"Las noticias de la posible conformación de un gobierno progresista con el apoyo de fuerzas nacionalistas, generalizadas esta semana a pesar de los dimes, diretes y puestas en escena, han empujado a la derecha a elevar el tono de sus amenazas, utilizando su brazo judicial como vanguardia de choque. Lo han intentado todo: la intoxicación mediática, el filibusterismo parlamentario (con una investidura ridícula por lo inviable a lo que se añade ahora el anuncio de una modificación del reglamento del Senado), el incentivo a la deserción de los sectores más neoliberales del PSOE, la polarización en las calles… Restaba activar el brazo ejecutor más fiel y con mayor capacidad de bloqueo, la derecha judicial, y el ambiente que anticipa un acuerdo ha desencadenado su desembarco en la polémica pública.
La excusa de la ley de amnistía encubre una manipulación evidente de una interferencia inédita tanto desde un punto de vista formal como de los contenidos. Vale la pena recordarlo. No ha habido ningún comentario reclamando respeto al poder judicial ante anteriores procesos de amnistía, en especial a las fiscales que sacaron a la luz el ocultamiento de beneficios y bienes que hubieran debido tener una sanción penal en caso de no existir una medida de gracia. Quizá el origen social de la mayoría de los miembros de la judicatura y el entramado de intereses de su entorno fueron determinantes para esta falta de reacción, lo que de paso pone más en evidencia la significación de su actual intervención.
Pero formalmente la manipulación no deja de ser más palmaria. Se filtra el malestar del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial cuando la posible ley de amnistía ni siquiera se ha registrado en el Congreso y continúan las negociaciones entre los grupos parlamentarios. Ya hubiera sido llamativa una interferencia en pleno debate en el hemiciclo, pero el hecho de darse a conocer una posición con tanta antelación lo que significa es que se pretende condicionar la elección del gobierno, ni más ni menos. La paradoja es que quienes reclaman respeto a sus competencias constitucionales lo que precisamente están haciendo es pretender vulnerar las competencias de un organismo que expresa la soberanía popular de manera directa.
Lo que evidencian estos movimientos es que, más allá de la amnistía, el problema de fondo es la actuación de un grupo de interés, en el caso de los jueces presentes en el Consejo General del Poder Judicial con un mandato vencido por el bloqueo de una minoría parlamentaria, con la pretensión de imponer el gobierno que sea de su gusto y eso no es otra cosa que golpismo. La Asociación Profesional de la Magistratura ha tenido el desparpajo de referirse en un comunicado público al “principio del fin de la democracia”, que “vuela por los aires el Estado de Derecho”. El mundo al revés. Tendrán a su alcance la mayoría del poder mediático y económico, pero no podrán imponer una versión de los hechos sin base real.
Porque incluso si la ley de amnistía que finalmente se apruebe fuera inconstitucional, como se alega sin conocer su contenido, el PP y los jueces que así lo consideraran tendrían a su alcance las vías institucionales para declararla como tal ante los tribunales. La insistencia y la presión que vivimos es otra cosa y pone de manifiesto la necesidad de la democratización de la justicia frente al corporativismo de una exigua minoría de privilegiados. Una justicia democrática no sólo es una vía para garantizar derechos y libertades, sino también un requisito esencial para que la soberanía popular siga siendo el eje en la toma de decisiones sobre el futuro de nuestro país." (Mauricio Valiente Ots , El Mundo Obrero, 03/11/2023)
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