores, aunque en el fondo es la respuesta al desaire que dicen sufrir porque Pedro Sánchez no ha aceptado reunirse con Puigdemont. 

La mejor prueba de que el PP y Junts no están muy seguros de su coartada “ómnibus” es que en pocas horas han pasado de no concretar los contenidos del Decreto Ley de los que discrepan a inventarse razones, a cuál más falsa y esperpéntica. Pretenden tapar su irresponsabilidad intoxicando con mentiras a la ciudadanía.

Como era de esperar se ha levantado un clamor social para que se resuelva pronto el desaguisado provocado por la no aprobación del Decreto Ley. Este podría ser un efecto colateral positivo de este entuerto, que la ciudadanía sea consciente de la importancia de las políticas sociales aprobadas por el gobierno de coalición, que no han caído del cielo, de la misma manera que su no prórroga no es fruto de una maldición bíblica. 

Para encontrar una solución, que no termine en un nuevo fiasco, resulta imprescindible que PP y Junts concreten qué contenidos comparten y de cuáles discrepan. El gobierno, al que se le reclama que tome iniciativas, y sobre todo la ciudadanía, tienen derecho a saber si el PP y Junts aceptan o rechazan la prórroga de la suspensión de la liberalización de las inversiones extranjeras directas, acordada para evitar que fondos de inversión extranjeros puedan comprar a precio de saldo empresas estratégicas españolas. 

También sería saludable que el PP y Junts le explicaran a la ciudadanía si están a favor o no de la actualización y aumento para el 2025 de las entregas a cuenta de la liquidación definitiva de recursos a las CCAA y administraciones locales. Y por supuesto, tenemos derecho a saber si PP y Junts están a favor o en contra de la prórroga del impuesto extraordinario a entidades financieras. 

Las personas más vulnerables tienen derecho a saber si el PP y Junts consideran necesaria o no la prórroga de la suspensión de los desahucios y cortes de suministros básicos de personas en situación de vulnerabilidad social. 

Estoy seguro de que a los habitantes de la Palma les gustaría saber por qué el PP que gobierna con Coalición Canaria ha considerado oportuno sacrificar las ayudas extraordinarias para así dar un trompazo al gobierno español. Y lo mismo podemos decir de las personas afectadas por la Dana en el País Valencià. 

Podríamos continuar desgranando el contenido del Decreto Ley para explicar las razones que me llevan a justificar que, en este caso, como en el resto de los supuestos parecidos -sea cual sea el gobierno, insisto- este tipo de decretos leyes de final de año, en los casos de prórroga presupuestaria, están justificados. Lo que no impide que el propio Congreso acuerde -así está previsto legalmente- su tramitación posterior como proyecto de ley, para que cada grupo parlamentario pueda proponer cambios y si no se alcanzan acuerdos votar en contra de aspectos concretos. Eso hubiera sido lo lógico y responsable por parte del PP y Junts, pero han preferido desgastar al gobierno aun a costa de castigar a la ciudadanía.

Se está explicando poco que un Decreto Ley con la misma lógica y contenidos en buena parte idénticos fue aprobado hace un año. El Real Decreto Ley 8/2023 de 27 de diciembre fue convalidado con un solo voto en contra y ocho parlamentarios que no votaron. En aquel caso el PP se abstuvo, un año después han olido sangre política, la que ha provocado su pinza con Junts

Para dar verosimilitud a sus excusas “ómnibus” y evitar el desgaste, el PP y Junts han corrido a proponerse como solución al desaguisado que ellos mismos han provocado. Le han planteado al gobierno que vuelva a presentar un decreto ley que recoja por separado la actualización y mejora de las pensiones y la bonificación del transporte colectivo. Pero no nos dicen nada del resto de contenidos de la norma que, quiero recordar, tienen un fuerte contenido social. 

El gobierno de coalición haría bien en meditar mucho su siguiente movimiento. Si no hacen nada con celeridad se corre el riesgo de aumentar el malestar social que siempre castiga más al que gobierna, y que el PP y Junts les responsabilicen de la bajada de la pensión en la nómina de febrero o de la desaparición de las tarifas bonificadas en el transporte. Pero si presentan nuevos decretos ley solo con estos contenidos corren el riesgo de contribuir al relato de las derechas. Y lo que es más grave dejar colgadas otras medidas sociales, económicas, tributarias y ambientales que es imprescindible prorrogar. 

Quizás el siguiente movimiento del gobierno de coalición deba ser exigir al PP y Junts que concreten cuáles son los contenidos con los que están de acuerdo y de cuáles discrepan. En esta dirección los medios de comunicación pueden ayudar, exigiéndoles trasparencia, lo que siempre es una buena aportación a la calidad de la democracia. La transparencia es mucho mejor que la falsa equidistancia de  “rifirrafe entre partidos” o “los partidos dejan sin revalorización a los pensionistas”. Con estos titulares y otros parecidos se está premiando a los actores políticos más irresponsables y alimentando la desafección democrática."

(Joan Coscubiela, eldiario.es, 24/01/25)