"(...) El presidente Trump afronta obstáculos presupuestarios, administrativos,
diplomáticos, políticos y legales que desafían la capacidad de su
Administración para cumplir su objetivo de deportar a todos los
inmigrantes indocumentados en EEUU. Si bien es muy poco probable que su
gobierno alcance esta meta, sus medidas audaces y controvertidas están
diseñadas para demostrar a sus seguidores que está cumpliendo su promesa de campaña. También buscan enviar un mensaje claro y contundente a los inmigrantes
en EEUU de que la vida como indocumentado será intolerable y a quienes
están considerando entrar en el país de manera irregular, que su
Administración implementará un gran número de medidas políticas para
dificultar al máximo la entrada ilegal a EEUU. (...)
Como candidato presidencial, Donald Trump prometió implementar la mayor campaña de deportación en la historia de EEUU durante su segundo mandato. Afirmó que su gobierno deportaría entre 15 y 20 millones de inmigrantes que residen en el país, a pesar de que la estimación más reciente del gobierno de EEUU situaba la cifra en 11 millones.
El vicepresidente J.D. Vance y el “zar de la frontera” de la Casa Blanca, Tom Homan, han sido cautelosos respecto a la capacidad del gobierno para alcanzar esta meta. Durante la campaña, Vance afirmó que deberían “comenzar con un millón… y luego ver hasta dónde podemos llegar”. Homan fue aún más precavido, afirmando: “Cuantos más [recursos] tengamos, más podremos lograr”. Las declaraciones de Vance y Homan tratan de rebajar las expectativas, a la vez que reflejan los enormes desafíos a los que se enfrentará el gobierno de EEUU, incluso si moviliza todos sus recursos, para alcanzar la ambiciosa meta de Trump. (...)
La financiación es un factor crítico para alcanzar los objetivos de deportación de la ICE. Actualmente, el presupuesto de la ICE es de aproximadamente 9.000 millones de dólares. Sin embargo, su misión va más allá de la aplicación de las leyes de inmigración, ya que también incluye la investigación de delitos cibernéticos, la lucha contra la delincuencia financiera y el control del tráfico ilegal de drogas, dinero y armas. En diciembre de 2024 la ICE tenía un déficit de 230 millones de dólares. Para complicar aún más la situación, la primera ley aprobada por el Congreso de EEUU en 2025, la Ley Laken Riley, se estima que su implementación costará a la agencia casi 27.000 millones de dólares.
El gobierno también se enfrenta a una escasez de espacio para la detención de los inmigrantes, lo que limita su capacidad para cumplir los objetivos de deportación de Trump. Tom Homan ha señalado que le gustaría contar con 100.000 camas diarias, aunque el Congreso actualmente sólo financia 41.500. Sin embargo, Homan no ha aclarado si la Administración tiene planes de utilizar el Programa de Alternativas a la Detención de la ICE. A principios de enero, casi 190.000 inmigrantes formaban parte de programas no privativos de libertad.
La capacidad de deportación y los costes asociados representan otro desafío. La ICE lleva a cabo deportaciones a través de vuelos chárter, aerolíneas comerciales y transporte terrestre. Para deportaciones a México o Canadá puede utilizar transporte terrestre, pero para el resto de la población inmigrante debe recurrir al transporte aéreo. La agencia sólo dispone de 12 aviones, cada uno con una capacidad de 135 deportados. Funcionarios han indicado que hay pocas opciones de aeronaves no comerciales disponibles para alquiler, y el uso de aviones de carga podría violar las regulaciones de la Administración Federal de Aviación. Los vuelos de deportación cuestan 17.000 dólares por hora de vuelo para 135 deportados y tienen una duración promedio de cinco horas. Según una estimación, una deportación masiva única de todos los inmigrantes indocumentados costaría al menos 315.000 millones de dólares, incluyendo los costes de arrestos, detenciones, apelaciones, deportaciones y las consecuencias económicas de la pérdida de trabajadores.
La ICE cuenta con más de 22.000 empleados a tiempo completo, pero para aumentar las deportaciones necesitará una cantidad significativamente mayor de personal para detener a más inmigrantes. También requerirá más capacidad de detención para alojar a los inmigrantes mientras se resuelven sus procedimientos, así como más autobuses y aviones para transportarlos a sus países de origen. (...)
Además, algunas agencias, como la CBP, tienen dificultades para llenar los puestos actualmente ofertados. La CBP está ofreciendo bonos de hasta 30.000 dólares para incentivar a personas a postularse y desempeñar estos trabajos. (...)
Mientras Trump busca financiación adicional del Congreso, también intenta aprovechar los recursos de otros departamentos y agencias gubernamentales que normalmente no están involucrados en la aplicación de leyes migratorias. Su Administración ha otorgado autoridad al DHS y a agencias del DOJ, como la Agencia Antidrogas, el Servicio de Seguridad de EEUU (US Marshals Service), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, y la Oficina Federal de Prisiones, para ayudar en la aplicación de las leyes migratorias, aunque aún no está claro cómo serán utilizadas. (...)
Trump firmó dos órdenes ejecutivas que ordenan al ejército desplegarse en la frontera entre EEUU y México para “sellar la frontera”. Posteriormente, el DOD anunció el envío de 1.500 soldados y recursos a la frontera para asistir a la CBP en actividades como vigilancia, detención, construcción de barreras y transporte. Para aumentar la capacidad de detención, el DOD anunció que la ICE podrá utilizar una base militar en Colorado para detener inmigrantes. Además, Trump ordenó al DHS abrir un centro de detención en la base naval de EEUU en Guantánamo, Cuba, con capacidad para albergar hasta 30,000 inmigrantes al día. Finalmente, la Administración ha comenzado a utilizar aviones militares para vuelos de deportación, con el fin de aumentar la capacidad operativa de la ICE. (...)
Existen numerosos desafíos administrativos para aumentar significativamente el número de deportaciones. Uno de los principales obstáculos que ha surgido en los últimos años es el crecimiento de las llamadas jurisdicciones santuario, que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración con el objeto de fomentar la confianza y la colaboración entre las fuerzas del orden locales y la comunidad inmigrante. (...)
Otro desafío importante es el retraso en la tramitación de casos dentro del saturado y subfinanciado sistema judicial de inmigración. (...)
Trump está implementando varias medidas para abordar estos obstáculos. Para incrementar la cooperación migratoria de las jurisdicciones estatales y locales, su Administración ha amenazado con enjuiciar a aquellas que se nieguen a colaborar y ha autorizado a las fuerzas del orden estatales y locales a llevar a cabo tareas de aplicación de la ley migratoria. El presidente firmó una orden ejecutiva instruyendo al DOJ y al DHS a iniciar acciones legales, tanto civiles como penales, para garantizar que las jurisdicciones santuario no reciban fondos federales. Además, el DOJ ha ordenado a su personal investigar a funcionarios estatales y locales que no cumplan con “órdenes relacionadas con inmigración”, con la posibilidad de iniciar procesos judiciales en su contra. (...)
La Administración también ha ampliado significativamente el uso de la deportación rápida, una política que permite a la ICE expulsar rápidamente a ciertos inmigrantes indocumentados sin necesidad de una audiencia ante un tribunal de inmigración. (...)
EEUU necesita el permiso del gobierno receptor para devolver a los inmigrantes a sus países de origen. El gobierno del país receptor debe aceptar al avión o al transporte terrestre procedente de EEUU que lleva a los inmigrantes y proporcionar documentos de viaje que certifiquen que todas las personas a bordo son nacionales de ese país. (...)
El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, anunció que en las relaciones diplomáticas con otros países, particularmente en el hemisferio occidental, darán prioridad a la seguridad de las fronteras de EEUU y a negociar la repatriación de inmigrantes que están irregularmente en el país. Hasta ahora, esto ha significado que la Administración Trump ha estado dispuesta a negociar con líderes autocráticos y a amenazar a aliados históricos de EEUU para asegurar su cooperación en materia de deportaciones. (...)
A principios de enero, casi el 90% de los estadounidenses expresaron su apoyo –firme o moderado– a la deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales. Sin embargo, sólo el 55% apoya la deportación de todos los inmigrantes indocumentados. Si Trump sigue adelante con los audaces planes que ha incluido en sus órdenes ejecutivas, estas acciones sin duda generarán indignación pública, afectarán casos con simpatía mediática y movilizarán a la opinión pública en contra de sus políticas de reforzamiento de la aplicación de la ley y la deportación. La amplia difusión de imágenes o videos de detenciones masivas, especialmente de individuos o familias que son miembros clave en sus comunidades, podría provocar un intenso rechazo. Es probable que Trump se enfrente a una creciente presión de diversos actores, como líderes religiosos, comunitarios y grupos empresariales, para que pare, o al menos modifique, sus esfuerzos agresivos de aplicación de la ley de inmigración. Si esto ocurre, el Congreso podría verse presionado a bloquear o mitigar las acciones de la Administración. (...)
Es poco probable que Trump modere o ralentice su plan de deportaciones en el corto plazo, a menos que enfrente una reacción pública significativa o una oposición sustancial, especialmente de líderes Republicanos o grupos clave dentro de sus bases de apoyo. (...)
La capacidad de Trump para reforzar la aplicación de las leyes de inmigración y, en términos más amplios, reformar el sistema migratorio de EEUU dependerá, en gran medida, de las acciones legales emprendidas por estados, organizaciones de derechos civiles y grupos de defensa de los inmigrantes que busquen impugnar sus medidas. (...)
La Administración Trump ha tomado medidas que deliberadamente están en el límite de la legalidad y está preparada para enfrentarse a demandas constantes, tal como ocurrió en su primer mandato. Sin embargo, a diferencia de entonces, su equipo ha tenido cuatro años para planificar sus estrategias legales y aprender de sus errores previos. Además, el panorama judicial actual presenta diferencias significativas. En los últimos años, los tribunales han limitado la capacidad de los estados para demandar al gobierno federal y la posibilidad de que tribunales inferiores emitan órdenes nacionales que bloqueen la implementación de políticas mientras se resuelven los casos.
(...) la estrategia del gobierno no parece limitarse únicamente a lograr sus
objetivos de deportación, sino también a enviar un mensaje claro a sus
electores de que está cumpliendo sus promesas de campaña. También
pretende enviar un mensaje claro y contundente a los inmigrantes en EEUU
de que la vida como indocumentado será intolerable, y a quienes estén
considerando entrar en el país, que implementará una amplia gama de
políticas para hacer extremadamente difícil la entrada ilegal a EEUU."
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