"A cuatro días del 35 aniversario de la Constitución, el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-EUiA-Cha) ha presentado en el Congreso de los Diputados junto con el Grupo Mixto una proposición de Ley para modificar el Artículo 135 de la Carta Magna y revertir el pacto que PSOE y PP alcanzaron en septiembre de 2011
obligando al Estado a condicionar su política económica al pago de los
intereses de la deuda y el cumplimiento de los objetivos de déficit.
El texto propuesto fue presentado esta mañana por el portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, ha criticado la contradicción que causaron en la Carta del 78 los dos grandes partidos ya que otro artículo, el 128, establece en su primer epígrafe la "subordinación de la riqueza del país al interés general". (...)
De este modo, Centella propuso abrir "el debate que en su momento no se pudo hacer" en la Cámara, teniendo en cuenta que hoy ya "conocemos el contenido de la carta de Trichet a Zapatero",
dijo en referencia a la publicación de la famosa carta fantasma que el
entonces responsable del Banco Central Europeo dirigió al Gobierno del
PSOE en agosto de 2011 exigiéndole el cumplimiento con una lista de reformas económicas que han sido las propulsoras de los recortes que después ha desarrollado Mariano Rajoy.
Centella metió un poco el dedo en la llaga de los socialistas al
asegurar que esta proposición está avalada por "importantes dirigentes
que dos años después se han dicho arrepentidos por haber votado a favor
de esa modificación del Artículo 135" y por tanto, aunque no lo dijo
tal cual, se plantea como un reto para ver de qué lado está el PSOE. (...)
La proposición de Izquierda Plural y Grupo Mixto establece en
concreto que el Gobierno debe estar "autorizado por le para emitir Deuda
Pública o contraer crédito"; que esos "créditos para satisfacer el pago
de intereses y capital de la Deuda Pública" tendrán que estar siempre
"incluidos en el estado de gastos de los Presupuestos Generales"; y que
sólo "gozará de prioridad absoluta" el pago de los créditos "para satisfacer la financiación necesaria que garantice la cobertura universal de los servicios públicos fundamentales".
Esto
entronca de lleno con la auditoría de la deuda que reclama IU para
diferenciar qué parte del pago de intereses los ha generado el Estado ─
y, por tanto, lo público─ y qué parte lo ha generado la banca privada.(...)" (Público, 02/12/2013)
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