"La Gran Recesión tenía que cambiarlo todo: el mercado libre o libertino, el dominio de una casta con mucho más dinero que sentido común, los excesos del capitalismo de casino. Una ola de intervención pública -de más Estado- cuando peor iban las cosas evitó una Gran Depresión. Irónicamente, sus consecuencias devuelven el péndulo cerca de donde estaba: "Una crisis que puso en duda el futuro del capitalismo acabará por poner en duda el futuro del Estado", ironiza desde Washington el sociólogo Norman Birnbaum. (...)
Seguridad desde la cuna hasta la muerte. En España eso empieza más tarde, pero se desarrolla con rapidez: "En sólo tres décadas se ha puesto en pie un edificio que aún no es comparable con el Estado de bienestar de los países nórdicos, ni siquiera de los centroeuropeos, pero con unos estándares aceptables", asegura Jesús Fernández-Villaverde, de la Universidad de Pensilvania. "El problema es que, con el tiempo, el Estado -y las autonomías, que no son más que eso mismo: Estado- hace cada vez más cosas porque la riqueza del país se multiplica, la población aumenta y demanda más servicios, la esperanza de vida sube.
Y en paralelo, izquierdas y derechas se meten en una carrera de reducción de impuestos con el argumento falaz de que eso se traducirá en más actividad económica y a la postre más recaudación. Hasta que ese edificio se viene abajo con la crisis, que de alguna manera va a obligar a repensar ese contrato social que llamamos Estado de bienestar", asegura el profesor del IESE Alfredo Pastor, ex secretario de Estado de Economía socialista. (...)
"España quiere ser Suecia y a la vez EE UU: quiere flexibilidad y bajos impuestos, como los estadounidenses, y a la vez un gasto social elevado y un Estado de bienestar impecable, como los suecos. No se puede ir en las dos direcciones: hay que escoger", critica André Sapir, de Bruegel. Y más ahora. Las huellas de la crisis van a ser profundas en términos de paro, empobrecimiento de las clases medias y desigualdad, pero también en lo relativo al déficit y la deuda. (...)
"En España y en otros países mediterráneos los Estados de bienestar son muy ineficientes, y además no mueven suficientes recursos de ricos a pobres", critica Alberto Asesina desde Harvard. "Es necesaria una combinación de reducción del fraude, recortes en el gasto y reformas que no perjudiquen a los más desfavorecidos. Hay muchos grupos sobreprotegidos (desde el improductivo funcionariado a los prejubilados de 50 años) cuyos beneficios deben ser reducidos", afirma donde más duele. (...)
"Es intolerable que el ex director general de una entidad financiera cobre el paro, es inadmisible que las ayudas a la natalidad sean exactamente iguales para un Botín que para alguien sin apenas ingresos, es inaceptable la supresión del impuesto sobre el patrimonio o las enormes rebajas en sucesiones, o la tributación de las Sicav, o en general la cada vez mayor falta de equidad del sistema fiscal, y es imprudente que algunas pensiones no contributivas no se financien vía impuestos, o que nos jubilemos a los 62 años: eso es insostenible porque, al fin y al cabo, como país somos más pobres, bastante más pobres de lo que creíamos. Hay que redefinir el Estado de bienestar, dirigirlo a quien realmente lo necesita". (...)
En fin: la diana señala a los funcionarios y tal vez a los futuros pensionistas, a la inversión pública y a las subidas de impuestos: "Eso es tan desafortunado y tan triste como necesario", afirma categórico el catedrático de la UPF Guillem López-Casasnovas, uno de los grandes expertos españoles en Hacienda Pública. "De lo contrario hay serios riesgos de tener una crisis fiscal a la griega", abunda. No hay comidas gratis: una economía que ha vivido por encima de sus posibilidades debe purgar sus excesos tarde o temprano.
"La clave será repartir las cargas de la crisis: hay que poner sobre la mesa varias píldoras muy duras de tragar. Y hacer que toda la factura recaiga en sindicatos, funcionarios y beneficiarios del gasto social sería inaceptable: hay que subir impuestos a las rentas altas para que el ajuste no penalice mayoritariamente a las clases populares", señala López-Casasnovas." (El País, ed. Galicia, Vida y artes, 11/04/2010, p. 36/7)
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