"Este jueves 4 de abril se aprobó en el Parlamento Europeo el denominado “Producto paneuropeo de pensiones individuales” (PEPP) (...)
En realidad esta medida llevaba tiempo perfilándose en las instituciones europeas: la Comisión Europea ya le dio el visto bueno hace casi dos años.
Su objetivo siempre ha sido explícito: “los productos paneuropeos de
pensiones individuales servirán para fomentar la competencia entre los
proveedores de pensiones, otorgando a los consumidores más posibilidades
de elección a la hora de colocar sus ahorros”.
Se busca la “uniformidad
de las normas a nivel nacional y de la UE”, para lograr “el desarrollo
de un mercado de pensiones a escala de la UE competitivo y de gran
dimensión”. Estos planes de pensiones “podrán ser ofertados por una
amplia gama de proveedores, tales como compañías de seguros, bancos,
fondos de pensiones de empleo, empresas de inversión y gestores de
activos”. Por último, “se anima a los Estados miembros a conceder a los
PEPP el mismo trato fiscal que actualmente se dispensa a los productos
nacionales análogos que ya existen”.
En román paladín, por si a alguien se le escapa lo que subyace en
todo esto: este plan paneuropeo marca el inicio de una serie de reformas
legislativas en los parlamentos nacionales que favorecerán y ampliarán
el negocio de las entidades financieras que hacen negocio con los fondos
privados de pensiones.
Nada nuevo bajo el sol, porque nuestros Estados
ya dan facilidades y bonificaciones fiscales a estos productos, pero lo
llamativo de este asunto es que ahora el trato privilegiado a este
segmento del sector privado se articulará y coordinará desde a nivel
europeo, lo que no hará sino intensificar las ventajas que tienen las
entidades financieras a la hora de lucrarse con los ahorros de la gente.
El texto aprobado lo deja claro: “los proveedores podrán desarrollar
PEPP en varios Estados miembros, agrupar activos más eficazmente y
lograr economías de escala”.
Quizás el lector piense que no hay nada de malo en todo esto, ya que
al fin y al cabo se trata de favorecer planes privados de pensiones que
son voluntarios y que no hay ninguna medida que vaya directamente en
contra del sistema público de pensiones.
Pero seguro que el lector no
pensaría lo mismo si en vez de pensiones hablásemos de la sanidad: ¿se
imagina lo que implicaría que las instituciones europeas instaran a los
parlamentos estatales a implementar medidas que favoreciesen y ampliasen
el negocio de la sanidad privada, incluyendo medidas fiscales?
La
sanidad privada también es voluntaria, pero el hecho de que las
administraciones públicas le otorguen ventajas tiene un impacto
determinado sobre la sanidad pública. Lo mismo ocurre con las pensiones:
la señal que están enviando las instituciones europeas es muy peligrosa
y preocupante porque implica que están más preocupadas por mejorar el
negocio privado que por mejorar el sistema público.
No está de más recordar que en nuestro país ya utilizamos dinero
público para ayudar al negocio privado de las pensiones: acorde a los
cálculos del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, cada año
los contribuyentes perdemos unos 2.000 millones de euros por perdonar
impuestos a quienes contratan planes privados de pensiones. Dinero
público empleado en ayudar a la banca que hace negocio con las pensiones
y en ayudar a las personas que contratan estos productos que, por
cierto, son mayoritariamente personas adineradas. (...)
Tampoco viene mal traer a colación que los fondos privados de
pensiones en realidad no tienen nada que ver con las pensiones; son
simplemente fondos de inversión financiera. Y además, muy poco rentables
y en muchos casos ruinosos. La propia OCDE alertó hace poco de que las
comisiones aplicadas por las entidades gestoras se pueden llevar por
delante una tercera parte de la pensión.
De hecho, según un estudio
reciente de la IESE Business School, de 313 fondos privados de pensiones
españoles, 58 tuvieron rentabilidad negativa (los ahorradores perdieron
dinero) y 233 tuvieron una rentabilidad mínima, inferior al IBEX-35 y a
la deuda pública. Además, como ocurre con todas las inversiones, no
está al alcance de todos porque para poder contratar un plan es
necesario tener capacidad de ahorro, algo de lo que carece una buena
parte de la población española.
No hay datos exactos sobre la capacidad
de ahorro de las familias pero sí hay estimaciones. La más optimista es
la de Fintonic, que pone de manifiesto que sólo 4 de cada 10 personas
pueden ahorrar en nuestro país. La más pesimista es la de los técnicos
del Ministerio de Hacienda, que señala que el 86,6% de la ciudadanía
española no tiene capacidad de ahorro.
En definitiva, la Unión Europea y la mayoría de partidos políticos
que la nutren continúan (lejos de toda sorpresa) contaminados por los
principios neoliberales, cuya filosofía radica en que hay que dar
prioridad y ventajas a lo privado frente a lo público.
Este caso
reciente del plan paneuropeo de pensiones privadas es el enésimo paso de
deterioro del Estado social que desgraciadamente lleva mucho tiempo
aplicándose en nuestras sociedades. ¿Cuándo le daremos la vuelta?" (Juan Torres Lópèz, Ganas de escribir, 06/04/19)
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