"Crisis 1: covid. Una de las primeras exigencias del PP, entonces dirigido por Pablo Casado, es que el Ejército extienda su despliegue a Cataluña y el País Vasco, donde sospecha de resistencias nacionalistas. Pasado lo peor, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, reclama al Gobierno que sean las Fuerzas Armadas las que hagan cumplir las restricciones.
Crisis 2: dana. El PP, cuestionado por la gestión de Carlos Mazón, acusa al Gobierno de lentitud en el despliegue militar. Ayuso desliza que los militares no fueron enviados “a tiempo” siguiendo un cálculo político, para que en “esto que llaman Países Catalanes” no vean que tienen “a su lado” al “Ejército de España”.
Crisis 3: apagón. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y Ayuso piden la movilización del Ejército.
Crisis 4: incendios. Feijóo, y en su estela los presidentes de las autonomías más torturadas —Castilla y León, Galicia y Extremadura— y de la Comunidad de Madrid, desatan un crescendo sin precedentes de exigencias militares. Alfonso Fernández Mañueco, de Castilla y León, cambia su posición drásticamente en solo un día: primero, niega que el problema sea “de falta de medios áreos o de falta de medios terrestres” y afirma que los mandos del Ejército “han puesto a disposición” de la Junta “todo lo que tienen” a su alcance; al día siguiente, exige mil soldados, 25 bulldozers y 30 helicópteros.
Las anteriores catástrofes son diferentes entre sí. Pero tienen algo en común. En todas, el PP recurrió a la exigencia de un despliegue militar —uno mayor que el que ya había— dentro de un discurso de culpabilización del Gobierno, desviando la atención de las competencias de las comunidades, la mayoría dirigidas por el propio PP, sobre materias clave para la resolución de las crisis, como la atención sanitaria, la gestión de emergencias, la protección civil o la lucha contra los incendios.
“El Ejército es una de las máximas expresiones del poder del Estado. Es lógico recurrir a él, tanto por capacidades como por simbolismo, en situaciones críticas, siempre que se evite que las emergencias acaben sirviendo a tentaciones autoritarias”, señala Antonio Madrid, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Barcelona. “Ahora bien —puntualiza–, lo que hemos visto estos años es cómo el PP recurre al Ejército dentro de una pauta constante de elusión de sus responsabilidades autonómicas cuando más necesario es ejercerlas”.
La castrense no ha sido la única carta que el PP ha jugado, crisis tras crisis, para enfatizar la responsabilidad del Gobierno central y minimizar la autonómica.
— Durante el covid, el partido reclamaba con frecuencia el “mando único” sanitario e incluso trataba de desplazar al Gobierno central la responsabilidad del desastre en las residencias de mayores, zona cero de la catástrofe sanitaria y de competencia autonómica.
— En la dana, Feijóo llegó a pedir la emergencia nacional. Su declaración hubiera quitado el mando de la crisis a Mazón, que se resistió a cederlo y alegó en su defensa que los militares tardaron en llegar, lo que provocó una inédita réplica del jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
— Tras el apagón, siete comunidades se acogieron a la emergencia nacional, entregando al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la dirección de sus recursos autonómicos.
Ahora, ante los incendios, numerosas voces del PP, además de urgir a una actividad militar más contundente, recalcan la importancia de la persecución policial de lo que Feijóo llama “terrorismo incendiario”. El líder del partido esgrime para ello el dato, desmentido por la estadísticas oficiales, de que “el 80% de los fuegos son intencionados”. Por su parte, el jefe del Ejecutivo andaluz, Juan Manuel Moreno, ha dicho que pretende “abrir un debate” para endurecer las penas a “pirómanos”.
¿Qué tiene en común todo lo anterior? Que está fuera de las competencias de las autonomías, precisamente el ámbito donde el PP es el gran dominador: gobierna en 12 de las 17, en once con la presidencia. Y no puede decirse que las competencias autonómicas sean menores en este terreno. Acudiendo a las leyes de las tres comunidades más castigadas, tanto Castilla y León como Galicia y Extremadura asignan a los gobiernos territoriales el principal papel en la lucha contra los incendios.
No obstante, como corresponde a un Estado multinivel, hay zonas de grises. Siempre hay espacio para justificar que el foco apunte también al Gobierno central, incluso en asuntos de competencia descentralizada. La propia Ley de Montes de Castilla y León, por ejemplo, asigna la responsabilidad antiincendios a la Junta, pero “en coordinación” con el Gobierno. Y la norma nacional sobre la materia prevé el despliegue de “medios estatales” cuando sea necesario. Así que de ahí puede colgar el PP su exigencia constante de recursos, que en esta oleada de incendios se ha producido en algún caso, como en Castilla y León, mientras la Junta mantenía paralizados medios ya cedidos.
Valores castrenses
Al igual que el jurista Antonio Madrid, el experto en comunicación política Isaac Hernández ve en el recurso constante del PP a las Fuerzas Armadas —también en 2024, cuando Miguel Tellado pidió su despliegue frente a las costas africanas contra la inmigración ilegal— “el ejemplo más claro” de una forma sistemática de comportarse que tiene dos objetivos. El primero es asociarse a los valores de “rigor, control y disciplina” a los que automáticamente remite el Ejército, de arraigado prestigio y especialmente en el electorado conservador, señala. El segundo, añade, es “desviar la atención del nivel autonómico de la administración”.
¿Logra estos fines el PP? Aunque las investigaciones judiciales sobre la gestión de las residencias de Madrid y la dana apuntan con claridad a responsabilidades autonómicas, lo cual parece avalar al Gobierno central en la disputa competencial, Hernández cree que el PP sale beneficiado del “constante” choque político entre las comunidades y el Ejecutivo central. No en vano, recalca, presidentes autonómicos populares que chocaron casi a diario con Sánchez durante el covid, singularmente Ayuso, salieron reforzados de las urnas.
“El manual dice que en una crisis se suele dar el efecto rally ‘round the flag, por el que el líder, en este caso el presidente del Gobierno, consigue un mayor respaldo popular. La realidad, desde la pandemia de covid, muestra que el PP ha ido ganando las batallas del relato con un esquema sencillo, según el cual el Gobierno es débil, como demuestra que se resista a usar con contundencia su mejor arma, el Ejército”, añade el consultor y experto en marketing político, que cree que el Ejecutivo ha facilitado las cosas al PP al tardar en presentar a Sánchez “en modo crisis” tras la dana, el apagón y los incendios.
El riesgo para el sistema
El modo de actuar del PP, agrega Hernández, también expone a Feijóo al peligro de beneficiar a su principal competidor en la derecha, Vox: “Al insistir tanto en el abandono por parte del Gobierno y transmitir la imagen de una descoordinación, corre el riesgo de alimentar dos discursos de la ultraderecha: el del Estado fallido y el de la inutilidad de las autonomías”.
Hay datos ya que indican un declive del prestigio del modelo competencial español. Las evolución de las preferencias por distintas formas de la organización territorial entre 2018, justo cuando irrumpió el partido de Santiago Abascal en las elecciones andaluzas, y 2024, última vez que el CIS preguntó, muestra que la opción que más apoyo pierde es el sistema autonómico actual, y la que más respaldo gana es un recorte de competencias autonómicas.
Autor del ensayo La política y la justicia del sufrimiento (Trotta, 2010), Antonio Madrid muestra su inquietud ante la dinámica en que se ha instalado el sistema autonómico, que desde el covid ha visto aflorar “problemas estructurales” que no han llevado —señala— a una reacción para su solución, sino a un enconamiento del conflicto político. En vez de abrirse “un debate sobre la financiación, la cooperación o la federalización”, expone, “la dinámica que se ha generado ha sido un juego interesado, con el PP desde las comunidades desplazando sus propias obligaciones al Gobierno y este administrando la situación para poner en evidencia los errores y déficits en la gestión del adversario”.
El catedrático de Derecho Constitucional Octavio Salazar observa cómo “se ha impuesto una lógica competitiva” en vez de “cooperativa”. Dentro de un “tira y afloja” del que Salazar no hace al PP único responsable, sí subraya la propensión de los populares a “echar balones fuera” desde las comunidades a lo largo de este quinquenio de emergencias, trasladando la idea de que las competencias autonómicas son casi tareas opcionales a las que se puede renunciar cuando surgen dificultades.
“La Constitución salvaguarda mucho las competencias territoriales. La Administración central solo puede intervenir cuando hay un incumplimiento de obligaciones constitucionales, con el artículo 155, cuando la crisis se extiende más allá de un territorio, o cuando hay una petición de ayuda”, desarrolla el profesor. Precisamente en este caso, la “petición de ayuda”, Salazar detecta una falta de regulación que “pone de manifiesto las carencias en materia de coordinación” del modelo territorial.
El PP, a través de un portavoz, niega que haya incurrido en “mala gestión” o “dejación de competencias” ante los incendios, como habría reconocido Grande-Marlaska al afirmar que se hubiera planteado el nivel 3 de alerta si la gestión de alguna comunidad no hubiera sido “adecuada”. A juicio del PP, el problema en esta crisis y las anteriores es que el Ejecutivo de Sánchez nunca está “a la altura de la emergencia”. “El Gobierno siempre termina responsabilizando a las comunidades”, apunta.
Una fuente de La Moncloa señala que el PP prueba la validez de la llamada “teoría del espejo”, según la cual cuando alguien es criticado por un error atribuye al adversario los pecados propios. “Ellos tienen un patrón claro: cuando se ven cuestionados, se preocupan más por salvar su imagen que por solucionar la crisis, y la mejor forma de salvar la imagen es culpar al Gobierno”, concluye."
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