"Un nuevo análisis de Corporate Europe Observatory y LobbyControl, extraído de nuestra base de datos en línea LobbyFacts, nos da una idea de la capacidad de gasto del sector empresarial en Bruselas. Las 162 empresas y asociaciones comerciales que declaran un gasto anual superior a un millón de euros en actividades de lobby en la UE gastan en conjunto al menos 343 millones de euros al año. Esto supone un 13% más que el año pasado por estas fechas, y 86 millones de euros más desde 2020, un aumento de un tercio en los últimos 5 años. [Además, es probable que estas cifras estén muy por debajo de la realidad: el gasto total real de las empresas en actividades de lobby en la UE será mucho mayor. Todos los datos son correctos a 8 de febrero de 2025.
Los sectores que más declaran son Big Tech (Meta, Microsoft); Banca y Finanzas (Asociación de Mercados Financieros Europeos, Federación Bancaria Europea); Energía (FuelsEurope, Shell); Química y Agroindustria (Consejo Europeo de la Industria Química, Bayer); Asociaciones comerciales intersectoriales (BusinessEurope, Bundesverband der Deutschen Industrie); y Farmacia (Federación Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica, Novartis). Como se explica a continuación, esta tabla clasificatoria refleja las recientes batallas y tendencias de los grupos de presión.
El lobby empresarial da sus frutos
Estas enormes sumas destinadas a los grupos de presión de la UE por parte de los principales intereses empresariales declarantes están dando claramente sus frutos, teniendo en cuenta la aceleración de la agenda proempresarial de la segunda Comisión von der Leyen. Casi un año después de que muchas industrias sucias presentaran sus demandas políticas en persona a la presidenta Ursula von der Leyen a través de la Declaración de Amberes, esta semana (26 de febrero) volverá a Amberes para decir a la industria cómo cumplirá su agenda. El llamado Acuerdo Industrial Limpio parece destinado a ofrecer bienestar empresarial y falsas soluciones climáticas, al tiempo que ignora el imperativo de atajar la contaminación ambiental y cumplir con la justicia social. Mientras tanto, los implacables grupos de presión empresariales ya han conseguido la Brújula de la Competitividad, un amplio programa de desregulación que sitúa la llamada «competitividad empresarial» como objetivo primordial de la Comisión. En realidad, se trata de una hoguera de normativas elaboradas a expensas de la democracia y de la protección social y medioambiental.
Resulta irónico que en los últimos meses algunos medios de comunicación y la derecha política hayan estado totalmente preocupados por la no-historia de los 15 millones de euros recibidos por las ONG verdes del programa de financiación LIFE de la UE -que cubre todo tipo de actividades de la sociedad civil-, mientras que delante de sus narices, los mayores grupos de presión corporativos han gastado al menos 343 millones de euros al año en grupos de presión de la UE, incluyendo un aumento de 41 millones de euros sólo en el último año. Nota al margen De hecho, tal y como se detalla en nuestro informe, consideramos que es muy posible que una serie de intereses corporativos estén declarando menos de lo que declaran. Aunque estas cantidades y actividades no son directamente comparables, resulta extremadamente preocupante que las instituciones de la UE sean tan receptivas a las demandas de los grupos de presión de la industria, mientras que al mismo tiempo muchos políticos intentan restringir el espacio y el compromiso de la sociedad civil en Bruselas y en toda Europa. Esto debería hacer reflexionar seriamente a todos los responsables razonables de la toma de decisiones.
Como señala LobbyControl en su informe EU Lobby Report 2024, los grupos de presión empresariales utilizan numerosas técnicas de persuasión, desde reuniones cara a cara y estudios por encargo, hasta la influencia encubierta a través de grupos de fachada y publicidad microdirigida. Reclutan a antiguos políticos con valiosos contactos a través de la «puerta giratoria». Sus vastos recursos y sus estrategias llenas de matices suscitan dudas sobre la capacidad de las instituciones de la UE para resistirse a influencias indebidas. Por eso las instituciones de la UE deben replantearse sus normas sobre grupos de presión.
Es hora de atajar la captura reglamentaria
Está claro que la toma de decisiones de la UE se enfrenta a un riesgo real de captura reglamentaria, y apenas existen protecciones eficaces. Este análisis refuerza la necesidad de crear cortafuegos para proteger la toma de decisiones pública. Las instituciones de la UE ya se han comprometido a proteger su toma de decisiones de la influencia de los grupos de presión del tabaco, pero su aplicación es muy imperfecta. Entretanto, las razones para extender este enfoque de cortafuegos de los grupos de presión a la protección de la acción frente a las crisis climática y de contaminación ambiental son convincentes. Como primer paso, la Comisión debería dejar de proporcionar un acceso privilegiado a los grupos de presión de la industria y garantizar que las voces de la sociedad civil y las comunidades se escuchen alto y claro.
Demandas de la Liga de Lobbies de la UE
¿Datos inexactos?
Como llevan años señalando Corporate Europe Observatory y LobbyControl, las actuales herramientas de transparencia y rendición de cuentas a escala de la UE son inadecuadas. El instrumento estrella, el Registro de Transparencia de los Lobbies de la UE, gestionado por la Comisión, el Parlamento y el Consejo, sigue estando plagado de datos inexactos. Como se detalla en nuestra metodología, dentro de un conjunto de datos completo de 175 declarantes de gastos de 1 millón de euros o más, identificamos al menos 12 entradas en las que ese nivel de gasto en grupos de presión parecía inverosímilmente alto. Nota al margen Mientras tanto, el actual problema de la infradeclaración de gastos de lobby por parte de algunos de los grupos de presión empresariales más activos de la Burbuja de Bruselas refleja una vez más la falta de escrutinio por parte de los responsables políticos. Un registro de grupos de presión jurídicamente vinculante es la única manera de imponer sanciones significativas por publicar datos inexactos y, por tanto, de aumentar la calidad general de los datos de los grupos de presión en el registro de la UE. El registro se revisará antes de julio de 2025; la introducción de un registro jurídicamente vinculante es algo que debería haberse hecho hace tiempo.
El análisis completo de los datos está disponible aquí y el informe completo, incluida la metodología, aquí. (...)."
( Corporate Europe Observatory , 24/02/25, enlaces y gráficos en el original)
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