"NEOLIBERALISMO Y NEGLIGENCIA CRIMINAL
España ardió y seguirá ardiendo. Unos Intentan reducir la explicación a una fatalidad etérea: el “Cambio climático”; otros ni siquiera se molestan en buscar excusas, guardan silencio. Todos coinciden al final en no abordar las causas profundas y por tanto acaban absolviendo a los responsables políticos y económicos de una cadena de decisiones que han convertido el monte en pólvora, el territorio en mercancía y la tragedia en negocio.
Llevamos décadas sufriendo esta plaga. Este año ha batido records. En apenas ocho meses, cerca de medio millón de hectáreas ardieron. No es una cifra desnuda: son hogares, explotaciones, ecosistemas y vidas —de vecinos y de trabajadores forestales— consumidas por un fuego que otros han preparado durante años con desregulación, externalizaciones, recortes y abandono.
Esta reflexión parte de una tesis sencilla y, a la vez, incómoda: la magnitud de los incendios en España son el resultado de una negligencia estructural de las Comunidades Autónomas y del servilismo gubernamental frente a los dictados de la Unión Europea, que termina subordinando las prioridades públicas a los intereses de grandes fondos de inversión y conglomerados energéticos.
El fuego es un síntoma; la enfermedad, un régimen de gobernanza que convierte todo lo común en subcontrato, toda política pública en catálogo de licitaciones, y todo territorio en un solar disponible para la especulación.
El negocio del fuego: de la prevención barata a la extinción rentable
Desde hace décadas, los presupuestos autonómicos al respecto repiten un patrón: para extinción se dedica el 85%, para prevención el 15%. La literatura especializada y la experiencia internacional son cristalinas: prevenir es más eficaz y más barato; pero, en el marco neoliberal vigente, extinguir es más rentable. ¿Rentable para quién, nos preguntamos?: para un oligopolio de empresas —con fondos de inversión internacionales a la cabeza— que concentran las licitaciones para extinción. En torno a 654 millones de euros anuales se movilizan entre ambos niveles de la administración (estatal y autonómica) aunque una parte sustantiva termina engordando las cuentas de resultados que no conocen temporada baja. Esta lógica mercantil aplicada al monte es perversa. Donde la prevención demanda continuidad (limpiezas, clareos, cortafuegos, gestión del matorral, manejo del pastoreo), la extinción permite picos de facturación asociados a campañas y emergencias. Donde la prevención exige empleo estable y cualificado, la extinción tolera plantillas parciales, rotación alta y salarios bajos. Y mientras la prevención persigue reducir el número de incendios, la extinción vive —inevitablemente— de que los haya. El incentivo está mal diseñado y la política pública lo ha asumido como si fuera ley de la gravedad.
El marco legal como mecha
El segundo pilar de esta arquitectura inflamable es jurídico. La Ley de Montes (43/2003), reformada en 2015, descentralizó competencias hacia las CCAA y, en su desarrollo reglamentario, abrió un corredor de arbitraje normativo. Sobre el papel, obligaba a planificar prevención, vigilancia y extinción. En la práctica, la combinación de trabas burocráticas para pequeños propietarios, la externalización de servicios y las excepciones urbanísticas —como la posibilidad de alterar la calificación si concurren “razones imperiosas de interés público de primer orden” (Ley de Montes 2015, párrafo V)— ha funcionado como anzuelo para la especulación. Resultado: el terreno arrasado queda a tiro de recalificación o de instalación de macroproyectos energéticos. La “protección” deviene retórica, mientras la norma, modulada por reglamentos y desarrollos autonómicos, facilita que el incendio no sea el final de nada, sino el comienzo del negocio. Lo que debía garantizar el interés general terminó siendo un manual de instrucciones para la privatización del territorio. Ya tenemos los primeros ejemplos. En Alcarrrás, en la comarca del Segriá (Lérida) y, a pesar del rechazo popular, se ha aprobado la primera macro-instalación de placas solares sobre un terreno quemado en 2021. En total se instalarán unos 100.000 paneles solares. La declaración de utilidad pública que permite edificar en terreno no urbanizable han sido imprescindible para imponer este proyecto a pesar de la oposición de la propia Generalitat, ayuntamientos…
Latifundismo y despoblación: combustible estructural
El latifundismo sigue siendo un vector silencioso del fuego. En un país que es el segundo de la UE en superficie forestal, sólo superado por Suecia, la concentración de la tierra en muy pocas manos impide gestiones activas y próximas del monte: el 1% de propietarios controla más del 50% de la superficie agraria útil, mientras la gran mayoría de explotaciones, pequeñas y medianas, apenas rozan el 10%. La España vaciada —envejecida, con servicios menguantes y economía deprimida— carece de manos y medios para la gestión cotidiana del bosque. En 2023, uno de cada tres municipios rurales estaba en riesgo de desaparecer. Sin gente, no hay cuidado; sin cuidado, el monte se densifica, acumula biomasa muerta y cualquier chispa se convierte en catástrofe.
La solución intuitiva —apoyar políticas activas de repoblación, servicios públicos y economía rural— ha sido desplazada por una narrativa tecnocrática que mide el territorio en megavatios y no en vidas. Los incendios aceleran y lo harán aún más, la expulsión facilita la recalificación; la recalificación consolida un modelo extractivo que cierra el círculo: menos campesinos, más proyectos a gran escala.
Transición energética: fondos europeos y servidumbre de paso
En este tablero, los fondos europeos actúan como palanca. El Plan de Recuperación asigna decenas de miles de millones a transición energética, vivienda, industria “verde” y movilidad. El problema no es el objetivo —descarbonizar— sino el vehículo institucional: una arquitectura de condicionalidades y ventanillas que prioriza el tamaño y la capacidad del lobby. Los grandes grupos energéticos y financieros absorben la mayor parte de los recursos, mientras el mundo rural apenas recibe migajas en forma de compensaciones, subvenciones menores o subcontratas precarias.
Aquí se revela el servilismo gubernamental: no en el cumplimiento de estándares climáticos, sino en la asimetría con que se ejecutan. Cuando Bruselas dice “aceleren la transición ecológica”, el Gobierno traduce “abran paso” a macroparques eólicos y fotovoltaicos, aunque se implanten sobre territorios golpeados por el fuego, sin participación real, sin propiedad local y sin retornos significativos para la comunidad.
La política energética se convierte en política de suelo; y el incendio, en pórtico de oportunidad.
Geopolítica de la impotencia: sanciones, helicópteros varados y gasto militar creciente
Hay además una dimensión geopolítica que, leída desde el territorio, suena a sarcasmo. La paralización de la flotilla de helicópteros rusos Kamov, (valoradas como excelentes máquinas en tareas de extinción) que no puede volar porque están sujetas a las sanciones que impusieron la UE y Washington contra Rusia. Esto refleja cómo decisiones tomadas en clave de alineamiento estratégico se traducen en impotencia operativa a pie de monte. La misma UE que exige aceleración verde mantiene restricciones que dejan fuera de servicio medios críticos; la misma España que incrementa el gasto militar en la órbita de la OTAN recorta o precariza servicios esenciales como la prevención de incendios aunque vea como el país arde. Nos hemos de alegrar de que la UME colabore contra el fuego, deberíamos alegrarnos de que no fueran necesarios porque mientras decenas de cuadrillas de bomberos están en paro por desidia de los gobernantes, lo soldados ocupan ese lugar. El mensaje implícito es brutal: hay dinero para armas; no lo hay para cortafuegos. No se trata de elegir entre seguridad nacional o seguridad humana: se trata de recordar que la seguridad empieza donde la gente vive. Y hoy, en demasiados pueblos, la amenaza inmediata no es una invasión rusa, sino una lengua de fuego empujada por vientos cálidos sobre un monte abandonado.
La precariedad como política
Cuando la columna de humo ya se ve desde la autovía, aplaudimos a bomberos forestales y brigadas helitransportadas. Bien está. Pero la épica no paga facturas. En regiones como Castilla y León o Madrid, los trabajadores llevan tiempo denunciando salarios en torno a 1.300 euros, falta de personal, temporalidad, equipos obsoletos y altísima rotación. Son más de 35 empresas privadas las encargadas de controlar los incendios, compitiendo entre sí. Es el reverso de la externalización: el precio ofertado para ganar el contrato (siempre el más bajo) se sostiene después recortando nóminas y plantillas. La Administración mira a otro lado y el empresario mira su EBITDA 1. En el centro del círculo, arden los pinares. Si el Estado acepta que la protección civil sea una actividad de mercado, debe asumir que el mercado hará lo que siempre hace: optimizar costes y maximizar ingresos. Es decir, precarizar. La única forma de alinear incentivos con el interés general es republicanizar el núcleo del servicio, garantizando plantillas, formación, carrera profesional y salarios dignos como elemento no negociable de la política de prevención.
La coartada climática.
El cambio climático es real y sus efectos —olas de calor, sequías prolongadas, eventos extremos— agravan el riesgo de incendios. Negarlo sería tan irresponsable como culparlo de todo. Aquí radica la trampa discursiva del servilismo gubernamental: convertir una causa agravante en explicación total. Al hacerlo, el Gobierno desdibuja responsabilidades concretas: la no aplicación de planes de prevención por parte de las CCAA, los recortes en personal, la privatización mal supervisada, las puertas giratorias que vinculan regulación y negocio, y, sobre todo, la ausencia de una estrategia territorial que integre energía, agricultura, forestal y vivienda. España no está condenada a arder. Arde porque hemos industrializado la extinción y tercerizado la prevención; porque hemos convertido la Ley en una vía rápida hacia la recalificación; porque confundimos Europa con obediencia, transición ecológica con colonización energética, y seguridad con tanques y fragatas mientras los montes se convierten en mechas perfectas. La devastación que vivimos no es un capricho del clima ni una suma de descuidos; es consecuencia de una acción política. Se expresa en el diseño de contratos, en la priorización presupuestaria, en el modo en que se legisla y reglamenta. La negligencia criminal no es un exabrupto retórico: es la lógica que, sabiendo cómo evitar el desastre, persiste en alimentarlo porque ciertos actores ganan con ello.
Nota: 1 La EBITDA ( Earnings Before Interest, Taxes,) es un indicador financiero de rentabilidad operativa."
España ardió y seguirá ardiendo. Unos Intentan reducir la explicación a una fatalidad etérea: el “Cambio climático”; otros ni siquiera se molestan en buscar excusas, guardan silencio. Todos coinciden al final en no abordar las causas profundas y por tanto acaban absolviendo a los responsables políticos y económicos de una cadena de decisiones que han convertido el monte en pólvora, el territorio en mercancía y la tragedia en negocio.
Llevamos décadas sufriendo esta plaga. Este año ha batido records. En apenas ocho meses, cerca de medio millón de hectáreas ardieron. No es una cifra desnuda: son hogares, explotaciones, ecosistemas y vidas —de vecinos y de trabajadores forestales— consumidas por un fuego que otros han preparado durante años con desregulación, externalizaciones, recortes y abandono.
Esta reflexión parte de una tesis sencilla y, a la vez, incómoda: la magnitud de los incendios en España son el resultado de una negligencia estructural de las Comunidades Autónomas y del servilismo gubernamental frente a los dictados de la Unión Europea, que termina subordinando las prioridades públicas a los intereses de grandes fondos de inversión y conglomerados energéticos.
El fuego es un síntoma; la enfermedad, un régimen de gobernanza que convierte todo lo común en subcontrato, toda política pública en catálogo de licitaciones, y todo territorio en un solar disponible para la especulación.
El negocio del fuego: de la prevención barata a la extinción rentable
Desde hace décadas, los presupuestos autonómicos al respecto repiten un patrón: para extinción se dedica el 85%, para prevención el 15%. La literatura especializada y la experiencia internacional son cristalinas: prevenir es más eficaz y más barato; pero, en el marco neoliberal vigente, extinguir es más rentable. ¿Rentable para quién, nos preguntamos?: para un oligopolio de empresas —con fondos de inversión internacionales a la cabeza— que concentran las licitaciones para extinción. En torno a 654 millones de euros anuales se movilizan entre ambos niveles de la administración (estatal y autonómica) aunque una parte sustantiva termina engordando las cuentas de resultados que no conocen temporada baja. Esta lógica mercantil aplicada al monte es perversa. Donde la prevención demanda continuidad (limpiezas, clareos, cortafuegos, gestión del matorral, manejo del pastoreo), la extinción permite picos de facturación asociados a campañas y emergencias. Donde la prevención exige empleo estable y cualificado, la extinción tolera plantillas parciales, rotación alta y salarios bajos. Y mientras la prevención persigue reducir el número de incendios, la extinción vive —inevitablemente— de que los haya. El incentivo está mal diseñado y la política pública lo ha asumido como si fuera ley de la gravedad.
El marco legal como mecha
El segundo pilar de esta arquitectura inflamable es jurídico. La Ley de Montes (43/2003), reformada en 2015, descentralizó competencias hacia las CCAA y, en su desarrollo reglamentario, abrió un corredor de arbitraje normativo. Sobre el papel, obligaba a planificar prevención, vigilancia y extinción. En la práctica, la combinación de trabas burocráticas para pequeños propietarios, la externalización de servicios y las excepciones urbanísticas —como la posibilidad de alterar la calificación si concurren “razones imperiosas de interés público de primer orden” (Ley de Montes 2015, párrafo V)— ha funcionado como anzuelo para la especulación. Resultado: el terreno arrasado queda a tiro de recalificación o de instalación de macroproyectos energéticos. La “protección” deviene retórica, mientras la norma, modulada por reglamentos y desarrollos autonómicos, facilita que el incendio no sea el final de nada, sino el comienzo del negocio. Lo que debía garantizar el interés general terminó siendo un manual de instrucciones para la privatización del territorio. Ya tenemos los primeros ejemplos. En Alcarrrás, en la comarca del Segriá (Lérida) y, a pesar del rechazo popular, se ha aprobado la primera macro-instalación de placas solares sobre un terreno quemado en 2021. En total se instalarán unos 100.000 paneles solares. La declaración de utilidad pública que permite edificar en terreno no urbanizable han sido imprescindible para imponer este proyecto a pesar de la oposición de la propia Generalitat, ayuntamientos…
Latifundismo y despoblación: combustible estructural
El latifundismo sigue siendo un vector silencioso del fuego. En un país que es el segundo de la UE en superficie forestal, sólo superado por Suecia, la concentración de la tierra en muy pocas manos impide gestiones activas y próximas del monte: el 1% de propietarios controla más del 50% de la superficie agraria útil, mientras la gran mayoría de explotaciones, pequeñas y medianas, apenas rozan el 10%. La España vaciada —envejecida, con servicios menguantes y economía deprimida— carece de manos y medios para la gestión cotidiana del bosque. En 2023, uno de cada tres municipios rurales estaba en riesgo de desaparecer. Sin gente, no hay cuidado; sin cuidado, el monte se densifica, acumula biomasa muerta y cualquier chispa se convierte en catástrofe.
La solución intuitiva —apoyar políticas activas de repoblación, servicios públicos y economía rural— ha sido desplazada por una narrativa tecnocrática que mide el territorio en megavatios y no en vidas. Los incendios aceleran y lo harán aún más, la expulsión facilita la recalificación; la recalificación consolida un modelo extractivo que cierra el círculo: menos campesinos, más proyectos a gran escala.
Transición energética: fondos europeos y servidumbre de paso
En este tablero, los fondos europeos actúan como palanca. El Plan de Recuperación asigna decenas de miles de millones a transición energética, vivienda, industria “verde” y movilidad. El problema no es el objetivo —descarbonizar— sino el vehículo institucional: una arquitectura de condicionalidades y ventanillas que prioriza el tamaño y la capacidad del lobby. Los grandes grupos energéticos y financieros absorben la mayor parte de los recursos, mientras el mundo rural apenas recibe migajas en forma de compensaciones, subvenciones menores o subcontratas precarias.
Aquí se revela el servilismo gubernamental: no en el cumplimiento de estándares climáticos, sino en la asimetría con que se ejecutan. Cuando Bruselas dice “aceleren la transición ecológica”, el Gobierno traduce “abran paso” a macroparques eólicos y fotovoltaicos, aunque se implanten sobre territorios golpeados por el fuego, sin participación real, sin propiedad local y sin retornos significativos para la comunidad.
La política energética se convierte en política de suelo; y el incendio, en pórtico de oportunidad.
Geopolítica de la impotencia: sanciones, helicópteros varados y gasto militar creciente
Hay además una dimensión geopolítica que, leída desde el territorio, suena a sarcasmo. La paralización de la flotilla de helicópteros rusos Kamov, (valoradas como excelentes máquinas en tareas de extinción) que no puede volar porque están sujetas a las sanciones que impusieron la UE y Washington contra Rusia. Esto refleja cómo decisiones tomadas en clave de alineamiento estratégico se traducen en impotencia operativa a pie de monte. La misma UE que exige aceleración verde mantiene restricciones que dejan fuera de servicio medios críticos; la misma España que incrementa el gasto militar en la órbita de la OTAN recorta o precariza servicios esenciales como la prevención de incendios aunque vea como el país arde. Nos hemos de alegrar de que la UME colabore contra el fuego, deberíamos alegrarnos de que no fueran necesarios porque mientras decenas de cuadrillas de bomberos están en paro por desidia de los gobernantes, lo soldados ocupan ese lugar. El mensaje implícito es brutal: hay dinero para armas; no lo hay para cortafuegos. No se trata de elegir entre seguridad nacional o seguridad humana: se trata de recordar que la seguridad empieza donde la gente vive. Y hoy, en demasiados pueblos, la amenaza inmediata no es una invasión rusa, sino una lengua de fuego empujada por vientos cálidos sobre un monte abandonado.
La precariedad como política
Cuando la columna de humo ya se ve desde la autovía, aplaudimos a bomberos forestales y brigadas helitransportadas. Bien está. Pero la épica no paga facturas. En regiones como Castilla y León o Madrid, los trabajadores llevan tiempo denunciando salarios en torno a 1.300 euros, falta de personal, temporalidad, equipos obsoletos y altísima rotación. Son más de 35 empresas privadas las encargadas de controlar los incendios, compitiendo entre sí. Es el reverso de la externalización: el precio ofertado para ganar el contrato (siempre el más bajo) se sostiene después recortando nóminas y plantillas. La Administración mira a otro lado y el empresario mira su EBITDA 1. En el centro del círculo, arden los pinares. Si el Estado acepta que la protección civil sea una actividad de mercado, debe asumir que el mercado hará lo que siempre hace: optimizar costes y maximizar ingresos. Es decir, precarizar. La única forma de alinear incentivos con el interés general es republicanizar el núcleo del servicio, garantizando plantillas, formación, carrera profesional y salarios dignos como elemento no negociable de la política de prevención.
La coartada climática.
El cambio climático es real y sus efectos —olas de calor, sequías prolongadas, eventos extremos— agravan el riesgo de incendios. Negarlo sería tan irresponsable como culparlo de todo. Aquí radica la trampa discursiva del servilismo gubernamental: convertir una causa agravante en explicación total. Al hacerlo, el Gobierno desdibuja responsabilidades concretas: la no aplicación de planes de prevención por parte de las CCAA, los recortes en personal, la privatización mal supervisada, las puertas giratorias que vinculan regulación y negocio, y, sobre todo, la ausencia de una estrategia territorial que integre energía, agricultura, forestal y vivienda. España no está condenada a arder. Arde porque hemos industrializado la extinción y tercerizado la prevención; porque hemos convertido la Ley en una vía rápida hacia la recalificación; porque confundimos Europa con obediencia, transición ecológica con colonización energética, y seguridad con tanques y fragatas mientras los montes se convierten en mechas perfectas. La devastación que vivimos no es un capricho del clima ni una suma de descuidos; es consecuencia de una acción política. Se expresa en el diseño de contratos, en la priorización presupuestaria, en el modo en que se legisla y reglamenta. La negligencia criminal no es un exabrupto retórico: es la lógica que, sabiendo cómo evitar el desastre, persiste en alimentarlo porque ciertos actores ganan con ello.
Nota: 1 La EBITDA ( Earnings Before Interest, Taxes,) es un indicador financiero de rentabilidad operativa."
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