"Según el portavoz de Sanidad del PP, Miguel Santalices, “es la ley más
importante de la legislatura”. Para el resto de partidos, una norma que
consagra la “privatización de la sanidad gallega”. El texto se aprobó
ayer en el Parlamento gallego con los votos del PP y el rechazo de toda
la oposición.
Parte de una promesa electoral del PP: los pacientes
gallegos esperarán como máximo 45 días por una consulta y dos meses para
una operación. A partir de esos plazos son derivados a hospitales
privados o concertados con el Servizo Galego de Saúde (Sergas). (...)
Los detractores del texto —todo el arco parlamentario salvo el PP—
repitieron uno tras otro los peros que el Consello Económico e Social ha
puesto sobre la futura ley. “Que va a ser imposible la reducción de
tiempos a medio plazo sin un incremento importante de recursos”. “Que
supone un cambio cualitativo e impulsa un sistema mixto primando la
aportación de la sanidad privada”.
Desde Alternativa Galega de Esquerda, su diputada Eva Solla alertó de
que el objeto es desviar “pacientes a los hospitales privados”. La
socialista Carmen Acuña se mostró convencida de que para estas clínicas
será todo un negocio y pronosticó que los centros públicos atenderán los
casos graves mientras que las enfermedades más “rentables”, las que no
requieren de internamiento, se enviarán a la privada, lo que propiciará,
según su tesis, un paulatino deterioro de la sanidad pública.
Se apoyó
en que la ley no cuenta con una memoria presupuestaria para pronosticar
que cuando la norma entre en vigor supondrá detraer fondos de los
presupuestos desde la consellería que preside Rocío Mosquera a las
empresas privadas. Y alertó de que en el hospital O Meixoeiro de Vigo,
donde trabajaba, una prueba diagnóstica espera un año. (...)
La oposición también se quejó de que la nueva legislación incrementará
las listas de espera no estructurales (agendas secretas a donde van a ir
a parar todos los pacientes que rechacen operarse en los centros
privados y concertados).
El diputado del PP Miguel Santalices desvío las
críticas alegando que la norma contribuirá a priorizar la atención a
los casos más graves y permitirá a los enfermos “elegir el hospital, el
médico y el personal de enfermería”. (El País, 03/12/2013)
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