"Pedro Sánchez ha sido reelegido primer ministro de España, pero su amplia mayoría de izquierda depende de aliados inestables. La extrema derecha está haciendo acusaciones descabelladas de un golpe antidemocrático y ahora insta a jueces y policías a desafiar al gobierno.
A principios de este verano, nadie habría apostado un solo euro a que Pedro Sánchez seguiría siendo hoy presidente del Gobierno español. Tras las elecciones municipales de mayo, en las que los partidos de la derecha de la oposición ganaron ampliamente, muchos pensaron que el líder del Partido Socialista (PSOE), Sánchez, pertenecía a la muerte política ambulante. Las encuestas de cara a las elecciones generales del 23 de julio no daban esperanzas de indulto.
Madrid parecía otra capital europea a punto de ser conquistada por los conservadores y sus aliados de extrema derecha, como Roma, Estocolmo, Helsinki y Atenas. Pero las cosas cambiaron. La coalición de amplia izquierda española resistió, demostrando que la única arma probada de estos partidos para derrotar a los emuladores locales de Donald Trump, Viktor Orbán y Jair Bolsonaro es hacer algo para movilizar a su propio electorado.
Aun así, los resultados electorales de julio, que negaron al conservador Partido Popular (PP) y al nacionalista español Vox la mayoría que se esperaba que conquistaran, dejaron a Sánchez poco margen de maniobra.Tampoco había una clara mayoría de izquierdas, y esta vez -a diferencia de la legislatura anterior- formar otro gobierno requería esencialmente los votos de todas las fuerzas del Parlamento, salvo el dúo PP-Vox.Asegurarse un apoyo parecía especialmente fantasioso: el de Carles Puigdemont, líder de Junts per Catalunya (JxCAT), fuerza independentista catalana de derechas que votó sistemáticamente en contra del gobierno 2020-23 formado por el PSOE de Sánchez y el izquierdista Unidos Podemos.
Dadas las dificultades de un pacto de este tipo, incluso tras el resultado electoral de julio muchos observadores consideraron que el líder del PSOE estaba acabado, y que España estaba abocada a repetir las elecciones para resolver el bloqueo.Una vez más, sin embargo, se equivocaron.Sánchez logró construir una mayoría y, tras una votación de investidura el pasado jueves, España vuelve a tener hoy un Gobierno de coalición de izquierdas. Con la dimisión de António Costa en Portugal la semana anterior, España queda como uno de los pocos bastiones progresistas de la Unión Europea.
Resistencia y olfato político
No cabe duda de que el líder socialista español tiene verdadera capacidad de resistencia política. Su autobiografía publicada en 2019 se titula, después de todo, Manual de resistencia.Parece encontrar la fuerza en la adversidad. Ideológicamente flexible, ha aprendido como pocos a hacer de la necesidad virtud, como dijo la semana pasada en el Congreso de los Diputados.
Ya ocurrió hace cuatro años: aunque se había opuesto con persistencia a un acuerdo de gobierno con Unidos Podemos, tras la repetición de las elecciones en noviembre de 2019 abrazó a la formación de Pablo Iglesias.Sin dudarlo, formaron el primer gobierno de coalición de izquierdas desde la vuelta de España a la democracia.Durante más de tres años, este Gobierno ha llevado a cabo una agenda audaz que se convirtió en un modelo en todo el continente.
Ahora, con paciencia y tenacidad, Sánchez ha vuelto a hacer de la necesidad virtud. Ha llegado a un acuerdo con un partido que hasta hace pocos días había afirmado la secesión unilateral de Cataluña de España y negado cualquier interés en ayudar a mantener un gobierno en Madrid. Los siete votos de JxCAT resultaron cruciales para garantizar la reelección del líder del PSOE como primer ministro, en un parlamento fragmentado.
Esto no significa que el partido independentista catalán vaya a entrar en el gabinete. Más bien, como en la pasada legislatura, se tratará de un Gobierno en minoría formado por el PSOE (121 escaños) y Sumar (31 escaños), la coalición de izquierda radical liderada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Pero este Ejecutivo dependerá también para su supervivencia de los votos de la llamada España periférica, es decir, de los distintos partidos regionalistas y nacionalistas de Cataluña (Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que suman siete escaños cada uno), País Vasco (Partido Nacionalista Vasco, cinco escaños, y EH Bildu, seis), Galicia (Bloque Nacionalista Galego, un escaño) y Canarias (Coalición Canaria, un escaño).
Ganar el apoyo de todas estas fuerzas no ha sido fácil. Pero el PSOE, y especialmente el propio Sánchez, han demostrado que ellos solos eran capaces de forjar alianzas con múltiples partidos que representaban intereses distintos.El PP conservador, que de hecho quedó en primer lugar en las elecciones del 23 de julio, sólo consiguió una victoria pírrica que puso de manifiesto su aislamiento en el Parlamento y en el país.
En septiembre, cuando el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, tuvo la oportunidad de formar gobierno, fracasó estrepitosamente, ya que sólo obtuvo el respaldo de la ultraderechista Vox. El pacto del PP con Vox, de Santiago Abascal, es un abrazo mortal que impide acuerdos incluso con los nacionalistas catalanes y vascos de derechas con los que ha hecho alianzas en el pasado.
Vox, al fin y al cabo, busca una recentralización de España, aplastando la autonomía regional. Estas fuerzas vascas y catalanas prefirieron apoyar a un ejecutivo de izquierdas antes que recurrir a los de derechas que niegan el plurinacionalismo de España.
Una lucha cuesta arriba
Aun así, el camino no es fácil. Con una mayoría tan amplia y compuesta, cada votación en el Parlamento puede convertirse en un atolladero, con el riesgo real de que el nuevo gabinete de Sánchez no dure. Los partidos que apoyaron a Sánchez saben que dejar fracasar a este Gobierno significaría entregar España a la derecha. Sin embargo, la buena voluntad a menudo no es suficiente. ¿Cómo será posible conciliar la agenda de Sumar, de izquierda radical, sobre políticas sociales, fiscalidad progresiva o vivienda, con los derechistas del Partido Nacionalista Vasco, Junts per Catalunya o Coalición Canaria?
"Con una mayoría tan amplia y compuesta, cada votación en el Parlamento puede convertirse en un atolladero, con el riesgo real de que el nuevo gabinete de Pedro Sánchez no dure".
Además, la coyuntura internacional no es la mejor, por decirlo suavemente, con las guerras de Ucrania y Gaza (y sus repercusiones económicas), la inflación, la crisis energética y las nuevas y más restrictivas políticas monetarias del Banco Central Europeo (BCE).
: el Fondo Monetario Internacional ha confirmado unas previsiones de crecimiento para España del 2,5% para 2023 y del 1,7% para 2024.
Pero los fondos de recuperación post-pandémica NextGenerationEU ya están en gran parte contabilizados, y se espera que el próximo enero vuelva a entrar en vigor el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE, que limita el endeudamiento de los Estados. En resumen, el Gobierno español tendrá menos margen de maniobra que antes.
Políticamente, sin embargo, hay tres factores principales de inestabilidad. El primero es interno y afecta a Podemos, la fuerza de izquierda radical que había sido uno de los principales componentes de Sumar. Tras meses de profundas tensiones y golpes bajos, la formación fundada por Iglesias, que sigue siendo su líder indiscutible (aunque oficialmente retirado de la política) ha decidido abandonar Sumar, criticando a Díaz por demasiado moderada. Podemos se queja de no haber recibido la consideración debida en el equipo de Díaz y de haber sido marginado de los puestos clave. En los últimos meses, Iglesias ha puesto como condición que Irene Montero, que también es su pareja, continúe como ministra de Igualdad.
Cabe destacar que a Montero, que ha sufrido durísimos ataques de la derecha, se le atribuyen la Ley de Garantía Plena de la Libertad Sexual, conocida como ley Sólo Sí Significa Sí, y la Ley para la Igualdad de las Personas Trans y Garantía de los Derechos LGTBI.
Ambas leyes no sólo han sido muy contestadas por los conservadores, sino que han creado una profunda crisis en el Gobierno.
Tanto por la aplicación ecléctica que los tribunales han hecho de la ley Sólo Sí Significa Sí -que ha supuesto la excarcelación o reducción de penas de varias decenas de violadores- como por la división en el movimiento feminista, entre los sectores vinculados a Podemos y los más cercanos al PSOE por la llamada ley trans.
Consciente del profundo distanciamiento entre el PSOE y Podemos, Sumar ofreció así a Podemos un ministerio distinto para Nacho Álvarez. Pero la formación de Iglesias se negó despectivamente, provocando a su vez la dimisión de Álvarez, que fue secretario de Estado de Derechos Sociales y figura clave en los acuerdos parlamentarios de la anterior legislatura. Seguramente se han cometido errores por ambas partes. Pero la actitud de Podemos es autodestructiva, además de excesiva en sus múltiples quejas de victimismo.
Esta postura también pone en peligro la supervivencia del Gobierno. Podemos es hoy una mera sombra de lo que fue en años pasados, pero dada la escasa mayoría de Sánchez, sus cinco diputados restantes siguen siendo decisivos.
Lo más probable es que Podemos se presente en solitario (separado de Sumar) a las elecciones europeas de junio, provocando una escisión en la izquierda que significa un probable suicidio electoral. De hecho, esto también explica en gran medida la victoria de la derecha en las elecciones locales de mayo, cuando Sumar no logró forjar una alianza con todos los actores de la izquierda radical. En muchos municipios y regiones, cada una de las formaciones que se presentaron por separado no alcanzó el umbral del 5% para obtener representación.
Luchas internas por la independencia de Cataluña
Sin embargo, sobre el papel, el eslabón más débil de la mayoría de Sánchez es su dependencia de los partidos independentistas catalanes. Los acuerdos del PSOE con JxCAT y ERC garantizan la estabilidad del Gobierno, pero todo dependerá de la marcha de las negociaciones para resolver la crisis catalana y las luchas intestinas por la causa independentista.
El principal escollo -una amnistía para los independentistas procesados tras el referéndum no oficial de 2017- parece ya superado, al menos en términos políticos. La amnistía garantizaría la anulación de la responsabilidad penal, administrativa y contable de más de trescientos independentistas -incluido el propio Puigdemont, autoexiliado en Bélgica como actual eurodiputado-.
También amnistiaría a setenta y tres policías.
Tras los indultos del verano de 2021 y la reforma del delito de sedición, una amnistía completaría el camino previo de Sánchez hacia más diálogo, reconciliación y normalización de las relaciones entre Madrid y Barcelona. Sin embargo, la amnistía es jurídicamente compleja, y conoceremos mejor su eficacia real tras el debate parlamentario y la respuesta del Tribunal Constitucional. La rebelión contra la propuesta de amnistía por parte de sectores conservadores de la judicatura augura futuros recursos judiciales... y una larga espera antes de que se aplique.
Más allá de acuerdos sobre cuestiones como nuevas competencias para el gobierno catalán o mayor autonomía fiscal, el otro escollo tiene que ver con un posible futuro referéndum de autodeterminación, que tanto JxCAT como ERC reclaman.
En este punto, los márgenes de maniobra son prácticamente nulos: el "no" del PSOE es claro, como lo es la inconstitucionalidad de lo que se pide. Como mucho, las fuerzas independentistas pueden obtener un voto consultivo no vinculante sobre un acuerdo político negociado entre las partes.
Esto podría, quizás, reformar el estatuto de autonomía catalán, por ejemplo si los artículos tumbados por el Tribunal Constitucional en 2010 fueran reinsertados tras su modificación. Una solución de este tipo permitiría salvar algo la cara a cada una de las partes. Pero hará falta mucha voluntad política y delicadeza.
Es más, además de las elecciones europeas de junio de 2024, habrá elecciones regionales la próxima primavera en el País Vasco y Galicia y, en febrero de 2025, en Cataluña. El Gobierno puede esperar importantes varapalos, sobre todo por las probables consecuencias vascas del acuerdo, dado que la hegemonía política del Partido Nacionalista Vasco (PNV) está hoy seriamente amenazada por la izquierda independentista de EH Bildu.
En cuanto a Cataluña, la interminable lucha por la hegemonía entre JxCAT y ERC (esta última lidera hoy el gobierno en minoría de la comunidad autónoma), podría empujar a cada uno a intentar superar al otro en la presión a Sánchez, incluso sobre la cuestión del referéndum, y producir a su vez una situación insostenible. Las últimas encuestas confirman que el apoyo al independentismo catalán es más bajo que en cualquier momento de la última década: un dato que podría inquietar a Puigdemont y al líder de ERC, Oriol Junqueras, y hacerles reconsiderar sus recientes muestras de pragmatismo.
Una derecha trumpista
Pero también hay otro factor de inestabilidad, probablemente el más grave. España está cada vez más polarizada, y una derecha radicalizada está echando leña al fuego. Sin duda, muchos ciudadanos están en contra o son escépticos sobre la amnistía, como demostró la manifestación pacífica del pasado sábado en Madrid, que congregó a 170.000 personas.
Pero en las últimas semanas el debate ha estado lejos de ser civilizado. Desde el acuerdo entre PSOE y JxCAT, se ha producido un preocupante crescendo de insultos contra Sánchez, tachado de traidor y golpista, con agresiones a diputados del PSOE y el asalto a la sede del partido. Durante más de dos semanas, cada noche la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid ha sido asediada por varios miles de militantes neofascistas. A estas manifestaciones también asisten dirigentes de Vox, apoyados por influencers de la llamada "Internacional del Odio", como el ex experto de Fox News Tucker Carlson.
Abascal, de Vox, calificó al Gobierno de "ilegítimo", calificó repetidamente su creación de "golpe de Estado" y llamó a los policías a rebelarse contra las órdenes de sus superiores. Aunque el PP no llegó a estos excesos, no se distanció de Vox, no condenó explícitamente la violencia y algunos dirigentes históricos, como Esperanza Aguirre, participaron en las protestas de la calle Ferraz junto a militantes neofascistas. Mientras, el PP ha lanzado una campaña internacional en la que compara a Sánchez con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, e incluso presiona a las instituciones de la UE para que frenen lo que consideran la "destrucción" del Estado de Derecho en España.
Esto no es nuevo. Cuando el líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, ganó sorprendentemente las elecciones de 2004, el PP lanzó una dura campaña en el Parlamento y en las calles, apoyado por los medios de comunicación conservadores. No es casualidad que el ex primer ministro derechista José María Aznar también haya reaparecido, llamando a una movilización sin cuartel contra Sánchez. La radicalización de la derecha es un hecho consumado: prueba de ello es que Mariano Rajoy, considerado un "moderado" del PP, apoyó públicamente a Javier Milei para la presidencia argentina.
No es de extrañar, por tanto, que sectores de la judicatura, supuestamente neutrales políticamente, hayan organizado manifestaciones frente a los juzgados contra el acuerdo PSOE-JxCAT o que unos setenta militares retirados hayan lanzado un manifiesto pidiendo al ejército que eche a Sánchez. La derecha está provocando el caos conscientemente. Por desgracia, no es impensable una versión española del asalto al Capitolio, por muy sólidas que se hayan mostrado hasta ahora las instituciones democráticas.
Periodo peligroso
En definitiva, la continuidad del Gobierno PSOE-Sumar es una excelente noticia para la izquierda europea. Entre otras cosas, porque no podía darse por descontada. Es, ante todo, una victoria de Sánchez. Pero también es el resultado de la constatación, por parte de todos los partidos que componen esta heterogénea mayoría, de que es necesario hacer de la necesidad virtud para impedir que la extrema derecha alcance el poder.
Sin embargo, la posibilidad de aplicar políticas sociales audaces como en la pasada legislatura sigue siendo una incógnita, sean cuales sean las intenciones del PSOE o de Sumar. Lo más probable es que las mayores energías del gobierno se dediquen a resolver la cuestión territorial, con el objetivo de acabar definitivamente con el contencioso catalán.
"El líder de la extrema derecha española, Santiago Abascal, calificó al Gobierno de 'ilegítimo', calificó repetidamente su creación de 'golpe de Estado' y llamó a los policías a rebelarse contra las órdenes de sus superiores".
No será fácil. Las tensiones que podrían surgir en el seno de una mayoría tan compuesta, la actitud autodestructiva de un Podemos en evidente declive, y las respectivas luchas de los nacionalistas catalanes y vascos por la hegemonía regional, complican las cosas. Y también lo hace la movilización de la derecha española. No sólo se apoya en un poderoso sistema de medios de comunicación y en la mayoría conservadora de los jueces, sino que también controla la mayoría de las regiones y grandes ciudades, y tiene mayoría absoluta en el Senado, donde hará todo lo posible por obstaculizar o al menos ralentizar la legislación.
La derecha, incluidos sus elementos teóricamente más moderados, ha decidido claramente que cualquier arma es legítima para derribar al gobierno y no va a bajar el tono en los próximos meses. Todo lo contrario. Hasta las elecciones europeas del próximo mes de junio, fecha crucial para todas las partes, no habrá tregua. Si el Gobierno de Sánchez llega hasta ahí, podremos hacer balance de lo conseguido."
(Steven Forti es profesor de historia contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona. JACOBIN, 22/11/23; traducción DEEPL)
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